¿Es hora de una Comisión Internacional contra la Impunidad en México?

El Estado mexicano ha demostrado su incapacidad para ofrecer justicia, aun en los casos más dramáticos. Ejemplos internacionales como el de Guatemala pueden apuntar a la posibilidad de nuevas salidas.

| Nacional

En 1933, Adolfo Hitler proclamó el inicio de un Reich alemán que habría de durar 1,000 años. Doce años después, se suicidó mientras Alemania entera era asolada por los bombardeos de sus enemigos. En enero de 2015, José Murillo Karam proclamó su “verdad histórica” sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 27 de septiembre del año anterior. Apenas ocho meses después, su edificio inmortal ha sido derrumbado por los certeros bombazos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

He recurrido a esta analogía irónica para enfatizar una realidad que no tiene nada de chistosa: la irresponsabilidad y la megalomanía de nuestros gobernantes está conduciendo a nuestro país por un camino de destrucción que ya no podemos ignorar.

En septiembre de 2015, después del dictamen de la Comisión de Expertos, después de que el propio gobierno ha admitido que en nuestro país hay 25,000 desaparecidos, después también de la ridícula exoneración de Peña Nieto y Videgaray por parte de su empleado, el secretario de la Función Pública, nos debe quedar claro lo que desde antes intuíamos: el Estado mexicano sabe cumplir algunas de sus funciones muy bien, muchas otras apenas las realiza, y algunas no tiene la menor capacidad para llevarlas a cabo. La peor de sus incapacidades es sin duda la impartición de justicia y la rendición de cuentas.

La patente ineptitud y probable mala fe en la investigación de la PGR, sobre el destino de los 43 estudiantes, es la imagen en el espejo de la paródica irresponsabilidad y la evidente incompetencia en la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre los conflictos de interés de los poderosos. Por otro lado, la continuada indiferencia a la desaparición y muerte de decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, la impasibilidad ante la aparición de cientos o miles de cuerpos desconocidos en fosas clandestinas, es la demostración de una irresponsabilidad gubernamental de dimensiones verdaderamente espeluznantes.

Tenemos, pues, un Estado que no solo es incapaz, sino que además no tiene el menor interés ni las más mínimas ganas de impartir justicia para los más humildes o de llamar a cuentas a los más poderosos. Esta torpeza y esta desidia, esta patente indiferencia a la justicia y a los derechos, ya no pueden ignorarse, pues la magnitud de la violencia y la impunidad en nuestro país ha alcanzado una dimensión alarmante.

En su libro sobre los genocidios en la Alemania nazi y en la Argentina de los años setenta, El genocidio como práctica social, el sociólogo argentino Daniel Feierstein argumenta que se puede hablar de la existencia de prácticas de genocidio cuando son asesinados uno en cada 1,000 habitantes de una comunidad, un pueblo o una nación. Esa fue la escala de los genocidios en Argentina y Chile en los años setenta. Esa es ya la escala del genocidio mexicano.

Al usar esta frase quiero ser deliberadamente alarmista, porque creo que es hora de que nos alarmemos seriamente y de que asumamos las consecuencias de nuestra alarma. En México estamos viviendo un genocidio y tenemos un Estado que, en el mejor de los casos, ha demostrado ser incapaz de detenerlo y, en el peor, nos ha dado muestras claras de que —por corrupción, mala fe o simple ineptitud— se ha convertido en un cómplice activo de su realización. En México vivimos bajo un régimen que considera que la corrupción es un fenómeno cultural o un producto de la naturaleza humana y solo se preocupa por garantizar la impunidad de quien la comete. En suma, en nuestro Estado los crímenes contra la humanidad y la violación de la ley se han convertido en la norma.

Si estas constataciones no nos llevan a concluir que el nuestro es un Estado fallido, entonces no sé qué otra información necesitemos para llegar a esa determinación.

Por suerte hay esperanza, y este es el sentido de toda esta reflexión desesperada. Basta reconocer que estamos en Guatepeor y que debemos voltear hacia Guatemala, donde una Comisión Internacional contra la Impunidad ha comenzado a desarticular las redes de corrupción y criminalidad que involucraban a las figuras más elevadas del Estado guatemalteco.

¿No será momento de que los mexicanos nos planteemos con toda seriedad que solo una intervención internacional de ese tipo y de esta escala puede aliviar las incapacidades patentes, las complicidades evidentes y la irresponsabilidad cómplice de nuestro gobierno y de nuestras oposiciones?

Tal vez esta es la ocasión para que reconozcamos que nuestros orgullos nacionalistas han sido desfondados por la lacerante realidad. Tal vez ya es hora de que admitamos de una vez por todas que nuestro sistema político, en sus tres poderes y tres niveles de gobierno, ha demostrado su incompetencia para resolver los problemas más dramáticos de nuestra sociedad y que es urgente que encontremos otras salidas y otras soluciones, como podría ser una Comisión Internacional contra la Impunidad en México.

¿Cuántas mexicanas y mexicanos más tendrán que morir o desaparecer para que contemplemos esa posibilidad? ¿Cuántos “sospechosos” más tendrán que ser torturados para sustentar las falsas investigaciones y las verdades históricas? ¿Cuántas mentiras más tendremos que tragarnos de parte de funcionarios que parecen convencidos de nuestra estupidez irremediable?

Me parece que es hora de reconocer que nuestro Estado no puede, ni quiere, ni sabe cómo empezar a cumplir y hacer cumplir la ley, que es incapaz de garantizar la justicia para todos nosotros.

Estoy consciente de que la alternativa de una Comisión Internacional contra la Impunidad no es fácil ni rápida, tal vez sea incluso imposible, pero me parece que es mejor explorarla que quedarnos callados, mientras nuestros Nerones ven arder a Roma desde la comodidad de sus casas blancas.

(Foto cortesía de Esparta Palma.)

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