Guatemala: #YoNoTengoPresidente

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Más allá del orgullo que por primera vez experimentamos muchos guatemaltecos como nación (a excepción de la vez que la marcha de Erick Barrondo alcanzó la plata olímpica y de cuando, de manera fugaz y fallida, el general Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de cárcel), desde hace un par de días muchos aún se preguntan sobre el cómo y el porqué de la reciente efervescencia social en Guatemala.

Los guatemaltecos (especialmente aquellos mayores de treinta años) todavía no salimos de nuestro asombro ante lo que hemos logrado con las protestas públicas de los últimos cuatro meses: la renuncia, antejuicio y encarcelación de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti; y el retiro de inmunidad del presidente Otto Pérez Molina —gracias a la presión social al Congreso—, su posterior renuncia y el inicio de un antejuicio en su contra. Y, a pesar de los alcances de estos logros, como señaló ayer un tuit del representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, “esto apenas comienza”, porque el camino por recorrer para “la restauración moral de la república” aún es largo.

Para entender este estallido social es preciso visualizar un proceso de largo aliento, señalar una serie de eventos y confluencias que detonaron el 16 de abril de este año, cuando la CICIG informó de las actividades de contrabando, defraudación presupuestaria y lavado de dinero que se llevaban a cabo en las principales aduanas del país, operadas por la red criminal “La Línea” a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Algunas de las tendencias detrás de este proceso de cambio social de largo aliento están vinculadas a transformaciones en las nociones de democracia y participación en Guatemala: el papel de la CICIG contra la impunidad en los casos de alto impacto, el cambio generacional y una creciente cultura democrática, así como la larga lucha por la paz y la justicia realizada desde el periodo 1985-1996 (los años de la transición a la democracia) por distintos grupos y organizaciones sociales. Otras se relacionan con los cambios en la comunicación que han favorecido formas de organización espontánea, como el uso de los medios sociales y medios alternativos para convocar a la participación. Otra más es el hartazgo acumulado y generalizado ocasionado por la pobreza, la violencia y la crisis que permanente asuelan al país. Por cuestión de espacio me referiré aquí sobre todo a las primeras, dejando implícita la importancia de las otras.

La transición a la democracia en Guatemala inició en 1985 —después de una larga etapa marcada por la guerra y el derramamiento de sangre— y se consolidó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. No obstante, las viejas generaciones de líderes políticos y económicos siguieron comportándose con una mentalidad de Guerra Fría y de dueños de hacienda (o finca —bananera o cafetalera, da igual), marcada por el elitismo, el racismo y la discriminación. También persistió un discurso de izquierda utópica, polarizado, que a la vez era generalmente patriarcal y machista.[1] Después de la transición, el aparato represor militar se puso cada vez más al servicio de la élite económica y de sus funcionarios. Al mismo tiempo, los favores políticos comenzaron una espiral de corrupción e impunidad que se reforzó con nombramientos de oficiales y jueces ad hoc para los fines del sistema. El mencionado caso de “La Línea” dibuja apenas la punta del iceberg. Recordemos, por ejemplo, cómo el icónico caso y sentencia a Ríos Montt fue anulado de un plumazo por la Corte de Constitucionalidad, alegando supuestos vicios de procedimiento.

Una vez entendida la gravedad del tema de la impunidad en Guatemala, se puede señalar a la CICIG como el actor fundamental de la trama en los procesos de transformación. Creada por un acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala en 2006, su mandato ha sido investigar la existencia de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en casos complejos y de alto impacto en Guatemala. Ante una creciente impunidad en el país, donde menos de un 2% de los casos de homicidio eran llevados a juicio, la violencia alcanzó también a los que tradicionalmente eran intocables: la élite política y económica. La impunidad, que usualmente les beneficiaba en sus transacciones económicas y de favores políticos, terminó por volverse en su contra, sumando secuestrados y muertos de abolengo a la lista nacional de víctimas.

El caso Rosenberg y el caso Ríos Montt, dos de los primeros y más importantes casos investigados por la CICIG, fueron la piedra angular del cambio en la cultura de participación política en Guatemala. Por primera vez, los guatemaltecos del “país de los sordos” —según la obra de Rodrigo Rey Rosa— tenían quien escuchara sus quejas contra la corrupción y la impunidad. Además, las movilizaciones sociales alrededor de estos casos establecieron un claro precedente para toda la sociedad: primero, la movilización de algunos miembros de la élite económica y sus amigos (que elegantemente salieron a protestar de luto para exigir justicia por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg), y luego, la de las organizaciones sociales y comunidades indígenas para condenar los crímenes de genocidio cometidos por el general Ríos Montt. El resultado es que, después de décadas de silencio, tanto la clase media como los pobres, los empobrecidos y los wanna-be redescubrimos la protesta como herramienta de presión política, sin miedo a la represión ni al “qué dirán”.

Volviendo a los eventos recientes, cabe recordar que los estudiantes de la universidad nacional, la Universidad de San Carlos, han sido siempre pioneros de las marchas y movilizaciones. No obstante, ahora, por primera vez en largo tiempo, salieron a las calles de manera pacífica, sin quemar llantas ni lanzar bombas molotov. De manera aún más laudable, unieron fuerzas con las universidades privadas para protestar a una sola voz: ni Marx ni Hayek, solo justicia, fue la demanda. Y es aquí, en esta coyuntura, donde las nuevas caras de líderes universitarios muy jóvenes (la “generación del cambio”) y nuevas actitudes de inclusión y diálogo ayudaron a catalizar viejas demandas ya planteadas por otros grupos y sectores: campesinos, maestros, salubristas, ONGs, think-tanks, organizaciones religiosas y políticas, agrupaciones de mujeres, y la sociedad en general. Y aclaro: decir “la sociedad en general” es fácil, pero no describe la indecible alegría que se siente cuando por primera vez ves a los tuyos movilizados (incluso aquellos que antes te pensaban loco por nadar contra la corriente), en gran algarabía, haciendo eco de textos, tuits, mensajes de Facebook, fotos, etc.; en fin: un fervor cívico, desconocido para mi generación hasta hace unos días.

La generación de mis padres fue la que en los años setenta había salido a las calles a protestar siendo aún estudiantes de nivel medio: a unos los desaparecieron, otros se unieron a la lucha armada, y otros más no tuvieron más opción que cerrar los ojos y bajar la cabeza. Sé que una parte de mi generación, aquellos que crecimos en la ciudad, bajo un régimen militar y extremadamente conservador —escuchando todos los días la canción de “un soldado es un hijo, un amigo o un hermano…” durante la programación infantil de la televisión nacional (no había otra opción en ese entonces)—, fuimos educados para no expresar opiniones políticas. En el área rural, algunos de mis contemporáneos vivían una situación más dura o incluso terrible: las prácticas de genocidio, los ataques y bombazos, documentadas en los diversos informes de memoria histórica del conflicto armado, terminaron de someter violentamente a la población.

La firma de la paz en 1996 abrió una ventana de esperanza que pronto se cerró ante tanta corrupción, violencia e impunidad, pero la efervescencia de movimientos, organizaciones sociales y grupos en resistencia que se manifestó en las calles esta semana se comenzó a forjar desde ese entonces. Poco a poco hemos ido conociendo y entendiendo nuestra historia; apenas somos una sociedad adolescente a la que se le ha revelado la propia existencia, como decía Octavio Paz del México de los años cincuenta. En Guatemala, la posibilidad de justicia apuntalada por la CICIG y muchos otros ha abierto una nueva puerta a la democracia.

No obstante, eventos como el intento por parte de sindicalistas corruptos de bloquear la entrada a los congresistas el día de la sesión para retirar la inmunidad al presidente, así como la amenaza de bomba el jueves 3 de abril, para evitar el inicio del antejuicio contra Otto Pérez Molina, muestran que todavía hay demasiados intereses de poderosos, sicarios, corruptos y corruptillos en juego en este proceso. Décadas de corrupción no se resuelven en cuatro meses. La justicia, que pesa sobre los hombros de algunos cuantos, todavía está por verse. El camino aún es largo pero Guatemala tiene esperanza.


Nota

[1] Hay que reconocer también, sin embargo, la existencia entre estos líderes de algunos ilustres estadistas, que han dado ejemplos de coherencia y honestidad política —asevero esto luego de haber realizado decenas de entrevistas a funcionarios electos y dirigentes partidarios, a lo largo de más de cinco años de investigación sobre partidos políticos en Guatemala.


(Imagen: cortesía de Andrés)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Shopping Basket