Mundos del trabajo: sindicalismo en México, cien años sin libertad

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A propósito del Día Internacional de los Trabajadores, con este ensayo, dedicado a la historia reciente y los retos del sindicalismo mexicano, arrancamos una serie que se propone repensar las tensiones y dinámicas del mundo laboral contemporáneo.

En México, el régimen jurídico que norma la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, establecido por el Artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo (LFT), tiene dos características complementarias. Por un lado, un reconocimiento temprano, desde 1917 a nivel constitucional, de esos derechos laborales fundamentales; y por el otro, el establecimiento de todo un entramado legal e institucional, también desde el ámbito constitucional, que les permite a los funcionarios del Estado regular en los hechos el acceso a esos derechos con un alto grado de discrecionalidad. Derechos consagrados e intervencionismo estatal son las dos caras del sistema mexicano de relaciones laborales.

La evolución histórica del régimen que norma lo laboral y sindical en nuestro país ha seguido dos tendencias principales: la ampliación de los mecanismos de intervención estatal, especialmente para el registro de sindicatos y el ejercicio del derecho de huelga, desde la promulgación de la LFT, en 1931, y sus sucesivas reformas hasta 1980[1]; y la reducción de los derechos laborales, sobre todo en lo que corresponde a la estabilidad en el empleo y el carácter tutelar de la ley en favor del trabajador, culminando en la reforma laboral de finales de 2012. En suma, menos derechos y más control.

La politización sindical en México, entendida como la emergencia de una identidad de los trabajadores que se moviliza en el plano de la competencia por el poder político y la influencia sobre las instituciones públicas, cobra sentido cuando se la observa contra el fondo del intervencionismo estatal; es decir, como una lucha por la libertad sindical. Este texto busca resaltar algunos de los aspectos principales del activismo sindical en el marco de la falta de libertad sindical, así como la inserción de esta lucha particular en el imaginario de la izquierda en las últimas décadas. El panorama es doblemente desalentador. Por un lado, el aparato intervencionista sigue firmemente en pie. Por el otro, el tema de la libertad sindical ha estado completamente ausente en las amplias movilizaciones sociales de los últimos 15 años.

Desde finales de los años cuarenta, cuando los charros[2], respaldados por los gobiernos priistas, se hicieron del control de los principales sindicatos de industria –en el sector petrolero, minero y ferrocarrilero–, y se consolidó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), las luchas obreras al margen de las centrales oficiales siempre reivindicaron la autonomía y la libertad sindical. En los años setenta, la Insurgencia Obrera, impulsada por facciones disidentes de los sindicatos oficialistas, especialmente los electricistas y sindicatos independientes, como los que se agrupaban en el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), fue en gran medida una batalla feroz contra el control corporativo del sindicalismo oficial. Sin embargo, no fue hasta los años ochenta cuando la libertad sindical se colocó en el centro de una agenda política, en gran medida por la incapacidad de las centrales sindicales oficialistas, CTM, CROC, CROM, y demás organizaciones afiliadas al Congreso del Trabajo (CT), de responder a los graves efectos de la crisis económica para los trabajadores.

La creación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en 1997, dotó a la demanda de libertad sindical de un poderoso respaldo organizativo. La ventana política se había abierto con el fin de la mayoría priista en la Cámara de Diputados y la posibilidad de una confluencia entre el PAN y el PRD para desmantelar uno de los pilares del régimen: el sindicalismo oficial.

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Desde 1995, el recién fallecido abogado laboral Néstor de Buen había encabezado un proyecto panista de reforma laboral que si bien respondía al interés patronal de flexibilidad laboral, contenía elementos de avanzada en favor de la libertad sindical, como la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y su sustitución por “Jueces de lo Social” dependientes del Poder Judicial, la eliminación del registro sindical y el reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos mediante la sola presentación de las actas de las asambleas fundacionales, la supresión de la cláusula de exclusión y el establecimiento del voto individual, directo y secreto para la elección de las directivas sindicales.

El PRD también convocó a un grupo de especialistas en derecho laboral y reconocidos defensores de la libertad sindical (Arturo Alcalde, Óscar Alzaga, Graciela Bensusán y Manuel Fuentes) para que desarrollaran un anteproyecto de reformas al Artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo (LFT). La propuesta incluía la desaparición del Apartado B del Artículo 123, otorgando el mismo status jurídico a todos los trabajadores, sean del sector público o del sector privado.

Ambas propuestas compartían el imperativo de crear en el mundo del trabajo las mismas condiciones de competencia equitativa que hicieron posible la alternancia en la presidencia de la república y la participación sin precedentes de la hasta entonces oposición en los gobiernos locales y el Congreso de la Unión. Lo que equivale a decir que ambas propuestas buscaban llevar la transición democrática al mundo del trabajo. Y, sin embargo, sus promotores nunca pudieron convergir en una iniciativa única que recibiera el respaldo de ambos partidos en las Cámaras.

La elección de Vicente Fox creó nuevas expectativas en favor de la libertad sindical. La UNT impulsó una Campaña Nacional por la Libertad y Democracia Sindical y promovió el documento “20 Compromisos por la libertad, democracia sindical”, el cual era una agregación y síntesis de la iniciativa del PAN y el anteproyecto del PRD. Sin embargo, la gestión del Fox se caracterizó por implementar una visión exclusivamente patronal de flexibilización laboral y ceder ante las presiones de la CTM y el CT para mantener intacto el aparato de control del sindicalismo priista.

A lo largo de 2001 y 2002, el Secretario de Trabajo de Fox, Carlos Abascal, exlíder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), convocó a las principales organizaciones patronales y obreras, incluyendo a la UNT, a una “Mesa de Concertación” para discutir una amplia reforma laboral. Claramente en minoría en la discusión de la reforma laboral, la UNT desplegó un intenso activismo para colocar el tema de la libertad sindical en la agenda de una amplia “Alianza Social para la Transición Democrática y el Desarrollo Nacional con Justicia y Equidad”, concebida como una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a sindicatos, que pudiera aplicar toda la capacidad de movilización y acción política de sus integrantes en favor de las organizaciones involucradas en espacios de negociación específicos. Sin embargo, a pesar de la nutrida participación en su primer foro público y del compromiso de extender este espacio de coordinación, la Alianza Social en realidad nunca despegó, y la UNT se encontró librando la batalla únicamente con sus propios medios en la mesa de concertación para la reforma laboral.

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Eventualmente, la UNT dejó de ser invitada a los trabajos de la reforma. La Secretaría del Trabajo, la Coparmex y el CT elaboraron un proyecto de reforma laboral purgado de todo avance en materia de libertad sindical, y la UNT presentó un proyecto alterno con el PRD. Ambas iniciativas entraron al Congreso de la Unión para terminar en el cajón.

Esa movilización y cabildeo de la UNT fue la última vez en que la libertad sindical formó parte de una campaña amplia y estratégica para reformar la legislación laboral devolviéndoles a los trabajadores el pleno control sobre sus organizaciones. También fue la última vez que varios sectores de la sociedad civil y políticos de izquierda reconocieron la importancia de garantizar el derecho de los trabajadores a la libre asociación. (A fines de 2012, la reforma laboral acordada entre el PRI y el PAN pasó sin mayor oposición dentro y fuera del Congreso de la Unión, introduciendo en la LFT muchas de las demandas históricas patronales de flexibilidad en el empleo y dejando intacto el aparato de intervención estatal.)

Desde entonces, el sindicalismo mexicano se ha caracterizado por dos fenómenos paralelos. En primer lugar, el sindicalismo charro tradicional ha completado su transición a un sindicalismo de protección. Los sindicatos charros no existen más que en membrete. Hace tiempo que dejaron de ser el núcleo de las “fuerzas vivas” del PRI, las columnas que matraca en mano daban color y tono a las concentraciones del partido. Ahora, una minúscula gerontocracia regentea contratos colectivos de trabajo a través de sindicatos fantasma, extorsionando a empleadores que así se evitan tener que lidiar con sindicatos y negociaciones de verdad, y negándoles a los trabajadores los beneficios de una representación sindical auténtica.

En segundo lugar, el sindicalismo independiente no ha logrado llevar a cabo más que movilizaciones aisladas y luchas a nivel de fábrica. Un caso paradigmático es el del Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia. Durante varias décadas el minero fue un sindicato que creció al amparo de su cercana relación con las cúpulas priistas. En 2006, las huestes mineras, aliadas con grupos de la CROC, se enfrentaron en una batalla campal a grupos de choque de la CTM y del sindicato ferrocarrilero de Víctor Flores por el control del Congreso del Trabajo. Poco después, Gómez Urrutia y su sindicato enfrentaron una serie de ataques coordinados de facciones disidentes y autoridades del trabajo que dejaron al líder sin reconocimiento oficial, acusado de malversación de fondos sindicales, y exiliado en Canadá. Con la elección de Enrique Peña Nieto, la dirigencia del minero pensó que podría restablecer su cercanía con el gobierno y, al viejo estilo priista, inició el acercamiento con un desplegado de apoyo al nuevo gobierno. Pero Peña Nieto no acusó recibo.

Si algo caracteriza la intervención estatal en la vida interna de los sindicatos es la arbitrariedad. El reconocimiento legal siempre obedece a criterios políticos y, por ello, lo peor que le puede pasar a un sindicato oficial es perder el favor de la autoridad en turno. Esto mismo les pasó a los telefonistas de Francisco Hernández Juárez, que, después de haber sido el sindicato muestra del proyecto modernizador salinista, vieron cancelada toda posibilidad de ampliar sus bases con empleados de empresas que llegaron al país tras a la apertura del sector telefónico, cuando funcionarios de Zedillo entregaron esa representación a sindicatos fantasma afines.

La lucha de los mineros después de la tragedia de Pasta de Conchos hace una década no ha tenido apoyo significativo entre organizaciones no sindicales, como tampoco la han tenido otras movilizaciones como las huelgas de los jornaleros de San Quintín, los trabajadores de la empresa de impresoras Lexmark y los empleados de las estaciones de gasolina en la Ciudad de México agrupados en el STRACC (un sindicato de servicios). La constante en todos estos casos es el deseo de los trabajadores de sacudirse el peso muerto de los sindicatos que regentean sus contratos colectivos de trabajo a sus espaldas y hacer respetar su derecho a la sindicalización y la negociación colectiva.

Son varias las razones de esta relativa indiferencia por la suerte de los trabajadores movilizados para imponer el respeto a sus sindicatos, pero un factor importante es la pérdida de centralidad en el imaginario activista de los procesos de organización en el trabajo. Esto a pesar de que el trabajo es precisamente el elemento que puede proporcionar un anclaje para articular políticamente identidades étnicas, de género, orientación sexual, etc., y responder colectivamente a sus problemáticas particulares. Por ejemplo, muchas empleadas de las estaciones de gasolina padecen acoso sexual constante por parte de patrones, gerentes, clientes y hasta compañeros de trabajo. Un sindicato independiente y democráticamente organizado puede ser la primera línea de acción, educando a sus miembros en la equidad de género y la lucha contra el acoso, y desplegando la fuerza de la acción colectiva contra gerentes y patrones acosadores, dentro y fuera del marco de la negociación colectiva. Asimismo, el sindicato puede ser un aliado para visibilizar el problema del acoso en los centros de trabajo e impulsar políticas públicas que lo combatan.

A pesar de los cambios en la economía y la organización laboral, la acción colectiva en los centros de trabajo sigue siendo un medio fundamental tanto para mejorar las condiciones propias como para socializar políticamente. Como celebración del primero de mayo, hay que recordar la absoluta necesidad de relanzar la lucha por los derechos laborales y la libertad de los trabajadores para tomar su destino en sus manos.


Notas

[1] La reforma a la LFT de 1980 tuvo el objetivo de limitar el ejercicio del derecho de huelga a los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo. Previamente las huelgas podían estallarse por una “coalición de trabajadores”, lo que permitía su declaratoria de legalidad al margen de la existencia o no de un sindicato en el establecimiento en huelga. Xelhuantzi López, María. La Democracia Pendiente. La Libertad de Asociación Sindical y los Contratos de Protección en México, STRM, México, 2000. pp. 121-124.

[2] Damos por sentado el conocimiento popular del origen del término: la toma en 1948 del sindicato ferrocarrilero por parte de Jesús Díaz de León, conocido como “el charro” por su afición al traje nacional, y el contubernio entre dirigentes venales (“charros”) y gobiernos priistas.


Las fotos de los murales de Diego Rivera en el Detroit Institute of Arts son cortesía de Mike Steele.

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