Primeras impresiones del horror: el informe de la PGR y la conclusión oficial sobre Ayotzinapa

La conferencia de prensa del Procurador Jesús Murillo realizada el día de ayer presentó los resultados de la investigación oficial sobre el caso Ayotzinapa. Paula Sofía Vásquez ofrece unas primeras impresiones jurídicas sobre un informe que favorece la justicia mediática sobre la justicia jurídica y que ha dejado a la opinión pública con más preguntas que respuestas.

| Nacional

Este texto presenta unas primeras impresiones, expresadas con base jurídica, sobre la conferencia de prensa en la que el día de ayer el Procurador Jesús Murillo Karam presentó ante los medios y la opinión pública los resultados de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero—la pretendida conclusión oficial sobre el caso Ayotzinapa.

El tono del discurso, las pruebas presentadas, la presencia protagónica –una vez más— de detalles mórbidos, así como las conclusiones de la Procuraduría seguirán dando lugar a análisis y debates. La presente nota se trata entonces de una primera reacción, que utiliza como guía los puntos tratados en la conversación del pasado #MiércolesDeHorizontal, dedicado al tema delsistema penal y de procuración de justicia.

  1. El contexto. De nueva cuenta, el Procurador Murillo Karam da preferencia a la justicia mediática por encima de la justicia jurídica. Sin juicio, y por ende sin sentencia, el Procurador ha condenado públicamente –a partir de una confesión— a los supuestos asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De nueva cuenta, para utilizar la eficaz imagen de Layda Negrete, Murillo se erige como Gran Inquisidor y, dejando de lado los procedimientos judiciales conducentes, presenta mediáticamente pruebas editadas y musicalizadas, modifica los delitos a perseguir a partir de las confesiones extraídas (más sobre esto adelante), dicta sentencia y, unilateralmente, da por cerrado el caso: “todos oficialmente muertos”.
  1. Las pruebas. El peso de la sentencia –hasta ahora solamente mediática— vuelve a recaer únicamente en pruebas de tipo testimonial: las presentadas en la conferencia de prensa de noviembre, sumadas a las mostradas ayer. No parece haber una vinculación comprobable –o al menos una que ofreciera una dosis razonable de certeza— entre los dichos de los supuestos asesinos confesos y lo que se ha podido apreciar en las “escenas del crimen” (el basurero de Cocula, las calles de Iguala, la carretera federal). Todo esto sucede, además, en un contexto como el mexicano en el que, de acuerdo con los informes de organismos internacionales, las confesiones obtenidas bajo tortura no son una excepción. Por otra parte, resalta la desestimación, realizada sin explicación pública alguna, de otros testimonios e investigaciones que, aportados por agentes externos, podrían haber ampliado las líneas de investigación, modificado sus resultados o reforzado las confesiones presentadas.
  1. Modificación de los delitos. A partir de los contenidos de la confesión presentada el día de ayer, la PGR modificó la tipificación de los delitos a perseguir, de “desaparición forzada” (delito continuado) a “homicidio” (delito consumado). De esta forma, esta confesión “redonda” permite limitar el caso en dos sentidos: 1) reduciendo el número de actores a los responsables confesos o ya detenidos, y 2) cerrando el caso, por tratarse de un delito ya consumado (homicidio).
  1. El móvil. La conferencia de ayer y las pruebas presentadas dejan de lado cualquier involucramiento directo del Estado en los crímenes de la noche del 26 y 27 de septiembre. La teoría de la “confusión” de los normalistas con miembros una banda criminal (rival del “Cepillo”, podemos suponer) exime al Estado de responsabilidad directa (quedaría aún la responsabilidad por omisión) en cualquiera de sus niveles (municipal, estatal o federal).

La lectura de estos elementos deja más interrogantes que respuestas. Por ejemplo, ¿por qué la indagación limitó su enfoque de manera que excluyó las líneas de investigación que involucraban al Ejército o a otras figuras políticas, como al propio gobernador con licencia Ángel Aguirre? Aunque se anunciaba desde tiempo atrás, ahora se ha confirmado que la investigación de la PGR nos deja poco o nada satisfechos. Los fantasmas de la corrupción, de la falta de rigor, del espíritu del “asesino solitario” de 1994, hacen imposible que consideremos que se haya hecho justicia.

¿Qué nos queda? El cierre del caso por parte de la Procuraduría nos acerca un paso más a la vía internacional, a partir de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual podría explorarse ante otras instancias jurisdiccionales. Queda abierta, también, la vía no jurisdiccional, a través de la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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