¿Las horas más oscuras para la transparencia?

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tiene la oportunidad histórica de constituir un Instituto de Transparencia ciudadano, independiente y fuerte; en los días por venir se demostrará si está a la altura de su responsabilidad.

| Transparencia

Decía Winston Churchill que «dificultades dominadas son oportunidades ganadas». Y eso es lo que la Asamblea Legislativa tiene frente a sí con el proceso de selección de los comisionados del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (CDMX): la ocasión para dominar las dificultades e irregularidades que se han vivido en el proceso y transformarlas en la oportunidad de darle a la ciudad un instituto fuerte, ciudadano y, sobre todo, independiente. O la ocasión para no hacerlo así y repartirse las posiciones en el instituto por el método de cuotas y cuates.

En el marco de la integración del Sistema Anticorrupción de la CDMX, la Asamblea Legislativa tiene la tarea de seleccionar a los comisionados ciudadanos que integrarán el nuevo Pleno del Instituto de Transparencia. Y es claro que lo mejor para la ciudad es contar con las personas más capacitadas y autónomas, pues esas cualidades les darán la legitimidad para defender los derechos de los ciudadanos frente a las autoridades.

Pero la tentación para no hacerlo así es grande, porque lo que está en juego es la posibilidad de exigir rendición de cuentas al gobierno que sale y al que llegará a finales del 2018. Si los comisionados son un verdadero contrapeso ciudadano, los capitalinos tendremos la certeza de que están ahí para combatir la corrupción sin proteger a nadie. Si los comisionados no son independientes o no conocen el tema a fondo, acabarán por hacer comparsa al gobierno y no ponerse del lado de los ciudadanos, porque responderán a la lealtad generada por el proceso de designación, que no es para con el interés público, sino para con aquellos que los apadrinaron.

Ese es el problema fundamental detrás del proceso de designación: si estará encausado a generar un pacto de protección entre los designadores y los designados —mediante la selección de perfiles cercanos a los asambleístas— o si se centrará en elegir a los mejores perfiles independientes que verdaderamente combatan la corrupción.

Hasta ahora el proceso ha sido muy accidentado. Primero por la apertura de una convocatoria durante solo unas horas en víspera de Navidad, decisión cuestionada por veinticuatro organizaciones de la sociedad civil. Luego, por la falta de claridad sobre el proceso de entrevistas, cuya realización se aprobó hasta el 12 de enero, día del cierre de la convocatoria. Y ahora por la ampliación del plazo para recepción de solicitudes de personas del género femenino, en razón de que «solo un tercio de las candidaturas originales son mujeres», lo que alimentó la desconfianza de las mismas participantes que sí cumplieron con la fecha límite original y de la sociedad civil, que se pronunció contra esta ampliación en una carta firmada por más de ciento cincuenta organizaciones el pasado 26 de enero.

Sin embargo, también hay señales muy positivas que indican que hay quienes quieren fortalecer el proceso. La Comisión de Transparencia ha enmendado en el camino al otorgar un plazo razonable a los candidatos para presentar sus documentos tras el cuestionamiento de la sociedad civil. También al celebrar entrevistas públicas y transmitirlas por internet. Y ahora al convocar a un foro con la ciudadanía para discutir las virtudes que deben tener los próximos integrantes del instituto y del Sistema Local Anticorrupción. Los diputados dentro de la Comisión de Transparencia se han manifestado públicamente defendiendo el proceso, y sus acciones muestran que su compromiso con la imparcialidad del mismo ha crecido conforme este ha avanzado.

Pero el asunto trasciende a la Comisión de Transparencia —la facultada legal para conducir el proceso—. El Pleno de esta última Legislatura del Distrito Federal tiene en sus manos la votación final para designar a los comisionados. ¿Votarán por un instituto de verdad ciudadano e independiente de la propia Asamblea? ¿O sucumbirán ante la tentación de las cuotas y los cuates? El problema que subyace a estos cuestionamientos es que los incentivos de los asambleístas son elegir a comisionados que puedan proteger sus intereses ante un escenario de incertidumbre política por las elecciones del 2018, mientras que el interés de la ciudadanía debe ser contar con comisionados que den la batalla contra la corrupción, sin importar el partido del gobierno que sale y que entrará a finales de año.

¿Por qué los asambleístas tienen incentivos para elegir y repartir bajo el criterio de cuotas y cuates? Primero, porque pueden. Nadie los va a castigar por no guiarse bajo los principios de imparcialidad e independencia política que establece la ley para el proceso de selección. Segundo, porque no hay un vínculo real entre ellos y los intereses de sus representados, debido —entre otras cosas— a la reciente implementación de la reelección legislativa en México. Tercero, porque sus carreras políticas no dependen de esta decisión ni de la aprobación o reacción que ella genere en los electores; al contrario, dependen más de las lealtades dentro de sus partidos políticos, para los que el sistema de cuotas y cuates es más funcional.

Aun a pesar de estos incentivos y de lo accidentado del proceso debe ser posible que los legisladores integren un Info CDMX independiente y ciudadano, pero, ¿cómo lograrlo?

Como dijo también Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Si una mayoría dentro de la Asamblea quiere entregarle a la CDMX un instituto que sea un contrapeso real y un espacio para la ciudadanía, deberá actuar con responsabilidad designando como comisionados ciudadanos solo a aquellas siete personas que cumplan con el criterio de independencia política y que conozcan el tema a cabalidad, con experiencia probada. Además de ser transparentes y rendir cuentas respecto al proceso de selección.

¿Cómo rendir cuentas sobre su decisión? Si se publican las calificaciones de las entrevistas hechas a los candidatos y se justifican los criterios que les llevan a la elección de unos por encima de otros —¿equidad de género? ¿Especialización en datos personales vs. transparencia?— en caso de haber más de siete candidatos con evaluaciones estelares. Si se incorporan las opiniones de la sociedad civil en el foro del 3 de febrero de manera sistemática, traduciéndolas en parte de su decisión. Si se propicia que la discusión del dictamen en la comisión sea transparente, con calificaciones y expedientes en mano. Si se genera un debate amplio en el Pleno de la Asamblea, donde se presenten las credenciales y se justifique la independencia política de cada comisionado designado.

Todo esto no siempre es suficiente para asegurar la selección de los mejores perfiles, pero sin estas condiciones de transparencia en el proceso, se elegirán comisionados que acabarán por doblar las manos ante la corrupción y el mal gobierno, porque serán representantes de los intereses de quienes los eligieron y no de la ciudadanía.

Alcanzar este nivel de transparencia en el proceso es difícil en un país en el que la confianza en las instituciones es muy baja, y las decisiones importantes se toman tras bambalinas. Pero si esta Asamblea se ha envuelto en el lema de «Parlamento Abierto», debemos exigir que actúen en consecuencia, que den pasos en esa dirección.

Como participante en el proceso digo algo que muchos ciudadanos no se atreven decir —no sin motivos—: confío en las instituciones y confío en la Asamblea. Creo que las señales positivas que ha dado la Comisión de Transparencia, su oposición a la decisión de la Comisión de Gobierno para ampliar la recepción de solicitudes y las declaraciones públicas de múltiples asambleístas exigiendo que el proceso se lleve a buen término son un signo de que no todos dentro de la Asamblea son parte del pacto de las cuotas y los cuates. Los diputados que participaron en las entrevistas: Dunia Ludlow, José Suárez del Real, Gabriel Corchado y Ernesto Sánchez —todos de diferentes partidos— han impulsado de manera activa el mejoramiento del proceso, reconociendo sobre la marcha que se requiere blindarlo de cualquier injerencia motivada por consideraciones políticas, mediante la elección de solamente a los mejores perfiles. Ahí está la diputada Ludlow —con un consistente historial en favor de la transparencia—, cuestionando la legalidad del acuerdo de la Comisión de Gobierno que reabrió la recepción de candidaturas. Ahí está el diputado Suárez del Real llamando para que ese acuerdo se declare inválido y se elija considerando solamente a los candidatos originales. Ahí está el diputado Sánchez aceptando el acuerdo de la Comisión de Gobierno por respeto a las reglas, pero reconociendo que de fondo hace más turbio el proceso. Y ahí está el diputado Fernando Zárate, que aun sin ser parte de la comisión ha sido muy vocal en contra de las decisiones que han enturbiado el proceso.

En este escenario que evidencia las luces y sombras dentro de la Asamblea varios aspirantes ciudadanos nos atrevimos a participar desde la independencia política, sin el padrinazgo de un partido o de un diputado. En mi caso, participé en el proceso porque creo que estos espacios deben ser recuperarados por parte de la ciudadanía y que solo participando lo vamos a lograr. Confío en que los asambleístas —una mayoría de ellos— decidirán pensando en el bien de la ciudad y que todos los participantes tendremos claridad de que se tomó la decisión correcta, seamos o no designados. Pero, sobre todo, confío en que la ciudadanía mirará a los comisionados y sabrá que están ahí para defender sus derechos y no para proteger intereses de nadie más, ni solo para ocupar una plaza y cobrar un sueldo del erario.

El acceso a la información y la protección de datos personales son dos de los grandes legados de la transición democrática en México. Hay que defenderlos. De la decisión que la Asamblea tome dependerá la capacidad que los ciudadanos tendremos de exigir cuentas al gobierno saliente este año y al que sea que llegue después de las elecciones. La capacidad que los ciudadanos tendremos de asegurar que nuestros datos personales sean protegidos y no mal utilizados. La capacidad de tener una institución nuestra, que combata a los corruptos, que defienda nuestro derecho a saber, que obligue a los gobernantes a rendirnos cuentas. Si no contamos con una institución así, corremos el riesgo de que la información que documenta casos de corrupción sea ocultada, de que nuestros datos personales sean utilizados para fines electorales y de que los funcionarios del gobierno se sepan protegidos por comisionados a modo que les cuidarán las espaldas.

La sociedad civil debe seguir vigilando este proceso y hacer que el costo de las cuotas y los cuates sea impagable para quienes quieren optar por esa salida, como lo hicieron con la carta publicada el 26 de enero. Los participantes en el proceso debemos exigir claridad, certeza jurídica y completa y absoluta transparencia sobre la decisión adoptada. Los ciudadanos deben entender que lo que está en juego son sus derechos y participar, acudiendo a las redes sociales y contactando a sus representantes. Si no queremos que se vivan las horas más oscuras para la ciudad, demos vigilar y actuar. Porque como dijo Churchill, «no es tiempo para la comodidad y facilidad. Es tiempo de atreverse y de resistir». Los próximos días serán cruciales: ni la sociedad civil ni los participantes en el proceso, ni los ciudadanos debemos despegar los ojos de la importante decisión que la Asamblea está por tomar. Es tarea de todos.

Artículos relacionados