Por eso propongo: eliminar el fuero

Foto: Flickr de Marte Merlos.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
El colectivo #YaMeCansé, Por Eso Propongo reunió a lo largo de siete meses propuestas de miles de mexicanos, y a partir de ellas elaboró un documento que sintetiza y expone las diez inquietudes e ideas principales. Este ensayo –el segundo de una serie de cinco– se ocupa de una de esas exigencias: eliminar el fuero político.


La eliminación del fuero fue una de las propuestas más recurrentes que recibimos en el colectivo #YaMeCansé, Por Eso Propongo, en el que, por medio de las redes sociales, invitamos a la ciudadanía a imaginar salidas para la crisis de violencia y corrupción que vive el país. La demanda ciudadana para eliminar el fuero tiene una razón: si existe inmunidad, la corrupción seguirá porque los delitos que no se castigan, se repiten.

En principio, este privilegio fue pensado para  proteger a los legisladores a fin de que no pudieran ser juzgados por sus opiniones. Así fue establecido en la Constitución de Apatzingán de 1814. Sin embargo, actualmente el fuero constitucional protege no solo al Poder Legislativo, sino también a diversos cargos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, a nivel federal y estatal, desde el presidente y gobernadores hasta regidores, pasando por secretarios de Estado.

En estos términos, el fuero permite, por ejemplo, que ni la procuradora Areli Gómez ni el ex procurador José Murillo Karam, actual titular de la SEDATU, enfrenten procesos por delitos de ejercicio indebido del servicio público o por otros delitos contra la administración de justicia –como no haber ejercido acción penal en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por abuso de autoridad en el caso de Florence Cassez y la doble muerte de Nazario Moreno “El  Chayo”.

Mientras dure su cargo, el fuero los exime de ser privados de su libertad sin previa autorización del órgano legislador correspondiente, que se otorga por medio del llamado “juicio de procedencia”. Este privilegio no distingue si son acusados por delitos relacionados con el desempeño de su cargo o delitos del fuero común, es decir, el mismo procedimiento es necesario para denuncias por tráfico de influencias que para denuncias por homicidio. Para poder juzgarlos, es un requisito de procedibilidad que se elimine primero la protección política.

La razón es que hay cargos públicos tan importantes[1] que no pueden ser interrumpidos por falsas acusaciones que deriven en procesos judiciales que inhabiliten o distraigan a sus titulares de sus funciones. En este sentido, la doctrina dice que el fuero protege al cargo y no a la persona.

El argumento, desde ahí, es injustificable. Es partir del hecho de que no hay ni  independencia judicial, ni procesos penales confiables y que los únicos que tienen el privilegio de no enfrentarse a ese sistema de justicia corrompible son quienes gozan del fuero. Ellos no confían en el sistema de impartición de justicia al que el resto de los ciudadanos estamos sometidos.

Pero resulta que las leyes y los nombramientos más altos del sistema judicial están a cargo de los legisladores. Si con el fuero se protegen de un sistema judicial en el que implícitamente reconocen que existen detenciones arbitrarias, ¿por qué no lo perfeccionan en vez de eludirlo? Los que gozan de esta prerrogativa son precisamente los que toman las decisiones que marcan el rumbo del país: si ellos no están vinculados al sistema de justicia, tienen pocos incentivos para mejorarlo.

El fuero pasó de ser una garantía de libertad de expresión a ser un camino libre para abusar del poder y cometer actos ilícitos, sin consecuencias penales. Mantener el fuero no abona en nada en aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Idealmente, deberíamos de confiar en que el que nada debe nada teme, pero la realidad es que el que fuero tiene nada teme.Postal fuero 1

Mucho antes de que ocurriera la tragedia de los normalistas en Iguala, el Congreso de Guerrero, el gobernador y el procurador del estado tenían información de que José Luis Abarca estaba acusado de homicidio y lo protegieron. No le quitaron el fuero y con ello impidieron que fuera procesado penalmente. Pudieron haber evitado una de las expresiones de violencia más graves de este país y no lo hicieron.

La noche del 31 de mayo de 2013 el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, llegaron, cerveza en mano, al paraje de matorrales donde estaban seis personas que habían sufrido desaparición forzada y tortura por órdenes de Abarca. El alcalde se dirigió al activista Arturo Hernández Cardona, que  se encontraba amarrado de pies y manos, y le dijo:

—Qué tanto estás chingando con el abono y pintando mi ayuntamiento. Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte.

Arturo Hernández Cardona era líder del Frente de Unidad Popular (FUP). En 2012 apoyó la campaña electoral de Abarca porque su esposa, Sofía Mendoza, contendía junto con él para ser regidora. Los problemas entre ellos comenzaron cuando Abarca se negó a entregar fertilizante al FUP y Hernández Cardona organizó intensas protestas en las que bloquearon carreteras e hicieron pintas en el Palacio Municipal. La respuesta de Abarca fueron dos disparos.

El único testigo que se atrevió a hablar fue Nicolás Mendoza Villa, quien responsabilizó al presidente municipal del homicidio. Desde luego, Abarca negó  las acusaciones en su contra y dijo estar tranquilo por que “el que nada debe nada teme”.

En realidad, él gobernaba tranquilo porque, aunque se inició un juicio de procedencia en el Congreso de Guerrero, sabía que no lo iban a desaforar. De hecho, los diputados mantuvieron en la congeladora el juicio de procedencia, hasta que ocurrió la tragedia de los normalistas.

El resto de la historia, ya la sabemos: seis homicidios y 43 desapariciones forzadas después, Abarca fue desaforado y procesado penalmente.

Pero no siempre el desafuero significa que los inculpados enfrentarán los procesos penales en su contra; hay conocidos casos en los que el tiempo que dura el trámite del juicio de procedencia es suficiente para fugarse.Imagen fuero2

El caso de Julio César Godoy es quizás el más memorable. Le giraron orden de aprehensión por nexos con el narcotráfico durante la campaña electoral de 2009, pero Godoy logró tomar protesta como diputado federal entrando al recinto escondido en una cajuela. Obtuvo el fuero, y en lo que se tramitó el juicio de procedencia se fugó.

Un ejemplo más reciente es el de Omar Cruz Reyes, recién desaforado alcalde de Medellín, en Veracruz, acusado de ser el autor intelectual del homicidio del periodista Moisés Sánchez. El cuerpo de Moisés fue encontrado el 15 de enero de este año, pero el desafuero ocurrió hasta finales de marzo. A partir de entonces nadie encuentra al alcalde. Julio César Godoy y Omar Cruz Reyes son claro ejemplo de que la inmunidad es impunidad.

Los que gozan de esta prerrogativa dicen que tienen fuero porque tienen un cargo público. Sin embargo, la realidad es que muchos delincuentes tienen un cargo público para tener fuero. Los ciudadanos poco podemos hacer para defendernos frente a ellos. Procesos de desafuero ha habido poquísimos, todos derivados de escándalos mediáticos. Jamás ha pasado que un ciudadano de “a pie” denuncie a alguno de estos servidores públicos y los Congresos siquiera consideren iniciar un proceso de desafuero.

La legislación mexicana es una de las más laxas en la regulación del fuero. Otros países de América Latina que contemplan esta figura incluyen excepciones como la comisión de delitos en flagrancia (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela), o  confieren el juicio de procedencia a la Corte Suprema de Justicia para alejarlo del debate político y acercarlo al escrutinio jurídico (Colombia, Chile, Guatemala).

En el debate sobre las recientes reformas anticorrupción se intento incluir el tema de la eliminación del fuero. Sorprendentemente, la iniciativa fue de la oposición, principalmente de partidos de izquierda, con apoyo de varios legisladores del PAN; fueron principalmente los legisladores del PRI los que se dieron a la tarea de frenarla. Digo sorprendentemente porque los defensores del fuero lo justifican como una medida de protección para la oposición. Ni siquiera se intentó una regulación mínima que incluyera:

  • Que sea la SCJN la encargada de desahogar los juicios de procedencia.
  • Que no se necesite juicio de procedencia para los funcionarios que sean sorprendidos en flagrancia,
  • Que el fuero no inhiba la continuidad de los procedimientos penales previos a la toma de posesión de cargos.

La clase política está acostumbrada a asumir los costos políticos de los escándalos mediáticos, pero no las consecuencias penales de los delitos que cometen. El panorama no es alentador si tomamos en cuenta la creciente infiltración del crimen organizado en el gobierno y el acceso a la reelección que muchos tendrán a partir de la siguiente elección. Corremos el riesgo de tener en el poder hasta 12 años consecutivos a delincuentes inmunes a denuncias ciudadanas. Es verdad: hay que proteger los cargos y no a las personas que los ocupan, y para ello necesitamos eliminar el fuero.


Nota

1. A nivel federal la Constitución otorga fuero al Presidente de la República, los gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, los  ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Estado, el Procurador General de Justica y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. A nivel local,  cada Estado define en su Constitución a quienes se les otorgará fuero pero en general  copian el esquema de la Constitución Federal.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

ARCHIVO

Shopping Basket