¿La (re)captura del Chapo afecta la relación México-Estados Unidos?

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Desde que Enrique Peña Nieto se convirtió en candidato presidencial en marzo de 2012, en Washington se preguntaban una y otra vez: ¿es confiable el abanderado priista?, ¿qué postura tomará respecto a la cooperación con Estados Unidos en materia de drogas y seguridad?

Bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, tanto en la Casa Blanca como en Los Pinos convinieron que la cooperación México-Estados en materia de seguridad había alcanzado un nivel sin precedentes. Sin embargo, en diciembre de 2010, WikiLeaks hizo públicas las comunicaciones privadas y confidenciales del embajador estadounidense Carlos Pascual: en ellas se revelaba un relato muy crítico del gobierno calderonista y sus instituciones en la guerra contra el narcotráfico.

De acuerdo con esos cables, Washington decidía con qué agencias del gobierno mexicano compartía inteligencia sobre el narco, sin ocultar su preferencia por la Marina sobre la policía federal y el Ejército. Fueron marinos mexicanos quienes en diciembre de 2009 eliminaron a Arturo Beltrán Leyva, antiguo socio y después feroz rival del “Chapo”. Una cosa es saber que Washington espía a todo el mundo, y otra es confirmar que también las comunicaciones del presidente de México estaban siendo intervenidas por su vecino, socio y amigo. Ello llevó a Calderón a decirle a Washington que ya no veía como interlocutor válido a Pascual, quizá el mayor estratega en seguridad entre sus embajadores recientes.

¿Qué cambió con Peña Nieto? Una vez instalado Peña Nieto en Los Pinos, se filtró hacia adentro la versión de que el gobierno de Calderón había seguido la estrategia de perseguir a todos los carteles, con excepción del Cartel de Sinaloa. Y hacia afuera se instituyó al titular de la Secretaría de Gobernación como ventanilla única para manejar información sensible con Estados Unidos. Ello provocó una reacción negativa de Washington, en privado. Sin embargo, en los hechos se confirmó que los canales de comunicación de la marina mexicana con sus interlocutores estadounidenses seguían sólidos. Más allá de la desconfianza recíproca, tanto México como Estados Unidos declararon que los flujos de información y los niveles de cooperación continuarían.

El gobierno de Peña Nieto capturó al “Chapo” dos veces, en febrero de 2014 y en enero de 2016; y aunque el mérito se atribuyó al gabinete de seguridad en conjunto, en ambos episodios jugó un papel conspicuo la marina mexicana y, presumiblemente, las fuentes de inteligencia estadounidense.

¿Qué efectos tendrá la recaptura del Chapo Guzmán en los acuerdos de seguridad entre la Casa Blanca y Los Pinos? En la guerra contra el crimen organizado el activo más preciado es la información confiable.

El día de hoy todavía permanecemos en las recriminaciones mutuas: mientras que ellos nos acusan de indolentes para detener el tráfico de drogas hacia el norte, nosotros les reclamamos que nos inundan de dinero “caliente” y de armas canalizadas por las mismas rutas usadas para traficar drogas a través de la frontera.

En mayo de 2013, en su visita a la ciudad de México, el presidente Obama declaró: “Reconocemos que la causa de raíz de la violencia que tiene lugar en México es la demanda por drogas ilegales en Estados Unidos; y debemos admitir que la mayor parte de las armas utilizadas para cometer actos de violencia aquí en México proceden de Estados Unidos.” Muchas de estas armas habrán ido a parar a manos del Chapo y su banda criminal, asesinos múltiples, sembradores de violencia.

Los criminales mexicanos están encantados con las leyes estadounidenses sobre armas, publicó recientemente el The Washington Post. Según la nota, el 70 por ciento de las armas usadas en actos criminales en México provienen de Estados Unidos. Los lobbies como la Asociación Nacional del Rifle y los políticos que se benefician de sus contribuciones a sus campañas, se oponen firmemente a las reformas impulsadas por el presidente Obama que pretenden restringir la posesión de armas.

¿Cooperar para qué? El Chapo ha declarado que con él en la cárcel, o incluso eliminado, para nada cambiaría el billonario negocio de la droga.

Hay mucha hipocresía de ambos lados. A ninguno de los dos gobiernos parece interesarle develar los vínculos entre el crimen organizado, el lavado de dinero y la protección de políticos al tráfico.

La discusión sobre la extradición del “Chapo” Guzmán se plantea al tiempo que en Estados Unidos transcurren las precampañas hacia la elección presidencial del 8 de noviembre de 2016. Allá, la extradición es la solución inevitable ante lo que ven como la incapacidad de México para evitar su tercera fuga; desde acá, se abre la interrogante respecto a qué peces gordos mexicanos incriminaría Guzmán Loera al estar preso en suelo estadounidense.

También el tema de la inteligencia financiera es relevante. Mientras Humberto Moreira fue detenido en Madrid por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, en México fue exonerado. Esto alimenta el escepticismo de los mexicanos: el SAT no incluye entre sus perseguidos a la nobleza política.

No basta con encarcelar a capos mexicanos, cuyo negocio requiere de operadores, socios y canales de distribución estadounidenses: ¿quiénes son los mercaderes de la muerte en Estados Unidos que se quedan con el grueso del dinero del tráfico ilegal de armas y estupefacientes?

Una estrategia bilateral coherente implicaría que cada parte aborde el problema común desde su lado de la frontera. Una estrategia transfronteriza de cooperación en seguridad parte del reconocimiento de que el problema no reconoce fronteras, y que por lo tanto su abordaje implica construir soluciones conjuntas de cara al desafío compartido.

Sea o no extraditado el “Chapo”, la eficacia y el éxito de la cooperación México-Estados Unidos en seguridad dependerá de que ambos gobiernos emprendan dos virajes altamente improbables:

1. Dar fin al paradigma de la prohibición y gravar fuertemente el negocio de las drogas –así como el alcohol y el tabaco.

2. Enfocarse en el problema de salud pública, en la prevención de la violencia y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.


(Foto: cortesía de Presidencia de la República Mexicana.)

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