Propuesta 0040: ¿es momento para un #censotrans en México. Censo de población y vivienda 2020?

Los censos poblaciones son una herramienta poderosa que permitiría visibilizar a la comunidad trans si incluyeran entre sus preguntas circunstancias relativas a este grupo de población.

| Discriminación

Los censos de población y vivienda son herramientas de política pública utilizadas por los países para conocer, con mayor profundidad, a su población; las condiciones que guarda el inventario de vivienda nacional, así como las condiciones generales de vida de sus habitantes. Aspectos como el volumen de la población, su estructura por edades, su ubicación geográfica, su nivel de acceso a derechos sociales son solo algunos de los insumos fundamentales para cualquier decisión en materia de política pública por parte de las autoridades. Son, pues, un ejercicio social y estadístico que permiten responder a múltiples interrogantes clave para entenderlos mejor.

Para el caso mexicano, los primeros censos datan de la época colonial; el más conocido de ellos es el censo de «Revillagigedo»[I], denominado así en honor a su impulsor, Juan Vicente Güemez Pacheco y Padilla, quien fuera virrey de Nueva España y conde de Revillagigedo. Este censo se levantó entre 1791 y 1792 y contabilizó a la población en trece de las diecisiete intendencias existentes; en aquel momento la población censada alcanzó 1.7 millones de personas  (Inegi, 1985).

A principios y mediados del siglo XIX, ya en el México independiente, se llevaron a cabo algunos conteos de población, como el de 1831, el de 1837 y el de 1849; pero no fue hasta 1854 que el entonces presidente de México, Félix Zuloaga, ordenó el levantamiento de un censo que abarcara la totalidad del territorio nacional. Este fue terminado un año después y arrojó una población de 9.8 millones de personas. Algunas décadas más tarde, en 1882, y a iniciativa de don Antonio García Cubas, se fundó la Dirección General de Estadística (DGE), que perduró hasta la creación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en enero de 1983 (Inegi, 1985).[II]

La DGE tuvo a su cargo el censo general de la República mexicana levantado en 1895 en el auge del Porfiriato; los tabulados de este ejercicio pueden consultarse actualmente en el portal del Inegi. El cuestionario incluyó preguntas sobre el culto de las personas, su estado civil, su nacionalidad, su nivel de instrucción, así como su ocupación. La población total para ese año sumó 12.7 millones de personas, entre sus principales resultados destaca el hecho de que ocho millones de personas no sabían leer ni escribir, o que solo residían en el país alrededor de cincuenta y cinco mil extranjeros (DGE, 1895).

Después, la DGE llevó a cabo el censo de 1900, para el cual se estipuló un apartado penal que obligaba a todos los habitantes de la República a inscribirse en el empadronamiento y a responder con la verdad, ya que las negativas o la provisión de datos falsos conducían al arresto o hasta un mes de multa. A partir de ese año la frecuencia de los censos fue decenal con la excepción del elaborado en 1921.

Por lo general los censos han privilegiado la recopilación de información respecto a dos grandes rubros para caracterizar a la población. Por un lado, destaca la información demográfica representada a partir de variables como la edad, el sexo, la fecundidad de las mujeres, la nacionalidad, el estado civil y, por el otro, la información socioeconómica a partir de datos como la escolaridad, la ocupación principal, la posición en el trabajo, el ingreso y las condiciones de la vivienda, por mencionar algunas.

Si bien este grupo de variables (demográficas y socioeconómicas) han estado presentes en todos los censos de la era moderna, resulta valioso constatar cómo algunos requerimientos de información que se ven reflejados a manera de preguntas en los cuestionarios han cambiado a lo largo de las décadas. Esta situación da cuenta del dinamismo social, del cambio en las costumbres, y de la concepción que se tenía sobre la cosa pública en el momento de su elaboración.

Una pista de esto la ofrece la pregunta que se hizo durante cuarenta años (entre 1940 y 1970) a la población, cuestionándoles si por costumbre o de manera habitual usaban huaraches, zapatos o si andaban descalzos. Esta pregunta dejó de hacerse en el censo de 1980 para dar paso a otras que comenzaron a tener una mayor importancia y que fueron incluidas en censos posteriores, como aquellas relativas al uso de las tecnologías de la información destacando el acceso y uso de teléfono celular e internet.

Este ha sido el caso de la pregunta sobre el dominio de lenguas indígenas que se utiliza desde 1950 como proxy para determinar el origen étnico de la población y que ha permitido visibilizar a la población indígena del país. Desde mi óptica, no resulta descabellado demandar que la inclusión de nuevas preguntas, además de reflejar los cambios sociales y tecnológicos, deban orientarse al reconocimiento de nuevos derechos y realidades que favorezcan y reconozcan la diversidad y la inclusión.

Otro ejemplo de esto lo constituye la pregunta sobre autoadscripción afrodescendiente incluida en la Encuesta Intercensal 2015[III] que, como señala en su texto Eduardo Torre Cantalapiedra, permitió visibilizar y ampliar el conocimiento relativo a la población afro en México (Torre, 2017). Gracias a este reactivo hoy sabemos de qué tamaño es este grupo poblacional, dónde se encuentra ubicado y conocemos su caracterización demográfica y socioeconómica.

El último gran avance en el reconocimiento de nuevos derechos y realidades sociales se presentó en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI) incluido en la Encuesta Nacional de los Hogares levantada en 2016 por el Inegi. La innovación, y desde mi punto de vista principal acierto del MMSI, fue el de pedirles a los encuestados que autoidentificaran el color de su piel con base en la escala cromática empleada en el Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) que contiene once tonalidades distintas.

Los resultados confirmaron lo que muchos creíamos: el color de la piel tiene un impacto directo en la estructura de oportunidades de la población, en la que un color de piel más claro se asocia con mejores condiciones de vida. Esta nueva evidencia puede y debe favorecer la erradicación de prácticas discriminatorias como solicitar la inclusión de fotografías en el Curriculum Vitae de las personas que buscan empleo. Para conocer más sobre el tema pueden ser consultados los especialistas Raymundo Campos y Federico Navarrete.

Como vemos, los censos son instrumentos muy poderosos que deben estar sujetos a controles democráticos. Para el caso del Inegi, el artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica obliga al instituto a aplicar una consulta pública con el afán de recoger las inquietudes de la sociedad, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, así como cualquier otro agente interesado en manifestar inquietudes. Para la siguiente edición del censo en 2020, el Inegi habilitó un portal web durante el tercer trimestre de 2017 para recibir los comentarios de la ciudadanía, y deberá tener definido el instrumento de captación para el segundo trimestre de 2018.


Fue en este contexto que solicité mediante la propuesta 0040 que se incluyera una pregunta en el cuestionario básico que recoja información relativa a la identidad de género de los encuestados. Esta pregunta se reduce a preguntarles a las personas si se sienten identificadas con su sexo biológico y si está en sintonía con decisiones previas (lengua indígena, autoadscripción afro, autoidentificación cromática) que se han tomado para favorecer la inclusión; y tendría el gran mérito de visibilizar a un grupo poblacional bastante marginado y vulnerado: la población trans.[i]

En un texto previo, mi colega Kira Almendra González y yo planteamos la necesidad de visibilizar a esta población con el objetivo de continuar la batalla por el reconocimiento pleno y la defensa de sus derechos como ciudadanos mexicanos, con independencia de sus preferencias, orientaciones e identidades de género. En este sentido, hay que destacar y subrayar la importancia que han tenido reformas como las hechas al código civil del entonces Distrito Federal para permitir la reasignación sexo-genérica. Destacan también avances en otras esferas, así lo demuestra lo sucedido en Guanajuato, donde hace apenas unos días tuvo lugar la primera graduación de una mujer trans, Ivanna Tovar Adjuntas, estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, no obstante, el camino por recorrer aún es bastante largo y sinuoso.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado nota de la condición de vulnerabilidad a la que se enfrenta esta población y se ha preocupado por evitar la vulneración de sus derechos electorales. La dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica en coordinación con la unidad técnica de la igualdad de género y no discriminación trabajaron en el diseño de un protocolo que permita a la población trans votar en las elecciones de 2018. El protocolo garantiza que la falta de concordancia entre la expresión de genero del votante con la fotografía de la credencial para votar no sea un impedimento para la emisión del voto. Vale la pena subrayar el impulso que han dado a este proyecto las consejeras Pamela San Martín y Adriana Favela pese a las desafortunadas declaraciones del consejero Jaime Rivera al respecto.

En caso de aceptar la propuesta 0040, México no sería el único ni el primer país en dar este gran paso hacia la inclusión y hacia el reconocimiento de la realidad cotidiana de una población que en México polariza y confunde. Huelga señalar que, pese a que un segmento de la población pueda pensar lo contrario, la población trans tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra.

En principio, lo que tendría que seguir por parte del Inegi es al análisis de todas las propuestas captadas durante el periodo de la consulta; al ser el censo un ejercicio de enorme magnitud que pretende obtener una fotografía lo más completa posible del país, la inclusión de preguntas tiene un importante impacto presupuestal (estimado en alrededor de trescientos quince millones de pesos por pregunta). Sin embargo, esto no debe de ser el único criterio que valorar en el análisis de la propuesta 0040, ya que visibilizar de tajo a un grupo poblacional tan poco conocido hasta el momento no es poca cosa, puesto que su visibilización implica su reconocimiento.

Aceptar esto en un país donde la homofobia y los modelos de conducta heteronormativos siguen gozando de cabal salud no es cosa menor. Contar con un cúmulo de información estadística precisa y confiable es un insumo fundamental para, en caso de encontrarse la voluntad política, diseñar políticas públicas e impulsar cambios normativos que favorezcan la inclusión y la integración de la población trans.

El caso de Pakistán podría resultar ilustrativo, la oficina censal de este país levantó un censo nacional de población y vivienda en 2017 que además de actualizar su volumen poblacional, que llegó a los 207.7 millones de personas, dio fe estadística sobre la existencia de 10,418 personas autoidentificadas como trans. La inclusión de la pregunta relativa a la identidad de género no fue sencilla en ese país, grupos civiles y organizaciones lograron activarse y llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a favor. A su vez, persisten múltiples quejas de personas que fueron enumeradas como hombres a pesar de haberse identificado como trans.

A pesar de las quejas, la población trans de ese país será sin duda la principal favorecida en esta república islámica, su par mexicana debería contar con el mismo beneficio. Otro caso de éxito más cercano, pero con menor alcance es el de Uruguay,[ii] ya que en 2016 el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se dio a la tarea de efectuar un censo trans que terminó por visibilizar a ochocientas cincuenta y tres personas. Cabe señalar que este ejercicio no se llevó a cabo en el marco de un censo nacional de población y vivienda.

Otro caso de interés es el de Ecuador, donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos en coordinación con organización proderechos de la población LGBTTTI llevó a cabo una encuesta  sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos en 2013. Este levantamiento logró identificar a dos mil ochocientos miembros de esta población, entre ellos, ochocientos setenta y cinco trans. Al igual que lo acontecido con el caso uruguayo, le encuesta no se efectuó en el marco de un censo nacional de población y vivienda, lo que sin duda limita su impacto.

Perú tuvo la oportunidad de hacer un #censotrans en 2017, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dejó pasar esta gran oportunidad esbozando justificaciones poco contundentes y claras, como argumentar que la estadística nacional aún no estaba preparada y no podría asumir el reto de permitir la identificación de la población trans en el censo. En su lugar, el INEI optó por colgar en su sitio web un cuestionario enfocado hacia la población LGBTTTI en lugar de incluir alguna pregunta expresa o permitir opciones para su identificación en el cuestionario censal.

Este no debe ser el caso de México; el país en su conjunto debe otorgarse la oportunidad para dar un paso en el camino correcto y aceptar la existencia de esta población de una vez por todas. El Inegi cuenta desde el año 2008 con autonomía constitucional y su junta de gobierno tiene las atribuciones legales y los mecanismos técnicos para hacer de esto una realidad si así se lo plantea.

Ni duda cabe que la materialización de la propuesta 0040 tendrá varios escollos por sortear en su camino, en el que el componente económico será tan solo uno de los factores. Se antoja sencillo que de ser aprobadas, las presiones políticas emanadas desde diversas trincheras —como el Frente Nacional por la Familia o la Iglesia católica— se harán presentes para oponerse a la medida. El periodo electoral de este año, no obstante, abre una coyuntura particular en la vida democrática del país y es precisamente en momentos como este cuando quienes apoyan causas como la de la inclusión deben demandar a los candidatos a puestos de elección popular su compromiso total hacia las causas de las poblaciones minoritarias, y exigirles que demuestren en dónde se colocan en el espectro ideológico.


 

 ¿A favor del reconocimiento y la ampliación de los derechos o en contra? Tanto en los dichos como en los hechos

 

Hoy vemos cómo la administración del presidente Trump en Estados Unidos se ha posicionado en contra. Si bien una corte federal en Washington DC bloqueó algunas secciones de la prohibición impuesta por Trump para que personas trans pudieran formar parte de las fuerzas armadas, el embate continúa, así lo indica la directiva enviada por la casa blanca al Centro de Control de Enfermedades (CDC) prohibiendo la utilización de ciertas palabras (entre ellas la palabra transexual) en la producción de documentos oficiales.

La aprobación de la propuesta 0040 y la inclusión de la pregunta sobre identidad de género cobra aún mayor importancia en el contexto electoral que estamos viviendo, en vista de que los candidatos para la presidencia de la República (Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador) parecieran sentirse más cómodos abrazando agendas conservadoras, como la predicada por el Partido Encuentro Social (PES) o por la jerarquía de la Iglesia católica, que rechazan la posibilidad de considerar a la comunidad trans como depositaria de derechos.

Habrá seguramente otras propuestas que deban considerarse por parte del Inegi y competir entre sí mismas para ser consideradas en el cuestionario final. Lo que la junta de gobierno de dicho instituto no debe dejar de lado es que la causa de la inclusión no puede ni debe tasarse ni valorarse solo a partir de criterios económicos. Es, en definitiva, YA momento para un #censotrans en México.

Te invito a apoyar esta propuesta otorgando tu firma a la petición «Junta de Gobierno del INEGI: Censo Trans 2020  (Propuesta 0040)»  publicada en change.org: http://chn.ge/2BKfHTG


[I] Si bien este censo es el más conocido, se hicieron ejercicios de naturaleza censal de manera previa; hay registros que datan de 1584, como el trabajo «Relaciones Geográficas» ordenado por Felipe II, o los llevados a cabo por Juan Díaz de la Calle, que contienen información demográfica para periodos que oscilan entre 1654 y 1667.

[II] Vale la pena remembrar la existencia de diversas oficinas y organismos abocados a labores estadísticas como la contaduría de propios, la comisión de estadística militar, el Instituto de Geografía y Estadística, la Secretaría de Fomento, ente otras.

[III] La Encuesta Intercensal 2015 reemplazó a los conteos de población que se efectuaron en 1995 y 2005.

[IV] La población trans se compone de transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales.

[V] Cabe mencionar que Michelle Suárez se convirtió a sus treinta y tres años en la primera legisladora trans de Uruguay en 2017.


Referencias

DGE. (1895). Censo General de la República Mexicana 1895. Dirección General de Estadística.

INEGI. (1985). Estadísticas Historicas de México. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática .

Torre, E. (2017). Novedades en el panorama de las identidades en México : la pregunta sobre afrodescendientes en la Encuesta Intercensal 2015. Coyuntura Demográfica, 87-94.

 

 

 

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