El indulto ¿es un insulto?

La víspera de Navidad, Pedro Pablo Kuczynski dio el golpe más bajo que pudo darle a buena parte de la población de Perú: el indulto al expresidente Alberto Fujimori, acusado y sentenciado por crímenes de lesa humanidad, y la polarización volvió al país sudamericano.

| Internacional

Pedro Pablo Kuczynski pasará a la historia de Perú como el presidente que perdonó a Alberto Fujimori. La noticia del golpe más bajo que pudo darle a la población en vísperas de Navidad corría por las redes. Un noticiero mostraba a su hijo Kenji a un costado de la cama del expresidente de setenta y nueve años que gobernó de julio de 1990 hasta el 2000, cuando huyó a Japón y renunció por fax.

«Su gobierno contribuyó al progreso nacional», explicaba Kuczynski (en adelante PPK) en su mensaje a la nación el 25 de diciembre por la noche, en el que también calificó de «errores» y «excesos» los crímenes del dictador. Las mismas palabras con las que su hija Keiko, quien fuera candidata a la presidencia en el 2016, defendía los actos de su padre.

En los diez años que gobernó Fujimori, para la mitad del país terminó con el terrorismo perpetrado desde los ochenta por MRTA y Sendero Luminoso, trayendo una época de paz y prosperidad para Perú. Para el otro cincuenta por ciento, «el Chino» ‒como lo llaman‒, es sinónimo de homicidios, corrupción, crímenes de lesa humanidad, secuestros y de dejar al país hundido en un mecanismo de prensa «chicha» con la que controló al país.

Durante cinco años logró Alberto Fujimori resguardarse en Japón, hasta que en el 2005 viajó a Chile, donde fue detenido y después extraditado a Perú en el 2007. Desde diciembre de ese año acumuló cinco condenas. Algunas de las más emblemáticas fueron por las masacres de «La Cantuta», en la que murieron nueve estudiantes y un profesor; «Barrios Altos», donde acribillaron a quince personas, incluyendo a un niño de nueve años; además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Pero es muy pequeña la mayoría que creía que merecía la cárcel. Sobre todo con su condición y con la fortaleza de sus lacayos, quienes fieles a su causa recibían llamadas desde el penal. Sus hijos, Keiko y Kenji, siguieron sus pasos en la política. Y aunque no siempre juntos, terminaron venciendo.

Por eso cuando se debatió la vacancia de Kuczynski el 21 de diciembre muchos peruanos no dejaban de pensar en aquel tortuoso 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori ejecutó un autogolpe de Estado y mediante un mensaje televisivo anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Fujimori, enfermo de poder, buscaba el control total sobre el aparato estatal. Ahora fue su hija, Keiko, quien desde el Congreso intentó tomar el control absoluto del país, veinticinco años después, en un intento por maquillar las crecientes denuncias por lavado de activos y los ruidos en torno a sus negocios con Odebrecht.

Pocos (solo 17.23% de la población) votaron por Pedro Pablo Kuczynski como primera elección. En una segunda vuelta contra Keiko Fujimori resultó triunfador por menos de uno por ciento. El triunfo se lo dio la izquierda cuando Verónika Mendoza salió a apoyar «la democracia». Quien realmente ganó esas elecciones fue #fujimorinuncamas.

Se repitió la historia. En un intento de golpe de Estado, disfrazado de interpretaciones legales orquestado por Keiko Fujimori, fue la izquierda una vez más quien salvó a PPK. La jugada de Kuczynski de hacer prometer a sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araoz de dimitir si lo echaban a él puso a todos a temblar. El poder recaería en el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta.

Por más de doce horas los congresistas debatieron, por llamarlo de alguna forma, si la vacancia procedía o no. Se necesitaban ochenta y siete votos. Para suerte del Perú hubo setenta y nueve votos a favor, diecinueve en contra y veintiún abstenciones. Esto también gracias en gran medida a Kenji Fujimori, quien desde su discurso prometió apoyar al presidente. Pero no solo hizo eso, sino que también, en absoluto silencio, logró que nueve congresistas de Fuerza Popular se opusieran a la vacancia. Hoy queda claro que el intercambio de Navidad se adelantó y todo era bajo la promesa del indulto a su padre, Alberto.

Nadie creyó que fuera posible que el presidente se salvara del pedido de vacancia. Varios de sus ministros le pedían su renuncia, no hay lealtad. Y hoy el país entero se pregunta si algunos ya sabían lo que PPK negociaba en lo oscurito. El ministro de Justicia no lo ayudó a esclarecer la legalidad de la vacancia, el Canciller no llamó a la OEA, lo hizo el propio presidente. El ministro de Salud organizó una junta médica con el INPE para Alberto Fujimori, pero nadie del círculo cercano al presidente se enteró; sin más, empezaron los rumores y la psicosis sobre el indulto para que la izquierda votara a favor de la vacancia.

¿Cómo llegó ahí después de la gran oportunidad que los peruanos le dieron?

El fujimorismo se encargó desde el día uno de hacer bullying a PPK y su gobierno. Un gobierno políticamente débil, con un Congreso dominado por Fuerza Popular. En un mensaje a la nación el miércoles 20 por la noche PPK expresó: «En los primeros quince meses, cinco de mis ministros fueron censurados o forzados a renunciar, un verdadero récord histórico. […] Ahora es evidente que desde un principio se buscaba llegar a lo que está ocurriendo hoy».

Aunque es probable que PPK tenga algo de qué responder a las acusaciones sobre sus nexos con Odebrecht, la hipocresía es lo que apabulla. De ciento treinta congresistas, setenta y uno son de la bancada fujimorista. De esos, treinta y tres (es decir, 46.5%) han plagiado proyectos de ley, mentido en su currículum, comprado títulos universitarios, tienen procesos judiciales abiertos, y algunos ya sentencias por lavado de activos o narcotráfico… entre otros.

Sobre todo, como ha venido advirtiendo el periodista Gustavo Gorriti desde hace un año, cuando todo señala que es Keiko Fujimori quien ha venido orquestando los ataques. La comisión de investigación del caso Lava Jato está presidido por la fujimorista Rosa Bartra, quien ha tenido más urgencia en incendiar los diarios con acusaciones en contra de PPK que en hacer alguna investigación. Pero Keiko, a quien en agosto de este año se le ha abierto una tercera investigación por lavado de activos a raíz de una anotación en el celular del mismo Marcelo Odebrecht, sigue intacta. Esta última acusación era el registro de un aporte para la campaña presidencial del 2011 en la que Fujimori fue candidata.

«La investigación fiscal a Keiko Fujimori provocó la ofensiva contra la Fiscalía de la Nación con el objetivo de destituir a su titular, Pablo Sánchez. El ataque abierto fue a través del Congreso, pero a la vez el ‘mototaxi’ (como denominan a un chat de WhatsApp del círculo cercano de Fujimori) intenta controlar el Consejo Nacional de la Magistratura. Si lo logra, no solo podrá deshacerse de Sánchez sino avasallar en poco tiempo al Poder Judicial, al Ministerio Público y después al Jurado Nacional de Elecciones», explicó Gorriti en su última columna.

Y no es solo al fiscal de la nación a quien quieren quitar del mapa. El 14 de diciembre, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un informe que recomienda la destitución e inhabilitación por diez años del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinoza Saldaña, y cuatro magistrados más. La CIDH saltó en su defensa. Con mayoría en el Poder Legislativo y estos golpes bajos al Poder Judicial, la cabeza del presidente era lo único que les faltaba. Desestabilizar para encubrir sus actos.

Keiko no es la única dentro del fujimorismo con acusaciones graves. La mayoría de sus allegados están bajo la lupa por lavado de activos o crimen organizado. Joaquín Ramírez, quien fue secretario general y financiero del partido de Fujimori, está siendo investigado por un audio donde admite haber blanqueado quince millones de dólares. Modesto Figueroa Minaya, también de Fuerza Popular, tiene servicios de gasolineras en Madre de Dios. Ahí, en el infierno donde se mueve la minería ilegal, tala ilegal, la trata y además descubrieron operaciones bancarias dudosas por cuarenta y cinco millones de soles.

El escándalo de Odebrecht, que se destapó hace unos cuatro años en Brasil, empezó a esparcirse como pólvora por toda América Latina. Las confesiones de sobornos por parte de la compañía de construcción a distintas instancias gubernamentales de manera sistemática empezaron a causar estragos en los ya débiles gobiernos.

Hace solo unos días Jorge Glas, el vicepresidente de Ecuador, fue sentenciado a seis años de prisión. El mismo Nicolás Maduro está implicado por haber aceptado dinero para su campaña a cambio de favores. Y cómo olvidar el caso de Emilio Lozoya en México. El exdirector de Pemex implicado también en casos de corrupción por construcción de carreteras. Todo esto mientras Marcelo Odebrecht, después de dos años y medio en prisión, tiene arresto domiciliario en una mansión en Sao Paulo de tres mil metros cuadrados.

Pero en el caso de Perú las cosas son todavía más complicadas, más turbias, más corruptas. En ningún otro país el golpe ha sido tan fuerte. A dos expresidentes ya les han sido imputados crímenes, y un tercero estuvo por perder el poder.

Para los peruanos fue como ir al médico por un dolor de cabeza y encontrar que el cáncer había vuelto, con metástasis. Odebrecht no corrompió a los gobiernos latinoamericanos, simplemente demostró las debilidades. Si el actual presidente del Perú es culpable, que responda por sus actos. Pero ahora sí que o todos coludos o todos rabones.


¿Por qué PPK?

PPK empezó su gobierno en desventaja y haciendo concesiones que no debía. Él habla de un arrepentimiento por haber intentado dialogar con los fujimoristas; la realidad es que su poca capacidad política tampoco ayudó, fue un rival muy débil. El posible indulto a Fujimori quemó todos los puentes con la izquierda. El agua que tanto prometió durante su campaña sigue sin llegar a los conos de Lima. Es más, ya ni se toca el tema. Además, es un pésimo orador y su comunicación por lo general es bastante fallida.

Lo persigue también la sombra de su paso por la política. Alejandro Toledo, expresidente de Perú entre 2001 y 2006, fue una de las primeras cabezas que rodaron durante las averiguaciones de Odebrecht. En febrero de este año el Ministerio Público llegó a la conclusión de que había recibido veinte millones de dólares en sobornos para favorecerlos con la construcción de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios. Era el abanderado de la democracia después de una desgarradora época terrorista y fujimorista.

«El cholo sagrado», el hombre del pueblo, una imagen que se fue desmoronando entre su creciente alcoholismo y las imputaciones de lavado cada vez más comprobables. Siendo PPK ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo no sabría de todo lo que ocurrió durante el gobierno de Toledo?

La idea fue evolucionando y maquinándose en la cabeza tanto de los seguidores de Alan García como de Keiko Fujimori. Hasta que dieron con que Odebrecht había hecho un pago de setecientos ochena y dos mil dólares a la empresa Westfield Capital y cuatro millones para First Capital. PPK, que había jurado no tener ninguna relación con los brasileños, no haber trabajado nunca para ellos ni mucho menos haber recibido algún pago, estaba incurriendo en una falsa declaración.

La mejor salida para los fujimoristas fue la vacancia. Ese recurso que en la historia de Perú solo se le ha otorgado a Fujimori por haber abandonado la presidencia y renunciar por un fax desde Japón. Incendiar el país, mandar al Perú por una Inka Cola con tal de salvar a su lideresa Keiko Fujimori.

En su defensa del 21 de diciembre, PPK dijo que «Lo que aquí está en juego no es la vacancia del presidente sino la democracia de un país que tanto le ha costado recuperar». Su crimen era en contra del artículo 126 de la Constitución, que explica que «Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas».

PPK tiene que demostrar que durante su paso como ministro de Toledo no obtuvo beneficios por su posición. En su defensa, explicó que el mismo Marcelo Odebrecht había declarado que Kuczynski había sido «una piedra en el zapato» para la Interoceánica y que por eso habían encargado las consultorías por las que recibió los pagos.

También agregó que él recibió los beneficios de esas consultorías porque era el propietario de la empresa Westfield, creada en 1992, pero que cuando entró en la política dejó la compañía en manos del chileno Gerardo Sepúlveda. Que nunca supo de los contratos con Odebrecht y según su versión solo representaban uno por ciento de los ingresos reflejados en ese trimestre. También aclaró que First Capital pertenece únicamente a Sepúlveda.

Nadie comprobó que haya habido corrupción, pero el golpe del indulto vuelve a abrir una herida en las familias de muchas víctimas. Y aunque muchos argumenten que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permitirá el indulto, además de que varios casos pendientes del gobierno de Fujimori no han sido llevados a juicio, la decisión está tomada y el país dividido por completo otra vez.

 

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