La élite que apuesta al fin de Lula

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Para llegar a la presidencia y mantenerse en ella, Lula da Silva (2003-2010) y su sucesora, Dilma  Rousseff (en funciones desde 2010), negociaron grandes tajadas de poder con las élites económicas y políticas. Fue necesario efectuar enormes concesiones al capital y a los sectores conservadores para acomodar sus intereses y poder gobernar un país tan vasto y políticamente complejo como Brasil, dado el temor de muchos de estos grupos frente a un gobierno emanado de las filas sindicales y los sectores populares.

Para mantener el apoyo de sectores clave de la política y la economía, Lula y, más tarde, Dilma recurrieron a todos los mecanismos posibles con los que tradicionalmente se han asegurado en Brasil apoyos políticos para negociar mayorías parlamentarias. Algunos de estos mecanismos fueron legales, como el entregar el Banco Central al sector financiero y negociar con este el nombramiento de los funcionarios de Hacienda; acomodar a la derecha en diversos ministerios o dirigir partidas presupuestales específicas para el uso clientelar de partidos aliados. Otros mecanismos, sin embargo, fueron semilegales o claramente ilegales, como la compra de votos en el Congreso –el conocido escándalo del mensalao– o la sangría a la mayor empresa paraestatal de América Latina, Petrobrás, que por años ha sido utilizada por políticos brasileños de todos los partidos para financiar campañas políticas a partir de la sobrefacturación.

En particular, la alianza que a partir de su segundo año de mandato Lula estableció con el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –y que hoy se está resquebrajando– terminó por pasar una factura onerosa. El PMDB, del ex presidente Sarney, es un partido oportunista, sin una posición ideológica clara, pero que constituye el fiel de la balanza en el sistema de partidos brasileño.

Como modelo ejemplar de partido-negocio, corrupto hasta la médula, el PMDB es la fuerza más numerosa en el Congreso, y la de mayor capilaridad a nivel nacional. Hoy es dueño de seis ministerios, de la vicepresidencia de la república y de ambas cámaras. Desde una de ellas conspira en contra del gobierno que durante años se dedicó a ordeñar, aprovechándose de la coyuntura para negociar con el mejor postor.

El Partido de los Trabajadores (PT) optó por gobernar Brasil dentro de las reglas del juego democrático establecido y nunca pudo emprender (tampoco puso demasiado empeño) una reforma política que permitiese cambiar esas reglas. Más que gobiernos anteriores, fue respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, a pesar de ser extremadamente conservadores y ajenos a los intereses populares que el PT buscó históricamente representar. Aunque enfrentó una prensa mayoritariamente en contra, no buscó subordinarla, e incluso muchos creen que falló al no promover una reforma para democratizar los medios de comunicación. Paradójicamente, hoy son precisamente los grandes medios de comunicación los que de forma más clara apuestan al fin de Lula.


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La corrupción existe y existió, tanto en el gobierno de Lula como en el de Dilma. En la medida en que la dejaron pasar, ambos comparten una responsabilidad. Esa corrupción es sistémica y consustancial a la política brasileña: sin ésta –verdad incómoda– no se financian campañas políticas (en Brasil el financiamiento público a las campañas es inexistente) ni se aseguran mayorías parlamentarias en un sistema en extremo disfuncional. Partidos como el PMDB, por mencionar solo uno, se dedican precisamente a vivir de las rentas que pueden extraer de este Estado corrupto vendiendo muy caro su apoyo parlamentario al gobierno en turno.

Afirmar esto no es una disculpa ni una justificación frente a la corrupción en que el PT se ha visto inmerso, especialmente porque ese partido, que en el pasado enarboló la “ética en la política”, prometía ser muy distinto a los demás. A fin de cuentas, lo que hizo el PT fue adaptarse a la política brasileña realmente existente. Quizás a la política que domina en buena parte de los países latinoamericanos.

Con todo, no se puede asegurar de forma contundente, como hoy lo hacen algunos medios dentro y fuera de Brasil, que Lula y Dilma se hayan beneficiado directamente de esas redes de corrupción ni que se hayan enriquecido personalmente. En el caso de Lula el escándalo es por unos pagos por conferencias, cuyos precios están dentro del mercado de lo que cobran los ex presidentes. A algunos podría parecer exorbitante que el Instituto Lula, la ONG que creó el ex presidente, haya recibido recursos por varios millones de dólares. Lo cierto es que si Bill Clinton cobra alrededor de cuatrocientos mil dólares por una, bien puede Lula da Silva haber cobrado doscientos mil, como ha señalado.

También se ha hecho una gran polémica en los medios por las remodelaciones que empresas constructoras involucradas en el escándalo del “Lava Jato” habrían llevado a cabo en un departamento de lujo y una casa de fin de semana presuntamente propiedad del ex presidente. Se trata de casos que deben investigarse antes de llegar a juicios premeditados. Hay evidencias mucho más contundentes en contra de otros políticos que están sueltos –como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB–, frente a las cuales poco o nada se ha hecho. Con Lula, sin embargo, la justicia brasileña ha sido sorprendentemente expedita. En cuanto a Dilma no se ha podido probar una relación directa con las empresas involucradas en el “Lava Jato”. Se busca acusarla de maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas.

Pero este es solo el telón de fondo. Lo que realmente está en juego hoy en Brasil no es solo el tema de la corrupción. Para contextualizar, por ejemplo, el último año se rechazaron cinco iniciativas de legislación anticorrupción presentadas por el PT, que quizás ha tenido el tema en su agenda más que cualquier otro partido. En el escándalo “Lava Jato” han sido implicados políticos de todos los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, así como los dueños de grandes empresas constructoras. A quien más se investiga y expone en los medios, sin embargo, es a los políticos de izquierda. A Lula con particular saña.

Dejémonos de falsedades. El objetivo no es promover un proceso de “manos limpias” del que habrá de resurgir la nueva república de la honestidad y la transparencia. De los 65 parlamentarios que integran la comisión que analizará el impeachment a Rousseff, 36 tienen alguna cuenta pendiente ante la justicia, mientras que el presidente del  congreso que analizará la procedencia ha sido formalmente acusado de tener millones de dólares en Suiza. Cunha y su partido, el PMDB que hoy regatea su apoyo al gobierno, son un símbolo de la corrupción en el país.

Como he sostenido en otros textos, el uso político de la justicia brasileña frente a esta crisis es más que evidente. El objetivo hoy es frenar a toda costa la candidatura de Lula a la elección presidencial de 2018, la cual constituye la única posibilidad de que la izquierda brasileña pueda mantenerse en el poder y, de paso, acabar con un enemigo político y de clase y enterrar al PT por un buen número de años.

Una parte de la derecha ya intentó hacerlo en 2005, cuando estalló el escándalo del mensalao, una operación de compra de votos en el Congreso. En ese entonces, Jorge Bornhausen, a la sazón presidente del ultra conservador PFL, declaró en una reunión privada filtrada más tarde a la prensa que estaba muy contento con ese escándalo que permitiría “acabar con la raza petista” y extirparla del escenario político brasileño por varias décadas.

En ese momento, sin embargo, el objetivo de sacar a Lula del poder no se alcanzó. Algunos creen que el temor a la inestabilidad social que podría generar destituir a un presidente con tan alta popularidad hizo que la derecha más rabiosa acabara por desistir. Seguramente en algo contribuyeron las declaraciones que entonces hizo el presidente de la Central Única de los Trabajadores, aliada al PT, cuando afirmó categórico: “Si intentan proseguir con esa destitución el país se volverá incontrolable”.

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Hoy, la alianza que pretende acabar con Lula, Dilma y el PT es más amplia y la popularidad del líder petista no pasa por su mejor momento. La punta de lanza de esta ofensiva está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público (autónomo en Brasil), cuenta con el apoyo decidido de diversos sectores del congreso, de los oligopolios mediáticos y parte del capital industrial y financiero, algunos de cuyos representantes ya están saboreando los beneficios del Presal (los más recientes yacimientos de petróleo) y el jugoso mercado que dejarán las empresas constructoras que han quedado inhabilitadas luego de los más recientes escándalos.

A ello se suma una clase media sensible al tema de la corrupción, la recesión económica y el dólar alto, que ha tomado las calles en las últimas semanas para exigir el desafuero de Dilma Rousseff, sin darse cuenta a veces de la manipulación de la que es objeto. Sus manifestaciones han sido ampliamente publicitadas –sino es que hasta instigadas– por los grandes medios. En Sao Paulo han sido facilitadas por la poderosa Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y han contado con todo el apoyo logístico y la buena disposición del gobierno del opositor Geraldo Alckmin, del PSDB. Se trata de expresiones masivas, legítimas, pero que no necesariamente representan la cara de todo Brasil: más del 90% de los manifestantes son blancos, dos tercios son potenciales votantes de Aécio Neves (del PSDB) y 40% reciben más de 10 salarios.

En gran medida, se trata de una clase media que siente la frustración de no poder consumir en un contexto de recesión, que está descontenta con los altos impuestos que se pagan en Brasil y que no se ha beneficiado directamente de las políticas sociales de Lula. Muchos de los manifestantes incluso están en contra del programa insignia del gobierno petista, Bolsa Familia, porque aseguran que estimula la mendicidad y es para “la gente que no quiere trabajar” y condenan al gobierno por haber instrumentado cuotas o mecanismos de acción afirmativa para incluir en instituciones educativas a grupos discriminados, como los afrobrasileños.

Del otro lado está el grueso de los sectores populares que solo recientemente comenzaron a salir a las calles para defender a Lula y las conquistas sociales que alcanzaron gracias a su gobierno. Entre unos y otros se han suscitado episodios de violencia que, de no existir un manejo responsable de la crisis, podrían incrementarse.

Lo más preocupante es que hoy el Poder Judicial parece dispuesto a lo que sea con tal de destruir políticamente a Lula. Con el aval de los medios de comunicación, promueve un cuadro de violación de derechos y garantías que, a decir de algunos analistas, está acercando a Brasil a un estado de excepción: el juez Moro, que investiga el “Lava Jato” no solo ha abusado hasta el extremo de un mecanismo extorsivo de delaciones premiadas para forzar la obtención de declaraciones, no ha respetado el principio de presunción de inocencia y ordenó una conducción coercitiva para obligar a Lula a declarar por la fuerza, cuando este instrumento jurídico está diseñado para forzar a declarar a alguien que se ha negado a hacerlo previa cita.

Además, Moro ha divulgado conversaciones telefónicas privadas de familiares y amigos de Lula donde no hay indicios de crimen y rompió el sigilo entre el ex presidente y su abogado, lo que contraviene claramente las normas. Ni siquiera ha respetado el fuero que protege a la presidenta, al escuchar y divulgar sus conversaciones privadas ante los medios de comunicación.


En todos estos años de gobierno, el PT creyó que había hecho “amigos” entre los representantes de la elite económica y del poder político real, sin darse cuenta quizás que fue solo un instrumento descartable. En un contexto de bonanza económica, cuando había dinero para repartir entre todos ellos, quizás resultaba sencillo mantenerlos contentos. Así fue como el PT logró garantizar la gobernabilidad del país, mantenerse en el poder todos estos años y pasar reformas legislativas a pesar de no tener una mayoría en el Congreso. Desde la última elección presidencial, sin embargo, esas élites querían al PT fuera del gobierno. Hoy parece claro que habían hecho un cálculo premeditado: si no lograban sacarlo al partido por la vía de las urnas en 2014, tenían previsto hacerlo por la vía judicial. Así lo están haciendo.

Hoy la decisión más importante está en manos del Supremo Tribunal Federal, para algunos la única instancia donde puede salvaguardarse la institucionalidad democrática del país.

(Fotos: cortesía de Cancillería del EcuadorAgência Brasil Fotografias y Leandro Monteiro.)

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