Martes 19 de septiembre: el derecho a conocer la verdad y el acceso a la información

Las horas y los días después del sismo del pasado martes 19 de septiembre mostraron la incapacidad del Estado y sus instituciones de establecer una comunicación transparente y efectiva. Los familiares de las víctimas y la sociedad, sin embargo, cuentan con el derecho a la verdad para exigir información.

| Derechos Humanos

Ya han pasado algunos días desde el sismo de magnitud 7.1 grados que cambiara dramáticamente la cotidianidad con la que transcurría la vida del país; una tragedia que pareciera haber regresado para arremeter con una puntualidad intimidante treinta y dos años después; tiempo no suficiente, sin embargo, para que el sonido de una alarma que sonó únicamente unos segundos durante el sismo para después apagarse desaparezca de la imaginación de muchas personas que aún se perturban al escuchar las sirenas de las ambulancias.

Desinformación, confidencialidad y otros pendientes en Ciudad de México

La actual incertidumbre en el acceso a la vivienda, las órdenes de suspensión de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en algunos lugares de la Ciudad de México –algunas de ellas revocadas por la insistencia de la sociedad civil para continuar la búsqueda–; la falta de información sobre rescates y personas fallecidas por parte del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y otras autoridades competentes; la falta de listas e información respecto de las personas rescatadas en zona de desastre, y la intervención de Protección Civil, la Secretaría de Marina y el Ejercito Nacional para sacar a las y los civiles que seguían buscando en las zonas de derrumbe invitan a reflexionar –con el transcurso de los días–, y cada vez más con mayor claridad, sobre lo que se pudo y se debió haber hecho para evitar la desinformación y confusión en la que se sumieron todxs lxs mexicanxs.

A ello, se suman testimonios recientes de la existencia de acuerdos de confidencialidad y pactos de silencio con los que autoridades gubernamentales pedían a lxs familiares y afectadxs prudencia en cuanto a la información que surgía de los hallazgos en los escombros de las construcciones derrumbadas por el sismo, a cambio de información «sólida y evitar rumores o malos entendidos».[I]

Ahora, la actitud y el trato inadecuados por parte de las autoridades para sacar a civiles de las zonas de desastre impidiéndoles el acceso, así como la negación de información –sobre la situación y dimensiones del daño en la ciudad–, que nos dejó a lxs mexicanxs por varias horas a expensas de la información proporcionada por Televisa, da pauta para señalar también los esfuerzos de la sociedad civil –por medio de listas colaborativas y otras bases de datos, así como iniciativas de entes privados como Google y Facebook[II]– para dar respuesta a sus propias exigencias, necesidades y derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas y la situación en general, tanto como las necesidades de los centros de acopio y otros datos relevantes que permitían ir armando el rompecabezas de una fotografía que mostraba las dimensiones del desastre ocasionado por el sismo en el país, donde –como lo señalara Artículo 19– la información oficial ha sido la gran ausente.


El derecho a la verdad de los familiares y la sociedad en general con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017

Sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas con motivo de desastres naturales, el Consejo de Derechos Humanos ha reconocido que: «los derechos humanos y las libertades fundamentales de millones de personas en todo el mundo se ven afectados de diversas maneras por las crisis humanitarias, como los conflictos armados, los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre, así como durante las etapas de recuperación, socorro y rehabilitación».[III]

Visto lo anterior, y tras observar las carencias de información oportuna y confiable en torno a las listas de personas rescatadas con vida y caídas en el desastre ocurrido el pasado 19 de septiembre, es preciso recordar algunas obligaciones estatales establecidas a nivel internacional con motivo –en específico– del derecho de lxs familiares y la sociedad en general a conocer la verdad acerca del paradero de las personas desaparecidas. La incertidumbre sobre la ubicación de las personas víctimas del desastre hace necesario traer a colación el derecho a conocer la verdad, cuya naturaleza individual y colectiva responde al derecho, en un primer momento, de los familiares y allegados de las personas desaparecidas a conocer su paradero, y en un segundo momento, al derecho colectivo de la sociedad en general a dicha información.

Si bien el derecho a la verdad o a conocer la verdad tiene su origen en el derecho internacional humanitario –donde fue invocado como el derecho de las familias a conocer el paradero de sus familiares desaparecidos en guerra–,[IV] y después incursionó en el derecho internacional de los derechos humanos –principalmente en el tema de las desapariciones forzadas–,[V]  es un derecho cuyo contenido también tiene cabida durante los desastres naturales y la desaparición de personas que conlleva su paso.

Lo anterior hace necesario replantear la importancia del derecho de restablecimiento de contacto de las personas con sus seres queridos no localizados, cuestión que es motivo de análisis por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, quienes han señalado disposiciones del derecho internacional humanitario que «otorgan a las familias el derecho a saber lo que ha sido de los seres queridos cuyo paradero desconocen»[VI].

Por otro lado, con independencia de la responsabilidad en la que el Estado puede o no incurrir por la adecuada prevención de la catástrofe natural, la Organización Mundial de la Salud ha señalado el deber estatal de utilizar todos los medios a su alcance para que se sepa si las personas desaparecidas están vivas o muertas.[VII] En este sentido, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido deberes estatales frente a la desaparición forzada de personas sin haberlo hecho específicamente en casos de desastres naturales como en el supuesto de análisis en el que estamos, resulta necesario rescatar por analogía los deberes estatales de búsqueda que tiene el Estado para localizar a la persona desaparecida, así como las consecuencias que el incumplimiento de dichas obligaciones puede generar en la integridad personal de los familiares o allegados de las y los desaparecidos.

Desde esta perspectiva, la CIDH ha señalado que la angustia e incertidumbre que la desaparición y la falta de información sobre la víctima causan a sus familiares constituyen un daño moral para estos.[VIII] Además, se debe considerar que la actitud y el trato de las autoridades para con los familiares pueden infringirles sufrimiento y afectaciones en estos momentos de emergencia.

Respecto de la importancia de localizar y entregar los restos mortales de las personas desaparecidas, la Corte Interamericana ha considerado que la entrega del cadáver de una persona desaparecida permite dignificar a las víctimas, «ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura».[IX]

Aunado a ello, merece la pena señalar que el derecho de los familiares y allegados a la verdad puede ser vulnerado no únicamente como consecuencia de la falta por parte del Estado del despliegue de todas sus herramientas y medios para su búsqueda y  rescate, sino también mediante la negativa de brindar información por medio de sus instituciones. De ahí que el derecho a la verdad se puede relacionar con el derecho de acceso a la información,[X] ya que es –en algunos casos– indispensable para la realización del derecho a la verdad, con la diferencia de que el primero puede ser restringido en ciertos supuestos, mientras que el derecho a la verdad pareciera ser un derecho de carácter social y destinado a ser garantizado sin limitaciones.

En el pasado 19 de septiembre y días posteriores la falta de acceso pleno a información oficial acerca de las personas caídas, rescatadas y desaparecidas por parte de lxs familiares y la sociedad mexicana hace preguntarse en qué medida el Estado tiene la obligación de brindar información confiable y de forma oportuna a la población, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información y, así también, al derecho de la población a conocer la verdad sobre las personas desaparecidas, rescatadas o fallecidas.

En torno a la importancia de recibir información oficial y verídica por parte del Estado es de señalarse que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la entrega de información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, por parte de las autoridades públicas a la comunidad, que vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en violación grave a las garantías individuales al pretender con dicha falta incorporar a nuestra vida política lo que se podría denominar «la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los [y][las] gobernad[a]s».[XI]

En esa línea –y en relación con el derecho de acceso a la información–, la CIDH ha sostenido que el derecho de acceso a la información abarca no solamente el derecho de las personas a acceder a la información, sino también la obligación positiva del Estado a suministrarla.[XII] De ahí que exista en algunas situaciones también el deber estatal de divulgar la información de interés nacional sin la necesidad de solicitud por parte de las personas.

El tribunal interamericano también ha señalado que «en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones»,[XIII] y en su jurisprudencia ha considerado que mediante la violación del derecho de acceso a la información se puede violentar el derecho a conocer la verdad en su dimensión individual y colectiva.[XIV]

En ese sentido, es pertinente señalar que dadas las circunstancias que se vivieron las primeras horas posteriores al sismo del martes 19 de septiembre, el acceso a la información por parte de todas las personas, familiares de las personas desaparecidas, así como la sociedad en general, es un derecho que debía y debe ser garantizado por medio del acceso a información oficial, verídica y oportuna, que debe ser no solo solicitada por las personas interesadas –en este caso los familiares y la sociedad–, sino que también debe ser divulgada y puesta a disposición de todas las personas.


Una prerrogativa justa y legítima de lxs mexicanxs

De todo lo anterior resulta pertinente considerar que, si bien es entendible que el Estado mexicano pueda haberse visto rebasado por los efectos de la catástrofe ocurrida el pasado martes 19 de septiembre, lo anterior no exime de ninguna manera a las autoridades gubernamentales para que actúen en todo momento de acuerdo con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, tanto de las personas desaparecidas como de las personas que las buscan. Por lo que de ello depende que en situaciones de desastre natural, como las ocurridas recientemente en el país, la sociedad y las personas tengan a su alcance, en la medida de lo posible, información precisa, confiable y oportuna.

Después de todo, el derecho a la verdad constituye en estos difíciles momentos una prerrogativa justa y legítima por parte de todxs lxs mexicanxs a conocer lo que sucedió con motivo del desastre del 19 de septiembre.


[I] Turati, Marcela, «Álvaro Obregón 286: Rebelión contra el silencio», Proceso.com.mx, 2 de octubre de 2017. Disponible: http://www.proceso.com.mx/505735/alvaro-obregon-286-rebelion-contra-silencio

[II] Artículo 19, «Información Oficial: la gran ausente después del sismo», 29 de septiembre de 2017. Disponible: https://articulo19.org/informe19s/

[III] Asamblea General, Promoción y protección de los derechos humanos en situaciones posteriores a desastres y conflictos, A/HRC/RES/22/16, 10 de abril de 2013.

[IV] Véanse: Artículos 32 y 33 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1977.

[V] Véase: Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

[VI] CICR, Restablecimiento del contacto entre familiares separados por conflictos armados y desastres naturales, 2010. Disponible: https://www.icrc.org/spa/what-we-do/reuniting-families/overview-reuniting-families.htm

[VII] OMS, Manejo de cadáveres en situaciones de desastre, Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5, Washington D.C., 2004.

[VIII] Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr.  87.

[IX] Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 115.

[X] ONU, Estudio sobre el derecho a la verdad-Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/2006/91, de 9 de enero de 2006, párr. 43.

[XI] Tesis P. LXXXIX/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, pág. 513.

[XII] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 197.

[XIII] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 92.

[XIV] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, Resolutivo sexto.

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