Los derechos humanos (también) en fuga

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Las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, condensan la percepción de los dirigentes políticos mexicanos en el siglo XXI: los derechos humanos son un estorbo. Nada de ello sorprende si nos atenemos a la concepción más clásica sobre los derechos básicos de la persona y lo contrastamos con la construcción histórica del Estado mexicano sustentada en un pacto de impunidad.

Los derechos humanos se erigen como barreras para un ejercicio de poder absoluto y, a su vez, como mandatos de optimización de las dimensiones de la persona y los colectivos, teniendo como correlato la construcción de un andamiaje institucional basado en la publicidad, igualdad, inclusión, libertad, deliberación y la rendición de cuentas.

Un breve repaso por la malograda transición democrática —que encontraría las condiciones para su materialización en el plano electoral en las postrimerías del siglo pasado, y con la reforma de derechos humanos en junio de 2011— bastará para darnos cuenta de la persistencia y la resistencia de los grupos de poder para sujetarse a mecanismos de control jurídico y social. De ello deriva una narrativa autoritaria que trasmina en todos los espacios sociales y que se antoja como una victoria cultural del conservadurismo más rancio: los derechos humanos son prescindibles.


Fox y Calderón: genealogía de un desastre

No podemos entender el preocupante nivel de desdén por los derechos humanos al que hemos llegado sin atender a las prácticas y los discursos de los gobiernos foxista y calderonista. La aguda crisis de los derechos humanos se comienza a vivir desde el 2006, en el último año del alicaído gobierno de Vicente Fox. En Atenco, Oaxaca y Lázaro Cárdenas se vivieron actos represivos brutales, que rompieron con aquello que ya olía a pantomima de transición democrática.

El inicio del foxismo perfiló la configuración de una justicia transicional “a la mexicana”; se prendieron las luces de alarma. La promesa de una Comisión de la Verdad para esclarecer las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la masacre de Tlatelolco, el jueves de Corpus y la Guerra Sucia, quedó trunca. Se optó por una “Fiscalía Especial de Delitos del Pasado” (FEMOSSP) que arrojó magros resultados. Nada más se podía esperar. Los nuevos arreglos institucionales se construían a manera de una reverberación del pasado. Lo que se antojaba como un necesario deslinde ético frente al pasado, un parteaguas que legitimara el proceso democrático, se categorizó como una “cacería de brujas”.

La idea de nombrar al general Rafael Macedo de la Concha como Procurador General de la República condicionó los avances de la FEMOSSP frente al Ejército, uno de los actores con mayor responsabilidad en la persecución, encarcelamiento, desaparición y aniquilamiento de la disidencia durante las décadas pasadas. Por otro lado, marcó la pauta de entendimiento entre los gobiernos emanados de las urnas y las fuerzas armadas, en la cual se potencia un papel protagónico de las últimas en distintos ámbitos de la vida pública

Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, se optó por incidir en la percepción ciudadana sobre la inseguridad, antes que en la realidad objetiva. El despliegue militar y los operativos conjuntos en Michoacán, Chihuahua, Durango y Baja California garantizaron un gran impacto mediático inicial que a la postre redundaría en una crisis de violencia social sin precedentes. La construcción del discurso maniqueo fue un elemento central de la estrategia gubernamental.  Además, el Ejército en las calles resultaba funcional para una situación de suma polarización social, provocada por el desencanto con el sistema democrático y los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de 2006.

A partir de ese momento, comenzó una militarización que trascendió al mero despliegue territorial de elementos castrenses. Yendo más lejos: se tradujo en la colonización castrense de las tareas de seguridad civil a todos niveles. Las cifras de la CNDH por sí mismas marcaban un incremento escalofriante de las violaciones a derechos humanos y mostraban el impacto de una estrategia centrada en la intervención del Ejército y la Marina. De 2007 a 2012, se interpusieron ante la CNDH casi 9 mil quejas contra la SEDENA y 1,129 contra la Marina.

La esquizofrénica reforma constitucional al sistema de justicia penal de 2008 confirmaría la construcción del paradigma de seguridad, que por un lado justificaba las medidas de excepción, como el arraigo, y por otro reconocía la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. El llamado régimen de excepción para la delincuencia organizada no es más que el derecho penal del enemigo[1] introducido en una Constitución tan maleable como las coyunturas políticas y los acuerdos partidistas. A esos no-ciudadanos, desprovistos de cualquier marco jurídico de protección legal, se les encierra, aísla, tortura, “abate” o niega cualquier posibilidad de acceso a la justicia en igualdad de condiciones.  Las cifras crudas lo muestran. De 4 mil personas arraigadas —es decir, confinadas sin prueba alguna— solamente 200 fueron consignadas ante un juez, lo cual representa el 5 por ciento. Así lo confirman también cien mil muertes y 22 mil desapariciones sin resolver.

Parapetados en una “guerra contra el crimen organizado”, un combate contra los “malos” (éstos siempre etéreos), se apelaba a profundizar un sistema de seguridad y de justicia intensamente autoritario, discriminatorio y excluyente. A la par, se vislumbró la penetración de una cultura belicista donde primaron las palabras “guerra” y “combate”. Ante los ingentes cuestionamientos a la estrategia de seguridad se respondió con virulencia desde las esferas de poder. Atestiguamos la vuelta al discurso más emocional y paranoico de la Guerra Fría, que concibe al descontento como resultado de la manipulación de entes extraños a la comunidad política. Nada es espontáneo, todo responde a intereses oscuros, ajenos al bien común. Los “tontos útiles” (Gómez Mont dixit) que enarbolan la bandera de los derechos humanos sirven, en realidad, al crimen organizado —ente siempre presentado como la antítesis del Estado y no como su “exceso obsceno” (en términos lacanianos)[2].


Peña Nieto: continúa la estrategia fallida

Desde el primero de diciembre de 2012 a la fecha, la actuación policial en manifestaciones públicas sufre un giro copernicano. La policía del Distrito Federal se convierte en el principal ariete de una estrategia gubernamental que parte de las relaciones de mutua conveniencia entre un sector del perredismo y el peñanietismo. A las cientos de detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra manifestantes y prensa, le acompaña una maquinaria mediática que concibe a la protesta como infección o enfermedad. En sus momentos más delirantes, el oficialismo recurre a un discurso higienista (“Se limpió el Zócalo/Monumento a la Revolución”) que recuerda a la narrativa organicista de las dictaduras militares del Cono Sur: hay que extirpar al cáncer (los disidentes) del cuerpo social.El gobierno de Enrique Peña Nieto mantiene una estrategia basada en la intervención militar y en un enfoque de seguridad nacional anquilosado. Su ataque a las “percepciones de seguridad” se concentró en el control de los medios de comunicación y de la información proveniente de las instancias de seguridad. La verdadera preocupación del gobierno son los actores sociales movilizados, a quienes se no dudó en llamarlos “desestabilizadores” en plena crisis de Ayotzinapa.

Así se justifican más medidas de excepción, dirigidas a una ciudadanía menor de edad que no sabe ejercer sus derechos. Si las marchas molestan, se restringen y acotan mediante leyes. Si se construye comunidad política fuera de los cauces estatales y los mecanismos tradicionales de representación política, como en las redes sociales, se les controla mediante dispositivos sofisticados de espionaje y normas que abren un abanico de retención de metadatos.

Tal como señala Giorgo Agamben, “el paradigma de Seguridad implica que cada disenso, cada intento más o menos violento de derrocar su orden, se transforme en una oportunidad para gobernarlos en una dirección provechosa”. De esta manera, las irrupciones violentas en algunas manifestaciones, sean en Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca o Puebla son el preámbulo de mayor represión y la justificación de la misma.

En la continuación de la “guerra contra el narcotráfico” —ya no calificada como tal— las consecuencias funestas se mantienen. A pesar de que se crea la unidad especial de búsqueda en la PGR para atender las desapariciones de personas, ésta hereda la ausencia de protocolos de reacción rápida e investigaciones diligentes. Se acota el fuero militar, como resultado de una larga lucha de la sociedad civil, pero las primeras diligencias de investigación en delitos contra civiles cometidos por militares las sigue conduciendo el ministerio público castrense.

La tortura se niega como práctica cotidiana y generalizada de fuerzas armadas, policías y ministerios públicos, al punto de enfrascarse en una confrontación estéril con el Relator Especial de la ONU sobre Tortura Juan Méndez, quien visitó México en 2013. Ante la necesidad de un Tribunal Constitucional dotado de plena independencia, se elige como Ministro a uno de los principales artífices de la crisis de derechos humanos. La libertad de expresión se enconcha en un fuego cruzado entre la  creciente violencia contra la prensa y la asignación discrecional de la publicidad oficial como método de censura indirecta.

Los casos emblemáticos se siguen acumulando. A los casos de los niños de Almanza (Tamaulipas), los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, la Guardería ABC y la masacre de Villas de Salvárcar, durante el sexenio de Felipe Calderón, se suman las masacres de Tlatlataya y Apatzingán durante el de Peña Nieto. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala devela, una vez más, la incapacidad del Estado para brindar respuestas efectivas y convincentes.

Para entender lo anterior resulta atinado remitirse a un protagonista de la estrategia de seguridad. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, desnuda la construcción ideológica del Ejército mexicano en recientes entrevistas. Reprocha por igual la exigencia de abrir los cuarteles en Iguala, que la indignación civil por las masacres. “Para los nuestros nada”, espeta, solamente indolencia social y presunción de culpabilidad. Se convence a sí mismo de que el batallón en Iguala, apostado a 100 metros de la agresión a los normalistas, hizo lo correcto al no intervenir.

Continúa el titular del ministerio castrense afirmando que es urgente el enjuiciamiento en el fuero civil de 7 militares implicados en Tlatlaya, lo cual conlleva que se establezca si “somos” responsables o no. Aprovecha para señalar que los controles civiles impuestos mediante la restricción del fuero militar son equivalentes a una afrenta. Considera que “abatir delincuentes en horas de oscuridad”  son “errores de transcripción lamentables”, contradiciendo la falaz discusión semántica impuesta por Roberto Campa días antes. A manera de sofisma, invoca la popularidad del Ejército como prueba irrefutable de su probidad en las tareas desplegadas. Cierra con un peculiar cuestionamiento al papel del Ejército en tareas de seguridad. Autocrítica, nada; voluntad de cambio, menos.

Pese a los esfuerzos retóricos por matizar resabios autoritarios del concepto de seguridad nacional —de Zedillo a la fecha— no logra removerse su connotación profundamente autoritaria y excluyente.  La “seguridad”  de la Nación es un dispositivo para la seguridad de los grupos de poder, garantizada por policías y fuerzas armadas. Con esta simplista doctrina, que se fundamenta en dicotomías paranoides, se difuminan, convenientemente, las líneas divisorias entre movimientos sociales, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y activismo.


Los derechos se van por un túnel

El 11 de julio escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano el “Chapo” Guzmán. Ante la estupefacción de la comunidad nacional e internacional, Osorio Chong afirmó 48 horas después que buena parte de la culpa la tiene el respeto al derecho a la privacidad del capo. Lo dice una semana después de la revelación sobre la compra de software para espionaje. No importa en un régimen que se enreda en sus propias contradicciones y malabarismos discursivos.

En retrospectiva, basta echar un vistazo a la edificación de un sistema político autoritario que no se supedita al derecho, sino lo instrumentaliza. El gobierno actual aspira a la arbitrariedad, la componenda y la dádiva en su relación con la ciudadanía, donde primen las razones políticas, el clientelismo y el corporativismo sobre la construcción de un horizonte de democrático basado en la vigencia de los derechos humanos.

La impunidad institucionalizada, obvio privilegio de unos cuantos, es garantía de perpetuación de un estado de emergencia (de facto) que reduce a la ciudadanía al papel de súbdito. La élite gobernante reclama para sí la soberanía absoluta: el poder, a decir de Michel Foucault, de “hacer morir y dejar vivir”. Una fórmula imposible en democracia.


Notas

  1. Cancio Meliá, Manuel y Jakobs, Günther, Derecho Penal del Enemigo, Madrid, Civitas Ediciones, 2003.
  2. Slavoj Žižek señala que el terrorismo es una lucha interna al interior del mundo capitalista, entre las superpotencias y su “exceso obseceno”, el yihadismo islámico. S. Žižek, Bienvenidos al desierto de lo real, Akal, Madrid 2005.
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