El delito de ser víctima

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El 07 de agosto de 2015 las hermanas de Rubén Espinosa se presentaron ante la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF para solicitar formalmente que se les reconociera como víctimas y coadyuvantes en el caso. Una semana después del asesinato de Rubén, sus familiares comenzaron su penoso periplo por el camino de la justicia mexicana.

Al lugar se trasladó la Subprocuradora de Atención a Víctimas, María de los Ángeles López Peña. Según los testigos (funcionarios de dicha Fiscalía), Alma y Patricia Espinosa deberían estar agradecidas por tal “deferencia”. Una vez reunidas con la abogada, máxima representante de la institución en materia de trato a víctimas, ella les deslizó un sobre color manila. Eran los resultados del dictamen toxicológico de Rubén. El documento afirmaba que el fotoperiodista resultó positivo en el uso de drogas. Era el primer acercamiento –y el último– de la funcionaria con las hermanas Espinosa. Era también el momento de mayor algidez del caso hoy conocido como “Narvarte”. A la atónita mirada de los presentes le siguió una cadena de preguntas que la funcionaria no supo responder. Su tarea, confirmó, era brindarles “esa” información.

Seis días después, los dictámenes fueron filtrados y publicados en horario “triple A” con Joaquín López Dóriga. Entre el mar de notas y filtraciones –perfectamente calculadas por las autoridades capitalinas–, los medios oficialistas, como La Razón, construyeron una narrativa común en torno al multihomicidio, edificado con atajos mentales que llevan de la prostitución al narcomenudeo y desde orgías interminables hasta el desenlace mortal de cuatro femme fatales y un hombre –adicto, por supuesto. Al pánico moral le siguieron todo tipo de hipótesis pero una misma causa: las víctimas se lo buscaron.

La dosis se repite con el caso de Anabel Flores. La periodista veracruzana, desaparecida el 08 de febrero –y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en los límites entre Veracruz y Puebla–, no libró la construcción de un discurso tosco pero eficiente: se juntaba con narcos; es más, era novia de uno. Otra víctima artífice de su fatal destino. Frente a esto, las comisiones, los mecanismos y las fiscalías, federales o locales, quedan exculpados a priori.

Con el caso de Anabel, “fueron revelados” –pese a ser un secreto a voces– los perversos mecanismos de control del narco sobre el propietario del Buen Tono, medio donde trabajó en algún momento la periodista asesinada. Una vez que se eximen los dueños de medios de comunicación y gobernantes, se erigen en espectadores de una situación que les parece ajena y que, según su parecer, no tendrían por qué revertir.

El gobernador de Veracruz lanzó una retahíla de tuits el sábado 13 y el lunes 15 de febrero. Envalentonado después de recibir la bendición papal, se defiende y dice que nadie criminaliza a las víctimas. En 140 caracteres justifica toda una serie de omisiones (y complicidades) que han decantado en 15 periodistas asesinados y tres desparecidos durante su gestión. Así acabará su gobierno quien no supo –y no quiso– corregir el camino; defendiendo con retórica autoritaria el desmoronamiento de un régimen que optó por la violencia psicológica, verbal y física.


Las víctimas como recurso político del poder

Desde el sexenio de Felipe Calderón, tras iniciar la guerra contra el narcotráfico, el discurso re-victimizante ha sido el antídoto emocional y moral contra la indignación. Diez, quince o veinte “malos” acribillados por el ejército o la marina bien valen la paz social de millones. En el peor de los casos, cuando “los malos” resultan no ser tan malos, la palabra oficial los transmuta en víctimas colaterales –se encontraban en el lugar o momento equivocados.

A otros/as cuya fuente de agravio se desconoce, se les imputa la causa de su propia desgracia: por caminar a solas de noche, usar minifalda, andar en malas compañías, consumir alcohol o drogas o ambas; ser muy rebeldes, juntarse con vagos, ser amigo/a o hasta integrante de tal o cual banda. La fórmula funciona cuando las frases están precedidas un implacable “se sabe que”. A la sombra, agazapados, pululan en estas coberturas mediáticas y discursos políticos prejuicios de raza, género y clase. La presunción de inocencia es más un privilegio del pacto de impunidad entre las élites que un derecho que nos iguala ante la ley. Los sistemas de atención a víctimas, mientras tanto, justifican su inacción dadas sus “facultades y atribuciones”; es decir, muchos de ellos se encuentran diseñados para no funcionar. Como ejemplo, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no ha podido consignar un solo caso de los 90 periodistas asesinados desde el año 2000.

Autoridades indolentes e ineficientes encuentran una salida fácil (irracional y desesperada) en criminalizar a las víctimas. Construyen un “otro”: los criminales que, por su inmoralidad, merecen la tragedia. Lo que comienza como una justificación política para la inacción y complicidad de los gobiernos, implota en el campo social. Como consecuencia se profundiza una brecha infranqueable entre esos seres residuales (los “otros”: los criminales) y las personas que resultan, que resultamos, ser un aparente modelo de salud mental e integridad política y moral.

En los casos Narvarte y el de Anabel Flores encontramos una línea de continuidad que se conecta con los de Iguala, Tlatlaya, Villas de Salvarcar o los feminicidios en Ciudad Juárez durante los años noventa. En efecto, hay de víctimas a víctimas. Cambian las cosas cuando quienes se posicionan desde el micrófono conocen profundamente a la hija/o, prima/o, madre o padre de tal o cual personaje prominente –por ejemplo, Alejandro Martí o Isabel Miranda de Wallace– víctima de la cruda realidad de violencia. Ahí sí detona el llamado a la indignación y movilización, el cuestionamiento frontal a las autoridades.

Criminalizar a las víctimas nos conduce a caminos sin salida. Su acción en la realidad perpetúa y justifica todo tipo de violencia. ¿Cuántos años tendrán que pasar para enterarnos del horror de esta época negra? No lo sé. Sin embargo, una manera de diluir la memoria –útil para cuando hagamos el recuento de los daños– es colocar a las víctimas como responsables de su propia situación. Nuestra única resistencia, por el momento, es mantener viva la memoria colectiva como acto de resistencia contra el poder que apuesta por el olvido.

(Foto: cortesía de Eneas De Troya.)

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