Por eso propongo: perseguir el delito de desaparición forzada

Foto: Flickr de Liliana Zaragoza Cano.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
El colectivo #YaMeCansé, Por Eso Propongo reunió a lo largo de siete meses propuestas de miles de mexicanos, y a partir de ellas elaboró un documento que sintetiza y expone las diez inquietudes e ideas principales. Este ensayo –el tercero de una serie de cinco– se ocupa de una de esas exigencias: perseguir el delito de desaparición forzada.

La desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa esclareció una de esas verdades que al gobierno federal le cuesta trabajo reconocer: en México la desaparición forzada es un fenómeno generalizado, es una práctica anidada en nuestra sociedad, y las autoridades han hecho muy poco por darle solución.

A partir de este suceso se hizo visible, tanto a nivel nacional como internacional, la crisis humanitaria que se vive a lo largo y ancho del territorio. Frente a ello, el gobierno adoptó una estrategia bipolar. Por un lado, impulsó, debido a la presión de distintas organizaciones sociales, una reforma constitucional para poder legislar sobre la desaparición forzada de personas. Por otro, decidió confrontarse enérgicamente con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ante la evaluación que este hizo sobre desapariciones y tortura en el país, a la vez que se sigue negando a tipificar el caso de Iguala como desaparición forzada.

Sobre la primera parte de la estrategia hay avances. El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución, con lo cual se otorgan facultades al Congreso para legislar en materia de desaparición forzada y tortura.

Como tal, la reforma ha sido saludada por distintas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, pues, sin duda alguna, era necesaria para hacer frente a una de las más grandes tragedias humanitarias que México carga. En ella se fincan las expectativas de generar un marco normativo coherente que permita armonizar las legislaciones federal y estatal con las convenciones internacionales en la materia, así como las de construir instituciones que se encarguen de atender a las víctimas de estos delitos y de castigar a los perpetradores.

Sin embargo, como cada vez que se presentan avances en el plano legislativo, su celebración debe ser sucedida por un momento de reflexión. Sabemos que nuestro país se ha caracterizado por mantener un abismo entre lo estipulado por la ley y su aplicación, el cual impide que la normatividad tenga un impacto real en la forma de organizar la convivencia social. En este sentido, vale la pena preguntarse si una nueva modificación al marco constitucional será suficiente para generar las condiciones propicias para atender el problema de miles de personas desaparecidas en México.

¿De qué sirve que existan instancias especializadas en casos de desaparición forzada si no cuentan con los recursos suficientes para atender a las víctimas? ¿Hasta donde podrá aplicarse la ley si estos nuevos mecanismos se adhieren a la lógica corrupta de funcionamiento del resto de las instituciones de impartición de justicia?

Ahora bien, no es casualidad que la preocupación por generar una legislación de estas características llegue siete Desaparición forzadameses después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas a manos de la policía municipal de Iguala, pues este caso mostró, de la manera más brutal, la dimensión del fenómeno y la forma en que las  instituciones del Estado mexicano son partícipes en la violación directa de los derechos humanos en gran parte del país.

En otras palabras, el tema de la desaparición forzada debe observarse como el dramático síntoma de una problemática que se instala en el código genético del funcionamiento del Estado mexicano, y cuya solución rebasa por mucho las posibilidades a las cuales se puede aspirar con la promulgación de una nueva ley. No es el caso negar la importancia de un recurso legal con el cual puedan ampararse las víctimas y sus familiares, pero no se debe perder de vista que, para que se dé una respuesta satisfactoria a sus demandas, el gobierno debe generar condiciones suficientes para hacer frente a este fenómeno.

Así, para que esta ley no sirva únicamente como inhibidor del descontento social y se convierta más bien en el primer paso del largo camino que hay que recorrer para que sean perseguidos los delitos de desaparición forzada, el gobierno federal debería, al menos, reconocer sin tapujos su responsabilidad en la desaparición de personas, modificar a profundidad el funcionamiento de las estructuras judiciales que hoy no son eficaces y combatir enérgicamente la corrupción en todos los niveles gubernamentales.

Además, tanto las movilizaciones suscitadas a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes, como las organizaciones sociales que trabajan el tema, no podrán bajar la guardia en su lucha por la persecución de este delito, ni mucho menos asumir que esta batalla legislativa es el final del camino. En este sentido vale la pena unir esfuerzos entre organizaciones, retomar propuestas que busquen crear canales de denuncia y de exigencia hacia las autoridades, tal como ocurre con #YaMeCansé, Por Eso Propongo, una iniciativa que retomó los reclamos de la sociedad mexicana y generó propuestas para resolver este grave problema. Al recoger las protestas de distintos sectores de la sociedad se encontró que una de las batallas ciudadanas a seguir es la persecución eficaz del delito de desaparición forzada.

Finalmente, se debe intensificar la presión social por distintas vías para hacer de esta ley una realidad. De no hacerlo, esta reforma habrá servido solamente como una vía para desincentivar la indignación y la movilización social y no como un primer paso para hacer justicia a las y los desaparecidos y sus familiares.

El aplazamiento de la creación de esta ley, junto con la actitud bipolar de las autoridades, fueron algunas de las razones que causaron la desaparición de los 43 estudiantes. Si no se actúa ahora, si no se ejerce la ley, lamentablemente en los próximos años tendremos diez Ayotzinapas más.

(Foto: Liliana Zaragoza Cano / Colaboración con Hijos México y Comité Eureka. )

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

ARCHIVO

Shopping Basket