El desencanto es más interesante que la esperanza

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Las transformaciones graduales tienen un origen imaginario. Pueden parecerse mucho o poco a ese origen en su forma final, pero siempre le rendirán tributo o le resentirán deudas.

Durante décadas, la imaginación de la democracia ha definido la acción política en México. La democracia como ensayo, como amenaza o como permanente insuficiencia ha sido el hilo con el que hemos tejido la reflexión sobre nuestra vida pública.

Hace unas semanas, Horizontal albergó una conversación con José Woldenberg sobre las expectativas de esa, nuestra obsesión comunitaria, y sobre el desencanto. Él es uno de los artífices de la ruta más fructífera del tejer demócrata y un consistente defensor de la transición y sus méritos.

Woldenberg era un joven universitario en el México inmediatamente posterior al 68. Un muchacho al que la política le guiaba la vida y la herida de los muertos le pinchaba la imaginación. Para él, y para muchos, lo dijo en esa conversación, la democracia sería “la llave que todo lo podía”.

Su búsqueda pasó primero por el sindicalismo universitario, después por la vida partidista y finalmente por la conducción de un IFE que parecía confirmar las esperanzas. Con seis reformas electorales a cuestas, para 1997 la transición había construído un sistema de partidos competitivo y un entramado institucional que permitía procesar pacíficamente el resultado de las urnas; incluso el del 2000.

A partir de esos años, todo lo bueno vendría junto. Así lo dijo él: “la democracia ampliaría las libertades, equilibraría el poder público, dignificaría la diferencia y aboliría la corrupción”[1].  Lo dijo él y lo pensamos muchos.  Con la irrupción de la pluralidad podríamos hablar de un “nosotros” diverso, pacífico y capaz de poner en la agenda las cosas que verdaderamente importaban.

Pero no, no todo lo bueno vino junto.

Aún con el desencanto, Woldenberg se ha propuesto no dejarnos olvidar los contrastes con el México previo a la transición  y defender la democracia apelando a una de sus definiciones más acotadas. Es, para él, una forma de gobierno que asegura la respuesta a dos preguntas: quién decide y cómo lo hace. Y eso es mucho. Una transformación procesal que ofrece una plataforma para la continuidad institucional de lo diverso.

El problema es que esta definición fue suficiente durante el tiempo que pensamos que la fractura de la autocracia sexenal por sí misma traería bienestar, pero ya no lo es.  El foco en el proceso para decidir ya sirve poco para entender la legitimidad de lo decidido.  Y después de Ayotzinapa,  parece que cada vez nos sirve menos.


Nuestro tiempo

Los conceptos son hijos de su tiempo. Tienen implícitas percepciones, diagnósticos y preferencias colectivas.  Son una elección.

El autoritarismo del siglo XX mexicano tenía, pese a todo, una ventaja: la claridad del adversario. Un problema aparentemente claro y una agenda de respuesta. Nuestro tiempo, por su parte, tiene el sello puesto en la confusión.

La pluralidad significó muchas cosas desde 1997. La diversidad partidista representada en los estados, en las alcaldías, el Congreso Federal y la Presidencia. Sí. Reconfiguración de medios de comunicación, de voces y agendas de lo relevante. Sin duda. Poderes públicos enfrentados, negociadores o reacios, pero ya no inevitablemente subordinados. Por supuesto.

Pero también la intervención pública agresiva de grupos que hasta entonces habían operado en el marco del corporativismo de Estado que la búsqueda democrática tanto quería descomponer. Los “poderes salvajes” que ha retratado Ferrajoli para el caso italiano  aparecieron un día en las fotografías mexicanas.

El poder sin ley, los llama él. O por lo menos, sin una ley que, en forma y fuerza, pueda regular, conducir, equilibrar. Sindicatos, gobernadores, empresarios –medianos, chicos, inmensos-, medios de comunicación, grupos criminales, organizaciones informales o partidos políticos nacionales o locales.

De su interacción y dominio de la política está derivando un fenómeno imprevisto y casi contraintuitivo: la diversidad salvaje está poniendo en crisis la representación.

El argumento de Ferrajoli es que mientras se va diluyendo la barrera entre lo público y lo privado, el conflicto de interés se mimetiza con el Estado. La representación se va personificando, agrupando en los liderazgos de los partidos, o en los intereses privados que ahora tienen oficina pública. Y esos intereses pueden ser criminales o legales, la alcaldía de Iguala o la telebancada legislativa, pero los conduce el sentido de favorecer exclusivamente la parcialidad por encima del todo. Así, las instancias del Estado dejan de operar como árbitro de actores diversos, en conflicto o abierta oposición, que disputan su visión sobre cómo alcanzar un objetivo público y se transforman en operadores institucionales del poder ideológico o del económico.

La alianza de facto entre política, información y dinero va interviniendo más y más en la formación de opinión públicay en la conducción simbólica de votos. Por más paradójico que suene, las elecciones y las mayorías se van convirtiendo en el respaldo de poderes que sólo se representan a sí mismos[2].

Esta feudalización de lo público se fue gestando en los quince años de 1997 a 2012, y hoy, además, se suma al ímpetu de restauración de las viejas formas de gobierno del siglo XX que parecen acompañar al PRI: centralizar decisiones, corporativizar la interlocución y confiar en que el gobierno se hace más con la agilidad que da lo informal, que con la lentitud y el conflicto de lo institucional.

En bloque, el escenario le va diluyendo el nombre al régimen y dejando sólo el hueco de una pregunta. ¿Cómo se llama esto?

En este nuestro tiempo el adversario no es claro, ni tampoco la agenda de respuesta. La imaginación de la democracia, capaz de conducir la acción política, ya no puede conformarse con responder quién decide y cómo lo hace. Tiene que empezar a inmiscuirse en qué se decide y cómo se valida.


La agenda del desencanto

Las emociones delinean cuerpos colectivos. Moldean. Atan razonamientos a impresiones sentimentales hechas de percepción, conocimiento y experiencia. Se vuelven flujos que conectan el uno con lo colectivo y le dan sentido cultural.  Hay mucho dicho sobre las políticas del miedo, la operación colectiva del odio, el resentimiento, la alegría, la vergüenza o la nostalgia[3].

El desencanto implica primero el encanto. Ese “todo lo bueno viene junto” que permitió el sueño democrático mexicano, pero no solo. Fue el eje del discurso de la guerra fría que dominó simbólicamente casi toda la segunda mitad del siglo XX.

En esos relatos en contienda no sólo lo bueno venía junto, también lo malo. La democracia beatificada se contraponía con el comunismo diabólico (o al revés).  Si las emociones hacen flujos, esos eran océanos de optimismo conveniente, ríos de alegre hipérbole en los que la democracia no era sólo una manera de decidir lo público, sino un estadio evolutivo, un signo civilizatorio, un rasgo del progreso.

La gravedad de la decepción no sólo es un asunto de expectativas racionales incumplidas, sino de sentidos (y sentimientos) colectivos agujereados: la interpretación del tiempo, su avance.

El despertar del engaño inaugura la agonía de la desesperación, el impulso violento, la normalización de la ruptura. Pero también puede gestar algo parecido a la templanza mientras llega una nueva imaginación.  Renunciar a las explicaciones únicas del futuro (no, no todo lo bueno vendrá junto), pero también hacia el pasado (no, no es verdad que nada cambió y  la transición fue una farsa).

Habrá entonces que defender la cotidianidad democrática sabiendo que siempre será insuficiente, que dice poco sobre el futuro y que sus prioridades no derivan inercialmente del pasado. Son, más bien, una decisión generacional.

Si poner a la diversidad en el centro terminó por empujar lo público al margen, ahora no sólo hay que ocuparse de que lo diverso acceda al poder, sino del objetivo primordialmente público de ese acceso: gobernar para garantizar derechos.  No para perseguir abstracciones, ni para feudalizar o personalizar la representación. Para permitir que ese otro concepto llamado “pueblo” decida desde lo colectivo sobre lo colectivo, a partir de la tensión o abierta contraposición de su diversidad.


Lo legal, lo ético y lo estético

Cuando José Woldenberg conducía la presidencia del IFE echaba mano de tres pruebas para enfrentar una decisión que lo tenía dubitativo: “seguramente es legal, no sé si es ético, pero seguro no es estético”, dicen que decía. A pesar de su insistencia en que es sólo el procedimiento lo que hace la democracia, su conducción de la cotidianidad institucional parecía apuntar a una visión mucho más amplia. Importaba la formalidad de la decisión, pero también su sentido moral y su forma simbólica.

La agenda sustantiva de la democracia es, sin duda, un terreno pantanoso y difícil. La validez de una decisión pública ya no sólo depende del proceso con el que se tomó, sino de su contenido, de su constitucionalidad. Esto implica orientar la discusión y el escrutinio público hacia los derechos, los que se protegen –políticos y civiles– y los que se garantizan – los sociales. Pero también confiar en la interpretación del que valida.

Esa responsabilidad, por mero diseño, recae en el Poder Judicial, un actor casi ausente de la narrativa de la transición y que formó parte de todo eso bueno que vendría junto. En cuanto la diversidad estuviera garantizada, los poderes dejarían de estar sometidos y la justicia sería una consecuencia del despertar institucional.

Así que una visión templada de la cotidianidad democrática tendría que enfocarse en la justicia para abordar la legitimidad de nuestra vida pública. Parece de sentido común, pero no lo ha sido.

Habría que mesurar la insistencia sobre el potencial democratizador de los ajustes, rediseños y parches electorales, y voltear la mirada a las decisiones de los jueces, magistrados y ministros. La reforma de derechos humanos de 2011 tiene esa visión sustantiva, establecer pisos y techos de decisión, y es la arena judicial en la que eso puede transformarse en vigilancia para quien hace las leyes y para quien las ejecuta. Por eso importa tanto la visión que tengan los Ministros sobre la función que debe cumplir la Corte: garantizar derechos o fortalecer poderes.

Hoy, como después del 68, hay muchos a los que la política les empieza a guiar la vida y la herida de los muertos a pinchar la imaginación. La pregunta es ¿a dónde? La agenda de justicia puede ser la ruta de vuelta a la legitimidad y el camino para moderar los ánimos y construir una nueva imaginación política: un régimen que asegure no sólo la diversidad y su competencia, sino que los ciudadanos no sean clientes ni súbditos, sino personas.



Notas

[1] Conversación pública con José Woldenberg, 25 de febrero 2015.

[2] Luigi Ferrajoli, Poderes Salvajes. La crisis de la democracia constitucional. Madrid, Trotta, 2011. (Passim)

[3] Véase Sara Ahmed, The cultural politics of emotion, Edinburg, Edinburg University Press, 2014.

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