¿Es factible un juicio político a Javier Duarte?

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El pasado 3 de marzo, fue presentada una cuarta demanda para iniciar un juicio político en contra de Javier Duarte, gobernador de Veracruz. En esta ocasión, la solicitud fue promovida por la bancada veracruzana del Partido Acción Nacional (PAN), quien en su iniciativa acusó al gobernador de desvío de fondos públicos, incremento desproporcionado de la deuda pública, actos de intromisión en los procesos electorales y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y de Gobernación –la instancia encargada de estudiar dicha iniciativa en el Congreso local y que está compuesta mayoritariamente por miembros del partido del gobernador– resolvió que el juicio político no era procedente. Los diputados que votaron en contra de iniciar el juicio político adujeron en su negativa que tal iniciativa tenía su origen en una “circunstancia político-electoral con fines mediáticos” y que no se contaba con elementos suficientes para probar la responsabilidad del mandatario.

Lo primero que resalta del dictamen de la comisión es que su respuesta se desvió del punto focal, ya que independientemente de si la motivación primaria de los legisladores que promovieron el juicio político fue político-electoral o no, la tarea de la comisión era estudiar si se contaba con elementos suficientes para iniciar un procedimiento en contra del gobernador. La decisión de los diputados únicamente debía basarse en las acusaciones que se hacen en contra de Duarte, no en las fechas en que esto fue propuesto, el partido de quien proviene la iniciativa ni en el tratamiento que se dio en los medios de comunicación al tema.

Por otro lado, decir que no se cuenta con elementos suficientes para iniciar un juicio político en contra del gobernador es una aseveración muy difícil de sostener, puesto que, en el último lustro, Veracruz no ha parado de dar contenidos inquietantes a cientos de notas periodísticas, discusiones en redes sociales, estadísticas y protestas ciudadanas tanto en el rubro económico como en el político y el social.

Haciendo un brevísimo recuento de algunas de las irregularidades ocurridas durante la presente administración cabe destacar dos situaciones en el ámbito económico: la primera es la justificación del gasto público, pues, según las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno veracruzano no ha podido solventar el destino de 35 mil millones de pesos, de los cuales al menos 4 mil millones 770 mil pesos están siendo investigados penalmente por simulación de reintegros.

La segunda es el desproporcionado aumento de la deuda pública estatal durante el gobierno de Duarte. Si bien sobre esto aún no se cuenta con cifras oficiales, las estimaciones alcanzan cantidades que van desde los 45 mil millones de pesos hasta los 121 mil millones. Destacando, en particular, entre las deudas del gobierno, aquella que tiene con la Universidad Veracruzana por el pago de jubilaciones: una deuda que supera los tres mil millones de pesos y que ha dado lugar a numerosas protestas por parte de estudiantes y profesores.

En los ámbitos político y social basta con mencionar el aumento constante y generalizado de las violaciones a los derechos humanos, en particular, las cifras de desapariciones forzadas, fosas clandestinas, violencia de género y agresiones contra periodistas. En los últimos cinco años en Veracruz se han iniciado 51 averiguaciones previas por desaparición forzada ejecutada por agentes del Estado, convirtiendo a esta entidad en la responsable del 25% de las desapariciones forzadas de todo el país.

Por lo que respecta a las fosas clandestinas, tan solo en el rancho “El Diamante”, en 2014 fueron descubiertas 13 fosas clandestinas y, recientemente, en el rancho “El Limón” fueron encontrados más de tres mil fragmentos de cientos de personas asesinadas hace ya varios años.

Otra cifra alarmante es el aumento de casos de violencia de género denunciados en Veracruz, pues, tan sólo en los últimos 4 años, se han registrado 162 feminicidios en la entidad; 405 homicidios dolosos de mujeres y niñas y un aumento del 5,000% en las denuncias por mujeres desaparecidas, estando aún la mayoría de todos estos casos de violencia contra las mujeres en trámite.

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Fuente: informe del grupo de trabajo conformado para estudiar la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz.

En el rubro de libertad de expresión, durante la administración de Javier Duarte, se han registrado 203 agresiones a periodistas en la entidad, entre las cuales se encuentran 15 homicidios de periodistas, lo cual convierte a Veracruz en el estado con mayor número de periodistas asesinados en todo el país. En este aspecto es fundamental destacar que del total de agresiones documentadas en contra de periodistas el año pasado, el 67% fueron perpetradas por autoridades locales.

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Fuente: MIEDO, informe de Artículo 19 México, pg. 52-52.

Como se puede observar, estas violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados en el contexto veracruzano, sino que son situaciones que se han presentado de manera sistemática en la entidad en el último sexenio, sin que se haya implementado mecanismos eficaces que demuestren el interés y compromiso del gobierno en frenar estas circunstancias.

Con esta información es plausible considerar que la motivación de los legisladores promoventes del juicio político en contra del gobernador no era (únicamente) político-electoral, sino que era una reacción genuina ante todas las anomalías de la actual administración que han puesto y mantenido a la entidad en el foco de atención de los medios de comunicación. En contraste, es difícil que quepa alguna duda de que la motivación de la comisión al desechar la propuesta del juicio político sí fue totalmente político-electoral.

Lo que la comisión no logró ver es que, al intentar proteger al miembro de su partido, no está evitando que Duarte sea visto por los ciudadanos como culpable, pues, con o sin juicio, las acusaciones están hechas ya, lo que ha provocado un clima de protesta social en Veracruz desde hace años. Lo único que se consigue al evitar que el gobernador sea debidamente investigado y juzgado es reafirmar la imagen que la sociedad tiene de la clase política: la de un grupo que puede actuar de manera ilegal sin tener que afrontar ninguna sanción. Esta percepción sobre los altos niveles de impunidad no afecta solo a Duarte y su gobierno, sino a la credibilidad de todas nuestras instituciones democráticas –que, como es bien sabido, no es elevada entre la gente.

Haber permitido que se iniciara el juicio político en contra del gobernador hubiera enviado un mensaje positivo a los ciudadanos. Hubiera sido una forma en que la clase política y, en especial el propio partido, dirían “ahora que estamos conscientes de las irregularidades en la presente administración queremos llegar al fondo de esto. Tenemos la voluntad de conocer la verdad y de sancionar a los responsables, incluso si están en nuestra propia casa”. Al evitar que se pudiese siquiera iniciar el juicio, el mensaje es totalmente distinto. El mensaje es que dentro del partido se protegerán los unos a los otros sin restricciones.

Sin embargo, el tratamiento que se dio a esta iniciativa no difiere mucho de la forma en que históricamente se ha empleado el juicio político en nuestro país. Solo a nivel federal, actualmente existen 337 solicitudes de juicio político pendientes de dictamen en el Congreso, datando la más antigua del 2003. Entre estas demandas destacan la del ex gobernador de Puebla, Mario Marín; la del ex procurador, Murillo Karam; las de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las últimas tres solicitudes mencionadas se distinguen puesto que, de acuerdo a la constitución, un juicio político no puede ser hecho en contra de un presidente, por lo que desde el inicio tales demandas están destinadas a ser desechadas.

Estos hechos muestran el modo en que los juicios políticos han sido utilizados: como herramientas de presión política y de desprestigio entre partidos, cuyas consecuencias únicamente se verán reflejadas en las urnas, mas no en sentencias penales.

A nivel local, la suerte que siguen los juicios políticos es similar. Las solicitudes suelen ser aplazadas, como en el caso del ex procurador de Guerrero, Albero López Rosas, cuyo juicio político fue aprobado e iniciado en 2012 y que aún sigue pendiente de sentencia, por lo que todavía puede desempeñarse en cargos públicos.

El tema de Veracruz es importante para entender por qué en una democracia no basta con que haya transparencia: se requiere que la información pública esté acompañada de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, para que, en conjunto, estos dos elementos garanticen que las instituciones públicas funcionen adecuadamente y que el actuar de los funcionarios esté siempre sujeto al interés público.

Un juicio político es precisamente un mecanismo que permite materializar el principio de responsabilidad de los servidores públicos a través de un procedimiento jurisdiccional que, como todo procedimiento, cuenta con reglas y garantías encaminados a garantizar un resultado imparcial, en el cual la persona acusada únicamente puede ser condenada si se presentan los elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de una infracción y de la responsabilidad del denunciado.

Lo que resta por ahora es esperar que los dictámenes de los otros tres juicios políticos promovidos en contra del gobernador de Veracruz sean estudiados con la atención que merecen por las respectivas comisiones y que el procedimiento sea llevado a cabo conforme a todos los principios y normas establecidos en la constitución. Resta, también, confiar en que en los próximos meses los electores demuestren su descontento con esta forma de hacer política. Y, sobre todo, resta esperar que el reclamo social no cese al finalizar el periodo electoral, sino que sea una fuerza constante en la vida política del país, para que sea claro y manifiesto que, contrario a la opinión del gobernador, la búsqueda por la rendición de cuentas no es parte “del folclor veracruzano”, que la exigencia de la responsabilidad de funcionarios no es parte del “anecdotario de estos tiempos que vivimos” sino que son una manifestación del ejercicio de los derechos ciudadanos, así como las bases mínimas necesarias para que una sociedad realmente democrática pueda funcionar.

(Foto: cortesía de Fotomovimiento.)

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