¿Es una estrategia deliberada? Preguntas sobre la masacre en Apatzingán

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

El reportaje de Laura Castellanos sobre la posible masacre cometida por la Policía Federal el pasado 6 de enero de 2015 en Apatzingán, publicado simultáneamente por Proceso, Aristegui Noticias y Univisión, además de contener graves acusaciones en materia de derechos humanos, nos coloca frente a un estrategia del gobierno federal que puede haber sido deliberada para reducir al mínimo a las autodefensas que operan en diversos municipios de Michoacán y, así, dejar en la irrelevancia a la Fuerza Rural creada después de la crisis de violencia que se desató en Tierra Caliente desde 2013.

¿Es la masacre un momento deplorable de una estrategia deliberada? Para analizar este acontecimiento debemos contextualizarlo dentro de todo el proceso de desarme, desmovilización y reintegración que implementó el gobierno con las autodefensas en Michoacán. El proceso de desarme controló el uso de armas. La desmovilización permitió que el gobierno revisara el perfil de todas las autodefensas y, a partir de los exámenes que se hicieron, decidir quiénes serían parte de la Fuerza Rural. En este proceso se favoreció a las autodefensas que decidieron colaborar más con el gobierno y aceptar sus decisiones. Ejemplo de ello fue el nombramiento como comandante de Estanislao Beltrán “Papá Pitufo”. Los comandantes de autodefensas más críticos del comisionado Alfredo Castillo, en cambio, fueron constantemente desplazados: Mireles e Hipólito Mora. Así, las Fuerzas Rurales fueron limitadas a sus localidades; y para las actividades en contra de Los Caballeros Templarios se utilizó una fuerza especial de 250 miembros de esas diversas localidades. A finales de 2014 esta fuerza, dirigida por Alberto Gutiérrez “Comandante 5”, fue disuelta después de la muerte en enfrentamientos de la mayor parte del liderazgo de los templarios.

El 22 de diciembre de 2014 varios ciudadanos, acompañados de autodefensas que no fueron incorporados a la Fuerza Rural, tomaron la presidencia municipal de Apatzingán; querían ser reconocidos en ese municipio. El operativo de la Policía Federal del 6 de enero tenía como objetivo oficial retirar a estas personas de ese lugar. Lo que fue reportado como un enfrentamiento entre autodefensas, policía y otras personas armadas, en realidad, tras la revelación de los nuevos testimonios, parece ser una masacre ejecutada por la Policía Federal. Dado el contexto y los antecedentes, puede ser que la intención haya sido la de evitar a toda costa la formación de una nueva agrupación de vigilantes. Si consideramos este brutal episodio junto con el enfrentamiento entre Hipólito Mora y Luis Antonio Torres “El Americano” el 16 de diciembre pasado, podemos pensar que hubo una estrategia fuerte y deliberada de debilitamiento de las Fuerzas Rurales, las autodefensas y las defensas rurales en el estado. A esto hay que añadir que José Gil Olmos, en su reciente libro Batallas de Michoacán, reporta que hay sospechas de que el gobierno federal permitió la formación de autodefensas en la costa-sierra náhuatl de Michoacán.

Si la masacre fue parte de una estrategia de disuasión para la futura formación de nuevas autodefensas, y la eventual sustitución de las mismas por la Policía Federal (lo que se suma a la propuesta de desaparición de policías del gobierno), entonces queda un conjunto de dudas. ¿Acaso la Policía Federal sería capaz de enfrentar a una nueva organización criminal sin apoyo de los pobladores que se organizaron en los municipios? ¿Por qué incorporar ciudadanos en Fuerzas Rurales si después se pasa a su posterior debilitamiento y posible masacre?

Si se tratara de casos no estrictamente conectados entre sí, ¿por qué el comisionado Alfredo Castillo no pudo controlar la masacre y los enfrentamientos entre autodefensas cuando tiene fuertemente vigilada la región con policía y militares? ¿Qué intención había en la incorporación de ex templarios, los llamados “perdonados”, en la Fuerza Rural? ¿Por qué no se ha investigado a fondo las acusaciones entre autodefensas de posibles relaciones con los llamados Viagras?

En cualquier caso, sea un escenario u otro, una intervención estatal no debería estar marcada por la falta de control y el exceso de violencia inhumana que los hechos del 6 de enero parecen demostrar. En este sentido, las razones por las cuales el comisionado Castillo describió las muertes como producto de “fuego amigo”, discrepando con los testimonios de los ahí presentes, deben ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, sancionadas lo más rápido posible.

No hacerlo, además de no atender los graves saldos en materia de derechos humanos, podría agregar una serie de rencillas que tendrían el potencial de desencadenar un conflicto mayor. Unir ciudadanos locales a las Fuerzas Rurales, en principio, tiene la virtud de la apropiación social de la policía, como ocurre con las policías comunitarias indígenas. Pero una incorporación irregular, errática o simplemente temporal podría significar un retroceso en los esfuerzos ciudadanos antes realizados en contra del terror que causaron los Caballeros Templarios.

También se tiene que hacer preguntas de largo plazo sobre este proceso, que, ahora queda más claro que nunca, sigue inconcluso. ¿La Policía Federal y el Ejército tendrán funciones de seguridad en Michoacán por tiempo indefinido? ¿Se confiará solo en la Fuerza Rural ante una eventual retirada de la Policía Federal? ¿Qué hará el próximo gobernador con respecto a las Fuerzas Rurales que dependerán de él? ¿Esta masacre, los desencuentros y el constante debilitamiento de las Fuerzas Rurales podrían desencadenar un conflicto entre las autodefensas y el gobierno? ¿Quién se encargará de evitar que resurjan organizaciones del tipo con más fuerza?

Son preguntas que responden a una preocupación por las estructuras que deberían evitar que nuevas organizaciones criminales capturen de nueva cuenta los mercados legales e ilegales en Michoacán, sobre todo porque el mercado de drogas cambia de manera progresiva con la legalización de la mariguana en Estados Unidos. Los Zetas inauguraron el secuestro y la extorsión como actividad económica alternativa, y podrían continuar; las prácticas de terror de los Templarios podrían regresar con un eventual retiro del Estado en la región.

Aclarar y castigar con justicia a las partes involucradas en este episodio deplorable es un primer e indispensable paso para poder corregir una estrategia que, aunque quizá acertada en su intención, aparece brutal en la ejecución.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

ARCHIVO

Shopping Basket