La opacidad en la Ley de Transparencia

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Probablemente se trata de “la familia revolucionaria”: los hombres, con sombreros que denotan que son de grupos distintos, están abrazados, con gesto de preocupación; se preguntan: “¿Qué haremos para acabar con la corrupción?”, mientras esculcan las bolsas de sus trajes, recíprocamente. El círculo está cerrado, con excepción de un personaje adicional, al que solo quitan dinero, sin dejarlo formar parte de ese circuito de saqueo. Se trata de un cartón de Quezada, que sirve como explicación gráfica de la percepción pública de lo que hace la clase política para combatir la corrupción, como sucede con la nueva Ley General de Transparencia, por ejemplo.

Es justo decir que no fue así en todas las etapas; en realidad, el proceso reciente de renovación del marco normativo de transparencia en México es una muestra del conservadurismo de la clase política, pero también de su pragmatismo y de las tendencias inevitables de apertura institucional. En su inicio fue casi ejemplar: el presidente, como parte de las acciones con las que intentó dar legitimidad al inicio de su gobierno, después de cuestionamientos profundos sobre el proceso electoral, propuso reformas constitucionales sobre transparencia, corrupción y regulación de la publicidad oficial —esta última, en realidad, no se presentó—. En principio, este reconocimiento implícito de que la legitimación del poder no se logra únicamente en las votaciones también intentaba hacer notar que el nuevo gobierno se desvincularía —al menos en apariencia— de la corrupción, como legado de los sexenios en que el PRI ocupó la Presidencia.

Pero poco más de dos años después se agotó la fantasía de un gobierno abierto, transparente e inclusivo. La credibilidad y confianza en el presidente y su gabinete menguan en este momento y, en el poder Legislativo, los partidos —de gobierno o de oposición— no contribuyen a matizar ese declive. Tampoco los gobiernos extranjeros ni los medios internacionales, recursos aspiracionales de legitimidad, sirven para ello en este momento. Si el objetivo del gobierno mexicano al asumir la presidencia temporal de la Alianza para el Gobierno Abierto era, como al principio del sexenio, mostrar la diferencia con el pasado autoritario, habría que replantear ahora la estrategia.

La discusión de la nueva Ley de Transparencia, tanto en su formalidad como en el contenido, es parte de ello. Es cierto: en el Senado hubo un grupo redactor plural para elaborar una iniciativa que se presentaría como resultado consensual de aportaciones, experiencias y conocimientos especializados, a pesar de las posturas distintas. La idea de hacer de esta una primera muestra de lo que podría ser un “parlamento abierto” parecía funcionar, pero con restricciones notables. Los acuerdos no implicaban suplantar el mandato legislativo de las y los representantes populares, es decir, la responsabilidad y obligación de aprobar un dictamen.

Tampoco cabía en ese acuerdo, sin embargo, la influencia desequilibrada de los actores afectados por las disposiciones de la iniciativa. Conviene siempre, al momento de diseñar un dictamen que se convertirá en ley, allegarse de la información para incluir los elementos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de esa ley, y también para conocer sus efectos en la práctica. Para ello hay que consultar ampliamente a quienes puedan aportar estos conocimientos, sin que esto resulte en una pugna desigual —por la diferencia de recursos entre unos y otros—, como parece suceder, en este caso, con las propuestas de modificaciones a la iniciativa, realizadas por la Oficina de la Presidencia.

No se entiende por qué, por un lado, el presidente reconoce la reforma constitucional en materia de transparencia como uno de los esfuerzos de su administración en el combate a la corrupción y declara públicamente su apoyo explícito a la integración de un Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que, por el otro, no le da ningún respaldo en los hechos: ninguna de sus declaraciones sirvió para revertir el cabildeo contra la iniciativa de la nueva ley. Resulta complicado entender esas contradicciones. Podría decirse otra vez que el presidente “no se da cuenta que no se da cuenta”.

Basten algunos ejemplos. Una de las aportaciones de la reforma constitucional fue incluir la obligación de que las autoridades documenten todos los actos derivados de sus funciones, lo que serviría para limitar la discrecionalidad absoluta de algunas decisiones. Precisamente una de las razones por las que se decidió cancelar el proyecto del tren rápido México-Querétaro fueron “las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”, que no se resolverán si la ley permite que no se respalden las decisiones e instrucciones,como sucedió en el mismo caso.

El presidente anuncia que habrá reglas de integridad y códigos de ética pero, al mismo tiempo, se propone legislar sanciones para quienes revelen información que afecte las funciones de las instituciones, lo que inhibirá las denuncias internas. ¿De qué servirá que el presidente decrete la obligación de presentar declaraciones de intereses en la administración pública federal si estas, junto con las declaraciones patrimoniales, seguirán siendo información confidencial, sin posibilidad ninguna de escrutinio público ni de control ciudadano?

Si al gobierno federal en verdad le importa revertir su pérdida de legitimidad, esto requiere de medidas más audaces. La contradicción entre el discurso y la práctica, y también entre ciertas decisiones presidenciales, tiene como resultado, al menos, confundir y, acaso, descartar casi de inmediato su respaldo. Terminamos como empezamos: con la percepción de que los políticos no nos toman en cuenta, porque viven y deciden en lo oculto, en un lugar cerrado e inaccesible. Como en el cartón de Quezada.

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