Los caminos al socialismo democrático: enseñanzas de Estados Unidos y América Latina

La fisonomía política de América Latina ha cambiado significativamente en el último año. Es momento de hacer un repaso crítico de los éxitos y fracasos de las izquierdas del sur del continente.

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La idea básica del socialismo democrático es sencilla: el único socialismo digno del nombre es un régimen que preserve la libertad individual y los procedimientos democráticos, al mismo tiempo que permita la extensión de los valores democráticos en la esfera económica. Aunque el siglo XX ha proveído, por un lado, ejemplos de socialismo autoritario y, por otro, ejemplos de capitalismo con Estados de bienestar, ninguno cumple el estándar. Si está claro lo que el socialismo democrático no es, la pregunta por lo que es, la más difícil, sigue siendo discutida. Independientemente del desenlace electoral, el desempeño sorpresivamente robusto de Bernie Sanders en las primarias del Partido Demócrata en los Estados Unidos hace de este un momento oportuno para revisitar el debate.

Cuando Sanders habla de socialismo democrático se remite a los modelos de Dinamarca, Suecia y Noruega –sociedades con baja desigualdad económica, educación de alta calidad y una provisión universal de servicios sociales, que incluye asistencia médica. Casi todos los estadounidenses de izquierda considerarían un largo avance el subir los estándares de los Estados Unidos a los niveles de los escandinavos, y muchos aceptarían que no existe actualmente un mejor modelo. Un detalle de la definición de Sanders, sin embargo, es la capacidad de provocar confusiones terminológicas. Históricamente, al capitalismo moderado por un extenso Estado de bienestar se le ha llamado “socialdemocracia”, un régimen diferente al “socialismo democrático”, que hace alusión a una quiebra más decisiva con el capitalismo. Para la mayoría de los socialistas democráticos, el objetivo no es solamente la igualdad relativa y un generoso gasto público, sino una reorganización radical, democrática y participativa del control económico.

El socialismo democrático es un enfoque encantador y un poderoso planteamiento del que se puede criticar a los capitalismos y socialismos actualmente existentes. No obstante, sigue siendo un ideal: no existen ejemplos a nivel nacional que podamos destacar con admiración. Cuando los politólogos Adam Przeworski y John Sprague publicaron en 1986 su clásico Piedras de papel, señalaron que ningún partido político ha ganado nunca una mayoría electoral prometiendo una transformación socialista de la sociedad. “Dado el estatus minoritario de los trabajadores –observaban– los líderes de los partidos basados de clase deberán decidir entre la opción de un partido homogéneo en su apelación de clase, pero destinado a perpetuas derrotas electorales, o un partido competitivo electoralmente que asuma el costo de diluir su orientación de clase.” ¿Esto significa que el socialismo democrático es algo imposible de alcanzar?

En los últimos 15 años la evidencia más instructiva de la transformación socialista no ha emergido de los países escandinavos, sino de América Latina, que, dependiendo de la definición de socialismo de cada uno, podría refutar parcialmente la tesis de Przeworski y Sprague. Ahí, en lo que se ha llamado la “marea rosa”, muchos países han sido gobernados por la izquierda. Los analistas han dividido usualmente los gobiernos de izquierda de la región en “socialdemocracias” (como Brasil, Chile y Uruguay) y “socialismos democráticos” (Venezuela, Ecuador, Bolivia y, algunas veces, Argentina), entendiendo que entre estos países algunos han sido más democráticos que otros. Si bien la izquierda mantiene el poder formal en buena parte de la región, el punto más alto de la “marea rosa” ciertamente ya fue alcanzado en 2015 –cuando la izquierda perdió las elecciones presidenciales en Argentina y las parlamentarias en Venezuela. El mal desempeño económico en la región hace que la expansión de los programas sociales sea imposible. En el balance final de los éxitos de la “marea rosa”, no obstante, existe un rompecabezas particular con respecto a los “socialistas”. La mayoría de los intelectuales socialistas democráticos del mundo han sido escépticos frente a los ejemplos de América Latina, al señalar su carácter autoritario y sus ocasionales cultos a la personalidad. Para sus críticos, la categoría correcta para estos gobiernos no es “socialismo” sino “populismo”.

Para los socialistas democráticos que no les agradan, el desafío propuesto por estos gobiernos “populistas” es que ambos grupos presumen representar los mismos valores. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, por ejemplo, ha hablado de la necesidad de construir sociedades “con mercados, pero no sociedades controladas por los mercados”. Como el socialismo democrático, el “socialismo del siglo XXI” de la izquierda de América Latina también promete ser radical, democrático y participativo en su búsqueda para cambiar las relaciones de poder con la movilización del apoyo popular y la construcción de grandes misiones sociales del Estado. Las experiencias de estos países necesitan ser pensadas con detenimiento –en parte porque la historia sugiere que existen tensiones reales e importantes entre los objetivos del socialismo democrático de “radicalismo”, “democracia” y “participación”. Es tal vez el “radicalismo” el tema que ha sembrado la mayoría de los conflictos. Si radicalismo significa agarrar las cosas desde la raíz, entonces la política radical deberá seguramente de implicar la reorganización de las instituciones nacionales. Esta ha sido la promesa fundamental de los gobiernos más radicales de la izquierda de América Latina. Las constituciones han sido rescritas en varias ocasiones y el poder ha sido redistribuido, generalmente a las manos del Estado y el ejecutivo en particular. Este es un proceso necesariamente divisivo, porque provoca que los beneficiarios del viejo sistema luchen por sus privilegios perdidos. El arma política principal para combatir esto es la movilización populista: se construye un “pueblo”, retóricamente, y se definen  los intereses de la vieja élite como ajenos a los de éste. Y luego se utiliza esta mayoría, asumiendo que es efectivamente una mayoría, para cambiar las reglas. Cualquier programa de la izquierda en los Estados Unidos (o México) debería de atender seriamente el atractivo de este planteamiento, porque las grandes reformas institucionales son precondiciones necesarias para cualquier reforma significativa de nuestra política económica.

No existe una mejor guía para la lógica de la estrategia populista de América Latina que el pensamiento del teórico argentino Ernesto Laclau. Para Laclau, la transformación revolucionaria y social puede ser impulsada por muchos grupos sociales diferentes –no solamente por los proletarios del marxismo clásico. Esta es una observación esencial, en el entendido de que ninguna sociedad, en la etapa de desarrollo que sea, tendrá una mayoría que consistirá de solamente el proletariado industrial. No obstante la importancia que mantiene la clase trabajadora, siempre necesitará aliados. De acuerdo con Laclau, la tarea fundamental de la política es la construcción retórica del “pueblo” por fuera de la multitud de posibles aliados, para presentar persuasivamente demandas particulares de un colectivo como si fueran las demandas de la sociedad toda. Laclau no creía que el populismo era inherentemente bueno o malo, sino simplemente reconocía su potencial para la transformación política. La clave, escribió Laclau en La razón populista, es que:

[…] requiere la división dicotómica de la sociedad en dos campos –uno que se presenta a sí mismo como parte que reclama ser el todo–, esta dicotomía implica la división antagónica del campo social, y el campo popular presupone, como condición de su constitución, la construcción de una identidad global a partir de la equivalencia de una pluralidad de demandas sociales.

La identificación populista, según Laclau, requiere un símbolo que pueda representar la causa populista. Ese símbolo puede tomar muchas formas. Laclau cita el ejemplo del sindicato polaco Solidarność (Solidaridad) en los ochentas, mostrando que entonces la organización defendió una idea que comprendía múltiples demandas sociales. Pero el símbolo suele ser, comúnmente, una persona. En el caso de la Venezuela de Hugo Chávez, Chávez mismo se convirtió en el símbolo que hizo la identificación populista posible. (Su desventurado y triste sucesor, Nicolás Maduro, trabajó aún más que él para hacer de Chávez el símbolo que uniera al movimiento popular. Poco después de la muerte de Chávez, por ejemplo, Maduro dijo que el espíritu del general lo visitaba en forma de pájaro.)

Una vez que el “pueblo” se ha establecido, los políticos populistas, con la combinación de movilizaciones ascendentes y descendentes, crean escisiones para definir por lo que el pueblo lucha y contra quién lucha. El historiador y antropólogo Claudio Lomnitz ha observado que si la capacidad para pacificar los conflictos sociales es fundamental para los regímenes liberales, la capacidad para crear conflictos sociales es una característica clave de los regímenes populistas. Esta distinción no es estricta, pero es útil para entender muchos casos. La gran utilidad de la mayoría “popular” es crear la posibilidad para los grandes cambios –a través de la confrontación.

En los populismos de derecha, está lógica se articula en contra de las minorías vulnerables. Pero incluso en las versiones izquierdistas, que llaman a la movilización en contra de una élite que configuran como el enemigo de clase, existen riesgos significantes de la estrategia. Al definir una parte de la población como “enemigos del pueblo”, existe el peligro de que toda crítica al régimen sea tratada como el producto ilegítimo del esquema oligárquico. En Venezuela, los nombres de los oponentes políticos aparecen en listas que son utilizadas para discriminaciones laborales. Y los periodistas que fracasaron en ver las cosas como el presidente las ve son criticados desde el púlpito del hostigamiento –una práctica tan común hoy en Ecuador como para ser tomada en cuenta como una amenaza a la libertad de prensa. Por ejemplo, en 2013, el caricaturista ecuatoriano conocido como Bonil publicó una caricatura en la que retrataba el allano del gobierno a la casa de un periodista que había denunciado casos de corrupción gubernamental. El presidente Correa respondió con un mensaje televisado nacionalmente, en el que llamaba a Bonil “matón de la tinta” y amenazaba a su periódico con una significativa multa.

Por supuesto, algunas de las quejas de los medios de derecha eran el resultado de intrigas de la oligarquía. Sin embargo, descartar toda crítica como la maniobra de una oposición furibunda produce una mentalidad poco democrática. Ser receptivo a la crítica legítima, e incluso a los movimientos sociales que no están alineados con el Estado, ha sido un problema serio en países como Cuba, Venezuela y Ecuador. Claro, los ciudadanos pueden enfrentar también a políticos indiferentes en Estados no-radicales, y los manifestantes pueden enfrentar a la violencia estatal en democracias convencionales, desde Santiago, Chile, hasta Nueva York. Pero los líderes populistas y sus movimientos corren el riesgo mayor de construir y habitar realidades alternativas, en las que estos problemas creados por sus propias acciones parecen ser obra y responsabilidad de otros. Estas formas de movilización popular también pueden poner en peligro algunas libertades esenciales para los Estados democráticos, porque se puede considerar que aquellos que no pertenecen al “pueblo” no merecen los mismos derechos que el resto de la sociedad. Aparte de los desastres, la polarización populista puede ser simplemente agotadora. Este fue un factor citado por muchos votantes argentinos cuando votaron a un presidente de centro-derecha en 2015, remplazando la mini-dinastía del matrimonio de Néstor y Cristina Fenández de Kirchner, que en tres términos sucesivos, de 2003 a 2015, promovieron la expansión de programas sociales y la estatización de ciertas industrias en buenos tiempos, pero también enfrentaron protestas y acusaciones de corrupción y un mercado negro de dólares en los malos.

Dados estos problemas asociados con los grupos “populistas”, entonces, ¿deberíamos disminuir y poner nuestras esperanzas en una social-democracia participativa que no sea radical? Tal vez. Pero existen, en estas, otros límites. El Partido de los Trabajadores de Brasil (el PT), por ejemplo, fue alguna vez una gran inspiración para las izquierdas. Pero, desde hace unos años, ha estado inmerso en escándalos de corrupción, que podrían, ellos mismos, ser vistos como una de las consecuencias de elegir el camino “moderado”. Al buscar mantener el crecimiento económico, los políticos del PT trabajaron de cerca con las élites brasileñas de los sectores estatales y privados. La corrupción, una forma común para llevar acabo negocios, es vista, de mejor manera, no tanto como un asunto de faltas personales –y lo es en cierto sentido– pero también como una consecuencia de haber elegido la “moderación”. Para matizar, existen también diferentes formas de corrupción institucionalizada en el sector “populista”, y también en los partidos y gobiernos de derecha: el proceso de impeachment que ahora enfrenta el gobierno petista de Dilma Roussef es transparentemente político, un proceso, además, promovido por políticos de oposición más corruptos que los del PT. Esto último no niega que, sin duda, el PT no ha logrado transformar a Brasil según sus promesas y ideales.

Más aún, los problemas económicos que enfrenta Brasil son menos de su propia culpa pero tal vez no menos serios que aquellos en Venezuela. Las iniciativas insignia del PT –los programas de asistencia alimentaria y los subsidios monetarios a familias a cambio de, por ejemplo, alta asistencia escolar– han sido exitosos en reducir la pobreza pero no en modificar la estructura de privilegios y propiedad del país. Las izquierdas moderadas de Brasil y Chile no han cambiado fundamentalmente la naturaleza de la política o la política económica en sus países; si bien han reducido de alguna manera la desigualdad y la pobreza, los multimillonarios de sus países, siguiendo las tendencias mundiales, son más ricos que nunca.

Podríamos hacer aquí una analogía razonable con la Ley de Cuidado de Salud Asequible de Obama, que utilizó a la industria privada de seguros médicos para extender la cobertura a millones más de estadounidenses –un proyecto encomiable. Este proyecto se hubiera podido lograr con mayor eficacia en un sistema de pagador único, pero esto era imposible de lograr en un sistema político abrumado por la corrupción legal que llamamos lobbying. Tanto Obama como el PT han hecho cambios incrementales en los sistemas de sus países que han mejorado vidas, pero ninguno de los dos ha estado a la altura de los problemas que enfrentan.

Estos dilemas no son nuevos. El compromiso radical, casi por definición, implica una amenaza a las normas y procedimientos democráticos; comprometerse con las normas y procedimientos democráticos hace difícil el cambio radical, sea tan necesario como sea. Y, a pesar del dilema, existen algunos casos ejemplares, incluso de América Latina. Los gobiernos izquierdistas, aunque caigan en el espectro populista, han hecho avances importantes en la inclusión social y en muchos se observaron expansiones de la prosperidad compartida. El presupuesto participativo y la planeación, en las que los ciudadanos toman decisiones a través de comités locales sobre qué hacer con los ingresos provenientes de los impuestos, se han propagado de algunas ciudades brasileñas a otras regiones del mundo, y ya se están volviendo en una parte integral de la agenda socialista democrática.

Todo esto puede ser cierto. Pero incluso si existe un consenso sobre que los mercados limitados pueden seguir existiendo en los socialismos democráticos, una sociedad de mercado en la que casi cada aspecto de la vida es objeto de mercantilización es casi incompatible con las exigencias de una democracia real. Cambios significativos a nuestra economía política requerirían cambios significativos a nuestra estructura de gobierno. Es difícil ver cómo llegaríamos a ese punto sin alguna suerte de movimiento “populista”, aunque pusiera en peligro algunos de los valores políticos que pensamos esenciales. En México, la izquierda se encuentra dividida entre modelos de partido y de movimiento social. Se necesitará ambas para poner un pie en el camino hacia el socialismo democrático. En Estados Unidos, México y otros países, se puede y debería hacerse mucho para nivelar las jerarquías de clase, raza y género, para ahondar, así, en el verdadero significado de una democracia. Esto, por sí solo, es trabajo de sobra. Pero parece que incluso para alcanzar una socialdemocracia, algo más moderado que un socialismo democrático, se necesitan cambios institucionales fundamentales.

Bernie Sanders ha atendido esto, al llamar a su campaña la fundación de una “revolución política”. Sabiendo que Sanders, tal vez, ha construido de mejor manera un “pueblo”, en el sentido laclauista, Hillary Clinton ha adoptado un discurso tecnocrático y muchas veces explícitamente antipopulista, llegando a decir cosas como: “Yo nunca he creído en dividir a Estados Unidos entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’. Todos estamos en esto juntos.” Y Clinton va a ganar la contienda, pero con mayor dificultad que se esperaba. Pero tanto los desafíos de esta “revolución política” como el legado diverso de las experiencias recientes en América Latina de los gobiernos de izquierda esclarecen que la tradición del socialismo democrático todavía carece de un mapa que lo pueda llevar a su destino deseado, con todos sus valores intactos. Si el socialismo democrático es la meta correcta de la política, los que nos identificamos con esta tradición necesitamos analizar con lo que el socialismo democrático significa hoy, y lo que la evidencia nos dice sobre cómo podemos alcanzarlo. De otra manera, el socialismo democrático será una tradición crítica menor dentro del capitalismo, y por tan noble que esto pueda ser, nos arriesgamos a convertirnos en lo que Irving Howe llamaba –refiriéndose a los socialistas utópicos del siglo XIX– “los críticos aislados sin base social”.


Una versión de este texto apareció anteriormente en la revista Dissent.

Traducción del inglés: Jorge Cano.

Foto: cortesía de Cancillería del Ecuador.

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