Puebla: el gobierno de la mano dura

En Puebla, la alternancia no significó la llegada de la democracia: con Moreno Valle, el cambio político desembocó en nuevas formas autoritarias de gobierno.

| Nacional

En Puebla la alternancia política a lomos del PAN, tras 75 años de hegemonía priista, supuso un viraje al autoritarismo.

Rafael Moreno Valle llegó al gobierno de Puebla, en 2011, tras lograr el apoyo de partidos que siempre habían estado en las orillas del espectro ideológico, nada mal como fórmula para vencer al sistema. El PAN, el PRD y una pléyade de partidos pequeños auparon al ex priista gracias al rechazo social que despertaba la posibilidad de continuidad del entonces gobernador Mario Marín, el mítico “Góber Precioso”, detrás de la candidatura de Javier López Zavala, su secretario de Desarrollo Social.

Una estrategia que podría repetirse en 2018, pues el poblano –no es un secreto– va en pos de la silla presidencial y ya teje relaciones en los dos lados del espectro. Por un lado, se le ha acusado de operar para apuntalar la llegada de Ricardo Anaya a la dirigencia del PAN con tácticas más bien sucias, como inflar los padrones con fantasmas. Por el otro, ya trama alianzas con Nueva Izquierda, la fracción dominante del PRD.

Nieto de un gobernador impuesto por Gustavo Díaz Ordaz, Moreno Valle heredó la vena autoritaria y las formas priistas de acceso al poder. Ingresó a la administración estatal gracias a Melquiades Morales Flores, uno de los caciques políticos locales que también despachó en Casa Puebla, y quien lo hizo secretario de Finanzas de la entidad durante su gobierno (1999-2005). Cuenta la historia que Morales Flores creció políticamente con el apoyo de Moreno Valle, el abuelo, quien lo apadrinó para convertirse en líder del Congreso.

2006 fue el año del “Góber Precioso” –cuando se hizo pública la charla entre Marín y el empresario Kamel Nacif en que se confabulan para encarcelar a la periodista Lydia Cacho–, y fue también el año de quiebre para Rafael, el nieto. Ese año, tras estallar el lydiagate, Moreno Valle dejó el PRI y la presidencia del Congreso, cargo al que había llegado como premio de consolación cuando la gubernatura quedó en manos de Marín.

–En el PRI los favores solo se pagan una vez –me cuenta un personaje cercano a la familia Morales Flores para explicar por qué no le “tocó” a Moreno Valle la candidatura en 2004.

Moreno Valle abandonó el PRI argumentando que el partido estaba secuestrado por “una camarilla”, pues la posibilidad de ser candidato al Senado por ese partido comenzaba a diluirse ante Mario Montero, un allegado a Marín, y llegó al PAN de la mano de Elba Esther Gordillo, la sempiterna líder magisterial, para de ahí pelear por la misma posición que le habían negado.


Un asunto de familia

Rafael Moreno Valle parece moverse con la sombra de Maximino Ávila Camacho a sus espaldas, el general revolucionario –hermano mayor de Manuel, el presidente– que dominó con mano dura el estado durante décadas. No es solo que la liga de la carrera política del hoy gobernador pueda extenderse hasta allá (Maximino impulsó a Díaz Ordaz, que impulsó a Moreno Valle el abuelo, que impulsó a Melquiades Morales, que impulsó a Moreno Valle el nieto). Es también, y sobre todo, que Moreno Valle, como Maximino, ha logrado someter, en muy poco tiempo, casi todos los contrapesos y espacios de poder político de la entidad.

En principio, neutralizó y doblegó a la menguada oposición. Por una parte, logró el control del PRI en la primera mitad de su sexenio con la imposición de Fernando Morales, hijo de Melquiades, como presidente estatal de ese instituto, y en los años posteriores el partido no ha conseguido plantarse como una oposición fuerte. Por otra, controla la dirigencia del PRD estatal a través de ex priistas incrustados en el Comité Directivo, como Carlos Martínez Amador o Luis Maldonado Venegas, quien pasó de ser parte de la coordinación de la campaña de Francisco Labastida en 2000 a presidir el partido Movimiento Ciudadano y a encabezar en Puebla, actualmente, la corriente perredista Nueva Izquierda, además de que hasta hace unos meses era el secretario General de Gobierno. Moreno Valle ha cooptado también a diputados del PT, como reconoció uno de los integrantes de la dirigencia de ese partido; y son prácticamente suyos los partidos estatales de reciente creación. Ironía política: la mayor confrontación la ha encontrado al interior del PAN.

Por si esto fuera poco, Moreno Valle ha intentado someter a la universidad pública y a los medios (ejemplo de esto último es la política del tripack con la que se buscó financiar solo a medios palomeados por la oficina del gobernador); ha logrado mantener a raya a las cúpulas empresariales; y, usando el aparato de justicia, ha pretendido sofocar los movimientos sociales bajo una sola premisa: cárcel o sumisión.

Al respecto, plantea el doctor en historia y sociólogo Diego Velázquez Caballero:

–El gobierno de Moreno Valle es el sometimiento de los partidos políticos, el sometimiento de la universidad, el vínculo con la ultraderecha, el aplastamiento y la persecución de los movimientos sociales; y son estos, los movimientos sociales, los únicos que están cuestionando lo que pasa en Puebla, y por eso están siendo reprimidos.


Una corta luna de miel

Febrero de 2011. Las más de veinte mil personas presentes en la toma de protesta del nuevo gobernador, en el Centro de Convenciones, irrumpen en aplausos cuando Moreno Valle anuncia una de sus primeras acciones de gobierno: “Instruyo públicamente al secretario de Gobernación y al Consejero Jurídico a que inicien de inmediato las acciones necesarias para recuperar el predio conocido como Valle Fantástico para revertirlo a la propiedad del estado.”

Los tambores de guerra suenan, y la primera lanza para demostrar que “nadie está por encima de la ley” es dirigida contra uno de los empresarios favoritos del sexenio marinista: Ricardo Henaine Mezher, quien en el sexenio anterior se había hecho de la mitad del aeropuerto estatal, de El Heraldo de Puebla (que incluía una casona entregada en comodato por el gobierno estatal), del equipo de futbol de primera división Puebla FC y de un predio de 18.7 hectáreas en la zona de mayor plusvalía de todo el estado (Valle Fantástico), todo al amparo y con la protección de la administración de Mario Marín.

Efectivamente, cinco años después de aquella promesa el predio de Valle Fantástico ha sido rescatado y destinado a la construcción del Museo Internacional Barroco –obra proyectada por el arquitecto japonés Toyo Ito y a cargo de un consorcio de empresas entre las que se encuentra Concretos y Obra Civil de Pacífico S.A. de C.V, filial de una de las compañías más conocida del sexenio por sus relaciones inmobiliarias con el gabinete presidencial: Grupo Higa.

Así iniciaba el sexenio de la alternancia política –al menos en las siglas partidistas–: dando señas de que habría mano dura contra los enemigos políticos. Era todavía muy pronto para adivinar que esa mano dura se utilizaría también contra los opositores, los académicos, los movimientos sociales.


La lucha por el patrimonio

Seis meses después del inicio del gobierno de Moreno Valle estallaron los conflictos. El anuncio oficial de la construcción de tres obras viales para conectar una de las entradas del norte de la ciudad de Puebla con el centro de la Angelópolis provocó el enérgico rechazo de grupos de académicos e investigadores, pues una de estas obras, señalaban, alcanzaba los linderos de la zona monumental de la urbe, un espacio reconocido por la Unesco como patrimonio de la humanidad. El primer frente estaba abierto.

Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dieron a conocer a los medios de comunicación que la obra propuesta por Moreno Valle, además de “alterar la traza original de la ciudad”, afectaba el patrimonio de la ciudad: la nueva vialidad pasaría por la zona de monumentos del bulevar 5 de Mayo, desluciría un arco triunfal del siglo XVIII y destruiría “el paisaje urbano de una de las entradas más antiguas de la ciudad que aún se conserva”. La obra se concluyó, finalmente, con las modificaciones obligadas, y el puente de ingreso al Centro Histórico se transformó en un paso deprimido bajo el bulevar 5 de Mayo, no sin previo acoso a los académicos y defensores del patrimonio.

El segundo round con los defensores del patrimonio edificado de la ciudad vendría un par de años más tarde, cuando, sin contar con los permisos ni del INAH ni del cabildo de la ciudad, la administración de Moreno Valle destruyó una casona del siglo XVII para levantar ahí una terminal de un teleférico que recorrería la distancia entre el Centro Histórico y la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. La obra se detuvo gracias a la lucha legal que algunos académicos iniciaron, pero la casona sigue sin ser reconstruida hasta el momento. La irritación del mandatario ante las protestas fue tal que se tradujo en la salida del país por algunos meses de algunos de los académicos involucrados en la pelea legal.

Lo mismo sucedió un par de años después, cuando habitantes de Cholula, la ciudad viva más antigua de América Latina, se opusieron a la construcción de un parque en la zona arqueológica en que conviven una pirámide y un templo católico, uno encima de la otra. Algunos de los ciudadanos que encabezaron la oposición llevan meses encarcelados a pesar de haber ganado amparos; otros, artistas y académicos entre ellos, tuvieron que salir del país.


La “ley bala resguarda la vida”

En mayo de 2014 el Congreso del estado, dominado por un grupo de legisladores afines al gobernador, aprobó un paquete de leyes sobre seguridad pública que salió directamente de la oficina principal de Casa Puebla. En el paquete se incluía un ordenamiento llamado “Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”, mejor conocido como la “Ley Bala”.

La iniciativa del gobernador se discutió en apenas tres días y recibió el aval de la comisión de Derechos Humanos del Congreso. Su presidente, el priista Sergio Salomón Céspedes, subió al estrado en la sesión plenaria para fijar la postura de su bancada con respecto a dicho ordenamiento. Ahí aseguró que la ley no limitaba la libertad de expresión; por el contrario, dijo, “resguarda la vida, propiedad y seguridad de manifestantes y de terceros; hay fortalecimiento de la autoridad, no autoritarismo”. Las palabras del priista, que se habrían de reproducir en otros grupos parlamentarios, eran la respuesta a un análisis realizado por la organización Artículo 19, que calificó a la ley como “una legislación que atenta contra la protesta social y viola los derechos humanos” y que “se inscribe en la creciente ‘criminalización indirecta de la protesta social’ que se ha venido replicando en varios estados del país”.

Previo a la aprobación, el diputado panista Franco Rodríguez, presidente de la comisión de Seguridad Pública, aseguró que en la ley “solo se prevé el uso de armas de fuego cuando se ponga en riesgo la vida del uniformado o terceros”. Seis semanas después, el 19 de julio para ser exactos, una lata de gas lacrimógeno disparada por un policía estatal bajo el amparo de la “ley bala” partió el cráneo de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años de edad, y le arrancó la vida. Sobra decir que el menor no representaba riesgo alguno para el uniformado que accionó el gatillo.

El asesinato del niño se produjo cuando una manifestación de vecinos de la comunidad de Chalchihuapan intentó ser desalojada violentamente por la policía del estado, bajo ordenes directas del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, sobre quien ya pesaba, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, responsabilidad por la muerte de dos estudiantes en Guerrero durante el desalojo de la autopista del Sol.

En el violento desalojo también resultaron heridos nueve pobladores más. José Martín Romero Montes fue uno de ellos. Una lata de gas lacrimógeno le destrozo parte de la cara, le perforó el cachete y le fracturó la mandíbula. Casi pierde el habla. Meses después contó qué vio cuando el policía, lejos de disparar su arma al aire para provocar el desalojo, como lo establecen los manuales de uso de ese tipo de armas disuasivas, le apuntó directamente:

–Estaba yo cortando hierba cuando vi mucha gente. Acá el pueblo es muy conflictivo porque hay mucha gente que son antorchistas. Yo vi mucha gente y muchos policías, entonces no pensé que fuera a suceder esto. Hay plantones pero nunca ha sucedido, y yo tengo dos nietos, uno de 13 años y otro de 14 años. Me acorde que iban a pasar, y como son niños traviesos, pensé que se iban a meter. Entonces que escondo mi morona y mi tlalacha entre la hierba. Cuando llegue había hartos niños. Les dije que se fueran, que no les interesaba esto; cuando vi que un policía me estaba apuntando. (…) Cuando me tocó la verdad ya no me acuerdo; se supone que me caí, pero no sé cómo estuvo. Perdí el conocimiento, y ya medio desperté hasta el hospital

–¿Qué cree que le haya pegado? –se le preguntó.

–No es que crea, yo vi que me apuntó el policía (…) Fue una bala de goma, nomás me cuentan. Dicen que la bala de goma, una muchacha o señora, no sé quién, me la sacó. De que fue un policía sí fue, porque yo lo alcancé a ver como a veinte o treinta metros.


En Puebla “no hay presos políticos”

A Juan Carlos Solís Flores, un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y opositor al proyecto del Gasoducto Morelos, lo detuvieron el 7 de abril de 2014 al salir de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos Puebla. Había asistido al inmueble que se ubica a tan solo tres calles del zócalo de la capital para promover una queja por la detención de Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Puebla, y también integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, a quien un empleado de la compañía italiana Bonatti SPA, empresa que tiene a su cargo parte de la construcción del gasoducto, la acusaba del robo de dos celulares.

“Alrededor de cuarenta personas, policías ministeriales, que se encontraban ubicados en las diferentes esquinas de la comisión estatal, me abordan y varios de ellos me detienen, me suben a la fuerza al carro, me agarran de los huevos y me dicen que ya valí madres y que nadie se opusiera. Empujan a los compañeros; los compañeros tratan de jalarme, y entonces les sacan las armas a los compañeros y les dicen: ‘si tú sigues en ponerte terco, aquí ya quedaste”, relató Juan Carlos a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Lo acusaban de ser cómplice del robo de celulares, pues aseguraban que fue él quién dio la orden para que Enedina Rosas, de 60 años de edad, tomara por la fuerza el equipo de comunicación que traía consigo José Alí Reyes Méndez. Pero Juan Carlos Flores nunca estuvo donde dicen que se realizó el robo, y jamás dio orden alguna a Enedina Rosas, pues el día del supuesto ilícito el defensor de los derechos humanos estaba en una reunión con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, cómodamente sentado en las oficinas de la dependencia estatal.

Flores Solís pasó diez meses en la cárcel y salió en enero de 2015 después de ganar varios amparos contra el proceso judicial.

En días pasados Miguel Ángel Rosas Bourguess, académico de la BUAP e integrante del Comité para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión Social en Puebla, contabilizó 500 presos políticos en todo el país, de los cuales, dijo, 241 son poblanos –lo que ubicaría a la entidad en el siniestro primer lugar de presos políticos en todo el país. Aunque aclaró que no todos siguen encarcelados: cerca del 80 por ciento de ellos sigue su proceso fuera de prisión.

La nota, reproducida en el diario La Jornada y su filial en Puebla, La Jornada de Oriente, tuvo su carta aclaratoria. En un documento firmado por Cristina Ortiz, enlace de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se rechaza “categóricamente que en Puebla existan presos políticos como se afirma en el contenido de la nota”, y agrega: “en el estado de Puebla únicamente quienes cometen actos que transgreden la ley son quienes deben responder por sus conductas”.

Sí, como pasó con Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez.


“Nadie por encima de la ley”

El 15 de enero 2012, en la sala principal del Centro de Convenciones y Exposiciones, ante más de diez mil personas, entre funcionarios de gobierno, secretarios de Estado, políticos locales y la dirigente magisterial que cayó en desgracia tras el retorno del PRI a Los Pinos, Rafael Moreno Valle dijo: “El día de mi toma de protesta dije claramente que no habría persecución, pero tampoco encubrimiento. Hoy reafirmamos que nadie está por encima de la ley.”

El poblano leía su primer informe de gobierno. Ese informe se promocionaría profusamente en 26 estados del país. De la mano de la empresa Make Pro, se transmitiría 3,266 spots cinematográficos o “cineminutos” en las salas de gran parte del país, dejando fuera, paradójicamente, a un estado: Puebla.

Es decir, en enero de ese año se proyectaron en las pantallas de la cadena Cinemex 54 horas de pura promoción ilegal, con un costo de más de 14 millones de pesos. Lo de “ilegal” lo dijo el todavía Instituto Federal Electoral (IFE), tras haber llegado a la conclusión de que Moreno Valle violó el artículo 134 de la Constitución Política y el 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su promoción extraterritorial.

El órgano electoral pidió al Congreso del estado de Puebla sancionar al mandatario, pues las facultades del órgano electoral no le permitían sancionarlo directamente. Los diputados, tras analizar “concienzudamente” la petición del IFE, llegaron a la conclusión de que no, de que tampoco ellos podían sancionar al mandatario y dieron carpetazo al asunto.

En el aire quedaron las palabras de Moreno Valle: “hoy reafirmamos que nadie está por encima de la ley”.

Artículos relacionados