La Corte contra López Obrador: un caso sobre democracia

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Uno de los fenómenos políticos más llamativos del cierre de 2018 fue cómo la resistencia del Poder Judicial a las medidas de austeridad planteadas por el Gobierno y el Congreso pasó de ser un debate de “pesos y centavos” a uno de “pesos y contrapesos”.

La defensa del papel de la Corte como freno a una presidencia con mayoría parlamentaria se sumó a quienes creían que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador podía traducirse en un nuevo hiperpresidencialismo que sometería al resto de poderes públicos. Más allá de la discusión sobre los salarios de los servidores públicos, que ha pasado a un segundo término, la polémica de fondo sigue vigente: se trata de definir lo que entendemos por democracia.

El conflicto entre el presidente y la corte puso de manifiesto una tensión que existe en todos los regímenes democráticos: la lucha entre su componente popular y su componente constitucional.

El componente constitucional es el que enfatiza la necesidad de límites y equilibrios entre los distintos poderes, lo que en la tradición estadounidense se conoce como checks and balances. Constituye el gobierno “para” el pueblo. Por otro lado, el componente popular es el que pone el acento en el papel del ciudadano a través de elecciones libres, basadas en la noción de igualdad política y siguiendo la regla de la mayoría. El gobierno “por” el pueblo.

Los dos se complementaron durante años como parte del binomio que llamamos democracia liberal, pero esta convivencia se ha vuelto problemática. Ahora existe una pugna entre quienes defienden la prevalencia del elemento “constitucional” —lo que el politólogo Robert Dahl llamaba “democracia madisoniana” — y quienes priorizan el elemento “popular” — en términos del mismo Dahl, una “democracia populista”.

Ese es el debate que la presidencia de López Obrador y el conflicto con la corte trajeron a México: mientras los críticos del gobierno se inclinan hacia la primera versión de la democracia, la bandera de sus aliados suele ser la segunda.

El divorcio entre lo “constitucional” y lo “popular”, notorio especialmente desde  los años 90 como relata Peter Mair en su libro Ruling the void, permitió una distinción en la importancia de cada elemento: el popular comenzó a perder peso. Se elevó la figura del juez imparcial y de las “instituciones no mayoritarias”, fuera de la esfera de la rendición de cuentas electoral y encabezadas por expertos supuestamente neutrales (como los bancos centrales). El control de los ciudadanos, mientras tanto, se volvía cada vez más irrelevante. En definitiva: si el binomio de la democracia liberal tal y como la conocíamos había dejado de ser posible, lo que se buscaba salvar era su parte liberal.

Hoy la tendencia parece ir en el otro sentido: el éxito de la ideología populista alrededor del mundo radica precisamente en la idea de darle la vuelta a este estado de cosas. El populismo es, en la célebre definición de Cas Mudde, una respuesta democrática no liberal al problema de un liberalismo no democrático. El triunfo del lopezobradorismo es, en cierto sentido, la encarnación nacional de este fenómeno global. Un proyecto que enfatiza el componente popular de la democracia: los “30 millones”, las consultas, la revocación del mandato y una idea de representación que subraya las semejanzas del político con el pueblo antes que sus diferencias. Al mismo tiempo, parece minimizar su componente constitucional: el papel de la Corte, los organismos autónomos o incluso la sociedad civil.

El lopezobradorismo ha politizado a la sociedad mexicana. Por un lado, a través de la inclusión en la comunidad política de amplios sectores de ciudadanos que antes se sentían ajenos de las decisiones colectivas y, por el otro, al hacer objeto de debate una serie de cuestiones que antes permanecían fuera de la deliberación pública.

Uno de estos temas ha sido  el monto de los salarios de los altos funcionarios: algo que hasta hace poco era casi incuestionable y hoy requiere ser explicado. Otro tanto podría decirse del papel que en toda república debería tener el equilibrio de poderes y cómo ha funcionado en México: si la finalidad de ese diseño institucional es proteger a las minorías de la “tiranía de la mayoría”, ¿cómo podría defenderse ante quienes tienen la experiencia contraria, la de una mayoría desprotegida del abuso de las minorías?

Son temas que han vuelto a ser, en el mejor sentido de la palabra, políticos, y forman parte de una discusión más amplia que no abandonaremos pronto: su eje central no es decidir entre democracia o autoritarismo sino sobre qué tipo de democracia queremos.

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