Internet y derechos humanos: una guía mínima

La época en que se creía que internet contribuiría, casi naturalmente, al avance de las libertades ha terminado. Es hora de atender la manera en que distintas instancias pretenden controlar el ciberespacio para censurar y vigilar.

| Derechos Humanos

Primera de tres partes


Internet, como esa red globalmente continua y coherente que permite la existencia de muchas otras internets,[1] plantea enormes e inéditos retos, oportunidades y amenazas concretas a la humanidad. El auge de las tecnologías de información y comunicación ha tenido un efecto creciente en la manera en la que nos comunicamos y en la que expresamos ideas, gustos y deseos. Internet, en tanto red distributiva y descentralizada, busca el empoderamiento de sus bordes. De la misma manera, los derechos humanos (como marco conceptual, legal y social) buscan la reivindicación de grupos excluidos y marginados.  Las coincidencias de principios y aspiraciones, como explican Liddicoat y Doria, fortalecen las misiones tanto para la comunidad de internet[2] como para la de los derechos humanos.

Este optimismo inicial, dados sus beneficios potenciales, tiene que ser moderado por hechos como las revelaciones de Edward Snowden, acontecimiento que nos confirmó muchas de las sospechas y especulaciones sobre el panóptico puesto en marcha por gobiernos y empresas de internet. Primero, Estados Unidos opera un programa global de vigilancia, interceptación y almacenamiento masivo de la totalidad del tráfico en internet y todas la comunicaciones privadas por medios electrónicos, incluyendo correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes SMS (texto) y MMS (multimedia). Lo hace bajo un supuesto y torcido imperativo de seguridad nacional. Segundo, otros países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá hacen lo mismo, aunque en una escala menor. Tercero, Estados Unidos ha comenzado a transferir esta tecnología de manera directa a otros países (incluyendo a México) o mediante empresas privadas. Lo anterior obliga a matizar la expectativa de avance en libertades y la articulación ciudadana para el cambio social.

Reflexionar hoy sobre internet implica reconocer que vivimos en la era post-Snowden; atrás quedan la Primavera Árabe y Occupy Wall Street. Escribir del tema desde México implica también hacerlo observando las enseñanzas de #InternetNecesario, #ACTANoVa, #Internetparatodos, #GuarderiaABC #YoSoy132 y #TodosSomosAyotzinapa, además de las duras condiciones que plantea la Ley de Telecomunicaciones recientemente aprobada. Y, también, con reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo eminentemente disruptivo al interior del movimiento de derechos humanos (como R3D, SocialTIC, Rancho Eléctronico, ResisteMail) está transformando de a poco sus prácticas y alianzas para reconectar el ecosistema de las nuevas luchas por los derechos fundamentales.[3]

Internet no es el futuro de los derechos humanos: es el presente.


Censura copy-paste y censura fast-forward 

La censura –a pesar de que los métodos pueden variar de acuerdo con el contexto, medio o cultura– tiene el objetivo de silenciar, distorsionar la realidad, cancelar las posibilidades de articulación de personas e intereses ciudadanos. Hay que dejar en claro que el acto de censurar en línea o fuera de red tiene las mismas implicaciones desde el punto de vista legal y, por tanto, los gobiernos tienen las mismas obligaciones de promover, defender y proteger los derechos humanos dentro y fuera del ámbito digital.

Vale la pena entender las diferencias de método. Quiero proponer dos modelos de censura estatal presentes en el ciberespacio. El primero lo llamaremos el modelo copy-paste. Tiene que ver con la magnificación y optimización de los medios de vigilancia preexistentes, y atenta directamente contra los derechos a la privacidad y a los distintos grados de anonimato. El segundo lo llamaremos fast-forward. Este modelo atenta de manera directa al principio de interconectivad de la red y al flujo de ideas, información y opiniones contenido en el derecho a la libertad de expresión. El método de copy-paste nos revela la actualización de patrones represivos tradicionales en un medio virtual: en internet. Por el otro lado, el fast-forward implica tácticas inéditas de represión cuyos efectos y alcances requieren de un conocimiento transversal en derecho y tecnología. Si bien ambos modelos comparten el mismo objetivo –imponer el silencio–, uno es resabio del pasado y el otro es un agente patógeno endémico a los entornos digitales.


Censura copy-paste

Hoy en el ciberespacio podemos advertir el copy-paste de tipos específicos de modelos de vigilancia utilizados por sistemas políticos y gobiernos represivos preexistentes a la red, tal es el caso de China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Tailandia. Al mismo tiempo hemos podido atestiguar –en gran medida gracias a las revelaciones de Snowden– que también hay nuevos métodos de censura desplegados en los entornos digitales que se sostienen desde el discurso de la legalidad y los valores democráticos. El exagerado sistema de vigilancia masiva de internet de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés) es un buen ejemplo del modelo copy-paste de censura.

Desde 2009 Evgeny Morozov ha venido advirtiendo cómo los gobiernos poblaron el ciberespacio con blogs, cuentas falsas en Twitter y Facebook, monitoreo del comportamiento de las voces críticas en la red, así como el acaparamiento de datos e información personal para controlar el flujo de opiniones en línea. Estos actos dan forma a la censura copy-paste, con el cual gobiernos represivos como el de Irán sofocaron las protestas electorales en 2011 o los grupos fundamentalistas como la Hermandad Musulmana en Egipto  lograron apropiarse, mediante una compleja red politicio-territorial fuera de la red, de lo que pasaba en los grupos de Facebook durante la llamada Primavera Árabe. Morozov asegura que en un contexto semejante no todo está perdido, dado que en estas vías de comunicación digitales se  estimula la utilización de plataformas análogas fuera de la red.

Lo cierto es que aún no queda claro cuál es la proporción necesaria entre número de usuarios, maduración y efectividad organizacional, y las causas concretas para generar un cambio social. Mientras que en las calles y aulas continúa la discusión y exploración sobre el potencial de la protesta, de la resistencia y de la disidencia digital, los gobiernos han avanzado de manera vertiginosa en afianzar los métodos represivos de esas expresiones en entornos digitales.

Veamos así cómo el firewall chino es una referencia directa al muro cultural, político y económico que durante décadas ha construido el partido comunista chino desde el poder para aislar a quienes gobierna.  Inclusive el monstruoso sistema de vigilancia masiva de la NSA podría encajar en este modelo copy-paste de censura. No ha sido un cambio repentino en los paradigmas lo que llevó a Estados Unidos a crear el inmensurable sistema de vigilancia digital, sino más bien una adaptación de la añeja obsesión estadounidense de querer saberlo todo.

Cuando el Congreso estadounidense discutió el año pasado la posibilidad de limitar la capacidad de espionaje de la NSA, el congresista Ron Paul señaló un punto importantísimo: la única razón por la que estamos teniendo esta discusión es por el escándalo que produjeron las revelaciones hechas por Snowden. Aunque podamos sentar un precedente positivo, este solo servirá hasta que llegue el siguiente cambio tecnológico que prometa nuevas formas de espionaje y monitoreo. En ese momento la NSA dirá: ¡Oh, yo quiero eso!”

En México, por ejemplo, la revelación de que la Secretaría de Gobernación está construyendo un “ecosistema digital”, llamado Red de Información de Comunicación Digital, para el monitoreo de usurarios de redes sociales calificados como “influenciadores”, así como la evidencia de que existen tres servidores Finfisher funcionando en el país y que la nueva Ley de Telecomunicaciones permite la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial, nos retratan el copy-paste del viejo PRI en el entorno digital.

Casi todos los países practican en algún grado la censura copy-paste. Aunque es más común en los regímenes abiertamente autoritarios, también está contemplado (aunque con ciertos contrapesos) en los gobiernos democráticos. Esto debido a que, hasta cierto punto y bajo condiciones bastante estrictas, la vigilancia, el espionaje y monitoreo de ciudadanos pueden ser compatibles con un sistema democrático.


Censura fast-forward

La censura fast-forward es aquella que, a través de un mecanismo artificial, adelanta plazos institucionales y hechos para esquivar la deliberación de los mismos. Es como cuando al ver una película o escuchar una grabación, aumentamos la velocidad, de manera que se reproduzcan más rápido de lo normal: llegamos al final –sin entenderlo bien del todo–, escuchando o viendo solo algunas de las partes. Hablar de censura fast-forward nos permite identificar esos intentos de censura que avanzan de manera vertiginosa la narrativa y deliberación respecto a estos temas. Un ejemplo de ello es el encarcelamiento del periodista y activista Barett Brown en Estados Unidos. Actualmente Brown cumple una condena  de poco más de cinco años y se le impuso una multa de 890 mil dólares por compartir un hipervínculo con la dirección donde se alojaban miles de correos electrónicos de la compañía de inteligencia HB Gary. El juez decidió ignorar que Brown no robó la información de ningún servidor y que simplemente estaba investigando un tema de evidente interés público, a partir de información que ya era pública. Brown fue condenado por fraude de tarjeta de crédito, debido a que varios de los correos contenían información crediticia de clientes y proveedores.

Otro ejemplo es la detención de David Miranda, esposo del abogado y periodista Gleen Greenwald, que en agosto de 2013 fue detenido en el aeropuerto de Heathrow, Londres, e incautadas las computadoras de The Guardian que llevaba consigo, a manos del servicio de inteligencia británico bajo la sospecha de que guardaban información clasificada como secreta. También en Brasil hay ejemplos: en 2007 un tribunal ordenó el bloqueo de YouTube por no acatar la orden de retirar un video de la modelo Adriana Cicarelli; el sitio completo permaneció bloqueado por un día. En febrero pasado otro juzgado brasileño ordenó bloquear el servicio de Whatsapp por no retirar unas fotografías de sus servidores; el juez incluso argumentó que su decisión es compatible con el Marco Civil de internet, una de las leyes más progresistas en el tema y que fue aprobada apenas el año pasado en Brasil.

La censura fast-forward está presente en México; por ejemplo, el caso del arresto de dos usuarios de Twitter, Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, acusados de terrorismo, por difundir información que resultó ser falsa sobre una inminente balacera cerca de una escuela en Xalapa, Veracruz. También son ejemplo los múltiples intentos de tipificar en los códigos penales estatales las figuras de “halconeo”. De acuerdo con las iniciativas presentadas en Chiapas y Coahuila, halcón es la persona, por lo general joven, que entera a los grupos del crimen organizado sobre la localización y las acciones de las fuerzas policiales y el ejército. Una definición así de laxa en un código penal inhibirían el uso de redes sociales, en especial de Twitter, cuando paradójicamente esa red social es la más utilizada en las ciudades violentas para alertar de situaciones de riesgo, dando así vuelta a los cercos informativos que padece la prensa en muchos de esos lugares.

De todos los desaciertos del Estado mexicano en años recientes en materia de libertad de expresión a través de internet, definitivamente uno que merece mención aparte, como ejemplo de censura fast-forward, es la reciente decisión del pleno de comisionados del IFAI, quienes, inspirados por el caso europeo, intentaron hacer su propia versión del “derecho al olvido”, sentando así un peligroso precedente para el flujo (y la permanencia) de información de interés público en la red.

La censura fast-forward, debido a su fachada de legalidad y democracia, provoca duras batallas legales. La ignorancia de jueces y sociedades incrementa el riesgo de que sea exitosa. Las democracias occidentales son el epicentro de la censura fast-forward, a veces con el argumento de la defensa de la propiedad intelectual, la propiedad privada y la libre empresa, y a veces con el de los “hombres de paja”, como el terrorismo internacional, la pornografía infantil y el crimen organizado.

Una cosa queda clara sobre estos dos modelos –el copy-paste y el fast-forward–: ambos plantean amenazas compartidas a los principios de internet y al ejercicio de los derechos humanos.


Notas

[1] Martel Frédéric, Smart Internet(s): la investigación, Taurus 2014.

[2] A diferencia de los derechos humanos donde la interacción es casi siempre de manera directa y exclusiva con los gobiernos, en la comunidad de internet se guía por un vocación de inclusión de todas las partes interesadas.


(Foto cortesía de Joseph Gruber.) 

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