La CIDH y el gobierno mexicano: negar el mensaje y atacar al mensajero

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De 2006 a la fecha, el Estado mexicano ha registrado a 28,162 personas como desaparecidas. El ejecutivo reportó en su Tercer Informe de Gobierno (2015) que más de noventa y cuatro mil asesinatos han sido cometidos en el sexenio actual. La PGR admitió, a partir de una solicitud de información de Amnistía Internacional, un incremento de más del doble en el número de denuncias por tortura entre 2013 y 2014: de 1,165 a 2,403. De acuerdo con la misma dependencia, de enero de 2000 a junio de 2015, 103 periodistas fueron asesinados. Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ostula y Rancho del Sol son algunas de las tragedias incómodas del sexenio.

Esta y otra información fue documentada puntualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra en su informe Situación de derechos humanos en México, publicado el pasado 2 de marzo. Cualquiera que lo revise se percatará de inmediato que constituye una labor de investigación titánica. El documento de 241 páginas es el resultado de la visita in loco que realizó una delegación de la Comisión a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Durante esos días, la delegación se entrevistó con 113 funcionarios del gobierno federal y los gobiernos estatales,[1] con 177 organizaciones de la sociedad civil,[2] escuchó los testimonios de cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos y visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. Además de lo recabado en el terreno, para la elaboración del informe la CIDH sistematizó y analizó la totalidad de la información recibida por la Comisión respecto a la situación de los derechos humanos en México en los últimos años (visitas temáticas, audiencias públicas, decisiones y recomendaciones de organismos internacionales y documentos oficiales, entre otros).

Sin embargo, de cara a la bien fundamentada conclusión del informe de la CIDH de que México vive “una grave crisis de derechos humanos”, nuestro gobierno –específicamente la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores– no tardó en responder que el informe “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos”. Esto es grave y preocupante por más de un motivo.


La negación del mensaje

De manera importante, la gravedad del asunto reside en que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El gobierno mexicano está empeñado en negar que nuestro país atraviesa una grave crisis de violencia y seguridad desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” y que esta ha conllevado una escalada masiva de violaciones a los derechos humanos. Leal a su postura recurre a argucias para minimizar los datos duros con los que se le cuestiona. Esto queda evidenciado en las 92 cuartillas de observaciones que realizó el Estado al proyecto de informe de la CIDH previo a su publicación, esperando que a partir de las mismas la Comisión modificara el tono de su estudio. A grandes rasgos, las observaciones del Estado consisten en críticas a la selección de la información y a la delimitación temporal empleada por la Comisión en su informe –y que considera sesgos metodológicos que evitan que la CIDH “pudiera haber llegado a conclusiones sólidas y fidedignas”– y a la falta de reconocimiento de los avances normativos en materia de derechos humanos en México.

La defensa gubernamental de las fuerzas armadas sostenida en las observaciones preliminares me parece particularmente ilustrativa de cómo los supuestos sesgos metodológicos son, en realidad, sutilezas que para nada obscurecen las conclusiones de la Comisión. La desarrollo a manera de ejemplo. En sus observaciones, el Estado mexicano manifiesta su inconformidad con que el informe de la CIDH identifique a las fuerzas armadas como generadoras de violaciones a los derechos humanos. ¿En qué fundamenta su descontento? La crítica principal es que la Comisión lleva a cabo “una selección parcial temporal para destacar un fenómeno específico[;] por ejemplo, en el párrafo 20 del proyecto de informe de la CIDH, en el cual hace alusión a las 115 recomendaciones que la CNDH dirigió a la SEDENA entre 2007 y 2012 […], el Estado mexicano se permite reiterar […] que justamente a partir de ese año, las recomendaciones hechas a SEDENA se redujeron considerablemente.”[3] Prosigue a afirmar que de diciembre de 2012 a noviembre de 2015 la CNDH recibió 2,007 quejas por actos presuntamente violatorios a derechos humanos atribuibles a personal militar, pero que se han ido reduciendo año con año (393 quejas en 2013, 367 quejas en 2014, etc.). Es difícil imaginar cómo no haber hecho mención de estas 2,007 quejas presentadas en tres años a la CNDH por abusos del ejército podría ser mala fe de la Comisión para sesgar la información en perjuicio del Estado. Y, aunque lo fuera, no por ello los datos duros dejan de serlo –porque son eso: datos duros, cifras contundentes independientemente de si su delimitación en el tiempo fue sesgada o no. Esta crítica metodológica tampoco suprime que las violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército son un foco rojo. Pero el gobierno de México no hace observaciones sobre los focos rojos, mucho menos hace referencia a Ayotzinapa, Tlatlaya u Ostula: se limita a la crítica de la delimitación temporal de la Comisión.

Por otro lado, en sus observaciones el Estado mexicano critica ampliamente que en el informe “no se valoren a profundidad los efectos institucionales y estructurales”[4] del fortalecimiento del marco legal para la protección de los derechos humanos que ha tenido lugar en los últimos años: la reforma al sistema de justicia penal de 2008, la reforma constitucional de 2011 y la presentación de iniciativas de leyes generales en materia de desaparición y tortura. A esto la Comisión responde algo que nuestro gobierno no logra entender, y que es clave: “en la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva.”[5] Mientras los –muy relevantes– cambios normativos no repercutan en lo que concierne a la Comisión, es decir en el mejoramiento del estado de los derechos humanos en México, nuestros gobernantes tendrán que quedarse con las ganas de que les aplaudan.

El caso, en el fondo, es similar al de los supuestos sesgos metodológicos: aún si estuviéramos dispuestos a concederle al Estado mexicano que el informe debería destinar más de las cinco páginas que dedica a los cambios normativos en México, ello no minimiza el valor del resto de la información recopilada por la CIDH ni de sus conclusiones. La documentación masiva de cifras y testimonios que realizó la Comisión –y que evidencian la fragilidad del estado de los derechos humanos en México– sigue ahí. Lo más grave es que la negación del mensaje para sostener la ficción de que no vivimos una crisis de derechos humanos viene necesariamente acompañada de la ausencia de voluntad del Estado –más allá del discurso– para atender con seriedad a las recomendaciones de la Comisión y para definir una estrategia gubernamental que permita hacer frente a la situación de los derechos humanos de manera efectiva.


El ataque al mensajero

Cuestionar el informe de la CIDH y persistir en la negación del estado de los derechos humanos en México conlleva necesariamente atacar y cuestionar al mensajero. Ello es preocupante por sí mismo, ya que se arriesga el debilitamiento de la CIDH y el retroceso en nuestra política exterior de derechos humanos. Me explico.

A diferencia de Juan Méndez, relator contra la tortura de la ONU con el que México tuvo un altercado similar en 2015, la CIDH sí necesita el respaldo proporcionado por el Estado mexicano para fortalecerse en sus funciones. La Comisión, parte de un sistema regional más amplio conocido como Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el cual se encuentra conformado por la CIDH y la Corte Interamericana (Corte IDH), existe bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA, condicionada por la historia a verse vinculada con Estados Unidos, vive desde hace varios años una crisis de legitimidad de cara a la pérdida de poder relativo de ese país y al discurso contestatario de la “hegemonía yanqui” de muchos gobernantes latinoamericanos. Aunque el SIDH es por mucho la parte de la OEA que mejor funciona y ha desarrollado un gran prestigio con el paso de los años, no se salva de las críticas y cuestionamientos provenientes, sobre todo, de países como Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Ante este panorama, el fiel defensor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido México. Esto quedó de manifiesto, por ejemplo, durante el proceso de reforma de la Comisión que tuvo lugar entre 2011 y 2013. El representante de México ante la OEA tomó el liderazgo del proceso y, estando en juego la autonomía y el financiamiento de la CIDH, logró conciliar las posturas encontradas de los Estados, velar por los mejores intereses de la Comisión y minimizar los daños posibles. México es un aliado importante del SIDH, así que no es exageración afirmar que, cuando se suma a las filas de quienes cuestionan la objetividad y la utilidad de la Comisión, le está dando un golpe duro a nuestro sistema regional de derechos humanos. Con ello todos los latinoamericanos perdemos… Recordemos que estamos hablando del sistema que desempeñó un papel relevantísimo en los procesos de justicia transicional en América Latina, de ése que emitió sentencias paradigmáticas en los casos de Radilla, Gelman, Campo Algodonero, Barrios Altos y tantos otros, de ése que –tan sólo en 2015– recibió 2,164 peticiones de víctimas y/o organizaciones de la sociedad civil para hacer de su conocimiento casos de violaciones a los derechos humanos en el continente.

Por otro lado, vale la pena notar que la mencionada defensa del SIDH por parte del Estado mexicano entre 2011 y 2013 tuvo lugar en el momento cúspide de la tensión entre las agendas de seguridad y de derechos humanos en el país, cuando la violencia en México desatada por la “guerra contra el narcotráfico” y las consecuentes violaciones a los derechos humanos alcanzaron sus niveles más álgidos y su mayor visibilidad internacional. Los órganos del SIDH no fueron benevolentes en sus evaluaciones sobre la situación en México y, a pesar de ello, el Estado mexicano aceptó las recomendaciones de la Comisión y las sentencias de la Corte, y en su discurso reafirmó la legitimidad de ambos órganos para pronunciarse críticamente.[6]

La CIDH no está siendo más dura con México hoy de lo que lo fue en esos años; sin embargo, llama la atención el cambio en el discurso gubernamental. La actitud ya descrita contrasta con el comunicado emitido de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual se señala que el último informe de la CIDH “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten” y que “se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a [los] esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció.” El gobierno predica que persiste la apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos y, sin embargo, es incapaz de respetar lo que antes defendía: la legitimidad de los órganos internacionales dedicados a esta agenda para realizar los pronunciamientos críticos que les parezcan convenientes. Ello implica un retroceso en nuestra política exterior en materia de derechos humanos y supone trabas al diálogo y la cooperación entre el Estado y el sistema internacional que pueden ser muy benéficos para avanzar los derechos humanos a nivel local.


Lo que nos corresponde

La publicación Situación de derechos humanos en México (2016) es el primer informe de país que realiza la CIDH sobre México en casi 20 años, siendo el anterior de 1998. Es un informe riguroso y detallado, que refleja el profundo conocimiento que tiene la Comisión de nuestro país y del estado de los derechos humanos en el mismo. Si nuestros gobernantes van a pretender minimizarlo, al menos desde la sociedad civil analicémoslo con la seriedad que se merece. Invito al lector a estudiarlo y a discutirlo. Con ello sumamos al reconocimiento de la grave situación de los derechos humanos en México, a la fortaleza del Sistema Interamericano y a la inconformidad por el retroceso de nuestra política exterior en la materia. Todas son causas dignas de defenderse.

(Foto: cortesía de Eneas De Troya.)


Notas y referencias

[1] La CIDH se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar; con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; con el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth; con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez; con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; entre otros. CIDH, Situación de derechos humanos en México, 2016, pp. 18-20.

[2] La CIDH se reunió con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C., la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador (COFAMIDE), H.I.J.O.S. México, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (LEDESER), etc. Ibid, pp. 20-22.

[3] Gobierno de México, Observaciones del Estado mexicano al proyecto de informe sobre la situación de derechos humanos en México, 2015, p. 30.

[4] Ibid, p. 14.

[5] CIDH, op. cit., p. 14.

[6] Véase Anaya, Alejandro y Natalia Saltalamacchia, “México y la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en Pensamiento Propio (Argentina), núm. 38, 2014.

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