Juan Molinar Horcasitas y la responsabilidad

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Juan Molinar Horcasitas tuvo una vida de contrastes. Transitó de la academia al activismo, de la política partidista al servicio público, del diseño de políticas a la responsabilidad de su implementación.

Sin duda en todos los ámbitos dejó diferentes huellas. Del lado positivo Regreso a Chihuahua fue la constatación empírica de las prácticas propias de un régimen corrupto y antidemocrático. De forma lúcida, Molinar presentó cifras irrefutables del fraude en las elecciones de Chihuahua en 1986. Escrito un año después, el ensayo contrastó con la reacción gubernamental que lo justificó como un “fraude patriótico” [1] y fue pieza clave para cuestionar la legitimidad del régimen del PRI. En tal lado de la balanza también están Electoral Determinants and Consequences of National Solidarity, que escribió con Jeffrey Weldon y en el que reveló el carácter clientelar del programa Solidaridad de Carlos Salinas, y El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México, libro seminal para apuntalar el cambio democrático en nuestro país. En ese sentido, hay más obras por las cuales Molinar será recordado con no poca admiración e incluso gratitud.

El recuento en su paso por el IFE, como legislador, docente, secretario o estratega político, podría llenarse de páginas, muchas de ellas brillantes. Sin embargo, la obra de Molinar dejó un sabor agridulce por la posición que asumió ante el caso de la Guardería ABC.

49 bebés murieron y 104 resultaron gravemente heridos la tarde del 5 de junio de 2009 en el incendio de esa guardería, subrogada del IMSS. El último permiso para que pudiera operar fue firmado por el propio Molinar cuando fue director general del Instituto, cargo que dejó tres meses antes de la tragedia.

Como director, entre sus funciones estaba la de “verificar el buen funcionamiento y cumplimiento de las disposiciones legales por parte de las Delegaciones del Instituto”. Ello incluía “observar las reglas […] en las instalaciones [de las guarderías] de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto, a fin de garantizar la integridad física de los menores, usuarios y del personal”.

Si bien no existía acusación penal en su contra, la exigencia para que renunciara al puesto que al día del incendio ocupaba (secretario de Comunicaciones y Transportes) fue ignorada. Por el contrario, encabezó un intenso cabildeo en la Suprema Corte para evitar ser señalado como responsable de violaciones graves a los derechos humanos ante la comisión investigadora, cuyo informe preliminar acusaba deficiencias en la supervisión y operación que permitieron un “desorden generalizado” y que propiciaron las condiciones para que la tragedia ocurriera. Fruto de esos esfuerzos, el dictamen final fue modificado sin los señalamientos en su contra que originalmente habían sido planteados por el ministro Arturo Zaldívar, ponente del caso.

La defensa de Molinar Horcasitas se basó en que, desde su punto de vista, cumplió cabalmente con la normatividad y con los indicadores que la misma establecía. En ese sentido, no habría tal “desorden generalizado”. En todo caso, si los mecanismos de supervisión no funcionaron fue, bajo esta lógica, culpa de un diseño normativo deficiente.

No obstante, el informe del ministro Zaldívar estableció “de manera concreta, en el aspecto relevante de protección civil, cabe destacar que al día del incendio, del total de guarderías [del IMSS] operadas por particulares, NO contaban con los siguientes elementos:

– Equipo de incendios: 69.7%

– Dictamen favorable de instalaciones eléctricas: 72.0%

– Reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública: 51.8%

– Dictamen de protección civil municipal vigente: 49.8%

– Dictamen de protección civil municipal anual: 83.7%

– Visto bueno o dictamen de bomberos vigente: 72.2%

– Visto bueno o dictamen de bomberos anual: 91.4%

– Constancia de realización de simulacros: 75.1%

– Constancia de capacitación de protección civil: 73.3%

– Detectores de humo: 57.0%

– Extintores: 5.4%

– Luces de emergencia: 54.7%

– Rutas de evacuación: 5.3%

– Piso antiderrapante en los baños: 26.5%

– Distancia a la salida menor a cuarenta metros: 13.2%

– Realiza simulacros: 5.3%

– Salidas de emergencia: 41.7%

– Apertura de puertas de emergencia con mecanismo de empuje hacia fuera: 14.0%

– Sistema de alarma sonora: 45.0%

– Instalaciones eléctricas en descuido: 2.6%

– Protectores de tomacorrientes en la pared: 9.9%”

Uno de los principios clásicos de la administración es que la autoridad se delega pero la responsabilidad se comparte. En particular, la responsabilidad de salvaguardar la integridad física de los usuarios de los servicios que ofrece la institución de quien la dirige. Si bien nadie está obligado a lo imposible, sí estaba en el ámbito de la responsabilidad del director del IMSS el diseño y seguimiento de una agenda de riesgos con indicadores que reflejaran las acciones que les permitieran minimizarlos. Ello no ocurrió.

Como apuntó el dictamen del ministro Zaldívar, el señalamiento de las violaciones graves a los derechos humanos no fue una acusación penal, administrativa o civil. Se trataba de una censura política y ética a los servidores públicos responsables, y, a la vez, “una exhortación a las autoridades para que tomen las medidas preventivas a futuro y sobretodo, reparen el daño de las víctimas”. Más aún, su propósito era construir un nuevo paradigma de la responsabilidad en función de la cual ostentar un alto cargo público es más que un privilegio una responsabilidad que debe honrarse todos los días; “por lo que toda acción u omisión grave debe ser señalada y tener consecuencias”.

Juan Molinar Horcasitas tuvo momentos brillantes en su carrera. En el episodio de la Guardería ABC tuvo una oportunidad más de hacer historia y sentar el precedente de una nueva frontera en la ética de la responsabilidad en el servicio público. Por el contrario, tuvo sus razones para “no ceder”, para negarse a esta posibilidad.

A horas de su deceso, rememorar esta actuación en el episodio de la Guardería ABC no tiene el afán de demeritar su obra sino de alertar del pendiente que tiene nuestro país para instaurar una nueva cultura de la responsabilidad pública. Para no olvidar.


Nota

[1] “Fraude patriótico” es una frase atribuida a Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, quien según testigos la dijo durante una reunión con intelectuales para justificar las irregularidades electorales conducidas por el gobierno para impedir el triunfo de la oposición en Chihuahua (Enrique Krauze, La Presidencia Imperial, 1997:264).

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