Las carencias de la reforma política de la Ciudad de México

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

El gran logro de la reforma política de la Ciudad de México, en cuanto al régimen delegacional, es que las 16 delegaciones políticas tendrán a partir de 2018 un gobierno plural, de mayor representación ciudadana. Si se considera que la mayoría de las delegaciones han sido rehenes de la herencia electoral de los grupos partidistas, estamos hablando de un gran logro. Pero un mejor gobierno no debería ser el fin en sí, sino una mejor prestación de servicios a los ciudadanos: es aquí donde la reforma se queda corta, invierte los objetivos y puede desilusionar a la ciudadanía.

En materia de representación electoral, la reforma permitirá pasar de un modelo de gobierno unipersonal, centrado en el delegado, a uno pluripersonal, encabezado por el alcalde y sus concejales. En última instancia el gobierno de las alcaldías se definirá en la constitución política de la ciudad, siguiendo ciertos principios que se mandatan desde la constitución federal: a partir de 2018 la alcaldía se elegirá por medio de planillas de entre siete y 10 candidatos, comenzando con el alcalde, en el número que para cada demarcación determine la constitución. No podrá haber menos de 10 concejales ni más de 15. Se elegirán de mayoría relativa y representación proporcional, en proporción 60-40%.

En adición se prevé que las actuales 16 demarcaciones territoriales se puedan reconfigurar. Fue en 1970 cuando, por la creciente realidad urbana que enfrentaba el Distrito Federal, se conformaron las actuales. Esta potestad para aumentar las demarcaciones es razonable cuando se cuenta con una delegación como Iztapalapa, que alberga una población 10 veces mayor que, por ejemplo, Cuajimalpa, la delegación con menor peso poblacional.

Muchos defensores de la reforma, en ese aspecto, dirán que esta nueva representación, a pesar de los costos que implica en servicios personales y gasto corriente, es un gran logro. Se podrá decir además que la reforma no solo avanza en el renglón de la representación política, sino que también da mayores atribuciones a las delegaciones, que ahora podrán: aprobar su presupuesto, dar seguimiento a las acciones de gobierno y ejercer su presupuesto con racionalidad y disciplina.

Sin embargo, al revisar con atención la representación electoral que del modelo municipal se extiende a las alcaldías podemos prever que en este aspecto los resultados no serán del todo satisfactorios, pues lo que veremos será engrosamiento del aparato gubernamental, con los costos que esto implica. Además, el modelo estatal y municipal no se puede extender a la Ciudad de México por varias razones, unas constitucionales y otras de carácter administrativo.

En primer lugar, la Ciudad de México es capital y sede de los poderes federales. En segundo lugar, los servicios urbanos básicos como el agua potable, el transporte, y la seguridad pública están y deberán seguir centralizados, considerando que la réplica del modelo de funciones municipales a que se refiere el artículo 115 constitucional, supondría ir en contra de la uniformidad, la continuidad urbana y la alta concentración poblacional de la Ciudad de México y del propio valle de México. Me explico: sería realmente imposible imaginar, por ejemplo, 16 sistemas de agua potable o de drenaje en la ciudad, que aparte podrían estar desarticulados por las luchas partidistas y electorales.

Entonces, ¿qué modifica la reforma política de la Ciudad de México?

La reforma política de la Ciudad de México es en realidad un arreglo entre las fuerzas políticas actuales que tiene fines primordialmente electorales y que carece de una propuesta que beneficie tangiblemente a la ciudadanía. Esa debió haber sido la verdadera reforma del régimen delegacional: una que se centrara en la mejor prestación de servicios públicos y no únicamente en la elección democrática de sus integrantes. Por ende, será el constituyente de la Ciudad de México quien, como poder constituyente sin limitación alguna, tendrá la oportunidad (magnífica) de rehacer el modelo de administración pública en la ciudad.

Esta reforma se queda corta sobre todo en la propuesta para la atención de los problemas urbanos y metropolitanos. En su origen, la reforma pretendía modificar la manera en que se eligen los representantes populares en el nivel de las actuales delegaciones, sí, pero también atender al contexto en el que viven los capitalinos interesados en contar con ciudades inteligentes y competitivas que aprovechen y potencialicen las ventajas de la concentración urbana, para incrementar el bienestar general y reducir las desigualdades sociales.

En ningún otro lugar como en la Ciudad de México ocurre con mayor nitidez el fenómeno metropolitano. En el país, 56 de cada 100 mexicanos están viviendo una realidad metropolitana. En la ciudad de México, 99.5% de la población vive en un contexto urbano, cuando el promedio nacional es de 78%.

¿Y que hizo la reforma política de la Ciudad de México para hacer frente a este problema y evitar que, conforme avance el proceso constituyente, este sea cooptado por la lucha de la clase política? Muy poco. La reforma establece que la zona metropolitana del valle de México tendrá una ley emitida por el Congreso de la Unión, mediante la cual se constituirá un consejo de desarrollo metropolitano que acordará acciones en materia de asentamientos humanos, protección al medio ambiente, transporte, tránsito, agua potable, drenaje, desechos sólidos y seguridad pública. Pero estas figuras, aunque con resultados insuficientes, ya existen desde 1996, cuando se crearon los primeros consejos metropolitanos, y con mayor vigor desde 2008, cuando los consejos dieron paso a los fondos metropolitanos.

Los problemas de movilidad, de seguridad pública, de gestión de residuos, de medio ambiente, de uso de suelo, por mencionar los principales, son estrictamente metropolitanos. Ante la continuidad histórica, la cotidianidad de la vida citadina y la proximidad urbana de más de veinte millones de personas, la reforma política de la Ciudad de México sólo se concentra en el reparto del poder al interior de las actuales delegaciones, pero, al no poner en primer lugar de la agenda constituyente el diseño de las alcaldías para un mejor servicio público, no responde a los problemas metropolitanos.

Para esta realidad metropolitana y en perjuicio de los capitalinos, hoy existen incoherencias que los gobiernos no han sabido traducir administrativamente.

Ejemplos sobran.

  • Distintas placas para los vehículos aunque los vehículos circulen en la misma zona metropolitana.
  • Diferentes cuotas o tarifas para cada uno de los subsistemas de transporte público.
  • Una distribución inequitativa de agua potable en calidad y cantidad por las distintas tarifas, aunque el agua provenga casi en su totalidad de la misma fuente de abastecimiento.

Desafortunadamente, el debate sobre la mejora en la gestión urbana quedó relegado, atado a las pugnas partidistas y dejado para después, aunque sea lo primordial. Los ciudadanos tendrán que esperar para otra ocasión una verdadera trasformación del régimen de gobierno capitalino que responda a los problemas más cercanos a la población. El régimen administrativo actual en el que se desenvuelven las delegaciones está agotado. Sin embargo, a pesar de la reforma constitucional de la Ciudad de México, no hay buenas señales para salir de la inmovilidad y parálisis en la gestión pública en ese nivel de gobierno.

En este campo, los constituyentes de la Ciudad de México deberán trabajar y ser creativos para alcanzar un modelo de alcaldías que sí mejore la representación política entre las fuerzas políticas locales, pero sobre todo que se tome con seriedad la tarea de fortalecer la capacidad de gestión de las alcaldías para brindar buenos servicios urbanos, con el fin de evitar el posible desencanto de la ciudadanía.

Es necesaria una mayor representación al interior de las alcaldías, pero debe también acompañarse de mayor autonomía de gestión, a fin de que esta representatividad no sea estéril en la demanda legítima por servicios, obra y programas de gobierno. El proceso constituyente debe sentar las bases para que con imaginación y creatividad en la constitución política de la Ciudad de México, vigente para 2018, se potencien las capacidades de las actuales delegaciones y se supere su incapacidad para solucionar los problemas de baches, mala iluminación en las plazas y jardines, falta de agua potable y fallas del servicio de transporte.

Debemos confiar en que haya talento constituyente suficiente para que por primera vez la palabra “delegado” o “delegación” deje de tener el sentido que tuvo durante el siglo XX –el de ser un representante designado por “dedazo” del presidente– y que retome un auténtico sentido democrático.

(Foto: cortesía de Andre Deak.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Shopping Basket