Murillo Karam: juicio político

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Por momentos, Enrique Peña Nieto coquetea con la fantasía de que Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, pueda llegar a ser embajador de México en Portugal. [1] Este gesto presidencial confirma la distancia emocional que el mandatario conserva respecto a la indignación ciudadana por el caso Ayotzinapa. Murillo Karam, autor de la investigación más polémica del sexenio, ha sido reprobado por expertos forenses internacionales y ciudadanos de a pie. Antes de que el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionara con detalle la teoría central en la investigación del entonces procurador sobre la participación exclusiva de autoridades locales en el incidente de los normalistas, miles de tuiteros en todo el mundo habían ya vapuleado al funcionario con más de 25 millones de mensajes que llevaban la frase #YaMeCansé, acuñada por él mismo.[2]

La intención de Peña Nieto de investir diplomáticamente a Murillo Karam posiblemente no prospere. El freno no vendrá del lado de una reflexión del mandatario sobre los costos de la designación, la cual agregaría una perla más al bien tejido collar de descrédito de su gobierno. El obstáculo principal es orgánico, ya que, como pocas veces, la composición actual del Senado puede llegar a funcionar como contrapeso para impedir que la maniobra cuaje cómodamente. Peña Nieto no parece tener los votos necesarios en la cámara alta para pasar con éxito el nombramiento, ya que los senadores ajenos al Verde, a Nueva Alianza y al PRI votarían en contra del fácil exilio de Murillo Karam en Portugal.

Más aún, miembros del PAN y del PRD en el Senado se han manifestado a favor de iniciar un juicio político en contra de quien fuera titular de la PGR. Estos legisladores tienen razón: la actuación de Murillo Karam en el contexto del caso Ayotzinapa fue más allá de la simple incompetencia e insensibilidad política. Su desempeño materializa violaciones legales tan graves que dan suficiente tela de donde cortar para construir un juicio de responsabilidades. Al menos tres acciones u omisiones que serían materia central en un juicio político son atribuibles a Murillo Karam.

El primer aspecto ilegal de la llamada verdad histórica tiene que ver con la decisión de Murillo Karam de violar la presunción de vida y publicitar, con inusual ademán de certeza, el delito de homicidio sin la existencia de cadáveres identificados. Los otros dos aspectos tienen que ver con violaciones a derechos esenciales, consistentes en exonerar y en concluir sobre responsabilidades penales fuera del contexto de un juicio. Esta decisión de asignarse el papel de gran inquisidor para declarar inocencia y culpabilidad por igual, violó el Estado de Derecho, ya que solo un juez es quien debe determinar la responsabilidad criminal de un ciudadano.


1. Violación a la presunción de vida

Quizá la violación más grave de Murillo Karam esté ligada a la falta de sensibilidad que públicamente mostró desde un principio, y de la que poco se ha hablado desde la presentación del informe del GIEI: su renuencia a buscar con vida a los estudiantes normalistas desaparecidos. La demanda de “Vivos los queremos” no es una petición que anide en una esperanza ingenua. La presunción de vida está establecida en la Convención Internacional para la Protección de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada como una obligación procesal. Más aún, como principio general, ninguna autoridad debe declarar la muerte de un desaparecido en contra de la opinión de la familia de la víctima.[3] Esto tiene su lógica.

El mantener una hipótesis de vida para las víctimas de las desapariciones forzadas afecta los medios disponibles en una investigación criminal. Las técnicas forenses y los protocolos asociados a pesquisas penales varían de un delito a otro de forma dramática. De la misma forma que quienes buscan víctimas de secuestro no siguen necesariamente las mismas estrategias de quienes tienen a su cargo el esclarecimiento de homicidios, la desaparición forzada obliga a medios de análisis amplios y apropiados para este tipo penal.

En el caso de Ayotzinapa, una de las más graves omisiones del entonces procurador –relacionada con la violación de la presunción de vida– fue la de no analizar de forma completa las sábanas de llamadas de los teléfonos de los normalistas desaparecidos. Según los propios padres, la mayoría de los 43 estudiantes portaban aparatos telefónicos la noche en que desaparecieron. Estos teléfonos fueron usados antes, durante y, quizás, después del 26 de septiembre y, por tanto, podrían ofrecer información crucial acerca de la ubicación de los estudiantes a lo largo de ese día, así como sobre el paradero de los teléfonos, incluyendo la localización de sospechosos.

De hecho, la posibilidad de que las autoridades pudieran ser capaces de disponer de información sobre la ubicación de víctimas de delitos, en tiempo real, a través de la localización de sus celulares, fue un argumento que los legisladores usaron para aprobar las recientes disposiciones sobre acceso a información telefónica de los ciudadanos. En su momento, la disposición se cuestionó como una medida restrictiva de las libertades básicas, al estilo de lo revelado por Edward Snowden, ya que estas medidas pueden dar pie a la vigilancia masiva de los ciudadanos con fines de control político. Dado que la legislación se aprobó bajo el argumento de privilegiar la seguridad ciudadana por encima de la protección a la privacidad, resulta una paradoja que en una de las primeras oportunidades que tuvo la PGR para hacer buen uso de la información de teléfonos de particulares no lo haya hecho.

La labor de investigación en telefonía era crucial para el caso Ayotizinapa; no haber obtenido la sábanas de llamadas completas de los normalistas y haber dejado de analizar dicha información, como lo señala el informe del GIEI, se explica solo como una grave omisión o como un ademán de encubrimiento. O bien el fiscal olvidó este importante paso de la investigación o bien la información que obtuvo no fue integrada a la averiguación previa con el fin de proteger a probables responsables. Murillo Karam buscó siempre entre los muertos; destapó fosas primero y declaró muertos sin cuerpos después. Por ello resulta predecible que el grupo de expertos internacionales haya recomendado en su informe desarrollar una investigación basada en telefonía y buscar vivos a los normalistas que nos faltan desde hace casi un año.


2. Exoneración gratuita del Ejército y de la Policía Federal

Pocas entrevistas ofreció Murillo Karam después de asumir la responsabilidad principal de la investigación del caso Ayotzinapa. (Entre los escasos momentos de interlocución directa en este periodo están los que tuvo con Carmen Aristegui.) En esos episodios, el funcionario se esforzó en exonerar a las autoridades federales. Por un lado, negó la participación de los integrantes del Batallón 27 del Ejército, que opera en Iguala, así como la de los miembros de la Policía Federal asignados a las carreteras donde se desenvolvieron parte de los sucesos de aquella noche. Lo curioso es que la gracia del indulto anticipado no vino a recaer sobre los funcionarios o miembros de estos cuerpos en específico; el cobijo lo extendió el titular de la PGR a la Policía Federal y al Ejército como instituciones, así nada más, como si fuesen órganos que actúan sin individuos y cuya responsabilidad penal pudiera ser determinada de forma abstracta, por el azar de la mera pertenencia de una persona a una institución.

La tesis de Murillo Karam sobre las impolutas autoridades federales empezó a tambalearse en diciembre del año pasado, con la investigación de Anabel Hernández y Steve Fisher publicada Proceso,[4] y terminó de ser destronada, apenas hace algunas semanas, con las conclusiones del GIEI. Lo que no se ha cuestionado suficientemente es la legalidad de esa tajante exoneración en el momento particular en que lo hizo. Me explico: es ilegal, en la investidura de un fiscal, hacer ese tipo de declaratorias en una investigación en curso y sin juicio previo. Algo más grave aún: en el contexto del delito de desaparición forzada, la declaratoria del procurador sirvió como un obstáculo hacia una línea de investigación que no debía excluirse.

El delito de desaparición forzada se define como la privación de libertad y el ocultamiento de civiles por parte de autoridades o de particulares asistidos o protegidos por autoridades. Este delito lo cometen quienes privan de la libertad a las víctimas, quienes encubren los hechos y quienes obstaculizan las investigaciones. Por lo tanto, restringir las líneas de investigación sobre el paradero de las víctimas en este crimen de carácter continuo es, en sí mismo, un delito. La falta de una línea de investigación que atendiera la actuación de las autoridades federales no fue, así, solo una torpeza del fiscal sino una forma de materializar la desaparición forzada, y esto es penado internacionalmente. De ahí que, en efecto, haya elementos para la procedencia de un juicio político contra Murillo Karam.

Al día de hoy, muchos analistas del caso Ayotzinapa están convencidos de que las autoridades federales conocieron, permitieron, participaron y/o encubrieron los hechos ocurridos en “la noche de Iguala”. Quienes se empeñan en salvar la tesis de Murillo Karam suelen identificar como base factual las declaraciones de los supuestos perpetradores. Sin embargo, la forma de obtención y presentación pública de estas confesiones –como explico a continuación– representan la tercera razón para sustentar un juicio político contra quien fuera titular de la PGR.


3. Condena sumaria, y sin juicio previo, a individuos interrogados en contextos teñidos por tortura

No dejó títere con cabeza. En una conferencia de prensa convocada por la PGR el 7 de noviembre de 2014, Murillo Karam violó los derechos que el artículo 20 constitucional establece para las personas acusadas penalmente. Lo hizo en tiempo récord: sesenta minutos bastaron para violar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a ser juzgado por un juez en un juicio público.

Apenas comenzada la conferencia, en el minuto 2:30 del video que permanece en el canal de YouTube del gobierno de la República, el entonces procurador declaró, sin titubeos:

En pantalla se encuentran las fotos de los tres detenidos. Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula.

Con solo estas dos frases, dichas en cuestión de segundos, el procurador generó suficiente material para incriminarse a sí mismo por violaciones graves a la Constitución. Exhibió como culpables, ante los medios de comunicación, a personas que no habían sido condenadas por un juez; mostró sus caras, pronunció sus nombres, les atribuyó hechos y les dictó sentencia. En el acto que usó para ello, Murillo Karam controló el discurso bajo la forma de un monólogo, sin oponente ni árbitro. No se presentó abogado defensor o juez. No hubo juicio, pero sí hubo culpables.

Otra investigación de Anabel Hernández y Steve Fisher recabó evidencia sobre la posible tortura de las tres personas que el entonces procurador exhibió como responsables indubitables en el caso Ayotzinapa.[5] En el reportaje se mencionan el número de lesiones presentadas por cada uno de los tres detenidos de la PGR –72, 42 y 94 lesiones, respectivamente–, también documentadas por el GIEI. De hecho, la propia presentación de la procuraduría mostraba la fotografía de uno de los detenidos visiblemente golpeado e inflamado.

Esa conferencia de prensa estelarizada por Murillo Karam fue reprobada por muchos a causa de su desafortunado final, fuera de guión, por su “Ya me cansé”. Pocos analistas repararon, sin embargo, en lo grave que había sido violar el debido proceso, saltarse el juicio y usar un PowerPoint como forma moderna de lapidación pública. En una sociedad acostumbrada a menospreciar los procesos judiciales, la mayoría de los comentaristas cayó en el juego de la PGR y se apresuró a debatir sobre la credibilidad de las pruebas desahogadas extrajudicialmente, como si este tipo de evidencia fuese válida.

Pero el “cómo” es tan importante como el “qué”. La fracción IX del artículo 20 apartado A de nuestra Constitución establece que cualquier prueba que haya sido obtenida mediante la violación de los derechos fundamentales es nula. Así las cosas, la investigación de la Procuraduría pende de un hilo. Si hubo o no una quema de cuerpos en el basurero de Cocula es, en este sentido, un asunto más bien tangencial. En instancias internacionales, el mero hecho de que el abogado de la nación se haya saltado el juicio, y haya soslayado un sinnúmero de leyes procesales a lo largo de la investigación, puede ser suficiente para derribar la investigación del caso Ayotzinapa que Peña Nieto se empeña aún en defender. Y si a las violaciones de los derechos de los acusados sumamos las violaciones –descritas arriba– de los derechos de las víctimas, no veo cómo el gobierno federal logre superar el estándar de prueba en una corte internacional. Son estas violaciones, que no convencerían a un juez verdaderamente imparcial, las que podrían ser la columna vertebral de una acusación de juicio político.


¿Maletas portuguesas?

¿Habrá juicio político en contra de Murillo Karam? Es improbable. A pesar de que existe sustancia para entablar dicho procedimiento por acciones y omisiones graves en el contexto de la investigación del caso Ayotzinapa, el juicio es poco factible dada la composición actual de la cámara baja en el Congreso mexicano. Los diputados son quienes deben entablar la acusación, y anticipo que no se logrará la mayoría de votos necesaria para dar el primer paso en ese sentido.

Es más viable que Enrique Peña Nieto se empeñe en enviar al exilio político a Murillo Karam en un futuro cercano. La embajada no será resultado, desde luego, de su mérito como procurador de la nación en el caso penal más triste de la historia reciente. No. La decisión del presidente respondería a la tradición que siempre ha seguido el PRI de pagar con una embajada a un aliado político que ha sido disciplinado y leal. Y es que es enteramente verosímil que Murillo Karam no haya actuado de motu proprio al exonerar a las autoridades federales. Quizá la orden presidencial al entonces procurador era la de ofrecer un halo de conclusión expedita a un asunto políticamente candente, manteniendo a salvo a los intocables. Quizá Murillo Karam acató la orden. Quizás.

De empacar sus maletas rumbo a Portugal, Murillo Karam llevaría en ellas los coloridos parches de #YaMeCansé y #MentiraHistórica. Llevaría también inscrito el número 43 en la frente. Los anfitriones del ex procurador en el apacible país ibérico no podrían verlo bajo otra luz –y esa sería, tristemente, la única sanción que permitiría nuestra incipiente democracia.


Notas

[1] Agradezco los atinados comentarios y sugerencias para este artículo de Alfredo Lecona, Ana Laura Jasso y Leslie Solís.

[2] Jenaro Villamil, “Brutal revés para el guardián de Peña Nieto”, Proceso, núm. 2028 (2015).

[3] En este sentido va el comentario al artículo 19 de la Convención estructurado por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Disponible aquí.

[4] Anabel Hernández y Steve Fisher, “La verdadera noche de Iguala”, Proceso núm. 1989 (2014).

[5] Anabel Hernández y Steve Fisher, “Los ‘sicarios’, sólo albañiles torturados”, Proceso núm. 2028 (2015).

(Imagen tomada de YouTube.)

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