El Foro para la Gobernanza de Internet: derechos y libertades en línea

Del “derecho al olvido” a la violencia de género y la censura en internet: el segundo día de sesiones del Foro para la Gobernanza de Internet.

| Tecnología

Joao Pessoa, Brasil, 11 de noviembre, 2015. Se asegura que en esta ciudad es donde nace el sol primero. Amanece exactamente a las 4:30 de la mañana y para cuando dan las 9 se tiene la sensación de que uno ha perdido más de la mitad del día.

En el Foro para la Gobernanza de Internet la cita es a las 9. La discusión principal de la mañana es sobre el llamado “derecho al olvido”, asunto que lleva un par de años causando polémicas discusiones en Europa. El caso de Manuel Costeja, en España, obligó a Google a establecer un formulario para que los usuarios pudiesen solicitar que cierto contenido pudiera ser retirado del índice del buscador. Hasta ahora, como dijo el representante de la empresa, han recibido 228,031 solicitudes y han evaluado cerca de un millón de enlaces, de los cuales se han eliminado el 40.5%.

Pese al balance entre sectores que se procura en cada mesa, en esta hubo un consenso entre los panelistas sobre lo incorrecto que sería continuar por la senda del mal llamado “derecho al olvido” (en rigor se trata del derecho a no ser “indexado”). Mishi Choudhary (India), del Software Freedom Law Center, calificó a la supuesta colisión entre los derechos de privacidad y libertad de expresión como artificial y manufacturada. La razón es que, a su parecer, no existe tal: el “derecho al olvido” es incompatible con el carácter colectivo del derecho a expresarse en su doble dimensión, la de “decir” y la de “informarse”.

Algunas de las preguntas que lanzó el panel fueron: ¿debemos restablecer los límites entre lo público y lo privado? ¿Quién es responsable de la información que transmite? ¿Cuáles deben ser los procesos –si los hay– para eliminar cierta información de la red? ¿Cuándo y en qué condiciones una persona es “dueña” de la información que publica? Para Hernán Vales, de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la confusión semántica entre “olvido” y “no indexación” está llevando a que los gobiernos autoritarios usen los argumentos de la sentencia Costeja para borrar información pública. Esto, a su parecer, causa un daño en el presente al derecho a la verdad del futuro.

Aunque hace algunos años los temas de propiedad intelectual ocupaban gran parte de la discusión sobre internet y sus consecuencias sociales, cada vez es menor la intensidad con que se trata el tema. En parte porque el financiamiento para investigación se ha ido a otros temas y en parte porque poco a poco se va formando un consenso en torno a la necesidad de una reforma global y multisectorial al respecto. El triunfo cultural más evidente es que la discusión sobre el tema ha pasado de estar monopolizada por un grupo especializado (formado por abogados y corporaciones), a reflejar los intereses directos de autores, creadores y grupos de derechos humanos. Los sectores antes excluidos en los procesos de creación de políticas públicas ahora son parte de la reforma. La era digital trastocó para siempre el modelo de monopolio de la propiedad intelectual.

En la mesa dedicada al tema, la única en todo el foro, se plantearon algunas preguntas guía para pensar esta reforma a nivel doméstico y global: ¿las reglas actuales de copyright permiten u obstaculizan el crecimiento económico? ¿Esas reglas promueven la diversidad cultural? ¿Esas reglas  pueden convivir con las dinámicas y cambios de la era digital y al mismo tiempo beneficiar a todos los interesados? ¿Cómo balancear los intereses si el poder entre los actores es tan desigual? ¿Para quién son los beneficios: para las compañías o la sociedad? ¿Esas regulaciones crean barreras al acceso o permiten el flujo y el intercambio cultural? Se plantean dos problemas del régimen actual atravesado por la era digital: 1) la obsolescencia de los tratados actuales (el desarrollo tecnológico avanza más rápido) y 2) la falta de un robusto sistema de limitaciones y excepciones.

Por la tarde, una de las mesas más discutidas fue la de tecnología y violencia de género. Dentro del panel dos posturas parecían encontrarse: por un lado, quienes defienden la idea de que el lenguaje ofensivo (incluso sexista), mientras no configure un discurso proscrito, debe estar permitido; por el otro, quienes defienden la idea de que existe en el discurso en línea una desventaja entre hombres y mujeres, la cual magnifica la violencia de género. Para abonar en lo segundo, la organización global APC (Asociación para el Progreso de las Telecomunicaciones) presentó los resultados de un estudio al respecto. La mayoría de las mujeres en línea –según el estudio– sufre algún tipo de violencia, siendo los tres grupos más vulnerables: las mujeres que se encuentran en una relación sentimental/íntima y son acosadas por su pareja, aquellas que ostentan un perfil público elevado, y las que abiertamente han declarado ser víctimas de violencia.

Una red verdaderamente abierta, democrática e incluyente pasa por respetar el acuerdo básico de la confianza entre sus usuarios y desarrolladores. La libertad de expresión en línea tiene las mismas restricciones que fuera de ella, por lo que ninguna ley especial debe ser promulgada al respecto. En este sentido, el informe de la relatoría especial para la libertad de expresión de la OEA destaca que, además, cualquier ponderación acerca de la libertad de expresión en línea deberá tomar en cuenta la afectación a la arquitectura de la red (interoperabilidad, estándares abiertos y no discriminación de datos). Por ello resulta complicado establecer diferencias –al menos en el plano técnico– para castigar un tipo de discursos, y no otros, sin que esto resulte en algún tipo de censura, de cualquier grado. Rápidamente la conversación derivó en proponer cómo, desde la red, se puede exhibir las condiciones que fuera de línea preservan modelos que permiten y solapan el abuso contra las mujeres. La representante de Google, por su parte, indicó que los nuevos filtros de la empresa (que facilitan el combate contra la pornografía infantil) y los mecanismos comunitarios de autorregulación (ej. el sistema de marcaje en YouTube) son, a la postre, herramientas insuficientes para atacar las contradicciones y retos que representa el tema.

Una de las mesas más interesantes de la comunidad técnica se llevó a cabo alrededor de la pregunta “¿qué significa ‘interés público’ en la infraestructura crítica de internet?” En primer lugar se reconoce que, pese a tratarse de una infraestructura esencialmente privada, el internet tiene efectos públicos claros y hasta tangibles. En segundo lugar, los académicos de la mesa indicaron que el interés público opera directamente, por ejemplo, en el contexto de la regulación. Las regulaciones deben estar libres de captores: no deben privilegiar a un solo actor. Al regular la infraestructura de telecomunicaciones hay que tener en cuenta quién se beneficiará de la misma, para optar por la regulación que genere el máximo beneficio (en número) y la mejor distribución de ese beneficio entre los actores interesados.

El último panel antes de que anocheciera fue dedicado a Bitcoin y la tecnología “blockchain” desarrollada por esta red. Como explica Primavera De Filippi: “La innovación principal del protocolo criptográfico Bitcoin fue el ‘blockchain’: una aplicación práctica de un nuevo tipo de ‘tecnología de la confianza desconfiada’. Blockchain es un libro de contabilidad descentralizada pública que asegura la confianza en un internet desconfiado y permite el desarrollo práctico de las nuevas estructuras de gobierno descentralizadas que han capturado la imaginación de Silicon Valley y de la sociedad civil por igual.”

Las inversiones millonarias en industrias como 21Inc. y Blockstream.com reflejan la fascinación de la industria por esta nueva generación de tecnologías de distribución de poder. Filippi pregunta si no es que esta fascinación está dejando muy atrás, muy relegada, la creación de políticas públicas. Algo así como que a las 9 de la mañana sea como el mediodía.

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