Prensa bajo fuego

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México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las condiciones para practicar el derecho pleno de informar son cada vez más precarias. En el sistema de medios impresos mexicano encontramos una discrepancia mayúscula: por un lado, los dueños de los medios son menos independientes —ya sea del poder político, ya sea de la industria—, y por el otro, los reporteros operan en condiciones laborales inaceptables (como ejemplo, Gregorio Jiménez, el periodista asesinado en Veracruz, ganaba 20 pesos por nota).

Los reporteros son el eslabón más débil de la cadena informativa en el ecosistema de medios mexicano.  Quizás su precariedad —de clase, diría yo— explique la falta de solidaridad frente a sus muertes. En los últimos 15 años, 82 periodistas han sido asesinados en México sin que el sistema que permite que esto ocurra se haya movido un milímetro. La barbarie no ha hecho que los medios vivan su propia transición a la democracia.

Esta discrepancia —económica y de status social— entre propietarios y trabajadores ha llevado a diversificar los tipos de violencia contra los medios. Quienes se sienten amenazados por el derecho a informar se debieron percatar de que el asesinato de reporteros no espantaba a los distantes dueños ni generaba indignación social, y entonces comenzaron a atentar contra los bienes materiales —algo que llega directamente a los propietarios de los medios. La organización ARTICLE 19 ha documentado, desde el 2006, 53 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Los ataques contra instalaciones de medios no son frecuentes. Regularmente tienen lugar en contextos de conflictos armados, sobre todo cuando se involucran explosivos, como es el caso de Medio Oriente. En Latinoamérica generalmente tienen una naturaleza distinta pues suceden en zonas rurales vinculadas con conflictos de tierras (por ejemplo, en la región garífuna de Honduras y la Amazonia en Brasil).

Por eso, lo que sucede en México no tiene paralelo. Durante nueve años las instalaciones han estado bajo asedio de explosivos y armas de fuego. El año más violento fue 2010, cuando en el territorio nacional se lograron documentar quince agresiones contra instalaciones (mientras que en 2008 y 2014 únicamente se pudo documentar una agresión en el año). Entre enero y febrero de 2015 se han documentado tres. El norte del país ha sido receptáculo de este tipo de violencia: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa concentran 38 de estos ataques.

Las empresas mediáticas con mayores ataques, de acuerdo con la información de ARTICLE 19, son: Televisa (11), Reforma (8), El Mañana (3) y El Siglo de Torreón(2). Cinco de cada diez ataques son hechos con explosivos y tres de cada diez con armas de fuego. El alto uso de explosivos da cuenta de la magnitud de la acción violenta. Los últimos ataques que han tenido lugar fueron contra un distribuidor del Grupo Reforma en el Estado de México y el incendio de la camioneta de Ernesto Moreno Valtierra, fotoperiodista de La Jornada, en Zacatecas.

Los casos se mantienen impunes. La consecuencia lógica de esta espiral del terror ha sido la autocensura y con ello la instauración de amplias zonas de silencio en México, con periódicos cuyos dueños no dejan de recibir prerrogativas gubernamentales y reporteros completamente inhibidos para informar. La diferencia entre 2006 y hoy es la cantidad de recursos y nuevas instituciones del Estado para garantizar la libertad de expresión: una ley de protección, una fiscalía especial, un mecanismo de protección, etc. Paradójicamente, ahora hay más Estado y menos garantías.

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