Julian Assange, prisionero… todavía

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Publicamos originalmente este texto el 26 de junio de 2015. Ahora, con motivo del reporte de la ONU, presentamos una versión actualizada. 


Julian Assange ha cumplido más de tres años de una simbólica condena. Encerrado en la embajada de Ecuador en Londres, el fundador de WikiLeaks habita en un limbo impuesto; legalmente libre, pero sin posibilidad de movimiento. La justicia británica, –que ha derrochado más de 11 millones de libras en vigilar el edificio diplomático– no le permite siquiera pisar la acera. El aire fresco, una caminata; todos, privilegios que el australiano no goza desde hace más de mil días.

Assange está recluido mas no inactivo. Desde su exilio sigue sus actividades: dicta conferencias, participa en foros, escribe libros, muestra su empatía con otros movimientos. Apenas en febrero, manifestó su apoyo a los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa a través de una videoconferencia en la gira de documentales Ambulante. WikiLeaks tampoco se ha detenido sin su presencia física: filtraciones de documentos extraídos de Sony Pictures, del anexo del capítulo de salud de TPP, de cables diplomáticos de Arabia Saudita –y apenas menciono tres de las últimas semanas–. Que no se confunda la imposibilidad de desplazarse con la de moverse.

Pero Julian no es libre. Espera los resultados de un proceso judicial anómalo, desfigurado. Acusado de abuso sexual en 2010, a Assange no le han dictado cargos aún, sino que es víctima de un inusual proceso de investigación preliminar que exige su presentación en Suecia, donde enfrentaría una segura extradición a Estados Unidos. Atrapado, tampoco puede gozar del asilo político en Ecuador, ya que Reino Unido le impide salir de la embajada, manteniéndola vigilada las 24 horas del día; mucho menos, tomar un avión hacia América Latina.

La condena que pende sobre la cabeza de Assange equivale a 45 años de cárcel, acusado de diversos delitos como espionaje, conspiración y robo de información gubernamental. Habría que sumarle otros cinco ya cumplidos: los tres en la embajada, más dos en los que ha pasado también por el arresto domiciliario. Los minutos se siguen sumando en un proceso que debería aproximarse, en teoría, a su fecha de caducidad. La fiscalía sueca aceptó en marzo de este año interrogar a Julian Assange en Londres, el movimiento obedece más a que el reloj se agota: este verano caducan las acusaciones y es necesario avanzar en la investigación antes que los delitos prescriban, antes que se desnude que este proceso ha sido, desde el inicio, una cortina de la represalia.

No existen todavía las garantías para que Assange afronte un juicio justo, y dado el panorama actual, difícilmente las tendrá. En el último lustro hemos atestiguado un recrudecimiento de las medidas legales contra los informantes. Ilustrativo es que la administración Obama haya desempolvado la Acta de Espionaje de 1917 para juzgar a Chelsea Manning y a Edward Snowden. Lejos de entender a estas filtraciones como un ejercicio indispensable de transparencia ante la opacidad de los Estados y las corporaciones, el statu quo se mantiene inflexible ante la amenaza que supone para el poder la rendición de cuentas.

La labor de WikiLeaks ha sido fundamental en la construcción de una ciudadanía mucho más consciente de las auténticas relaciones de poder entre las naciones y las empresas. Ha ayudado a desarrollar, además, una perspectiva más crítica sobre nuestras libertades individuales, nuestro derecho a exigir y el rol activo en el ejercicio de la tecnopolítica. No es coincidencia el surgimiento de células y colectivos hackers o la preocupación reciente sobre las tecnologías de vigilancia o los métodos de cifrado; todos componen un ecosistema, una red de actores y actantes que terminarán por redefinir las estructuras que nos gobiernan.

Sin caer en la panacea de lo ciudadano como solución de todos los males, queda en evidencia de que el Estado no es inexpugnable ni inquebrantable. En sus palabras, un mundo regido por la máxima de “privacidad para el débil, transparencia para el poderoso”. Así, más atinado sería considerar que el legado de Assange es cypherpunk; una emancipación del individuo contra el abuso de poder a través del hacking ético. Ha demostrado con su trabajo –paralelismo absoluto con la cultura pop– que la clase política sí es esa casa de naipes que puede derrumbarse con el soplo adecuado.

La despropocionalidad con la que se ha llevado el caso de Assange habla de la necesidad de Estados Unidos por mostrar un castigo ejemplar que disuada posteriores filtraciones, que intimide para que nunca exista otro Julian, otro Edward, otra Chelsea. Han apostado por el anquilosamiento y el desgaste, pero el australiano no ha reculado ni un centrímetro. Tres años en el encierro no le han debilitado en la moral ni cambiado su objetivo. Aparece con vehemencia e ímpetu, sin amedrentarse ante la posibilidad –nada lejana– de seguir acumulando años en el exilio.

Mientras Suecia idea otro artificio, desde la capital británica y al amparo de la diplomacia ecuatoriana Assange continúa con su labor: WikiLeaks sigue poniendo en entredicho la opacidad internacional con revelaciones como la del Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA) –y, con algo de fortuna extra en el futuro, una anhelada filtración del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP)–. Aunque se ha mermado su condición física, el claustro no ha conseguido silenciarlo ni disuadirlo; si acaso, envejecerlo de cuerpo pero revitalizarlo en el ideal de que WikiLeaks –hoy tanto como siempre– es un actor necesario en la construcción de una sociedad global auténticamente democrática. La irracionalidad de Estados Unidos por condenarlo expeditamente, a cualquier costo, solo lo confirma.


Este jueves 4 de febrero, varios reportes han adelantado que un comité legal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciará este viernes que Assange se encuentra detenido de forma arbitraria en el Reino Unido. La declaración, sin embargo, es un triunfo apenas simbólico, pues carece de un efecto vinculante para la justicia británica.

Assange declaró a través de un comunicado que se entregaría voluntariamente si el comité de la ONU fallaba en su contra, saliendo de la embajada donde ha estado recluido los últimos años para entregarse a las autoridades. En caso de una resolución a su favor, el fundador de Wikileaks exigió “la devolución inmediata de mi pasaporte y la terminación de intentos posteriores por arrestarme.”

La decisión de la ONU evidencia por enésima vez lo insostenible de la campaña de persecución contra Assange. Ya en octubre de 2015, las autoridades del Reino Unido decidieron retirar la vigilancia policial a la embajada ecuatoriana, debido a que el costo había ascendido ya a más de 15 millones de dólares. La imagen del gobierno británico ha sufrido un constante desgaste por su empeño para enjuiciar al australiano, pese a todos los reclamos por desproporcionalidad.

Así, el anuncio de la ONU –aún en su carácter no vinculante– nombra el acto de hostigamiento contra Assange como lo que es: una privación ilegal de la libertad. Sin medias tintas.

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