La paz en su laberinto: el asesinato de líderes sociales en Colombia

A pesar de la firma de los acuerdos de paz, una reciente ola de asesinatos de líderes sociales pone a Colombia de nuevo en la espiral de la violencia. El Estado se niega a reconocer la sistematicidad y los patrones en estos homicidios.

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Al escritorio de diplomáticos y representantes de diferentes países, dentro de un salón del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, llega un mensaje: «la paz aún no llega a nuestros territorios».[i] El texto, que está acompañado por el rostro impreso de doce líderes sociales asesinados, es entregado por Erlendey Cuero Bravo, vicepresidenta de la Asociación Afrocolombiana de Desplazados (Afrodes).

Erlendey viajó el pasado mes de mayo desde el municipio de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, a Ginebra para asistir al Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de Derechos Humanos convocado por la ONU, y allí denunciar la dramática situación que viven las y los líderes sociales en Colombia. Bernardo, su hermano, es uno de los trescientos líderes sociales que fueron asesinados entre enero del 2016 y el 30 de junio del 2018.[ii] Mientras estudiaba derecho, Bernardo ofrecía charlas y conferencias en diferentes comunidades. En ellas explicaba por qué se debía reclamar ante violaciones de derechos humanos y con qué herramientas legales y comunitarias contaban para defenderse.[iii]

Su liderazgo se asemeja al de otros hombres y mujeres colombianos que han sido asesinados de manera creciente en los últimos dos años mientras ejercían una labor local reconocida como defensa de derechos humanos, algunos como protectores del agua y del medioambiente, otros como garantes de restitución de tierras a desplazados por el conflicto armado….

Sin ninguna duda, el fenómeno del aumento de asesinatos y amenazas a líderes sociales se contrapone a la narrativa que ha ubicado a Colombia como uno de los países de moda por su reciente acuerdo de paz. ¿Qué es lo que está ocurriendo, después de que la guerrilla más antigua de América se desmovilizara? ¿Qué nos dice, entonces, el drama que viven las y los líderes sociales de la coyuntura política en Colombia?


¿Y el posconflicto?

La atención reciente que ha recibido Colombia, donde el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron firmar un acuerdo de paz a finales del 2016, se ha enfocado en los diseños institucionales para implementar un acuerdo inédito, así como en la «reincorporación» a la vida civil de más de diez mil miembros de esa guerrilla. No obstante, la constante amenaza sobre las y los líderes en este país ha puesto en evidencia que están matando a quienes se encargan, justamente, de hacer posible el tránsito de una sociedad en conflicto a una que cuente con conflictos institucionalizados, es decir, a los garantes de lo que se le ha llamado «el postconflicto».

Las y los líderes sociales en Colombia han tenido de manera histórica la función de mediar, como bisagras, la relación entre las promesas del Estado y las expectativas de los pobladores locales. Muchas veces han tenido que suplir las ausencias por el incumplimiento del primero o defender a los pobladores del gobierno de turno. De hecho, han sido ellos los encargados de tejer, desde la vida cotidiana y en lugares que suelen estar apartados de los servicios sociales del Estado, una compleja red de relaciones de cooperación que le ayuda al pueblo colombiano a sobre-vivir en uno de los países más desiguales del mundo. Podría pensarse, entonces, que con las muertes y amenazas están rompiendo el puente que conecta a la base de la sociedad colombiana.

En su actividad cotidiana, estos actores se oponen a intereses particulares: empresas mineras que quieren implementar el fracking, funcionarios del Estado que cooperan con fuerzas paraestatales, grandes terratenientes, grupos ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, entre otros. Esto es lo que se encuentra al revisar que las y los líderes sociales asesinados eran miembros de juntas de acción comunal (la expresión más local de organización social en Colombia), reclamantes de tierras, afrocolombianos e indígenas, campesinos y promotores de paz.

Estas expresiones de violencia política han cobrado la vida de una mayoría de líderes comunitarios (43%), étnicos (23%) y campesinos (11%).[iv] Además, se han concentrado en departamentos (estados) como Cauca, Nariño y Putumayo, en donde históricamente se traslapan las variables de pobreza con bajos índices de salud y escolaridad y la presencia de grupos ilegales y de víctimas del conflicto armado.

En su mayoría, los municipios en donde han ocurrido estos hechos fueron también donde el voto por el Sí a los acuerdos de paz ganó en el referendo de octubre del 2016 y donde el candidato de izquierda a la presidencia, Gustavo Petro, conquistó a la mayoría de los electores —en regiones como las mencionadas arriba— el 17 de junio en las elecciones menos violentas de los últimos cincuenta años. De hecho, de los veintidós líderes asesinados después de las elecciones presidenciales, a cinco se les identificó algún vínculo directo con la campaña de Petro.[v]

El incremento que han tenido estos hechos violentos durante los últimos dos años, y sobre todo los casi cincuenta asesinatos que van durante este año, lo vuelven un problema evidente. De hecho, «mientras en el 2013, la Defensoría del Pueblo reportó 35 casos; esa estadística contrasta con la entregada por la Fiscalía ante las Naciones Unidas: entre el 2016 y el 2018 se presentaron 261 crímenes».[vi] Esta situación es crítica si se compara con la disminución de la tasa de homicidios durante 2017, la más baja en los últimos años; y con la reducción de la mayoría de hechos violentos asociados al conflicto armado que ha venido dando a conocer el gobierno nacional. Hay que señalar también que aún se presentan gruesas dificultades en la sistematización de este fenómeno.[vii] Por esta razón, una de las promesas del actual gobierno de Juan Manuel Santos —quien entregará el cargo el 7 de agosto— es crear un registro único permanente de líderes sociales asesinados, aunque estas medidas «van a paso lento».[viii]

Pertinente es, entonces, preguntarse por la relación entre la coyuntura actual y la paz firmada y su implementación. Al respecto, el informe de la ONG Somos Defensores afirma que la mitad de los ochenta y tres casos de asesinatos en 2017 de líderes comunales, campesinos, comunitarios, indígenas y afros, fueron contra personas que trabajaban en alguno de los puntos del acuerdo de paz; ya fuera en temas de desarrollo rural, garantías para la participación política, sustitución de cultivos ilícitos o en derechos de las víctimas.[ix] De tal forma, se puede afirmar que los liderazgos que han asesinado simplemente buscaban que lo que se había acordado en el papel se llevara a la práctica en sus territorios y que la paz saliera de su laberinto.

En buena parte, la situación de las y los líderes sociales es evidencia de los problemas de implementación de los acuerdos, lo que nos lleva a sugerir que el país aún no ha comenzado a transitar por el camino de tener mejores conflictos, es decir, disputas institucionalizadas que ayuden a resolver o regular los problemas sin tener que eliminar al otro que piensa o actúa distinto. Un problema histórico.


¿Quiénes y por qué los están matando?

 

Tanto las entidades estatales, las ONG y organizaciones defensoras de DD. HH. como las denuncias por medio de redes sociales evidencian que existe un aumento notable en los asesinatos selectivos de líderes sociales, pero es mucho menos claro cuál es la causa.

Para empezar, la identificación de los diferentes actores armados –complicada incluso antes del proceso de paz, en este país donde han operado múltiples grupos guerrilleros y paramilitares– se ha vuelto más compleja por la fragmentación de estos mismos grupos, posterior a procesos recientes de desmovilización.

Por ejemplo, el principal grupo de fuerzas paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras su desmovilización entre 2003-2006 se fragmentó y se reconfiguró en diferentes organizaciones. La sola denominación de dichos grupos es complicada: se les ha llamado BACRIM o Bandas Criminales, grupos posdesmovilización, neoparamilitares, grupos delictivos organizados (GDO) o grupos armados organizados (GAO). En esta última categoría también caen las «nuevas disidencias» que han surgido en el marco del Proceso de Paz con las FARC. Por otro lado, otros grupos guerrilleros no desmovilizados como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han fortalecido en territorios antes ocupados por otras fuerzas armadas.

Así, cuando ocurre un asesinato, existe toda una sopa de letras de entre la cual se ha decidido escoger al momento de buscar el responsable. Lo clave aquí es que esta situación revela un problema de comprensión del fenómeno mismo: no hay claridad sobre quiénes son los responsables y, por tanto, no se ha podido comprender la dinámica de este conflicto.

Aún más difícil es la identificación de las causas de los asesinatos. Por un lado, la Fiscalía –una entidad politizada hacia la derecha– arguye que la causa principal es la lucha entre estructuras delincuenciales por el control del narcotráfico.[x] Por otro, el Ministro de Defensa fue duramente criticado al declarar que los líderes estaban siendo asesinados por «líos de faldas»[xi] y luego insinuó que se trataban de «problemas personales».[xii]

Mientras tanto, la Procuraduría ha encontrado que existe una persecución sistemática y generalizada de defensores de derechos territoriales[xiii] y además ha abierto investigaciones para indagar sobre la complicidad de las Fuerzas Armadas en los asesinatos.[xiv] Además, un informe redactado por una alianza de ONG defensoras de derechos humanos encontró que los «conflictos por tierra, territorio y recursos naturales» representaban 83,19% de los homicidios en el 2018, y solo 13% estaban relacionados con cultivos de coca.[xv] Esto significa que no parece haber evidencia suficiente para afirmar que los asesinatos están relacionados de manera directa con el aumento en las hectáreas cultivadas de coca, como lo ha sostenido la derecha colombiana.[xvi]

Así, en medio de mensajes mixtos, la impunidad sigue reinando: según el informe de Somos Defensores, de los quinientos treinta y dos líderes sociales asesinados entre los años 2009 y 2017, «el 93% de casos ocurrió en zonas rurales y no se ha identificado a sus responsables».[xvii] En otros casos, se identifica al autor material pero no al intelectual; esto es, se sabe poco de las estructuras criminales que operan los asesinatos.


¿Sistematicidad?

Las discusiones sobre los actores responsables y los motivos detrás de los asesinatos llevan hacia una misma pregunta: ¿hay una sistematicidad en estos asesinatos? Dicha cuestión radica no solo en los detalles de los homicidios, sino también en la definición misma de la sistematicidad. Varias entidades estatales, como el Ministerio de Defensa y, en gran parte, la Fiscalía, han caracterizado la sistematicidad como un fenómeno de actor unívoco y plan anticipado y cohesivo, y han utilizado dicha definición para descartar la posibilidad de la sistematicidad en los asesinatos como primer paso para banalizar estas muertes y caracterizarlas como daños colaterales en la guerra contra el narcotráfico o, incluso, criminalizar a los líderes asesinados sin ninguna prueba.

Sin embargo, según una definición más amplia y compleja –como la que contempla la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– la sistematicidad puede incluir una multiplicidad de autores cuando el fenómeno permite identificar patrones y aspectos cuantitativos en la violencia que no se traten de coincidencias.[xviii] En este caso de líderes sociales, la clave estaría en identificar las características de la coyuntura actual que ha llevado a un incremento tan marcado en esta modalidad de homicidio, además de las continuidades y condiciones estructurales que subyacen a esta violencia política.

Una de las dificultades en identificar la sistematicidad es la novedad de la coyuntura: tras más de sesenta años de conflicto armado, el periodo del llamado «posconflicto» ha traído nuevas dinámicas con la desmovilización de las FARC, la emergencia de nuevos actores, y la reconfiguración de fuerzas en los territorios antes controlados por este grupo guerrillero. Estos territorios en disputa evidencian una intensificación del conflicto mientras diferentes grupos armados compiten por el control, en particular en los corredores de narcotráfico (de lo cual se ha señalado la presencia del cártel de Sinaloa).[xix]

Hay que subrayar que la situación de los asesinatos de líderes está poniendo al descubierto los «vacíos», o mejor, las reconfiguraciones del poder local. Con la desmovilización de los antiguos guerrilleros ha ocurrido un cambio en los órdenes sociales que otrora eran regulados por estos grupos armados. A tal estado de cosas, la politóloga Ana María Arjona lo ha llamado «rebelocracia», refiriéndose a cuando los grupos armados son los gobernantes de hecho o las autoridades encargadas de imponer reglas en la vida cotidiana.[xx] De este modo, los asesinatos evidencian las disputas que están ocurriendo por la reconfiguración de los órdenes locales, con la actual desmovilización y pérdida de influencia de las FARC, pero también con la misma dificultad histórica que ha tenido el Estado (centralista) colombiano por hacer presencia y controlar sus «periferias».

Por otro lado, no hay que desconocer que se pueden identificar ciertas continuidades históricas en este caso. El asesinato de líderes sociales es la expresión más actual de una historia de homicidios selectivos en Colombia. Este país ha encabezado las listas en homicidios de periodistas y de sindicalistas. También es esencial recordar, como lo hace Somos Defensores en su último informe, que la violencia contra los líderes sociales y en particular, los defensores de derechos humanos, tiene una larga historia que incluye una marcada persecución estatal entre 2002-2010, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe. Durante este periodo, los defensores de DD. HH. fueron sistemáticamente tildados como terroristas o guerrilleros por el entonces presidente y miembros de su administración, además de ser monitoreados de forma ilegal por entes estatales de los que se ha comprobado que tenían comunicación con grupos paramilitares. De hecho, actualmente el expresidente Álvaro Uribe —líder del partido del recién electo presidente Iván Duque— está siendo investigado por sus conexiones con el paramilitarismo.[xxi] A esto se suma el asesinato extrajudicial por parte de las Fuerzas Armadas de hasta diez mil civiles entre 2002 y 2010 para pasarlos como guerrilleros, los llamados «falsos positivos».[xxii]

Así, con las condiciones particulares que presenta el momento histórico presente y con la persistencia de ciertas expresiones violentas en Colombia, parece que la clave para entender lo que está ocurriendo se encuentra en la pregunta por la sistematicidad. Las características de las y los líderes asesinados sugieren que existen patrones que no se deben al azar. Por tanto, se espera que los representantes del Estado colombiano den un giro y reconozcan que el paso inevitable es investigarlo decididamente. En el caso contrario, ¿deberíamos considerar la complicidad del Estado al evadir la pregunta por la sistematicidad? Parece que sí, más cuando la influencia del proyecto de Uribe fue confirmada en las últimas elecciones.


¿Y qué se puede esperar?

Las continuidades que pueden identificarse obligan a hacerse la pregunta por lo que ocurrirá durante el próximo gobierno, afín al proyecto de Uribe. Pocos días después de ganar las elecciones, miembros del partido de Duque, el Centro Democrático, han insistido en dar una explicación de los hechos recientes con una narrativa asociada al «narcoterrorismo» —usada recurrentemente mientras Uribe fue presidente para contraponerle su estrategia de «Seguridad Democrática»—. Así, han tratado de argumentar que estos hechos no tienen que ver con violencia de tipo político y, en cambio, han sostenido que los asesinatos han ocurrido porque los líderes tenían algún vínculo con un grupo guerrillero o alguna banda criminal.[xxiii] Además, en esta conocida narrativa se sugiere que estos vínculos entre líderes y otros grupos del conflicto son evidencia de que haber realizado un acuerdo de paz fue una equivocación. En su lugar, insisten en aplicar la fórmula ya fracasada en Colombia: alcanzar la paz con la guerra.

Hay que decir que esta fórmula no es algo que el gobierno saliente, el del nobel de la Paz Juan Manuel Santos, haya evitado por completo a pesar de haber logrado la firma del acuerdo de paz. Algunas de sus acciones ponen en duda el hecho de si en verdad tiene una voluntad pacificadora comprehensiva. Por ejemplo, su gobierno ha evadido explícitamente la pregunta por la sistematicidad,[xxiv] sugiriendo con ello que no existe una red de responsables por identificar. Por el contrario, han afirmado de que se trata más bien de dinámicas locales, negándose con ello a adelantar con decisión planes de protección colectivos a las comunidades.[xxv]

Estas omisiones recurrentes —históricas, tanto en los gobiernos de Uribe como en los de Santos— explican que recientemente se encuentre a los responsables materiales, pero no se conozca a los líderes intelectuales y a las estructuras criminales que lo soportan. En la misma lógica, el gobierno actual ha persistido en no reconocer la exigencia de las comunidades de que el Estado debe proveer servicios y apoyo diverso a los territorios. En su lugar, se ha ofrecido apoyo militar para aplicar la vieja fórmula de pacificar sin adelantar reformas.

Entonces, la actual coyuntura en la que se está asesinando a los líderes del pueblo colombiano nos habla de las limitaciones propias que ha tenido el Estado colombiano de imponer —en un esquema de centralización estatal— un orden social en todo el territorio nacional. Más aún, este caso sugiere que puede existir una corresponsabilidad de los diferentes gobiernos por la falta de voluntad política que han tenido al no reconocer la sistematicidad de este drama nacional. Por las continuidades señaladas y por las características de su proyecto político, es difícil esperar lo contrario del gobierno entrante de Duque.

En la historia reciente los gobiernos colombianos no han reconocido que hablar de sistematicidad permitiría tomar medidas necesarias como: un sistema de información, investigación oficial de calidad para identificar los cambios y las continuidades, entender los actores involucrados y lo que está en juego. En suma, no hay interés en conocer las razones que ayudan a comprender lo que está ocurriendo y la dinámica del conflicto que aún hoy se compone y recompone.

Existe, pues, evidencia para dudar de que el papel que tiene el Estado de cuidar la vida y de poner la luz para entender fenómenos que la amenazan, como el que se vive en Colombia, va a llevarse a cabo. La paz puede no salir de su laberinto. Lo que queda es seguir preguntando, aunque las respuestas no sean suficientes de momento para comprender lo que ocurre, para encontrar a las estructuras que lo explican y, mucho menos, para devolver a las vidas que se llevaron.

 


[i] «261 asesinatos de líderes en Colombia encienden las alarmas en las Naciones Unidas», Semana, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/261-asesinatos-de-lideres-en-colombia-que-generan-alarma-en-las-naciones-unidas/566556

[ii] «En serio, vamos a defender la vida», Centro Nacional de Consultoría, disponible en: https://www.centronacionaldeconsultoria.com/single-post/BlogCNC/En-serio-vamos-a-defender-la-vida

[iii] «”Nos estamos quedando solos”: única víctima colombiana que estuvo en examen de DD.HH. en Suiza», Colombia2020 – El Espectador, disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/pais/nos-estamos-quedando-solos-unica-victima-colombiana-que-estuvo-en-examen-de-ddhh-en-suiza

[iv] «En serio, vamos a defender la vida», Centro Nacional de Consultoría, disponible en: https://www.centronacionaldeconsultoria.com/single-post/BlogCNC/En-serio-vamos-a-defender-la-vida

[v] «Estos son los 115 líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación», Pacifista, disponible en: pacifista.co/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/

[vi] «261 asesinatos de líderes en Colombia encienden las alarmas en las Naciones Unidas», Semana, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/261-asesinatos-de-lideres-en-colombia-que-generan-alarma-en-las-naciones-unidas/566556

[vii] Por esto mismo, se ha llamado la atención sobre la importancia de crear un sistema de información asociado a los asesinatos: «Urge sistematizar información sobre asesinato de líderes sociales», Unimedios, disponible en: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/urge-sistematizar-informacion-sobre-asesinato-de-lideres-sociales.html

[viii]  «”La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para líderes va a paso lento”», Colombia2020 – El Espectador, disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-comision-nacional-de-garantias-de-seguridad-para-lideres-va-paso-lento

[ix] «Piedra en el zapato. Informe Anual 2017», Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de DD.HH. en Colombia, disponible en: https://choco.org/documentos/informe-anual-2017-piedra-en-el-zapato.pdf

[x] «”Líderes sociales están siendo asesinados en donde operan redes de narcotráfico”: Fiscal», El País , disponible en: https://www.elpais.com.co/judicial/lideres-sociales-estan-siendo-asesinados-en-donde-operan-redes-de-narcotrafico-fiscal.html

[xi] «Asesinatos de líderes son por ‘líos de faldas’: ministro de Defensa», El Espectador, disponible en: https://www.elespectador.com/node/728893

[xii] «Si el asesinato de líderes sociales no es sistemático ¿Entonces qué es?», Pacifista, disponible en: http://pacifista.co/si-el-asesinato-de-lideres-sociales-no-es-sistematico-entonces-que-es/

[xiii] «Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. Informe», Procuraduría General de la Nación, disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/180710_Violencia%20sistematica-contra%20defensores-derechos-territoriales.pdf

[xiv] «Estamos indagando si hay agentes de la fuerza pública involucrados en asesinatos de los líderes sociales: Procurador», Procuraduría General de la Nación, disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/indagacion-involucrados-asesinato-lideres.news%22https://www.procuraduria.gov.co/portal/indagacion-involucrados-asesinato-lideres.news
Al parecer, se ha registrado que en al menos cinco casos de líderes asesinados estaría implicada la Fuerza Pública: «Cinco casos de líderes asesinados en los que estaría implicada la Fuerza Pública», Pacifista, disponible en: pacifista.co/cinco-casos-de-lideres-asesinados-en-los-que-estaria-implicada-la-fuerza-publica/

[xv] «INFORME ESPECIAL. Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares en los territorios», Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular-CACEP, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo-INDEPAZ, disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Separata-de-actualizaci%C3%B3n-de-INFORME-ESPECIAL-Todos-los-nombres-todos-los-rostros.-5-de-julio-2018.pdf
Colombia, además, tiene el tercer peor registro de asesinatos de defensores del medioambiente: durante el año pasado, veinticuatro de estos líderes fueron asesinados en el país: «24 lápidas por defender el medio ambiente en Colombia», Semana, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinatos-de-defensores-del-medioambiente-en-colombia/576446

[xvi] «A pesar de los trinos de Uribe, no hay correlación entre aumento de hectáreas de coca y homicidios», Colombiacheck, disponible en: https://colombiacheck.com/chequeos/a-pesar-de-los-trinos-de-uribe-no-hay-correlacion-entre-aumento-de-hectareas-de-coca-y-homicidios.html

[xvii] «Piedra en el zapato. Informe Anual 2017», op. cit.

[xviii] «Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. Informe», Procuraduría General de la Nación, disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/180710_Violencia%20sistematica-contra%20defensores-derechos-territoriales.pdf

[xix] «El Pacífico colombiano y el cartel de Sinaloa», El Espectador, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-pacifico-colombiano-y-el-cartel-de-sinaloa-articulo-738383

[xx] Ana María Arjona. Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War, Cambridge Studies in Comparative Politics, 2017.

[xxi] «Tres testigos vinculan a la familia Uribe con paramilitares», The New York Times, disponible en: https://www.nytimes.com/es/2018/07/08/colombia-santiago-alvaro-uribe-doce-apostoles/

[xxii] «Colombian army killed thousands more civilians than reported, study claims», The Guardian, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/colombia-false-positives-scandal-casualties-higher-thought-study

[xxiii] Hay que recordar que la estigmatización de las y los líderes y, en particular, la asociación de los defensores de derechos humanos con grupos guerrilleros para estigmatizarlos y callarlos fue una práctica sistemática de la presidencia de Uribe, como sostiene Somos Defensores. «Piedra en el zapato. Informe Anual 2017», op. cit.

[xxiv] «“La discusión no debe centrarse en si existe o no sistematicidad”: Gobierno», El Espectador, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-discusion-no-debe-centrarse-en-si-existe-o-no-sistematicidad-gobierno-articulo-798361

[xxv] «”Nos están matando”, un documental sobre el asesinato de líderes sociales», El Espectador – Colombia2020, disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/nos-estan-matando-un-documental-sobre-el-asesinato-de-lideres-sociales

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