No hay mecanismo que detenga una bala contra un periodista

Adela Navarro
Adela Navarro

En México no hay mecanismo de protección alguno que detenga una bala dirigida a matar un periodista. Es crudo, es la verdad.

En los últimos 18 años, 119 periodistas han sido asesinados en México. 46, es decir el 41 por ciento de los casos, casi la mitad, han sucedido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según datos de la organización Artículo 19 con sede en México.

La impunidad que rodea los casos de asesinatos, desapariciones y amenazas contra periodistas, es el origen principal de los ataques. En un país donde los asesinos de periodistas no terminan en prisión, lo más fácil para acallarlos es matarlos. Desaparecerlos, amenazarlos. Llevarlos al auto exilio ante el temor de perder la vida.

Lo sé de cierto. En ZETA contamos cuatro atentados. Tres de mis compañeros han sido asesinados, uno de ellos salvó la vida, sólo para vivir el resto de sus días custodiado por catorce elementos del Ejército Mexicano.

Pero seamos sensatos, no se puede hacer periodismo de investigación cuando se está rodeado de militares, policías, hombres o mujeres armados, cuidando la integridad del periodista. Una escolta para custodiar la vida de un periodista lo confina a una oficina, a la desconfianza del contacto con el que se habla, al temor de las personas que le rodean en un escenario público. Finalmente, acompañado de personas armadas, el periodista también es amordazado.

¿Qué hemos hecho en el semanario para salvaguardad la integridad?

Definitivamente no recurrimos al prácticamente extinto mecanismo de protección instaurado por el gobierno federal, que consiste en colocar al periodista amenazado en una lista, donde de entrada, se le ubica como objetivo. Lo proveen de escoltas, normalmente policías federales asignados a las entidades federativas, que aunque está por demás decirlo, integran la corporación más corrupta del país. En algunos casos proveen de artículos de protección física, chalecos antibalas, botones de pánico, cascos, un celular, instalación de cámaras e incluso autos blindados. En esas condiciones, ninguno de los elementos considerados por el gobierno para proteger la integridad de un periodista funciona. Los policías federales terminan siendo espías en la mayoría de las ocasiones.

Recuerdo una ocasión cuando los directivos de ZETA contábamos con escoltas provistas por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (por entonces la más confiable, 2012-2014), cuando una nueva amenaza fue vertida sobre nosotros por un miembro del cártel Arellano. Después de solicitar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno que se aplicaran medidas cautelares a los editores de ZETA, recibí una llamada de la Policía Federal. Cuando nos negamos a ser acompañados por una escolta de esa corporación, además informando que ya teníamos quien nos protegiera, se comunicaron con los elementos de la Policía Estatal para pedirles que todos los días les fuese enviado a la PGR un documento donde dieran cuenta de las actividades que realizábamos. Por supuesto, tal acción no se llevó a cabo, aunque fue necesario acudir por lo menos en dos ocasiones a las instalaciones de las PGR en Tijuana, Baja California, a solicitud de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para firmar documentos donde dejaba claro que no aceptaba la protección federal y quedaba bajo mi riesgo.

Es difícil decirlo porque al expresarlo se vuelve real y es doloroso, pero desde 2004 no hemos perdido a ningún compañero. El último fue Francisco Javier Ortiz Franco, nuestro editor, el 22 de junio de ese año. Hemos sido amenazados, sí. En muchas ocasiones hemos de recurrir a la seguridad pública para proteger nuestra vida, pero la tenemos.

Lo primero que hacemos para proteger nuestra integridad al tiempo que ejercemos la libertad de expresión a partir de investigaciones periodísticas en temas de corrupción, impunidad, narcotráfico, crimen organizado y gobiernos ineficientes, es publicar lo que sabemos, lo que indagamos y confirmamos. Lo segundo, es hacer periodismo del lado de la sociedad. Ningún periodista de investigación será tal si su compromiso está con las entidades de poder, los gobiernos, los empresarios, los partidos. Mantener el compromiso con nuestra sociedad, con nuestros lectores, y alejarnos del gobierno, nos mantiene vigentes y protegidos por la solidaridad de nuestros lectores.

Contamos en un tercer vector, con lo que llamamos una red de protección. Cuando hemos sido amenazados, después hacer pública la afrenta e informar a nuestros lectores que en ZETA estamos haciendo periodismo bajo amenaza, redactamos una carta dando cuenta del contexto, la inseguridad local, la apatía gubernamental, y la enviamos a organismos de la sociedad civil que en México y en el mundo protegen a los periodistas: el Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York, Estados Unidos, Reporteros sin Fronteras y la Unesco (París), la Sociedad Interamericana de Prensa (Miami), la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (Washington) el PEN Club, CENCOS, Artículo 19 capítulo México, y muchos otros organismos que al recibir una carta alerta por parte de periodistas amenazados, lo que hacen es posicionarse pública e internacionalmente sobre el caso. En nuestro caso también hacemos llamados al gobierno de la República para que establezcan condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Es un recordatorio de que no estamos solos. Que más allá de nuestros estados, hay personas, organismos, que nos están observando, que están exigiendo a gobiernos corruptos actuar en consecuencia.

Un periodista amenazado debe ser el más libre. Considerar el temor al momento de publicar puede afectar seriamente la línea editorial de un medio independiente, libre como el viento como es el caso de ZETA. No quiero que esto se aprecie como la personificación de un mártir de la libertad de prensa, pero cuando se está amedrentado, el primer mecanismo de protección que se activa es el propio compromiso del periodista de hacer público lo que sabe. Acabar con el objeto de la amenaza.

Jesús Blancornelas, director fundador de ZETA, decía que cuando tenía una información delicada, que exhibía la corrupción en el gobierno, la complicidad con el crimen organizado o la ineficacia de la autoridad para cumplir con su obligación, su vida corría peligro. Pero que al momento de investigar el tema y publicarlo, no sólo liberaba la información que develaba la realidad de lo que sucede, cuanto más, protegía su vida. Si se hace público, se corre un peligro menor. Por el contrario, mantener oculta una información por temor a las consecuencias, significa abonarle a la impunidad, extender a lo público la protección oficial para mantener en secreto, en la opacidad de la impunidad, una conducta que toca la ilegalidad o en ocasiones la rebasa.

En vista que nuestros compañeros asesinados lo fueron por los reportajes que publicaron en el semanario, mayormente sobre los integrantes del narcotráfico, y también sobre la complicidad de las autoridades procuradoras de justicia con ellos, en ZETA tomamos la decisión de no publicar el nombre del reportero investigador cuando el tema abordado revelase información personal, imágenes, nombres de criminales organizados. En esos casos, el reportaje se firma con un INVESTIGACIONES ZETA. Un reportero sin rostro hacia afuera, un equipo de reporteros en lo interior, en una redacción que ha aprendido a sobrevivir en un clima hostil.

Ante las amenazas que hemos recibido a partir del fallecimiento de Jesús Blancornelas en 2006, la manera en que hemos reaccionado para protegernos ha sido seguir las cuatro reglas que nos hemos impuesto para sobrevivir en el periodismo en uno de los países más peligrosos para ejercerlo: publicar, compromiso social, establecer una red de protección pública, investigar.
Nos ha funcionado.

Lo reitero, desde 2004 ninguno de mis compañeros en ZETA ha sido asesinado. Hemos recibido amenazas en 2008, en 2010, en 2012, en 2014, en 2016 y en 2017. En unas ocasiones han ordenado atentar contra la vida de los editores del semanario, en otras, acabar con las oficinas. En todas esas ocasiones hemos reaccionado de igual manera y obtenido la protección de una sociedad solidaria que apoya el periodismo de investigación. No nos hemos callado ante la amenaza, nos hemos protegido a nuestra manera con nuestros recursos, y el apoyo también de elementos de policías que se mueven en la honestidad.

Caso único: de todas las amenazas recibidas, no nos hemos enterado por nuestras autoridades. Tampoco las han vertido de manera directa los criminales a los periodistas. En todos los casos, hemos sido alertados por autoridades de los Estados Unidos.

Siendo Tijuana una ciudad fronteriza, y los cárteles binacionales, allende la frontera han investigado a las mafias locales, una herramienta para ello ha sido la intervención de los teléfonos, que en aquel país es un recurso más asequible que en México. He recibido llamadas de policías de California, de San Diego, de funcionarios del Departamento de Estado de la Unión Americana, para alertarnos de la amenaza en nuestra contra. Hemos actuado a partir del conocimiento de la afrenta, informando a una autoridad honesta en nuestro país.

De 28 años que tengo haciendo periodismo de investigación en ZETA, doce de ellos he tenido escoltas.

Y después viene la otra amenaza. La de la clase política. Gobierno corruptos que ante la publicación de reportajes que los exhiben como tales, reaccionan atacando al periodista. Hay distintas formas de la amenaza política. Desde las brutales como la desaparición de las personas o las golpizas, hasta los atentados a la integridad moral, persecución fiscal, campañas de difamación, y la más recurrida, el retiro de la publicidad.

En estos casos, nuestro mecanismo de protección es el mismo: publicar las acciones contra los periodistas por el ejercicio de la libre expresión, hacer un llamado a la solidaridad de la sociedad, exhibir a las entidades de poder que pretenden presionar para censurar.

La unión de los periodistas para demandar condiciones de seguridad, en un país de harta impunidad y corrupción, es un punto clave para sobrevivir. La publicación conjunta de reportajes, las alertas públicas sobre las amenazas, proporcionan una protección pública que pone en la mira a los gobiernos corruptos, y acorrala a los criminales impunes. No hay de otra.
De los 112 casos de periodistas asesinados en los últimos 18 años en México, el 99 por ciento de las investigaciones están inconclusas. La impunidad impera. La responsabilidad de protegernos está en nosotros mismos, en nuestra responsabilidad, nuestros principios, nuestra libertad y compromiso como periodistas, para una sociedad que cada vez más, debemos motivar a defender la libre expresión.

Cuando un periodista es asesinado, perdemos todos. Perdemos información, de alguna manera, la sociedad enmudece, y eso no es dable en una sociedad democrática como en la que vivimos.

No existe un mecanismo de protección gubernamental que nos salve de la impunidad.

Ilustración: @donmarcial

Esta publicación/plataforma ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Adela Navarro

Adela Navarro es directora del Semanario ZETA.
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