Elecciones 2016: Puebla, la democracia autoritaria

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En Puebla la alternancia es una serpiente que se muerde la cola. La elección de este 5 de junio es una ilusión de participación ciudadana y democracia, pues habrá que elegir entre el retorno de la revolución institucionalizada y sus formas de hacer política o la consolidación de una tecnocracia vestida de azul que nació en el seno tricolor y sabe “de corporativismo, de clientelismo y de una política modernizadora autoritaria”, como puntualiza el politólogo e historiador Diego Velázquez Caballero. Es decir, Puebla tendrá que elegir entre el PRI de toda la vida o el PRI autoritario con las siglas del PAN.

Es la misma historia que se vivió en 2010, con una salvedad: el grupo del gobernador Rafael Moreno Valle podría estar a punto de romper una regla no escrita que venía refrendándose desde hace décadas –“gobernador no pone gobernador”.

En cinco años y medio de gobierno, Moreno Valle ha cimentado una clase política pragmática que no responde a colores ni a ideologías, pues lo mismo tiene posiciones en el PAN, el PRD, el Panal o Movimiento Ciudadano que crea partidos estatales, con oídos sordos a la sociedad que gobierna, pues responde con cárcel a los opositores (más de doscientos presos políticos, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales). Y, lejos de modificar las relaciones de poder y fortalecer la democracia, ha subyugado, cuando no eliminado, a los otros poderes y contrapesos.

A principios de mayo se dio a conocer que el estado de Puebla se ubicó, en 2015, en el lugar 31 del ranking del Índice de Desarrollo Democrático de México, solo por encima de Guerrero. Puebla cayó a esa posición desde 2013, pues en el reporte previo había ocupado la posición número 21. El informe explica que fue en dos de las cuatro dimensiones que se evalúan donde el estado estuvo peor calificado: la dimensión “que mide el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles” y la que mide la “calidad institucional y eficiencia política”.

En el reporte se agrega: “Es el peor resultado en la serie histórica desde 2010 a la fecha. Si examinamos la tendencia, Puebla comenzó siendo una entidad con bajo desarrollo democrático, luego formó parte de las entidades con desarrollo democrático medio y a partir del IDD-Mex 2013 forma parte del conjunto de estados con mínimo desarrollo democrático.”


Bloqueo a los independientes

Si a nivel federal se vivieron dos sexenios azules antes del regreso del PRI, a nivel estatal no ha habido más que dos polos de atracción, que son, en realidad, el mismo: la continuidad, encarnada esta vez en el candidato oficial Antonio Gali Fayad, o el regreso del tricolor, de la mano de la senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz.

En un estado en que la izquierda controló la universidad pública durante los años setenta y ochenta, y donde Andrés Manuel López Obrador sumó uno de sus pocos triunfos estatales en la elección de 2012, no hubo una candidatura fuerte de izquierda que aglutinara el disenso político: ni Roxana Luna Porquillo (PRD) ni Abraham Quiroz (Morena) lograron consolidarse como esa opción.

Y Ana Teresa Aranda (independiente) –la única candidata que logró sortear a fuerza de amparos y juicios políticos (14 en total) los candados que puso el gobernador a través del Congreso del estado y del Instituto Estatal Electoral (IEE) para impedir que candidatos independientes aparecieran en las boletas electorales– tampoco logró ubicarse como una contrincante de peso.

De hecho, la reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep) se aprobó en agosto pasado para cerrar las puertas a quien intentará buscar la candidatura fuera de un partido político. Para empezar, se fijó en tres por ciento del padrón electoral el porcentaje de firmas necesarias para obtener el registro –esto representa 127 mil firmas en el caso de elección de gobernador–, y no de la lista nominal, como se hizo en la mayoría de los estados. Y se otorgó un plazo de veinte días para obtenerlas. (En Nuevo León, por poner un ejemplo, Jaime Rodríguez el “Bronco” tuvo cincuenta días para conseguir el tres por ciento de las firmas del listado nominal de ese estado, es decir, 103 mil firmas.) A la par, se estableció como obligación que los ciudadanos que decidieran apoyar una candidatura independiente tendrían que acudir en persona a las oficinas del organismo electoral para entregar su firma–condición que no se pidió en ningún otro estado.

Los candados se tumbaron a través de los juicios de amparo que llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y uno de ellos tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que evitó que los ciudadanos tuvieran que acudir a las oficinas electorales para ratificar su apoyo.

Aunque la lucha jurídica emprendida por Ana Teresa Aranda –extitular del DIF federal en el sexenio de Vicente Fox, y quien pretendía no solo eliminar candados sino que se le reconociera su candidatura y se le entregaran los recursos de las prerrogativas– evidenció el uso que Moreno Valle hizo de las instituciones para impedir candidaturas incómodas, acaso solo consiga fragmentar el voto del panismo tradicional, de donde ella salió para enfrentar al “tirano”, como llamó a Moreno Valle durante el único debate entre los candidatos.


Te estoy escuchando

El pasado 18 de mayo el diario Reforma publicó en portada que en Puebla opera desde 2014 “un centro de espionaje telefónico que intercepta conversaciones de adversarios del gobierno del estado”. La información, explicaba la nota, llegó a través de una denuncia anónima que incluía documentos y 271 grabaciones ilegales.

Dos días después, en el noticiario Al Portador, se dieron a conocer algunas de esas conversaciones, que incluyen una de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y una de las fuertes aspirantes a la candidatura del PAN en el 2018. También fue posible escuchar conversaciones de Rosario Robles, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

La historia no es nueva: se había publicado en los portales e-consulta y SinEmbargo –en una nota firmada por el periodista Fernando Maldonado– desde mediados del año pasado. En esas mismas fechas se conoció también la compra de equipo de espionaje a la empresa italiana Hacking Team por parte del gobierno poblano,y se documentó, gracias a la filtración de miles de correos de la compañía con funcionarios mexicanos, que el equipo se usó para escuchar a contrincantes políticos, incluso al interior del partido del gobernador.


El baile de la corrupción

Entre los aspirantes que encabezan la lucha electoral, la tónica de la campaña ha sido la de la mutua acusación de corrupción.

La declaración 3 de 3 de Blanca Alcalá, expresidenta de la comisión de cultura del Senado, la puso contra las cuerdas. En la documentación que subió a la plataforma electrónica la priista reconoció ser propietaria del 25% de las acciones de la empresa Nacozari Gasolinera SA de CV y del 50% de la constructora Estilos Constructivos Sustentables, S.A de C.V.

Días después algunos medios que han cuestionado repetidamente a la priista, como Milenio Puebla y Cambio, dieron a conocer que la constructora es propietaria de un complejo de departamentos ubicado en la ciudad de Puebla, valuado en 11 millones de pesos, propiedad que no fue incluida en el 3 de 3. Al mismo tiempo se publicó que la gasolinera recibió los permisos de instalación en el periodo en que Alcalá fue presidenta municipal de la capital poblana, en un claro caso de conflicto de interés.

La cercanía de la priista con Mario Marín Torres, el exgobernador poblano que concluyó su mandato con el mote del “Góber Precioso”, ha sido otro de los dardos que de manera recurrente le han lanzado sus contrincantes. Incluso Antonio Gali Fayad mostró en el debate una foto de Alcalá y Marín juntos durante el registro de la candidata.

La sombra del exgobernador ha sobrevolado la campaña tricolor, primero por error de cálculo político de los propios priistas, después impuesta por los estrategas azules para atemorizar al electorado. Marín es un fantasma que Moreno Valle saca a pasear en cada proceso electoral, pero al que nunca tocó jurídicamente.

En el caso de Antonio Gali Fayad, el hombre que saltó de la Secretaría de Infraestructura a la alcaldía poblana y de ahí a la candidatura, todo de la mano de Moreno Valle, las acusaciones que pesan en su contra tienen que ver con el patrimonio que acumuló en su paso por la administración pública, y sobre los vaivenes de su declaración patrimonial.

En 2010, cuando presentó su última declaración como funcionario federal, reconoció poseer una fortuna de 87 millones de pesos, de los cuales 46 millones correspondían a casas y terrenos. Entre estos se encontraba una casa ubicada dentro del club de golf La Vista, que, de acuerdo con los documentos, costó 15.7 millones de pesos, aunque desde la elección pasada se denunció que la casa valía al menos 70 millones de pesos. Para 2013, cuando se presentó como candidato a la alcaldía poblana, su riqueza había bajado a 77.4 millones de pesos, a pesar de que en los dos años que estuvo al frente de la Secretaría de Infraestructura percibió un salario anual de un poco más de un millón de pesos. En 2016, cuando finalmente presentó su declaración en la plataforma 3 de 3, el monto de su riqueza cayó a 21.3 millones de pesos (más cinco cuentas bancarias con montos superiores al medio millón de pesos, y una sexta con un monto entre 100 mil y 500 mil pesos).

Los señalamientos contra los candidatos han sido lanzados, principalmente, a través de la prensa y las redes sociales. El diario El Popular documentó al menos 15 páginas de internet y cuentas en Facebook dedicadas a publicar información que golpea a uno u otro polo político. Todo esto en una elección que definirá, en términos prácticos, a un gobierno de tan solo un año, ocho meses y doce días. Apenas nada para una administración que proponga y logre dejar huella.

Porque, además, quien sea que obtenga el triunfo el próximo 5 de junio deberá gobernar con un congreso dominado por el grupo de Moreno Valle; con una Fiscalía General cuyo titular, Víctor Carrancá Bourguet, fue colocado por el gobernador panista y, luego de la reforma al órgano de justicia, ratificado en el cargo por siete años más por diputados afines al grupo en el poder; con una Auditoría Superior del Estado a cargo de David Villanueva Lomelí –yerno del exgobernador Melquiades Morales Flores, a quien se le atribuye el impulso inicial a Moreno Valle, pues en su sexenio lo colocó como Secretario de Finanzas–, también alineada; con los organismos electoral, de derechos humanos y de transparencia controlados por personajes afines al aún mandatario poblano; con un Tribunal Electoral presidido por Adrián Rodríguez Perdomo, exfuncionario morenovallista que trabajó a las órdenes de Juan Pablo Piña Kurczyn –hijo del exgobernador Mariano Piña Olaya, priista de formación y hoy diputado federal por el PAN–, cuando aún despachaba como titular de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública.

Para Diego Velázquez Caballero, doctor en Ciencia Política e Historia, lo que se juega en esta elección, más allá de los 612 días de gobierno, es la posibilidad de consolidar un cacicazgo que no se ve desde la década de los treinta del siglo pasado, cuando Maximino Ávila Camacho llegó al poder y mandó durante sexenios. Se trata, puntualiza, de un cacicazgo modernizador “muy semejante al de Maximino Ávila Camacho, pues, al igual que el militar revolucionario, Moreno Valle le cambió la cara a Puebla, y lo más seguro es que en 2018 esta situación aún permanezca, pues al parecer el PRI no consolidó un proyecto alternativo y más bien se plegó al morenovallismo”.

Pero lo que está en juego rebasa las fronteras del estado: el grupo que Moreno Valle ha construido a su alrededor tiene intereses más allá de Puebla. Hace unos días Ignacio Rodríguez Reyna, director de la revista Emeequis, publicó un amplio reportaje sobre los negocios de Omar Yunes, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz. En el texto se detalla la ruta política del veracruzano y su salto a las esferas nacionales en el sexenio de Ernesto Zedillo, de la mano del oaxaqueño Diódoro Carrasco Altamirano, cuando este ocupaba la Secretaría de Gobernación federal. Hoy Carrasco Altamirano lleva las riendas de la Secretaría General de Gobierno en el gobierno de Puebla y no ha dejado de mirar a Oaxaca a través de José Antonio Estefan Garfias, candidato de la coalición PRD-PAN y primo hermano, por cierto, del presidente del PRI en Puebla, Jorge Estefan Chidiac.

Pero, además, tanto Moreno Valle como Yunes Linares tuvieron como madrina política a Elba Esther Gordillo. Rodríguez Reyna cuenta que la llegada del veracruzano a la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (Issste) ocurrió gracias al acuerdo entre Gordillo y Felipe Calderón. Lo mismo sucedió con la candidatura del poblano en 2010: la “maestra” operó para que el PAN le abriera la puerta gracias a sus acuerdos con el entonces presidente del país.

Así, en la elección poblana no solo se juega un asunto local y la permanencia en el poder de un grupo político. La red de alianzas que ha tejido a su alrededor Moreno Valle cruza la región del Golfo al Pacífico. Sus aspiraciones presidenciales, además, no han menguado por más que las encuestas lo pongan lejos de los punteros rumbo a 2018. Pero antes que 2018 está 2016.

(Foto: cortesía de Russ Bowling.)

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