La política de la sospecha: Tláhuac, Ajalpan y la reproducción de la violencia en México

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Este 23 de noviembre se cumplen once años del linchamiento de tres agentes de la otrora Policía Federal Preventiva (PFP) en San Juan Ixtapoyan, un poblado situado en la delegación Tláhuac, al sureste de la ciudad de México. Los tres policías, Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla y Edgar Moreno Nolasco, fueron amarrados, golpeados, torturados, y dos de ellos —Víctor y Cristóbal— quemados vivos por cerca de 300 habitantes de dicha comunidad. De acuerdo con las declaraciones de testigos y a la investigación que siguió al caso, los policías fueron linchados bajo la creencia de que eran miembros de una banda criminal dedicada al secuestro de niños. Los tres hombres resultaron ser miembros de la PFP y parte de una investigación encubierta que buscaba identificar redes de narcomenudeo en la zona.

El linchamiento de Tláhuac, como se conoce popularmente al caso, es uno de los cientos de linchamientos que han ocurrido en México a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI y cuya ocurrencia se ha intensificado en los últimos treinta años. Es, además, uno de los múltiples casos que han hecho que el país figure el día de hoy entre aquellos países latinoamericanos con mayor incidencia de linchamientos. A pesar de la precariedad en América Latina de las cifras de delito en general y de los linchamientos en particular, sociólogos y antropólogos han documentado una creciente y significativa presencia del fenómeno en países como Guatemala, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y, recientemente, Argentina. Caracterizados por problemas de inseguridad y violencia disímiles, todos estos países tienen en común una percepción de inseguridad alta y una fuerte desconfianza frente a las autoridades de procuración de justicia y seguridad. De acuerdo con un estudio reciente, en países como Venezuela, Perú y Bolivia la percepción de inseguridad se sitúa por arriba de los 50 puntos, en una escala del 0 al 100 (de menor a mayor percepción de inseguridad). Por su parte, en México, Argentina y Brasil, la percepción de inseguridad fluctúa entre los 46 y 55 puntos.[1] De acuerdo con el mismo estudio, con la excepción de Ecuador, en todos estos países el nivel de satisfacción respecto a la labor de las policías se encuentra por debajo de 50 en una escala de 0 a 100 puntos (de menor a mayor satisfacción).[2] Más aún, Bolivia, Venezuela, Perú y México ocupan, junto con Haití, la lista de los 5 países con menores niveles de satisfacción frente a la labor policial.

En mi investigación sobre la historia de los linchamientos en México, he registrado cientos de casos que, como Tláhuac, están mediados tanto por miedos colectivos como por una fuerte ruptura entre la legalidad construida por el Estado y la legitimidad percibida por la ciudadanía.[3] No obstante, el linchamiento de Tláhuac ocupa un lugar particular en la memoria colectiva y en el debate actual sobre inseguridad y violencia en México. Las razones tienen que ver, entre otras, con la visibilidad de este caso, su carácter mediático y el perfil de sus víctimas. El que este linchamiento haya sido grabado y transmitido en vivo por una de las cadenas de televisión más importantes en México, Televisa, hizo del linchamiento en Tláhuac un espectáculo de violencia consumido de manera masiva y a escala nacional. El perfil de las víctimas, en particular su pertenencia a la PFP, considerada entonces una de las fuerzas de seguridad más importantes del país, contribuyó también a hacer de Tláhuac uno de los linchamientos más discutidos en México. En particular, las muertes de Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla y el rescate tardío de Edgar Moreno, con daños físicos y psicológicos graves, se convirtieron en un ejemplo inequívoco de la debilidad y falta de coordinación de las instituciones de seguridad en el país. Lo que es más, el linchamiento de estos tres agentes de seguridad puso de manifiesto la desconfianza latente frente a las instituciones de seguridad y su vínculo con la reproducción de la violencia. A la afirmación desesperada de Edgar Moreno frente a las cámaras “somos de la PFP” y “soy policía” le siguieron la violencia de docenas de pobladores que, impasibles, continuaron golpeándolo, y la denuncia de muchos otros que expresaron su hartazgo y desconfianza frente a los cuerpos policiales argumentando que dejaban libres una y otra vez a supuestos criminales.

En su trabajo sobre violencia en El Salvador contemporáneo, la antropóloga Elana Zilberg hace uso del tropo del “doble cara” para referirse a la desconfianza que permea la cultura política de dicho país y que subyace a la percepción ciudadana tanto de autoridades como de supuestos delincuentes. Dentro de la lógica del “doble cara”, afirma Zilberg, “las cosas nunca son lo que aparentan ser, lo ‘real’ está siempre enmascarado”.[4] La historia reciente de los linchamientos en México nos permite subrayar la presencia de una lógica similar en el proceso de reproducción de la violencia en el país.

El tropo del “doble cara” se manifiesta en el caso mexicano en una política de la sospecha que se alimenta de la circulación de rumores, de una desconfianza profunda en las autoridades y de un hartazgo frente a niveles de violencia y delito percibidos como arbitrarios e incontrolables. En la lógica del “doble cara”, policías son vistos como secuestradores, como en el caso de Tláhuac, y encuestadores son acusados de roba-chicos, como en el linchamiento de Ajalpan, ocurrido el 20 de octubre de este año. Bajo esta política de la sospecha, la culpabilidad se basa en rumores que —al ser repetidos y transmitidos en contextos de inseguridad y desconfianza— logran instalarse como verdad única y como precursores de violencias y venganzas colectivas.

Las figuras del “policía-secuestrador” o del “policía-delincuente” se vuelven plausibles a los ojos de ciudadanos que han sido testigos de la corrupción y la participación de las autoridades en actividades delictivas —desde robos y secuestros hasta crimen organizado— de manera sistemática. Más aún, la noción del “encuestador-roba-chico” encuentra su justificación en una política que ha hecho de la seguridad a cualquier costo el valor más importante de la vida pública, al tiempo que ha fomentado un discurso que criminaliza a los jóvenes —particularmente a jóvenes varones de zonas marginales. En otras palabras, para entender el tropo del “doble cara” y los rumores y miedos colectivos que lo alimentan, es necesario subrayar tanto la permeabilidad de las autoridades frente al crimen como la existencia de una política pública que en el discurso y en la práctica ha hecho del delito y los supuestos delincuentes su principal objeto.

En la era de las “obsesiones criminales” para usar un término acuñado por Jean and Joan Comaroff,[5] la figura del “doble-cara” se manifiesta tanto en la criminalización de los ciudadanos por parte de la autoridad como en la desconfianza ciudadana frente a la posible criminalidad de las autoridades. Se manifiesta, además, en la criminalización de ciudadanos por parte de los ciudadanos mismos que buscan y fabrican culpables. A once años del linchamiento en Tláhuac y tras el encarcelamiento de más de treinta personas, incluidos los “autores intelectuales”, Alicia Zamora Luna y Eduardo Torres Montes, la política de la sospecha continúa informando la memoria y el entendimiento del caso. ¿Eran los agentes de la PFP encargados de un operativo anti-narcomenudeo o estaban investigando actividades de grupos subversivos? ¿Estaban los instigadores del linchamiento coludidos con las redes de narcomenudeo? ¿Eran los autores intelectuales miembros de grupos armados que operaban en la zona?

Desde Tláhuac hasta Ajalpan, la política de la sospecha en el México contemporáneo se alimenta de una larga historia en la que la fractura entre legalidad y legitimidad ha hecho posible el surgimiento de “doble-caras” que sirven para justificar el uso de la violencia. En la fabricación del “policía-delincuente” y del “ciudadano-culpable”, la constante es el miedo y el uso de la violencia como instrumento para acceder a una seguridad efímera y coercitiva. En este proceso de “doble-cara”, la ciudadanía —encarnada en comunidades que dicen actuar en nombre de la justicia— adquiere a su vez una identidad doble: la de “víctima-victimario” y la de “ciudadano-tirano” que, lejos de revertir la violencia, la reproduce y magnifica.


Referencias

[1] Elizabeth J. Zechmeister (ed.), “The Political Culture of Democracy in the Americas 2014: Democratic Governance across Ten Years of the Americas Barometer”, LAPOP, Vandervilt Unviersity, Americas Barometer, Diciembre 2014, p. 33.

[2] Zechmeister, p.77.

[3] Gema Santamaría, “Lynching Violence in Twentieth-Century Mexico: State Formation, Democracy and Local Communities in Puebla» (tesis doctoral, New School for Social Research, 2015).

[4] Elana Zilberg, “Gangster in guerilla face: A transnational mirror of production between the USA and El Salvador
”, Anthropological Theory,  Vol. 7, No. 1 (2007), p. 39.

[5] Jean Comaroff and John Comaroff, “Criminal Obsessions, after Foucault: Postcoloniality, Policing, and the Metaphysics of Disorder”, Critical Inquiry, Vol. 30, No. 4 (2004), pp. 800-24.


(Foto: cortesía de André Gustavo Stumpf.)

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