La caja negra de la asignación presupuestal a las organizaciones de la sociedad civil

Foto cortesía Flickr de Eduardo Meza Soto.
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Si un extraterrestre nos visitara y leyera la prensa mexicana podría pensar que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México viven del presupuesto federal y no dan cuentas a su benefactor (el pueblo). Pero, si indagara un poco en información oficial, o aplicara una encuesta a un grupo representativo de las OSC, se daría cuenta de que su percepción se encuentra algo alejada de la realidad. Y no es que los medios de comunicación mientan o exageren sobre el tema. En realidad, simplemente están sacando a la luz los casos de funcionarios discrecionales y de organizaciones que abusan del presupuesto que debería destinarse a instancias sin fines de lucro y con interés público. Como ocurrió en el caso recientemente ventilado de la Fundación ProAcceso.

Es necesario mirar el tema de manera más comprehensiva. Los estudios especializados nos indican que son contadas las organizaciones de la sociedad civil que reciben grandes financiamientos del presupuesto federal sin dar cuentas con suficiencia y claridad. Más bien, las OSC que reciben apoyo gubernamental cuentan con financiamientos muy pequeños, a cambio del cumplimiento riguroso de los programas de trabajo que se comprometen a cumplir en los acuerdos de colaboración, de inspección de campo y del rendimiento de cuentas de pesos y centavos gastados. Y todo ello con respaldo de comprobantes fiscales, productos, fotografías, listas de personas beneficiadas e, incluso, igual que las instancias gubernamentales, con expedientes debidamente conservados para mostrarlos en caso de revisión de la Auditoría Superior de la Federación.

La organización Alternativas y Capacidades, AC, especializada en este tema, presentó ayer resultados de su investigación más reciente, en la que corrobora que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en México el gobierno federal otorga muy poco financiamiento a las OSC. En 2013, aunque más de veinticuatro mil OSC estaban inscritas en el Registro Federal (requisito para poder acceder a fondos públicos), solo 2,760 (11%) tuvieron financiamiento público, número menor al de OSC apoyadas en 2010. El monto total del erario que recibieron las OSC en ese año equivale apenas al financiamiento público otorgado a los diez partidos políticos que contendieron en las elecciones intermedias recientes. Estos datos, por cierto, no consideran las distorsiones en la información oficial porque, en algunos casos, las dependencias se confunden y reportan apoyos otorgados a instancias constituidas jurídicamente como asociaciones civiles pero que, en la práctica, no son independientes de la administración pública.

La mayor contribución de este reporte es el análisis de los 42 programas o acciones mediante los cuales las dependencias del gobierno federal asignan los recursos a las OSC. En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de programas que cumplen, de manera suficiente o intermedia, y de los que no cumplen, con atributos definidos para tres dimensiones de análisis. Mientras más programas contienen estos atributos, existe mayor garantía de transparencia e imparcialidad en la entrega de los apoyos y en el ejercicio de los recursos públicos, y mayores condiciones de igualdad en el acceso de parte de las OSC.

De acuerdo con el estudio, hay algunos avances en transparencia y publicidad en el acceso y asignación de los recursos, porque 58% de los programas cuentan con reglas de operación y emiten convocatoria pública. Sin embargo, son todavía bajos los porcentajes de los programas con suficiente reglamentación para el ejercicio del recurso y de los que difunden sus resultados. A pesar de estos avances, es preocupante que el gobierno federal otorgue 41% del financiamiento a OSC sin reglamentación específica y sin convocatoria pública.

El estudio refleja que, mientras menos institucionalizados se encuentren, los programas o acciones tienden a distribuir los recursos de manera más inequitativa entre las OSC. Este es el caso de entrega de donativos a cargo de las oficialías mayores de las dependencias del gobierno federal, que resultó ser el mecanismo menos institucionalizado, además de ser calificado como “insuficiente” para todas las dimensiones de análisis. Apenas en 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió lineamientos generales para el ejercicio de donativos, pero sin obligar a las dependencias a desarrollar reglamentación específica. Por lo anterior, como en los peores tiempos del corporativismo mexicano, los titulares de varias dependencias cuentan con una caja negra del erario para repartir entre asociaciones sin fines de lucro y también entre instancias de gobiernos municipales y estatales.

En el caso de los donativos de Conaculta, los diputados tienen esta facultad. En efecto, a partir de 2015 la totalidad de los donativos culturales se etiquetan en las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Hacienda Pública de la cámara baja. Ahí se negocian los apoyos que posteriormente el Conaculta, como su ventanilla, entrega a los beneficiarios etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Como se reportó recientemente, una parte importante de los infaustos 1,700 millones de pesos que recibió Proacceso fueron donativos de Conaculta, asignados por los diputados sin ningún mecanismo de transparencia, ni en la decisión sobre los apoyos, ni sobre su fiscalización.

El estudio de Alternativas y Capacidades es un acicate para presionar, gracias al trabajo de un colectivo de organizaciones, al gobierno federal con el fin de que este transparente el uso de las cajas negras y que incremente los presupuestos en los programas de financiamiento a OSC que ya cuentan con garantías. Solo así se avanzará en asegurar un acceso más igualitario y mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, especialmente con aquellas organizaciones que resulten mejor calificadas en estudios como estos.

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