El despido de Carmen Aristegui

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En los últimos meses, el equipo de investigación de Carmen Aristegui presentó investigaciones que cuestionaron dura y justificadamente los actos incorrectos de políticos prominentes y, en consecuencia, han desestabilizado la extraña narrativa autocrática del gobierno de Peña Nieto. Una narrativa que se niega a dar buenas explicaciones frente a las evidencias de corrupción.

Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán y Rafael Cabrera exhibieron el conflicto de interés en el que hasta la fecha se encuentra el Presidente de la República y dieron seguimiento puntual al del Secretario de Hacienda. Fue en ese espacio informativo donde se difundieron y analizaron las graves violaciones a los Derechos Humanos en Tlatlaya y donde se abrió el micrófono a las voces de Ayotzinapa. Fue en ese espacio donde se reportaron los deplorables comportamientos del expresidente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez.

En un país donde el periodismo de investigación es un bien escaso, el espacio de la primera emisión resultaba fundamental en la esfera pública. La buena calidad de ese equipo de investigación quedó clara una y otra vez. El despido del equipo por lo que, a todas luces, fue una falta menor es una reacción tan exagerada que obliga a pedir una explicación detallada del hecho. Una explicación que despeje (o confirme) por completo las dudas generalizadas sobre la intervención gubernamental en la cancelación de este noticiero. Esta junta editorial considera que, de no explicarlo, MVS estaría dando una pésima señal sobre su capacidad de proteger la libertad de expresión de sus periodistas. Otra mala explicación (como a las que nos ha querido acostumbrar el gobierno en turno) abonaría al ambiente de dudas.

Lejos de ser un asunto “estrictamente laboral” y de la sola incumbencia de los particulares involucrados, la destitución de Aristegui es un asunto de interés público: constituye un atentado a las libertades de expresión y de acceso a la información que enrarece aún más un clima ya de por sí hostil para el periodismo independiente. Se trata del síntoma de un profundo malestar estructural. No olvidemos que México es hoy uno de los países más peligrosos para la práctica del periodismo: del año 2000 a la fecha, 82 periodistas han sido asesinados presumiblemente por el ejercicio de su trabajo. Por acción u omisión del Estado, estos crímenes ya han impuesto grandes zonas de silencio y autocensura.

Los hechos ocurridos con Aristegui y su equipo, si no los enfrentamos con suficiente claridad, pueden profundizar ese ambiente de autocensura que ya campea en varios ámbitos. En lo inmediato, entorpece o interrumpe las investigaciones que el equipo de Aristegui llevaba a cabo sobre Grupo Higa, entre otros. En el mediano plazo, si esto sigue interpretándose, como hasta ahora, por falta de mejores razones, como una advertencia velada a otros periodistas, inhibirá que otros conglomerados mediáticos concedan espacios autónomos al buen periodismo de investigación y a la crítica.

El espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado concesiona a los particulares para su explotación comercial. Detrás de su asignación se encuentra implícita la misión de tutelar la eficiencia en su uso y la provisión de contenidos de utilidad pública. El equipo de Aristegui había hecho un buen trabajo en este sentido para MVS. Pero la concesión también implica la transferencia del Estado hacia un privado de garantizar derechos fundamentales como la libre expresión y el acceso a la información. Ahora que los actos descritos pueden ponerlos en riesgo, es tarea de los demás defenderlos. Esta junta editorial se suma a esa defensa.

El despido mal justificado de un gran equipo de periodistas se suma a otras contrariedades recientes que han sorprendido por su desconexión entre exigencias razonadas y decisiones tomadas: nombramientos a contrapelo de las dudas razonables presentadas por no pocos ciudadanos relacionados con la Suprema Corte, en la Secretaría de la Función Pública y en la PGR, problemas en el INE y falta de castigo a la corrupción. Esto refuerza la trágica idea de que este despido puede haber sido el coletazo de un régimen autoritario que se creía extinto después de tres décadas de transición a la democracia y la llegada de la alternancia presidencial en el año 2000. Estas son las dudas que MVS debe responder. Estas son las preguntas que el resto de la prensa debemos seguir haciendo.

A todo esto habría que añadir el alineamiento de no pocos medios con el gobierno actual. Los grandes conglomerados mediáticos siguen sin haber completado su propia transición a un régimen de libertad y autonomía periodística que se deba principalmente a sus radioescuchas, televidentes y lectores. Ahora las circunstancias parecen hacer aún más difícil esta tarea.

No se trata de si Carmen Aristegui puede o no fundar un nuevo medio. Internet no es masivo en nuestro país; se trata de que allí donde hay brecha digital una voz distinta a la de los boletines oficiales podía ser escuchada por el aire. El punto es que la pluralidad en las voces que tienen acceso a bienes colectivos como el espectro radioeléctrico (así como su utilidad pública) debe estar mínimamente garantizada para sostener una vida democrática.

Frente a las circunstancias, nuestra absoluta solidaridad con Carmen Aristegui, su equipo y aquellos empresarios y periodistas que quieran hacer del periodismo de investigación un hecho libre y disponible para cada vez más mexicanos.

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