Gobernar internet

Una crónica de la primera sesión del Foro de Gobernanza de Internet, en Joao Pessoa, Brasil.

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Joao Pessoa, Brasil, 10 de noviembre, 2015. Hoy fue inaugurada la décima edición del Foro de Gobernanza de Internet. Este evento anual es producto de los trabajos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra 2003, Túnez 2005) y establece un espacio de diálogo en el que participan todas las partes interesadas en el desarrollo de internet: sociedad civil, comunidad técnica, gobiernos, industria y academia. Cada actor participa en igualdad de condiciones mediante un proceso abierto e inclusivo.

Este año se cumplió una década del Compromiso de Túnez y de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, donde se establecieron compromisos y metas por parte de los países miembros de la ONU. Estos lineamientos fueron la respuesta de Naciones Unidas a la era digital. Diez años después, muchos de esos compromisos no se han cumplido: la brecha digital parece ensancharse en lugar de disminuir. Por eso en Joao Pessoa no hay mucha expectativa; sin embargo, este sigue siendo un espacio inmejorable para discutir y reflexionar sobre lo que sucede en internet.

El lema de este año es “Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development” y algunos de los subtemas son: ciberseguridad y confianza, la economía de internet, diversidad e inclusión, apertura, derechos humanos e internet, recursos críticos y problemas emergentes. El día está dividido en sesiones de entre una hora y hora y media. En las mesas se procura que se encuentren representados todos los sectores interesados (academia, comunidad técnica, industria, gobierno y sociedad civil), y tras las presentaciones el micrófono se abre al público asistente.

¿Existe un estándar global para la libertad de expresión en línea? Con esta pregunta comenzó el primer día (y de alguna forma fue una pregunta sin respuesta en el resto de los paneles). La mesa, basada en el reporte del exrelator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, trataba de evaluar las brechas en términos de políticas públicas y en la práctica. Aquí cobra sentido la idea de que internet no es tanto una infraestructura global –aunque lo sea– como un cúmulo de localidades conectadas. Por ejemplo, el problema en Pakistán en términos de libertad de expresión en línea tiene que ver con la expresión libre de la religión, mientras que en Malasia se trata de un igualador para el ejercicio básico del derecho: al menos 100 personas han sido encarceladas, investigadas o juzgadas por criticar al gobierno. En América Latina, se dijo, existe una dualidad que replica digitalmente la realidad política; pese a tener un robusto sistema de derechos humanos, la práctica dista de su ideal: tienden a imitarse digitalmente las prácticas de abuso de poder.

Las mesas de discusión que siguieron no se despegaron de esa línea: el debate en torno al discurso de odio en línea ocupó gran parte de la mañana. En primer lugar, se reconoció que no existe una definición global para “discurso de odio”; en este sentido, chocan algunos bloques de tradiciones jurídicas. Mientras en Europa el discurso de odio tiene un rango amplio y un umbral mínimo –que va desde lo simbólico hasta, por ejemplo, la negación del Holocausto–, en Estados Unidos, y particularmente en el sistema interamericano, no existen estas consideraciones sino configuraciones tales en el discurso que tengan nexo causal con actos violentos; es decir, no basta que el discurso sea chocante o discriminatorio; si no incita y produce violencia no es considerado como tal. Pese a las diferencias, la mesa pareció coincidir en que remover el contenido en línea no es ninguna solución: se deben criminalizar conductas y no tecnologías.

En ambas mesas una pregunta común trató acerca de la jurisdicción: ¿quién debe ser responsable de lo que sucede en línea? ¿Es la legislación del lugar donde se establece una compañía (ej. California)? ¿Son las leyes domésticas de donde se produce el hecho (pese a que es fácil cambiar la ubicación virtual)? ¿Debe existir una jurisdicción especial internacional para lo ocurrido en el campo digital? Aunque no hubo respuestas, y es una línea de discusión amplia y en constante evolución, por lo menos existen intuiciones en el sentido de: a) la incorporación del lenguaje de derechos humanos a toda decisión judicial vinculada con el entorno digital, b) el reconocimiento de la necesidad de igualdad de condiciones entre actores que disputan un derecho, y c) la contextualización de ciertos actos en línea ya que algunos, aunque locales, pueden tener consecuencias globales y otros, pese a ser globales, tienen consecuencias locales.

Para una de las sesiones previas al evento formal de inauguración se escogió el tema del derecho a la protesta. En primer lugar, se reconoce este derecho como uno cuya versión digital expande la capacidad de los individuos para expresarse colectivamente, además de –como en su concepción clásica de derecho—es uno que aglutina otros tantos: derecho de expresión, asamblea/reunión, seguridad y privacidad. En segundo término, se contemplan las nuevas capacidades que la protesta ha adquirido en línea: internet no solo como herramienta para convocar a la realización de protestas físicas sino como espacio en que tienen lugar actos de protesta.

El fantasma que recorrió este primer día es el de los actores desmedidamente poderosos. La pregunta, lanzada por un activista africano, es simple: ¿por qué tenemos que depender de Facebook (o Google o Twitter) para protestar/expresarnos/acceder a información en internet? La pregunta es relevante porque no hay manera de llevar a cuentas a estos actores en términos públicos; pese a que su impacto trasciende las fronteras de lo digital, parece que la idea de que todo se trata de un contrato privado gana espacio cada día. La pregunta es relevante también si pensamos que son entidades que deciden sobre derechos humanos (las restricciones al discurso en Facebook –por ejemplo: su censura a la exhibición de pezones femeninos– exceden las que se encuentran fuera de línea). En últimas fechas, como se explicó en una de las mesas, las empresas han decidido proactivamente tomar cartas en asuntos como pornografía infantil o la pornografía de venganza. ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Cómo incorporan el lenguaje de derechos humanos? ¿Cuál es su visión del “interés público”?

Mientras se llevaba a cabo la ceremonia de inauguración formal hacia el final del día, un grupo de activistas protestó por la iniciativa Facebook Zero en el foro principal. El llamado internet.org brinda servicios limitados de conectividad “gratis” a los más pobres. Diversos gobiernos de América Latina, entre ellos México, están dispuestos a impulsar una iniciativa que, si bien no “cuesta” dinero, cuesta datos. La explotación constante de los datos personales termina por esclavizar a quienes se pretende “liberar” al conectarlos; se trata del encierro en una prisión corporativa.

El día terminó con una nota geopolítica: Dilma Rousseff, para inaugurar formalmente el foro que durará cuatro días, se posicionó una vez más por la descentralización del gobierno de la infraestructura crítica (tubos y cables) y por un sistema de gobernanza más robusto y general para el futuro. Desde que se enteró del espionaje del que fue víctima, Rousseff ha sido enfática en la necesidad de disminuir el control de Estados Unidos sobre el internet (al contrario de Peña Nieto, víctima también de espionaje) y ha participado de manera importante en el escenario de las batallas geopolíticas por el control de la red. De momento da cierta tranquilidad contar con un foro democrático e igualitario para hablar de estos asuntos.

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