Por eso propongo: reducir el financiamiento público a los partidos

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El colectivo #YaMeCansé, Por Eso Propongo reunió a lo largo de siete meses propuestas de miles de mexicanos, y a partir de ellas elaboró un documento que sintetiza y expone las diez inquietudes e ideas principales. Este ensayo –el cuarto de una serie de cinco– se ocupa de una de esas exigencias: reducir el financiamiento público a los partidos.

A finales de la década de los setenta, Jesús Reyes Heroles encabezó un movimiento político y legislativo que cambiaría profundamente el panorama democrático mexicano: las reglas de la competencia y la representación debían transformarse para dar credibilidad a las elecciones, y voz y futuro a los competidores. Este movimiento culminó en la reforma constitucional de 1977 y en la promulgación de la entonces Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Las reglas del juego político cambiaron en tres aspectos fundamentales: los resultados de las elecciones podrían impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los partidos políticos podrían postular candidatos a legisladores electos por el principio de representación proporcional; y, sobre todo, los partidos políticos recibirían financiamiento público. Con cambios y matices, esta es la herencia legislativa que aún nos rige.

La reforma de 1977 fue una reacción a la realidad política de la época, un movimiento para adaptar las reglas del juego a los intereses de todos los jugadores  y no solo a los de aquellos en el poder. Esta capacidad de adaptación fue la que abrió las puertas a la democracia que hoy tenemos, y la que durante la década de los noventa fortaleció sus instituciones insignia como el IFE (ahora INE) y el Tribunal Electoral. Pero, al igual que hace cuatro décadas, el panorama de la política mexicana ha cambiado, y muchos creemos que las reglas del juego deben replantearse para que la democracia subsista y crezca. Eso es lo que muestran las ocho mil propuestas ciudadanas que concentró el movimiento #YaMeCansé, Por Eso Propongo, entre las que se cuestiona precisamente el excesivo financiamiento público que reciben los partidos políticos.

Según datos publicados por el INE, desde 1997 hasta 2015 los partidos políticos nacionales han recibido un total de 58,262.493,461 pesos por concepto de financiamiento público. En números redondos, poco más de 58,260 millones de pesos. La cifra parece escandalosa. Sin embargo, cuando decimos que algo es excesivamente costoso lo que estamos diciendo es que lo es en comparación con algo más. Si contrastamos, por ejemplo, el presupuesto que ha tenido la CNDH de 2000 a 2015 (aproximadamente 13,900 millones [1]) con el financiamiento público que obtuvieron los partidos políticos nacionales en ese mismo periodo (cerca de 53,800 millones) vemos que, en términos presupuestarios, nuestros partidos son casi cuatro veces más importantes que defender y promover nuestros derechos humanos. Pero si,  por otra parte, comparamos el financiamiento total de los partidos desde 1997 hasta la fecha (58,260 millones) con el presupuesto que recibió el CONACyT solo en 2014 y 2015 (64,790 millones) descubrimos que nuestra inversión en ciencia y tecnología en tan solo dos años es superior a lo que gastamos en partidos durante diecinueve años. Incluso esos recursos que absorbieron los partidos durante casi dos décadas, calculados a valor presente (poco más de 79,930 millones [2]), representan apenas el 2.18% de todo el presupuesto federal para este año, que es de 3,669,815.6 millones (sí, millones de millones de pesos). [3] Visto de esta forma, el gasto público en partidos políticos no parece tan excesivo.

Sin embargo, estos datos no nos dejan tranquilos. Seguimos percibiendo que los partidos políticopostal financiamiento partidos (2)s nos cuestan mucho porque nuestra decepción no es monetaria, sino de confianza. Percibimos que el dinero que todos los mexicanos damos a los partidos políticos no corresponde con el valor que recibimos a cambio. No importa que la cantidad de dinero que les damos sea relativamente pequeña, porque ninguna cantidad es suficientemente pequeña para darla, en el mejor de los casos, a cambio de nada. El mayor costo de nuestro sistema de partidos es el desengaño ético y político, y el modelo de financiamiento que actualmente rige a los partidos políticos genera incentivos para reproducir ese desencanto.

La idea de otorgar financiamiento público a los partidos políticos nacionales tuvo originalmente dos objetivos: brindar a los partidos pequeños la oportunidad de realmente competir con el entonces partido hegemónico, el PRI, y fortalecer la independencia de todos los partidos frente a los poderes fácticos, con el fin de suprimir la necesidad de relaciones clientelares. Idealmente, cumplir con estas dos metas permitiría que los partidos políticos cumplieran a cabalidad con su propósito esencial: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. En palabras más simples, que los partidos políticos recibieran más financiamiento público que privado causaría que todos los ciudadanos (y no solo los más ricos o poderosos) tuvieran voz en la conducción y construcción de su país.

El primer objetivo se cumplió claramente: los partidos políticos opositores han extendido su influencia a nivel federal, estatal y municipal, tanto en órganos ejecutivos como legislativos. Pero las relaciones clientelares entre partidos políticos, por una parte,  y empresas, organizaciones gremiales y sindicatos, por otra, no solo no han disminuido, sino que se han convertido en la insignia de la negociación política y de los escándalos de corrupción. Basta recordar casos como el Pemexgate y el de Amigos de Fox, que merecieron multas por mil millones de pesos al PRI y por 497 millones de pesos a la coalición PAN-PVEM, respectivamente. O bien, el hecho de que sindicatos y empresas no solo se dan el lujo de constituir partidos políticos como Nueva Alianza o el PVEM, sino que también guardan estrechos vínculos con los demás partidos, postulan a sus familiares y empleados como candidatos, y ejercen así una enorme influencia en la definición de contenidos legislativos, políticas públicas e incluso en la propaganda electoral. Tan evidentes son estos problemas que merecieron una reforma constitucional que prohíbe expresamente la afiliación corporativa y la compra o adquisición de propaganda política o electoral en radio y televisión. [4]

Las relaciones entre partidos y empresas o sindicatos generan tanto rechazo porque constantemente evidencian el desdén de los partidos hacia la opinión del resto de los mexicanos; un desprecio que se disfraza de propaganda y dádivas en cada elección, y se hace patente en el descaro con el que líderes políticos presumen una vida de opulencia y excesos que parece representar más a las clases privilegiadas que a la inmensa mayoría de los mexicanos. Y ahí está justamente la contradicción: mientras la mayor parte del financiamiento partidista proviene (oficialmente) de nuestros impuestos [5], el comportamiento de los partidos políticos parece beneficiar a intereses menos democráticos. En México no es verdad que siempre el que paga manda.

Este no se trata exclusivamente de un problema de miopía política, es también un problema de diseño institucional. En México, los partidos políticos tienen permitido obtener financiamiento privado siempre que sea menor al público. Esta norma supuestamente debe generar incentivos para que los partidos políticos favorezcan los intereses de la mayoría de los ciudadanos sobre los intereses de sus patrocinadores privados, pero el modelo tiene varios problemas. Primero, que el financiamiento público provenga de los impuestos significa que los partidos tienen garantizado su ingreso y que los ciudadanos solo podemos castigarlos financieramente de manera indirecta: a través de nuestro voto, porque el 70% del total del financiamiento se distribuye según la votación que recibe cada partido. Segundo, cada ciudadano aporta una cantidad insignificante de recursos públicos que se distribuyen entre todos los partidos: entre 52 y 81 pesos al año, según se trate o no de año electoral [6]. En contraste, durante 2015 un simpatizante podría aportar hasta 1,870,317 pesos de sus propios recursos a cualquier partido político.

En este escenario, los partidos políticos no tienen incentivos para escuchar al ciudadano común, ya sea porque su aportación individual vía impuestos es insignificante frente a las aportaciones de sus simpatizantes; ya porque recabar, sistematizar y atender la opinión de una masa de ciudadanos desorganizados es mucho más caro y complicado que atender solamente a unos cuantos que, además, individualmente aportan más. Para los partidos políticos el financiamiento público está garantizado, así que prefieren atender los intereses de sus patrocinadores privados y relegar al resto de los ciudadanos a un ocasional “yo te escucho” con motivo de cada elección [7]. Los partidos gobiernan para pocos y todos pagamos para que eso sea posible.

El modelo mixto de financiamiento no solo genera una representación política endeble y parcial, sino que también crea incentivos para incumplir la ley. La cantidad de dinero que reciben los partidos políticos y la certeza de que siempre estará allí permite que los actores políticos calculen de antemano los costos de infringir la ley y que, además, los asuman sin mayor reparo. Al fin y al cabo tienen un ingreso seguro, y las multas las terminan pagando los ciudadanos. Esta situación se agravó todavía más después de la reforma electoral de 2007-2008, porque ahora los partidos políticos no gastan un solo centavo en contratar propaganda en radio y televisión. La propaganda radiodifundida es un regalo del Estado. Así, los partidos políticos incrementaron notablemente su margen de maniobra: el dinero que antes debían cuidar para adquirir la costosa propaganda radiodifundida, ahora lo pueden destinar libremente a pagar multas. Para ejemplo basta el PVEM y los cerca de 190 millones de pesos que ya ha acumulado en sanciones por difundir propaganda electoral prohibida.

El dinero público de los partidos políticos es caro porque paga por una representación endeble y por el privilegio de violar la ley sin consecuencias. Nuestras reglas de financiamiento para partidos reproducen un modelo de sociedad notoriamente inequitativo: un régimen de privilegios donde los beneficios se privatizan y los costos se socializan, donde la ley es para todos menos para los que pueden pagar por incumplirla. Así, no es extraño que la sociedad se sienta defraudada por los partidos, por esas personas e instituciones que viven un país que pocos tienen. El descontento con estas contradicciones es patente. Según encuestas de Consulta Mitofsky, relativas al periodo de 2004 a 2014, “las cinco instituciones que menor confianza generan entre la población son la policía (5.8), senadores (5.7), sindicatos (5.6), diputados (5.4) y partidos políticos (5.1)” (donde 10 es el máximo nivel de confianza y 1 el mínimo). En un sentido similar, el Índice de Fragilidad Estatal 2014 publicado por el Fondo para la Paz (Fund for Peace) catalogó a México como un país en estado de “advertencia alto”, debido a su nivel de fragilidad estatal: 71.1 sobre 100, donde 100 es el máximo nivel de fragilidad.

La crisis de confianza en las instituciones no es gratuita, y las contradicciones y desigualdades de nuestra sociedad la agravan. Si nuestras reglas no nos permiten atender la realidad, entonces habrá que cambiar las reglas para adaptarlas a la realidad, y urge repensar las que rigen el financiamiento de los partidos políticos. El arreglo institucional que tenemos hoy claramente genera incentivos para que los partidos se alejen de la ciudadanía y les aporta recursos suficientes para violar la ley. Esos son demasiados recursos y son recursos que aportamos todos. Ningún partido y ninguna persona debería tener suficiente dinero para darse el lujo de incumplir la ley, y menos cuando ese dinero no le pertenece.


Notas

  1. Hago la comparación a partir de 2000 porque antes del 13 de septiembre de 1999 la CNDH era un organismo descentralizado de la administración pública federal, y no una autoridad constitucionalmente autónoma como la conocemos ahora. Ver http://www.cndh.org.mx/Antecedentes y artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  2. Calculado sobre el INPC de diciembre de cada año publicado por el INEGI (aquí)
  3. Todos los datos presupuestales se refieren a gasto programable y fueron obtenidos de los Presupuestos de Egresos de la Federación publicados (aquí)
  4. Ver artículo 41, bases I y III, de la Constitución.
  5. Por mandato del artículo 41, base II, de la Constitución, la ley debe garantizar que en el financiamiento de los propios partidos “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.
  6. Para una descripción de cómo se calcula el financiamiento público de los partidos políticos, ver artículos 41, base II de la Constitución, y 50 a 52 de la Ley General de Partidos Políticos.
  7. En su artículo Party Competition under Private and Public Financing: A Comparison of Institutions, publicado en la revista Advances in Theoretical Economics, Vol. 6, Issue 1, John E. Roemer concluye: “Under a public system that matches private funds, the non-representative aspect of the private system is magnified: the expected policy moves to the right from the private finance equilibrium. In our example, public finance simply replaces some of the private financing for the poor, but it augments private financing for the rich, thus exacerbating the distortion caused by private finance”.
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