No importa que los maten: una crónica de Tierra Caliente

La reciente estabilización de Michoacán ha desviado nuestra atención de Tierra Caliente. Esta zona, sin embargo, cada día es escenario de una intensa guerra entre cárteles de la droga.

| Nacional

El pasado 9 de enero, un comando de 30 hombres armados secuestró a 21 personas en una boda en el municipio de San Miguel Totolapan. Días más tarde, levantaron a cinco maestros del municipio de Ajchitlán del Progreso. Aunque casi todos ya fueron liberados el pasado 15 de enero (dos bajas: un empresario de Arcelia y el director una escuela de Ajuchitlán fallecieron), esto es el preludio de un conflicto en Tierra Caliente, en la frontera entre Guerrero, Michoacán y el Estado de México, entre La Familia Michoacana y Los Guerreros Unidos. Conflicto que no amaina a pesar de los operativos federales en la zona.

“No importa que los maten, ellos se multiplican”, me dijo una mujer que trabaja en Sultepec, Estado de México. Me lo dijo después de que una agencia federal filtró la noticia de que había detenido, en julio de 2014, a José María Chávez Magaña, líder de La Familia Michoacana en esa entidad. En la Tierra Caliente mexiquense todos lo conocen como “El Pony”. Parece bonito apodo, pero todos le temen; saben que si se hubieran enfrentado a él probablemente hubieran terminado muertos o con uno de sus familiares secuestrado. El Pony no era cosa menor.

Pero también me decían que no era cosa menor Pablo Jaimes Castrejón, “La Marrana”, el antecesor de El Pony. Según quienes lo conocían, Jaimes –apellido usual en esa zona del país– bajaba con algunos escoltas de la Sierra de Nanchititla algunas veces por semana a Luvianos o Tejupilco, a cuidar los campos de marihuana que suele erradicar el ejército. Uno de esos días, el sábado 3 de agosto de 2013 para ser exactos, bajó por el mismo camino y se encontró a los militares. Murió después de la refriega. Un año antes, Jaimes perdió a uno de sus hombres más cercanos, “El Virulo”, de nombre Juan Castelán Martínez, quien se encargaba de los negocios de La Familia Michoacana en Luvianos.

Ellos eran los lugartenientes de una organización que antes tenía mayor alcance. Previo a la escisión de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana había logrado expandirse hasta Morelos, pasando por Guerrero y el Estado de México. No sólo habían logrado dominar a la población michoacana con regalos y obra pública, ahora buscaban ir por los campos de amapola que habían tenido los Beltrán Leyva. No era fácil, ya que la banda que surgió tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, los Guerreros Unidos, también quería controlar la Tierra Caliente guerrerense. Desde entonces –estamos hablando del 2011–, el “Triángulo de la Brecha”, que es la frontera entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México, ha sido un lugar de disputa entre organizaciones criminales.

Las cosas cambiaron rápidamente ese mismo 2011. A principios de ese año supuestamente el ejército mexicano había abatido –esa es la palabra correcta– a Nazario Moreno, líder de La Familia. Sin embargo, él había escapado del intento de arresto; declaró después que ahora su organización se llamaría Los Caballeros Templarios. A esto se suma que en junio había sido detenido José de Jesús Méndez, el último líder de La Familia en Michoacana. Ahora, sus lugartenientes en el Triángulo de la Brecha se habían convertido en los líderes de la organización.

La Familia Michoacana –que más bien podría llamarse “La Familia Mexiquense”– ha estado en una guerra sin cuartel contra Los Guerreros Unidos y Los Zetas en el Triángulo de la Brecha. Esa guerra ha tenido consecuencias conocidas; por ejemplo: los enormes desplazamientos forzados en San Miguel Totolapan, los secuestros masivos en Ajuchitlán del Progreso, la violencia en Ciudad Altamirano o las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya en 2014. Por ello, como me advirtieron hace unas semanas, intentar cruzar la carretera libre de Toluca a Ixtapa Zihuatanejo sin pagar a un extorsionador significaba que uno iba a ser secuestrado. El secuestro es uno de los nuevos negocios de estas organizaciones en la región. En especial de un hombre: Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro” o “El Pez”, el hombre que sustituyó a Pablo Jaimes.

Johnny Hurtado ha sido un dolor de cabeza para sus enemigos: para el gobierno del Estado de México, quién lo responsabiliza de numerosos secuestros en el paradisiaco Valle de Bravo, y para el líder de los Guerreros Unidos en Tierra Caliente, un hombre identificado como “El Tequilero”, cuyo nombre real no ha sido revelado. Tanto es el hartazgo de El Tequilero con Hurtado que organizó el reciente secuestro de 22 personas en Arcelia y Ajuchitlán del Progreso. De entre los secuestrados había cinco maestros y un afamado empresario tortillero. El objetivo era exigirle al gobierno que por fin detuviera a Hurtado.

Los multiplicados peces de las organizaciones criminales de Tierra Caliente no tienen fronteras, aunque las autoridades sí. Mientras Héctor Astudillo intenta sortear la crisis de violencia, al gobernador Eruviel Ávila no le preocupa que el sur de su entidad siga siendo un espacio de influencia para estos personajes. Los operativos federales en la zona tampoco parecen amainar la situación.

¿Por qué sigue sucediendo esto en esa región del país? Una parte del problema es que cuando se piensa en Tierra Caliente sólo se contempla a Michoacán, cuando en realidad es una zona interconectada geográficamente con el Estado de México y Guerrero. La reciente estabilización de Michoacán ha desviado nuestra atención de esa parte del país, aunque, como he narrado, los problemas no han terminado.

Esto se debe a que, en realidad, hay dos Tierras Calientes: una en el extremo donde se encuentra Apatzingán y su zona conurbada y otra en los municipios cercanos a la triple frontera de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Por eso, usualmente lo que sucede en un extremo tiene consecuencias en el otro. Estos dos extremos son puntos neurálgicos del comercio ilegal de drogas, tanto en la producción de marihuana y amapola, así como en la transportación de las mismas desde las costas de Michoacán y Guerrero hasta el centro del país.

Estos dos polos de actividad criminal en Tierra Caliente son la consecuencia no intencional de los proyectos de desarrollo agroindustrial por cuencas de los años cincuenta del siglo pasado. Los incipientes productores de mariguana y amapola utilizaron de manera subrepticia los beneficios de los nuevos sistemas de riego y presas para mejorar su producción. A esto se sumó la utilización ilegal de los modernizados puertos de Lázaro Cárdenas e Ixtapa Zihuatanejo para traficar los precursores químicos de drogas sintéticas.

La violencia en estos dos extremos se debe a que múltiples organizaciones han buscado capturar estos mercados y rutas, además de extraer recursos de los habitantes. Mientras en Guerrero y Michoacán se produce, el Estado de México es guarida, un lugar donde la militarización en la zona, implementada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, no ha servido.

Después de Ayotzinapa, después de Tlatlaya y después de Michoacán, quedaba claro que –más allá de los arrestos– necesitamos un cambio significativo en la estrategia de seguridad. Ahí hay una guerra por las múltiples fuentes de riqueza. Por eso, sin instituciones de seguridad sólidas y una estrategia integral que desarme las actividades económicas ilícitas en esa zona del país (y no sólo en Michoacán), será muy complicado que la violencia termine: podemos esperar nuevas olas de secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos forzosos. Mientras tanto, el gobierno festeja haber capturado a uno solo de los cientos de capos de los ejércitos criminales que siguen operando libremente en todo el país.

(Foto: cortesía de Irving Valencia Chávez.)

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