Manuel Velasco o la violencia de la desigualdad

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La bofetada que el gobernador de Chiapas Manuel Velasco asestó a su colaborador Luis Humberto Morales Paniagua es, desde luego, una clara violación a la Ley Federal del Trabajo, que exige a los empleadores “abstenerse del mal trato de palabra o de obra” hacia sus trabajadores. Observar de primera mano al gobernador maltratando físicamente a su empleado también nos da elementos para cuestionar su compromiso con su propio Plan Estatal de Desarrollo (2013-2018), que promete reestructurar y fortalecer los órganos responsables de procurar la justicia laboral e imponer “medidas contra servidores públicos y respeto de los derechos humanos y laborales”.

Pero quizás más grave que su clara violación a la ley, o que el dudoso cumplimiento de sus compromisos de gobierno, resulta la naturalidad con la que el gobernador utiliza la violencia como un medio para establecer su autoridad. Lejos de ser un “lamentable incidente accidental”, la imagen de Velasco abofeteando a su colaborador es una expresión brutalmente concreta de la desigualdad de hecho que las élites asumen frente al resto del país y de la impunidad con la que propician, construyen y defienden esa desigualdad en las relaciones laborales con sus subordinados.

En términos generales, los trabajadores más vulnerables a sufrir violencia verbal o física suelen ser aquellos que trabajan en espacios domésticos o privados –como los trabajadores domésticos o sexuales–, lejos de la luz del público y las autoridades. Pero este no es el caso: Velasco, a plena luz del día, incluso frente a su electorado, ejerce violencia contra un subalterno con un desenfado asombroso, sin que su acto genere sobresaltos en su persona, en el agraviado o, para el caso, entre los demás testigos de la escena. ¿Qué nos dice este acto sobre la manera en la que el gobernador Velasco entiende el ejercicio de poder, su relación con sus subordinados, y su posición frente a las instituciones judiciales? No es noticia que en México existen personas que asumen su privilegio e impunidad como una suerte de derecho de nacimiento o posición; pero la naturalidad con la que un gobernador encarna públicamente los abusos que subyacen estas desigualdades resulta verdaderamente escandalosa.

Por eso, no es casualidad que el gobernador no haya sentido ninguna necesidad de pedir una disculpa pública hasta que el video del agravio circuló en las redes, más de un mes después del acontecimiento. Lamentablemente, lejos de desafiar a un sistema construido y afincado sobre la desigualdad social y los abusos cotidianos, la disculpa que Velasco ofreció no hace sino reforzar estas jerarquías. La disculpa sucede en un montaje casi lúdico, donde el gobernador se refiere a su empleado como “un amigo” y le permite devolverle una cachetada traviesa, como si se tratara, al fin y al cabo, de un juego de niños. En el mismo tono, el gobernador asegura haberle pedido una disculpa ese mismo día, como si el asunto fuera simplemente entre privados. Es decir, un asunto donde ninguna otra autoridad le compite al señor gobernador, donde no existe una relación de empleado y empleador regida por la Ley Federal del Trabajo, donde no hay juntas de conciliación y arbitraje o comisiones de derechos humanos: solo la realidad de la feroz desigualdad social y económica en un estado donde 78% de la población está en condición de pobreza y que en 2010 se había vuelto el más desigual de la república.

Finalmente, vale la pena preguntarse si un gobernador fabricado por los medios de comunicación y sus estrategias de publicidad (y, dicho sea de paso,de manera nada transparente) tiene que recurrir a la violencia como única forma de establecer su autoridad. O, incluso más preocupante, si este caso es simplemente un ejemplo de la violencia que nuestra élite política está dispuesta a ejercer para mantener las relaciones de desigualdad que imperan en nuestro país.

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