Elecciones 2016: Sinaloa, la violencia en el centro

El contexto sinaloense es complicado: la inseguridad, la desconfianza en las instituciones y la inestabilidad económica han mermado la transición democrática.

| Nacional

En México en cada elección los candidatos encuentran más problemas para convencer a su electorado, a pesar de contar, como nunca antes, con herramientas de difusión y entendimiento de audiencias. Sinaloa no es la excepción, y su contexto es particularmente complicado. Culiacán, la capital del estado, es la segunda ciudad más violenta de México, según el Consejo de Seguridad Pública. El narco ha logrado introducirse hasta lo más profundo del Estado: hoy es el gran poder fáctico de Sinaloa. Pero las campañas de los candidatos evaden el tema, como si no fuera el tema más importante.

La situación social de Sinaloa es muy compleja. A diferencia de otros lugares donde el crimen organizado recluta a gente por necesidad económica, en Sinaloa la cultura del narco es tan robusta y aceptada que ha logrado convertir el negocio de las drogas en algo aspiracional. Un dato revelador: según el INEGI, solo el 12.8% de las víctimas de homicidio doloso no tenían una ocupación, por lo que prácticamente toda la población económicamente activa es vulnerable. La tasa de víctimas en Culiacán está por encima de la de Sinaloa y la de México. El 72% de los sinaloenses se sienten inseguros, y no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar en el 2016.

Martín Heredia Lizárraga, candidato del PAN, ha propuesto combatir la violencia con empleo; Quirino Ordaz Coppel, del PRI, con el Mando Único; y Héctor Melesio Cuén Ojeda, candidato del Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano, con educación. La falta de imaginación política no ha perdonado partido: las propuestas abstractas en sus plataformas para un tema de una complejidad multidimensional son alarmantes. Parecería que hoy los candidatos sólo aspiran a convertirse en administradores de la tragedia.


El malovismo

La principal característica del actual gobierno de Sinaloa ha sido la impunidad. Un buen ejemplo es el caso del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), del cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó desvíos por más de cuatrocientos millones de pesos, aunque la cifra total según la ASF llegó a los 757 millones 634 mil, afectando también a programas de salud y seguridad pública.

A pesar de este escándalo, el gobernador Mario López Valdez “Malova” no apareció en los reflectores nacionales como Javier Duarte, si bien durante su administración también ocurrieron graves atentados contra la libertad de expresión y los derechos humanos. En el 2014, el periódico Noroeste recibió seis ataques en ocho días, incluidas agresiones físicas propinadas por policías de Mazatlán a reporteros que cubrían la aprehensión del “Chapo” Guzmán en las torres Miramar. Cuando el periódico buscó al secretario de Seguridad Pública este dijo que no tenía comentarios al respecto. Otro grave incidente no esclarecido fue el balazo que recibió Adrián López Ortiz, el director del diario.

La llegada de Malova al poder se dio gracias a la alianza entre el PAN y el PRD y gracias a la participación importante de grupos de poder priistas que no apoyaban a su contrincante, Jesús Vizcarra, entre los que destaca el exgobernador Juan S. Millan. Malova fue alcalde de Ahome y senador por el PRI, y no era el gallo del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla, por lo que decidió irse a la oposición.

Con el triunfo de Malova llegó la alternancia pero no la democracia. En el Congreso los priistas derrotados no tuvieron otra más que reagruparse y trabajar con el gobierno malovista. En los años siguientes, previsiblemente, las dinámicas democráticas del estado se volvieron nebulosas: era muy difícil distinguir quién le rendía cuentas a quién, si al PAN o al PRI o a los grupos de poder que lo apoyaron durante la campaña –o a los ciudadanos. Esto provocó un enorme desequilibrio entre el poder legislativo y el gobierno estatal, sin claridad de mandato ni contrapesos efectivos. La normalización de una vida democrática en Sinaloa es otro asunto en el que se debe trabajar, después del fenómeno ecléctico y confuso del malovismo.

El próximo gobernador de Sinaloa tendrá un escenario difícil: un estado endeudado (más de nueve mil millones hasta 2014); recortes en el presupuesto federal; una crisis de seguridad que repercute en la inversión, la percepción y la economía del estado; y el hecho de interactuar con los sinaloenses, que muestran un alto grado de desconfianza en las instituciones políticas y sus líderes locales.


El campo

El sector agropecuario del estado es el protagonista de la economía local. La producción de hortalizas durante los últimos seis años ha aumentado considerablemente, y se vendieron y exportaron en el último año como nunca; sin embargo, el beneficio se lo llevaron solamente algunas empacadoras. Hay varios problemas a pesar del éxito. El 60% de las hortalizas consumidas en Estados Unidos vienen de México. Antes, el principal productor para ese mercado era Sinaloa. Ahora existen más estados que producen hortalizas, y que cuentan con mejor tecnología que las empacadoras sinaloenses. Además, el mercado se ha cerrado y se ha convertido en un negocio exclusivo para empacadoras ricas y establecidas. El número de empacadoras de hortalizas ha disminuido dramáticamente desde los años setenta.

La situación del campo es de primer interés para los sinaloenses. ¿Se adaptará el sector agropecuario a las nuevas dinámicas del mercado? Esa es la pregunta que muchos jóvenes agricultores tienen, pues no ven una balanza justa entre los empaques millonarios establecidos y el resto de la industria. Las asociaciones de agricultores en el estado como la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) y la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) son grupos fuertes de presión y poder político. La falta de competencia ha hecho que el estado viva básicamente del sector primario y bajo condiciones precarias.

Uno de los proyectos más importantes de este sexenio fue el de un gasoducto, el cual, según el entonces coordinador de proyectos estratégicos, Francisco Labastida Gómez de la Torre, “detonaría la industrialización del estado”. No obstante, esto provocaría la utilización de más fertilizantes sintéticos, cuando la tendencia internacional se inclina a una producción más orgánica. (Hay que mencionar que Labastida Gómez es hijo del excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, compañero de Malova durante su etapa en el Senado y parte de la cohorte priista que lo ayudó llegar al poder.)

El gobierno ha presumido en demasía este proyecto; a pesar de ello, existen serias dudas sobre cuáles serían los beneficios de este gasoducto y, en especial, a quién beneficiaría. No solo porque el proyecto fue llevado durante mucho tiempo por Labastida Gómez, sino también por sus repercusiones ecológicas y sociales.


Los retos de Culiacán

La capital de Sinaloa es la ciudad más grande: cuenta con más de ochocientos mil habitantes, es el municipio con más presupuesto y la capital educativa e industrial del estado. También es la ciudad más peligrosa.

En Culiacán se cometen el 37.5% del total de homicidios dolosos en el estado; entre 1999 y 2014 el 86 % de las víctimas de homicidio falleció por algún tipo de disparo con arma de fuego (la media nacional es de 60%).

El próximo alcalde y el próximo gobernador tienen otro enorme reto: la disminución de la portación y tráfico ilegal de armas, con miras a disminuir la tasa de homicidios y la percepción de seguridad de los ciudadanos. Es un enorme reto porque no es solamente un reto político sino cultural. La normalización de estos comportamientos delictivos es un gravísimo síntoma de una sociedad apartada de la legalidad y con una absoluta desconfianza en instituciones de seguridad y de procuración de justicia.

Este hecho se agrava cuando se analizan los números de averiguaciones previas por homicidio, comparado con la cantidad de sentenciados en el total de los casos. Del total de averiguaciones (1197), solamente el 4.3% acabaron en sentencia (la información más actualizada que tenemos es del 2011 al 2012).

Hoy sabemos que el 83% de los homicidios dolosos en Culiacán se concentran en las zonas urbanas. Que más de la mitad (57%) ocurren en las calles y carreteras, en la vía pública y a la vista de los ciudadanos. Según el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Culiacán es la cuarta entidad de la república más peligrosa para las mujeres.

Para resolver un problema primero hay que diseccionar sus elementos. Una enfermedad se diagnostica por sus síntomas. Uno de los mayores retos de Culiacán es el combate a la violencia. Son ocho los candidatos que compiten en 2016 por la gubernatura de Sinaloa. Sin embargo, en las campañas políticas, ningún candidato se atreve a proponer estrategias concretas. Sus discursos se han quedado estancados en las promesas, el compromiso sin cálculo, el juramento sin bases. O, peor aún, ni mencionan el problema. Hay información disponible; solo falta la voluntad crítica de organizarla. Es claro que la esfera partidista elude la responsabilidad. Queda, tal vez, en las manos del ciudadano forzar su análisis, su discusión, su implementación.

Los resultados electorales decidirán en primera instancia cómo será el reacomodo de las fuerzas políticas del estado. La alianza malovista que lo llevó al poder en 2011 desequilibró fuertemente la relación entre los poderes del estado y sus funciones. La oposición se diluyó entre el surgimiento de opciones políticas locales como el Partido Sinaloense y otros proyectos independientes.

Nunca en la historia de Sinaloa había habido tantos candidatos a la gubernatura; sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿quién es diferente?

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