Los «arcana imperii» de Rajoy y Puigdemont

La coyuntura por el «procés» catalán de independencia es una lección sobre el manejo público de la información y la claridad de intenciones políticas. Sin explicaciones claras de ambos bandos y con negociaciones a puertas cerradas, la derecha ideológica parece salir ganando.

| Internacional

En el conflicto político –y por fortuna hasta el momento no armado– que representa el procés catalán de independencia hay matices que me parece han sido poco considerados en las columnas y los ensayos a favor o en contra de uno u otro lado. Un primer matiz de la contienda política de los que quiero destacar es el desarrollo de una narrativa triple del proceso, auspiciada por los protagonistas del mismo, quienes al hacerlo se igualan sin querer como sujetos con un enorme sentido del realismo político, pero alejados tremendamente del léxico democrático, institucional y de responsabilidad que ambos afirman los guía en sus actos. Es decir, los protagonistas a ambos lados del conflicto –el gobierno español y el govern catalán– han presentado a la ciudadanía, la opinión pública internacional y los medios de comunicación, mediante documentos oficiales y declaraciones en espacios institucionales –como los parlamentos–, un intento de explicación de sus actos aduciendo razones legales y políticas y hasta invocando convicciones personales inamovibles.

Sin embargo, al analizar el desarrollo de los acontecimientos y teniendo en cuenta el conjunto de la información que nos ofrecen los medios, y en especial las declaraciones «selectas» que suelen destacarse en Twitter o en la web de los medios, nos damos cuenta de que los discursos de ambas cabezas claras del conflicto, Rajoy y Puigdemont, no explican en realidad o de manera transparente los razonamientos de sus decisiones. Y dejan al público demasiado margen para la especulación, o bien, para que los partidarios de cada bando se limiten a aferrarse a argumentar la ley o sus principios como el único y sagrado móvil que los impulsa. Esgrimen como marco de sus actuaciones la ley, la preservación de la democracia, el mandato popular y la legitimidad, y me parece que visto de forma general, inocua, podría decirse que ambos bandos tienen elementos para hacerse de dichas banderas; no obstante, resulta obvio que sus motivaciones legítimas contienen más aspectos que el mero apego irrestricto a la ley o el derecho de autodeterminación del pueblo catalán y el mandato de la mayoría legislativa independentista.

Sin duda, las negociaciones políticas en los procesos gubernamentales, y en particular en los momentos de una gran tensión política, suponen que los actores mantengan discreción y guarden para sí mismos información que les resulta estratégica en el proceso de negociación; esto es normal, pero cuando hablamos de un conflicto que amenaza la convivencia social y entre cuyos posibles desenlaces está presente incluso la sombra de la guerra civil, existe la responsabilidad democrática de contar con una narrativa consistente  para explicar de forma oficial y ante la opinión pública la racionalidad de las decisiones que se toman. En ese sentido, me parece que hasta el momento ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont han sido capaces o no han tenido la voluntad de ofrecer una explicación consistente respecto a dos elementos básicos para entender sus actuaciones: su verdadera posición ideológica dentro del sistema político español y la apertura de sus procesos de negociación, tanto entre ellos como en relación con otros actores nacionales e internacionales.

Veamos. En el caso de Rajoy no se ha dado una respuesta clara a las denuncias de parte de los políticos independentistas y de la oposición política oficial, liderada básicamente por Podemos, en el sentido de que el gobierno del Partido Popular ha conducido una estrategia sistemática que, de facto, ha tenido como resultado minar la autonomía de las instituciones políticas y judiciales españolas para que muchos empresarios y políticos ligados a este partido hayan podido obtener beneficios de impunidad ante peculados al erario público y maniobras financieras fraudulentas o de legalidad y ética cuestionables.

Ante ello cabe preguntarse, ¿por qué el silencio y la falta de una respuesta clara, además de la parcialidad de muchas medios de comunicación que no cubren dichas denuncias? ¿Podemos inferir de una estrategia así una posición ideológica? Pienso que sí, y que de esa posición debería tratarse también el debate respecto al procés catalán. La definición política del actual gobierno español entonces sería no solo de derechas, en su sentido tradicional –digamos de políticas regresivas–, sino que también tendría un cariz ligado al legado vivo del franquismo, y no me refiero precisamente a la parte autoritaria o a la relación del Estado español con el Estado eclesiástico, más bien a que pareciera que ha revivido un legado ideológico, sistémico de aquella época oscura: la tendencia de proteger a un grupo de actores políticos y empresarios que veían al Estado de forma patrimonialista. O sea, lo monarquista, nacionalista y conservador va de suyo; era predecible de los gobiernos del Partido Popular, y de hecho hay que admitir que existía y existe una parte importante de la sociedad española que comparte esas coordenadas políticas. Ante ello, la oposición democrática y la educación son la única vía serena de cambio.

El problema con la falta de una respuesta clara del gobierno de Rajoy y con las evidencias del enquistamiento de la visión patrimonialista de la política en su gobierno, es que el patrimonialismo vacía de sentido los discursos nacionalistas y legalistas ‒«constitucionalistas», como le han llamado ellos mismos‒; dicho de otra forma: los convierte en «hace mentiras», en mera simulación.  Crea un orden legal y judicial de jure y otro de facto, y empuja a las clases medias de tendencias democráticas a la desafección política y el cinismo. A la larga esto termina por descomponer el orden jurídico y social general. Legal fue la inquisición española, legal la esclavitud y legal el holocausto. Casi siempre, mientras más hablan los políticos de legalidad es porque más alejados están de la justicia y la legitimidad.

Adicionalmente, el patrimonialismo se ha mostrado especialmente nocivo para la existencia efectiva de un sistema de información imparcial, pues suele alcanzar, como en el caso español, al sector de los medios de comunicación masiva y corromperlos hasta hacer de ellos una extensión de los boletines de prensa gubernamentales. Ello mina los fundamentos democráticos de cualquier sistema político; y, en consecuencia, un problema colateral es que el patrimonialismo como ideología política es un valor que fácilmente se hereda a las nuevas generaciones, que aprenden con rapidez las reglas del doble discurso. Todo esto sumado a los efectos concretos de las políticas públicas regresivas emanadas de esos regímenes y al aumento de la desigualdad económica lleva a una dilución de la esencia republicana de la política nacional, es decir, de la dignidad y representación de las mayorías como base de la democracia.

Desde el lado del gobierno de Puigdemont, quien se ha entregado a la policía en Bruselas, muchos críticos entre los grupos anticapitalistas han denunciado que el independentismo catalán es en realidad un movimiento político emanado de la burguesía y con una carga elitista que no lo aleja mucho de la derecha en el espectro político, y especialmente económico. Han señalado de manera particular la contradicción entre su recientemente descubierta sed de libertades civiles y su no lejana historia de respuestas de mano dura contra las movilizaciones sociales anticapitalistas y críticas de las políticas económicas de los gobiernos anteriores del Partido Demócrata Europeo Catalán.

La coalición de los independistas con los anticapitalistas en el proceso ha llevado a que la declaración de independencia prometiera que la República catalana sería «social». Pero lo cierto es que no hay en la declaración, en ley de transición y ni siquiera en los discursos de los miembros del govern referencias sobre cómo sería ese programa «social» de gobierno, ni tampoco ninguna promesa explícita de que se evitarían políticas de recortes al gasto social o simplemente que se desarrollaría una estrategia fiscal progresiva. A esto habría que sumarle que aun en el escenario de un triunfo acelerado en la emancipación de la nueva república, los costes económicos y sociales serán altos, y naturalmente quienes se encuentran más vulnerables ante ellos son las personas en los quintiles de ingresos inferiores. El proyecto de la nueva república «social» debería haber confesado esos costes, al menos de manera más sincera. De lo contrario, parecería tener sentido la crítica de que una Cataluña independiente, además de la «autodeterminación» de facto, irónicamente, no parece garantizar para la vida diaria de los pobres algo muy diferente a lo que les ofrece el Estado español, pero bajo una bandera distinta y con un mayor respeto hacia su lengua y cultura. Insisto, no digo que no sea una aspiración legítima y para muchos más que suficiente para anhelar la independencia, solo que ha habido una laguna en los argumentos oficiales de la coalición independentista.

Políticos de alto nivel presos por delitos de «sedición» y «rebelión», destacamentos armados que esperan en sigilo en barcos del puerto prestos a la ocupación de autogobiernos que hablan otro idioma. Un alucinante despliegue de arcaísmos hecho por Madrid, que paradójicamente van muy en línea con reclamos del derecho que tiene la Generalitat por ser una institución que data del siglo XII y es «preexistente al Estado español». Vaya, pues, un príncipe de apellido Médicis desafiando al Papa, aduciendo linaje romano, griego o incluso etrusco. Una escena que debería estar en un libro de historia de la formación de los Estados modernos europeos y no en los debates de Twitter en el año 2017.

Y, no obstante, ninguno de los dos bandos dice la verdad completa, ni busca una fuente de legitimidad legal racional, sino que ambos apelan, o bien, a la tradición o –veladamente- al carisma: las banderas y los himnos. Y en medio de todo esto una falta de transparencia que nos recuerda máximas maquiavélicas o de Sun Tzu. Maniobras de arcana imperii o de negociaciones con razón de Estado es lo que parecen las negociaciones secretas que han tenido todo este tiempo los gobiernos de Rajoy y Puigdemont, quienes se han pasado los últimos meses midiendo fuerzas. ¡Parlem! ¡parlem!, claro que han estado hablando la Moncloa y el Govern desde el primer momento, antes, durante y después de cada evento,[I] solo que con un lamentable  desprecio hacia los ciudadanos, movilizándolos bajo la base de discursos vagos y de información incompleta; dejándolos hacer el ridículo, como cuando los papás pelean en casa por el dinero, pero les dicen a los niños que vayan a jugar afuera. La sociedad catalana hizo el 1 de octubre un ejercicio de valentía, civismo, pacifismo y disciplina que quedará registrado por los historiadores del futuro, y ha seguido movilizándose desde entonces de una forma tan ejemplar que indigna la falta de un programa de acción consistente del govern para su plan de independencia.

Aunque del lado de los unionistas las movilizaciones, las manifestaciones ciudadanas, fueron empañadas por la salida de niños muy desagradables a jugar: franquistas racistas o de plano nazis (lo que por cierto nos habla del momento histórico, el fascismo parece estar de regreso en las sociedades europeas, lo que quizá se relacione con el tono intransigente de las respuesta de Madrid ante la agenda independentista), y sin embargo, aun esta –despreciable– gente ha carecido de información completa. Sus manifestaciones son solamente comparsa y no un input de verdad para las deliberaciones de política real, allí  donde Rajoy, los barones del PP y el PSOE, los jueces y el señor Felipe de Borbón –aka los adultos– deciden quiénes van a ir a dar a prisión y qué pueden o no cederle al president. Recordemos que Ada Colau mencionó varias veces que ella sabía que la Moncloa y el Govern estaban en comunicación constante, y que el propio Rajoy hizo filtraciones en el sentido de que una declaración simbólica explícita sería tolerada, o después, en el sentido de que si el president convocaba a elecciones todo acababa allí. Después, por cierto, supimos que el gobierno cambió de parecer y una eventual convocatoria a elecciones por Puigdemont no los detendría en su aplicación del artículo 155.


Y del lado del gabinete de Puigdemont la gente también padeció de falta de transparencia, pues en lugar de que se abrieran los debates sobre la estrategia a seguir, fueron filtraciones las que dieron cuenta de las alternativas que se discutían en el govern; por ejemplo, fue una filtración la que expuso la presión que ejercía uno de los partidos de la coalición de gobierno, Esquerra Republicana, sobre Puigdemont para que este rechazara la oferta incial de Madrid de desintegrar su gobierno y llamar a elecciones para evitar el 155. Se supo que en su momento Puigdemont ante la presión llegó a ofrecer a su vicepresidente y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, renunciar y que este declarara la independencia; también fue hasta tiempo después que el propio Puigdemont informó que había sopesado convocar elecciones si se le daban garantías… ¿No que el mandato por la independencia salido del referéndum del lO era clarísimo e inequívoco? ¿Por qué Madrid guarda silencio respecto de las ofertas que le hizo a Puigdemont? Todavía cuando lamentablemente se supo del arresto de la mitad del gabinete del govern el fiscal decía en una entrevista radiofónica que si hubieran declarado que se comprometían a cesar en su agenda independentista quizá les habrían dado libertad condicional…

Puede suponerse que los periodistas y analistas políticos especializados, a pesar del hermetismo de las negociaciones que ha habido entre la Moncloa y el govern, gracias al dinamismo de los medios de comunicación de hoy, han sido capaces de informarse bastante bien, pero en definitiva no gracias a la virtud «democrática» de los príncipes. El punto, no obstante, no es solo la información en sí misma, sino la falta de transparencia, e incluso sinceridad, de los discursos de los liderazgos ante la sociedad en general y en especial ante sus partidarios y ante la gente que responde a sus llamados a movilizarse.  ¿Mucho costaba decir a la Moncloa: ‘estamos en negociaciones, se le ofrece oficialmente una declaración simbólica sin repercusiones, se les hace el compromiso formal de que si hay elecciones se evita el 155… dentro de los márgenes de la ley la fiscalía ofrece sobreseer las acusaciones de sedición a los Jordis a cambio de parar la escalada del conflicto? Hacer públicas la decisiones más radicales habría dado un tono más democrático al proceso; por ejemplo, a pesar de la crítica, la sociedad habría recibido más respeto si de manera oficial el gobierno hubiese señalado su razonamiento, que sería algo así como: «el gobierno nacional considera que la discusión constitucional de las autonomías no puede reconocerse como triunfo al secesionismo, sino que tiene que venir desde el propio Legislativo nacional». Pero no fue así, y ahora que el conflicto está llegando a un punto de inflexión el mensaje institucional que queda registrado en la sociedad parece ser aquella máxima, muy citada en México antes de la transición democrática, que denunciaba que los políticos fomentaran el  mal funcionamiento de las instituciones judiciales, ya que les permitía decir: «a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos todo el peso de la ley».

Por su parte, creo que no le hubiera costado mucho al president decir con todas sus letras: «el gobierno de Rajoy no aceptó hacer un compromiso público que lo forzara a cumplir su promesas producto de nuestras negociaciones», o «se le ofreció a Rajoy suspender el referéndum si se declaraba la apertura del debate constitucional de las autonomías y se reconocía esa apertura como un logro del govern, pero no aceptaron ni eso». Declaraciones así habrían forzado a Madrid a dar una respuesta clara.

Es cierto que no se pueden hacer públicas en tiempo real conversaciones de esa naturaleza, pero un ejercicio de rendición de cuentas periódico hubiese sido un ejercicio democrático muy valioso, incluso a pesar de los costos y las críticas que recibirían los interlocutores, puesto que ambos gobiernos hacían un riesgoso estiramiento de la ley, y de sus compromisos con sus respetivas coaliciones políticas, pero esto –y no posiciones intransigentes– es precisamente lo que significa ser un estadista: llevar adelante negociaciones políticas y asumir sus costos. Es por eso que prácticamente todas las  constituciones del mundo suelen dar facultades de indulto y veto a querellas judiciales a los gobiernos. Desde Maquiavelo se sabe que la negociación política tiene sus propias reglas al margen de la moral, y que la razón de Estado suele justificar falta de transparencia, sin embargo, no estamos hablando de la crisis de los misiles cubanos, ni de la rendición de ETA o las FARC, en los que la violencia ya está presente, sino precisamente de evitar el estallamiento de un conflicto; ¿qué más razón de Estado que hacer que la transparencia fuera un ejercicio de constreñimiento democrático para prevenir que un par de tercos llevara a los pueblos al horror de la violencia armada? Por fortuna, parece que Puigdemont nunca tuvo estas cartas sobre la mesa; habría sido más tranquilizador, no obstante, que tal cosa hubiera sido parte de la información de las negociaciones provista con transparencia y no nada más una inferencia tomada de los –siempre poco valiosos como fuente de información– discursos retóricos oficiales.

Sin por ello justificar del todo a Puigdemont, hay que decir que pudimos ver con claridad que la Corona española y el gobierno de Rajoy tienen una incapacidad proverbial para hacer política, si se entiende esta como el arte de la persuasión y la negociación. Si dejamos de lado la palabrería legaloide usada como pretexto, lo cierto es que la única respuesta constante de la Moncloa –con el apoyo del PSOE– ante las ofertas del govern ha sido no, no y no. Nada que reconozca que el independentismo fue capaz de lograr algo. Como excusa, Rajoy siempre dijo que Puigdemont fue intransigente en aceptar solamente negociar los términos de la independencia. Pero la información vertida en los medios dice otra cosa, Puigdemont parece desde el principio haber buscado cualquier salida que le permitiera echar abajo sus acuerdos con los independentistas más duros dentro de su coalición, y la torpeza e intransigencia de la Moncloa nunca le ofreció una salida aceptable: a tal grado se acorraló al govern que eventualmente para Puigdemont el riesgo de la ruptura de su coalición gobernante pasó de ser el móvil principal a un segundo plano, y al final perdió relevancia del todo en comparación con la afrenta que significa el encarcelamiento de personas que han defendido un proyecto públicamente y que cuentan con legitimidad electoral y el apoyo de al menos la mitad de los catalanes.

La coyuntura catalana es una lección sobre cómo radicalizar incluso a quienes de por sí son del ala conservadora del espectro político. Y esto revela no únicamente incompetencia del lado de la Moncloa, sino que también, como decía al inicio de este ensayo, contribuye a clarificar el asunto de su ideología política. La conclusión es preocupante: la coalición gobernante en Madrid no representa nada más un gobierno de derechas que padece de escándalos de corrupción de manera crónica, sino también un grupo incapaz de la negociación con los opositores políticos, incapacidad que llega incluso a tener un filón autoritario muy poco disimulado; impunidad ante varios eventos de agresiones por parte de grupos fascistas, comentarios respecto a la «lealtad» del ejército al Estado español hechos por la ministra de defensa, Cospedal, y ahora ante los encarcelamientos a miembros del govern; se han visto gestos que terminan de mostrar un rostro descarnado del supuesto Estado de derecho español. Dos ejemplos muy graves son el video en el que se ve cómo durante las pruebas de audio del juzgado, técnicos de la sala dicen: «todos a la cárcel», y que el archivo en el que se presenta la querella haya sido nombrado «más dura será la caída». Que estos gestos se den en la burocracia del sistema de justicia no son errores aislados, son una muestra de los valores que se han trasminado desde la cúpula gubernamental hacia ellos, un liderazgo del Estado español que se jacta de su posición de fuerza. La historia nos ha enseñado que la gente que piensa así es muy peligrosa.

Finalmente, y regresando al tema de las identidades, no creo que la lengua e identidad tradicional sean en el siglo XXI indispensables ni suficientes por sí mismas para la secesión de territorios y la creación de Estados nacionales, de forma particular en países industrializados y altamente urbanizados. Esas sociedades urbanas ahora son multiétnicas, migrantes y con un constante movimiento. Las etnias y nacionalidades tuvieron su año, pero hay que ver al futuro. En ese sentido, me parece que Quebec es un caso ejemplar; tras el rencor por la invasión inglesa y más de doscientos años de represión anglosajona, la revolución silenciosa de los años sesenta a la larga derivó en un Quebec del que salieron los gobiernos que mandaban en Ottawa durante los ochenta y noventa; y en el referendo de 1995 se hizo valer la voz de una generación de jóvenes que decidieron que les convenía más conservar la relación con Canadá siempre y cuando se les respetara religiosamente su autonomía, lengua e identidad nacionales. Escocia es un caso parecido que lleva a una conclusión similar, mientras la religión, las prácticas sociales o la xenofobia no sean un aspecto central de la disputa y los gobiernos centrales traten con dignidad y respeto a los independentistas es difícil no encontrarle ventajas a las asociaciones federales o confederales.


[I] No considero este el momento o el espacio para recolectar citas y fuentes; creo que en los medios esta información ha sido abundante, y fácilmente se pueden recuperar declaraciones oficiales y de figuras clave que servirían como evidencia.

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