El campo y la izquierda

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Las reformas económicas y la política sectorial

Durante las últimas tres décadas la economía mexicana transitó de una economía con alta participación estatal a una economía de mercado. Las actividades primarias en su forma más amplia y su componente económica y socialmente más importante, el sector agropecuario, no fueron la excepción. La lógica de la liberalización del campo estuvo fundamentada en los mismos argumentos microeconómicos que los proceso de apertura: que los mercados son eficientes en la transmisión de información vía los precios. De esta forma, al exponer a los productores a la competencia y los precios internacionales se esperaba que la producción de productos no competitivos (principalmente los cultivos básicos) se redujera y se incrementara la de aquellos que sí lo eran (frutas y vegetales), conduciendo a un mejor uso de los recursos, incluido el trabajo. Además, el fin del reparto agrario y la liberalización del mercado de tierras deberían otorgar mayor certeza jurídica a los propietarios de tierras, lo que detonaría la inversión privada debido a que se extendería el crédito y se incrementarían los incentivos para tomar riesgo.

La liberalización del sector agropecuario, en efecto, provocó la reducción de los precios de la mayoría de los cultivos básicos y expandió la oferta de frutas y vegetales. Además, se incrementaron las exportaciones de productos con ventajas sobre sus contrapartes en Estados Unidos y Europa. Muchos grandes productores mejoraron su posición en los mercados mundiales, incrementando su productividad. Pero la historia no fue del todo exitosa como la teoría y los pronósticos sugerían.

No hubo un cambio significativo en la oferta de los cultivos considerados no competitivos de los productores más pequeños, sino que estos diversificaron sus fuentes de empleo, a la vez que la producción campesina subsistió en un contexto de precios bajos. Más aún, la liberalización de tierras no detonó la inversión, sino que profundizó el problema del minifundio e hizo que tierras de baja calidad se incorporaran al proceso productivo. Como resultado, los más recientes indicadores de bienestar señalan un vínculo difícil de romper entre la ruralidad y la producción agropecuaria, por un lado, y la pobreza, la desnutrición y la carencia de acceso a derechos, por el otro. Entender los problemas rurales y del campo en México implica entender la dualidad de la actividad agropecuaria, en la que conviven productores competitivos a nivel mundial con unidades que producen pocos o nulos excedentes de mercado, que emplean de forma importante el trabajo familiar y que apenas satisfacen sus necesidades alimentarias. Además, se debe reconocer que los problemas rurales no son necesariamente los problemas del sector agropecuario: hay actividades agropecuarias fuera del sector rural mientras que muchas de las actividades generadoras de ingresos de las familias rurales se encuentran en los servicios y la transformación.


Los problemas de la sociedad rural

El proceso de liberalización estuvo acompañado de un grupo de políticas para compensar los efectos productivos y sociales. En el sector agropecuario estas políticas se enfocaron a apoyar la comercialización y el desarrollo de mercados, así como a compensar el ingreso a través de un sistema de subsidios. Por su parte, las políticas de desarrollo social buscaron incrementar el capital humano de los hogares y transferir recursos monetarios para reducir la pobreza.

A pesar de estos esfuerzos, la sociedad rural continuó en una situación caracterizada por fenómenos que hoy que se entrelazan y se vuelven difíciles de entender. A diferencia del sector urbano, que presenta los beneficios de la aglomeración, de la conectividad física y virtual y de una economía más diversificada, las comunidades rurales se ven limitadas en sus posibilidades para mejorar su bienestar. En el contexto de un país de grandes desigualdades –de ingreso, de acceso a bienes y servicios, de oportunidades para recibir educación de calidad, de respeto a los derechos humanos– la incidencia de estas desigualdades se exacerba en el medio rural. Basta con mirar los análisis oficiales derivados de las encuestas de ingresos y otras fuentes de información que indican que la pobreza, la desigualdad, el desempleo y otros indicadores de vulnerabilidad tienen su expresión más dramática en el contexto rural.

Los esfuerzos más recientes para mejorar las condiciones del campo han seguido una línea muy similar a los que les antecedieron. Se crearon, como parte de una reforma financiera, mecanismos para otorgar créditos a tasas más bajas y con condiciones preferenciales para pequeños productores. Se tomaron medidas para fortalecer el programa Procampo y se creó una secretaría encargada del desarrollo y ordenamiento territorial. Además, se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el objetivo de erradicar los problemas nutricionales de la población más vulnerable.

Pero, en esencia, la política sectorial es la misma medicina con nueva caja. El programa Procampo y el subsidio eléctrico –que han mostrado ser altamente regresivos, además de que se concentran geográficamente en los estados del norte y occidente– no se han modificado en su esencia. La Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido criticada por sus poco claros métodos de selección de municipios, el mal manejo de los recursos financieros y la discrecionalidad en el gasto evidenciado en la más reciente cuenta pública y, en general, porque en su diseño renuncia a las responsabilidades del Estado de garantizar un bienestar mínimo para la población.


Las propuestas de la izquierda para el campo

Pero ¿qué propone la izquierda como alternativa? Para conocerlo, vale la pena revisar cuáles son los ejes rectores de la agenda de la izquierda, contenidos en documentos como las plataformas políticas de las principales fuerzas en los procesos electorales más recientes y en otras fuentes, como el Proyecto Alternativo de Nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador y los programas del Partido de la Revolución Democrática y de Morena.

Un rasgo característico de la oferta política de la izquierda ha sido el énfasis en el concepto de soberanía alimentaria, entendido como el derecho de las comunidades a decidir sobre la producción y distribución de los alimentos que se consumen, lo cual a menudo se confunde con el concepto de autosuficiencia, que es la capacidad para satisfacer las necesidades alimenticias con la producción local.

Recientemente se ha hecho énfasis también en el enfoque de territorios como una forma de adecuar las acciones de la política a las condiciones sociales, naturales, productivas y económicas de las regiones y a los diversos tipos y tamaños de productores. La idea es que los territorios se desarrollen de manera integral, buscando un balance entre crecimiento económico y reducción de la pobreza y la desigualdad. Esto incluye el respeto a las comunidades indígenas para decidir sobre sus formas de organización.

Otro elemento común tiene que ver con medidas para asegurar los precios que reciben los productores. Existen mecanismos por medio de servicios financieros que pueden tener el mismo efecto en el ingreso de los productores, aunque pareciera haber cierta añoranza por los precios fijados a nivel central. Además, se ha sugerido la posibilidad de renegociar las partes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte relativas, al menos, al maíz y el frijol. Finalmente, también se han promovido los subsidios a los combustibles y la electricidad como una forma de apoyar a los productores del campo.

En general, la izquierda se ha pronunciado por un rechazo rotundo a los organismos genéticamente modificados y por la protección de la variedad genética. Existen también elementos relativos a la justicia social en el acceso al agua y la sustentabilidad en el uso de los recursos, aunque a veces se confunde el concepto de sostenibilidad con el de conservación.


Hacia una política de desarrollo para la izquierda mexicana

¿Es la agenda basada en los principios anteriores la agenda de izquierda que puede solucionar los problemas del campo y del desarrollo rural? ¿Cómo conciliar los objetivos de las políticas de la izquierda con las grandes tendencias globales? ¿Qué se está dispuesto a sacrificar por los objetivos no económicos? El reto de la izquierda en los temas del campo es contextualizar los problemas y acoplarse a las fuerzas que no dependen de las políticas nacionales. Requiere de involucrar a más actores relevantes. Requiere aprovechar los mercados pero también fortalecer al estado. Debe de reconocer que los problemas rurales y del campo se ven diferente desde las ciudades.

Una política de izquierda debe considerar el balance entre los objetivos no económicos y las necesidades materiales, pues las mejoras productivas en otras latitudes podrían ofrecer alimentos a precios razonables para la población del campo y la ciudad. La nueva propuesta de la izquierda debería evitar juzgar todo lo que viene de fuera como malo, pero también debe garantizar el bienestar de los campesinos que se encuentran insertos en una economía cada vez más globalizada. De la misma manera, debe buscar la protección de la diversidad genética, de por sí ya erosionada, pero garantizando el acceso a precios razonables de alimentos de calidad para el consumo humano.

La propuesta de desarrollo de la izquierda debe internalizar el proceso de transformación rural-urbana como un proceso inherente al desarrollo de las sociedades. Se calcula que el 88% de la población de México será urbana para 2050, por lo que las políticas deberían fomentar la diversificación de la economía rural y considerar la emigración rural-urbana como una alternativa digna para mejorar las condiciones de vida de las familias. Esto implica una transformación en la oferta de trabajo, lo cual acarreará importantes consecuencias para la producción agrícola no solo de México sino de Estados Unidos. La política laboral y migratoria deberá, por tanto, estar íntimamente relacionada con la propuesta de desarrollo rural.

El problema alimentario debería abordarse desde una perspectiva de distribución. Ahí es donde hay que aprovechar los mercados locales. A nivel mundial se producen suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de la población actual. La situación en México es similar, por lo que los problemas de desnutrición y hambre no deberían condicionarse a resolver la cuestión de soberanía alimentaria y autosuficiencia. La prioridad debería ser integrar a las zonas con escasez al resto de la economía local.

Se debe ver la sustentabilidad no como sinónimo de conservación. Ser sustentable no significa no tocar sino explotar los recursos disponibles sin comprometer las capacidades, los derechos y el bienestar de las generaciones futuras. Además, una política de izquierda en términos ambientales debería combatir los desiguales efectos del cambio climático, la contaminación y el deterioro del medio ambiente. En nuestros días aquellos que proveen los mayores beneficios ambientales son a la vez lo más pobres y vulnerables a fenómenos como sequías, inundaciones o incendios.

Una política de izquierda para el campo y el desarrollo rural deberá asegurar los derechos de las personas y abrir camino hacia una sociedad más libre, pero a la vez reconocer las injusticias que explican las desigualdades y el atraso de millones, poniendo a los más desaventajados primero. Para eso es necesario que las políticas más amplias de protección social se materialicen en el sector rural, tales como la seguridad social universal o el seguro de desempleo, temas pendientes en la agenda de desarrollo social.

Los problemas del campo tienen al final implicaciones de economía política, pues la marginación y el atraso son el fundamento para beneficio de muchos. El desarrollo productivo y social de los grupos históricamente desfavorecidos no puede ser un juego de ganar-ganar. Parte de la responsabilidad de la política de la izquierda es romper los equilibrios que han mantenido a una parte importante de la población del campo fuera de las esferas de decisión. Se requiere un Estado fuerte que pueda hacer frente a los intereses de grupos, incluso de aquellos que dicen representar a los campesinos y a los desprotegidos, pero cuyas rentas económicas y políticas dependen de que la situación de estos siga igual.

El gran reto para la política rural y del campo es eliminar el vínculo marginación-ruralidad-actividades primarias. En el imaginario de muchos la ruralidad es la urbanidad en su adolescencia –ya pasará y todo estará bien–, olvidando que eso significa generaciones que ven pasar la vida sin esperanza, ni para ellos ni para sus descendientes, de un futuro ya no digamos justo sino un poquito mejor.

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