El Congreso contra las libertades digitales: un breve recuento

La iniciativa de ley presentada recientemente por el senador Omar Fayad suma un capítulo más a la desafortunada historia de los intentos por condicionar las libertades en el uso de internet.

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Los intentos por obstaculizar el acceso a internet, limitar sus contenidos o violar los derechos de sus usuarios, han sido presencias recurrentes en la política legislativa de los últimos años en México. A continuación, un recuento de estas tentativas por condicionar la libertad en la red.

– A finales de 2009, se propuso en el Senado establecer un impuesto de 3% a las telecomunicaciones, incluido internet. Dada la enorme brecha digital en el país apenas 44% de la población está conectada, el anuncio de este impuesto desencadenó el movimiento #InternetNecesario que logró frenar el impuesto, al menos para internet [El Universal]. El movimiento que no agrupaba a más de 40 personas [Emilio Saldaña | El blog de pizu] terminó por convertirse en un referente para la gestación de movimientos en redes sociales: 1) [Alejandro Pisanty | Internet necesario, historia, análisis y consecuencias]  2) [Raymundo Riva Palacio | El País] 3) [Ciudadanos.mx | Random House] y 4) [Luis César Torres | Razón y Palabra].

– Durante la LXI legislatura (2009-2012) se propusieron dos iniciativas para restringir el acceso y los usos de internet en México. La primera fue el #canonmx, que proponía un impuesto extra para bienes con soporte digital [Javier Barrios Dueñas]; esta iniciativa fue finalmente retirada. La segundo fue la llamada #LeyManzanero, aprobada por 359 votos a favor, que modificó diversos artículos de la Ley Federal de Propiedad Industrial y el Código Penal Federal para poder perseguir de oficio a la piratería particularmente en línea y otorgarle facultades policiacas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) [Internet México].

– Entre 2008 y 2011, los gobiernos de México, Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, la República de Corea, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Estados Unidos negociaron el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Entre las propuestas negociadas, se encontraban la protección y respaldo a la propiedad intelectual con el propósito de evitar la falsificación de bienes, la proliferación de medicamentos genéricos, así como la piratería en internet. Para lograr este fin, el acuerdo se proponía aumentar la vigilancia fronteriza y obligar a los ISP (compañías de acceso a internet) a vigilar todos los paquetes de datos que fueran cargados o descargados en la red. La combinación del activismo en línea y una coyuntura política favorable permitió generar una discusión pública acerca de los derechos digitales en México a propósito del ACTA. [Balyne Haggart | TechDirt]

– En el Senado, se estableció un grupo plural de trabajo que involucró a activistas, académicos y representantes de la industria y la comunidad técnica cuyo fin fue analizar las consecuencias del tratado [Documento del grupo de trabajo].  En julio de 2012, el Congreso rechazó el ACTA, aun cuando el embajador mexicano Claude Heller ya había firmado el acuerdo. En diciembre de ese mismo año, el acuerdo quedó sin validez a raíz del unánime rechazo al ACTA en la Comisión Europea. [Europa Press]

– A inicios de 2014 Enrique Peña Nieto y su Consejería Jurídica de la Presidencia presentaron la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al Senado de la República. Los artículos 145 y 146 que deberían estar destinados a establecer principios para proteger la neutralidad de la red, contenían también elementos de censura y de responsabilidades a los intermediarios en Internet. Por otro lado, en sus artículos referidos al capítulo de “Colaboración con la Justicia”, se ampliaban las facultades de vigilancia  de las comunicaciones (retención de datos y geolocalización) más allá de la PGR y extendiéndola a todas las autoridades sin requerimiento de intervención judicial. Además, el periodo de datos retenidos se ampliaba a 24 meses y en el primer año para su acceso en tiempo real. Los movimientos en redes #EPNvsInternet, #NoMásPoderAlPoder y #ContraElSilencioMX, que incluyeron campañas en redes y marchas que lograron eliminar lo referido al los artículso 145 y 146. Sin embargo, el Congreso sólo abundó en la desproporcionalidad de las medidas de vigilancia, cosa que se ha litigado y será llevado a discusión pronto en la SCJN. La CNDH y el IFAI se negaron a presentar acciones de inconstitucionalidad.

– En febrero de 2015, los diputados priistas Héctor Gutiérrez de la Garza y Denisse Ugalde presentaron una iniciativa, conocida como la #LeyBeltrones, para reformar la Ley de la Propiedad Industrial. La aprobación de esta iniciativa hubiera significado una regulación excesiva de internet. La reforma propone, por ejemplo, sanciones de 5 a 40 mil días de salario mínimo (2.8 millones de pesos) para quien publique en internet obras protegidas por derecho de autor sin la autorización de los propietarios de esos derechos. [Julio Sánchez Onofre | El Economista]

– Recientemente, el senador hidalguense Omar Fayad presentó una iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, redactada en colaboración con la Policía Federal. Esta iniciativa se propone establecer un poderoso sistema de censura a los usuarios digitales y a iniciativas de apertura informativa como Wikileaks. [Red en Defensa por los Derechos Digitales]. Finalmente la iniciativa fue retirada [Animal Político]

– De acuerdo con el último reporte de Freedom House, México es un país solo “parcialmente libre” en el ámbito de internet. Aunque México se ha mantenido en esta categoría desde 2011, su calificación se ha degradado en una escala en que “0” es lo más libre y “100” es lo más restrictivo de 32 en 2011 a 39 en 2015. El índice de Freedom House se forma a partir de tres mediciones: obstáculos para el acceso a internet, limitaciones a sus contenidos y violaciones a los derechos del usuario. Es sobre todo en esta última categoría en la que México ha empeorado visiblemente, pasando de 10 puntos en el 2011 a 20 en el 2015, en una escala donde la peor calificación posible es 40. [Informe de libertad en internet | Freedom House]


(Foto: cortesía de Stephen Melkisethian.)

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