Puebla: los medios al servicio del poder político

Ilustración @donmarcial
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“Ya compórtense equitativamente señores de los medios. A la prensa lo que le hace falta es ley de propaganda gubernamental, no más bajezas que estamos viendo. En la última semana todo es generar una percepción de mayoría. Transitamos por un proceso electoral inequitativo, órganos electorales controlados, dinero público y privado, un control mediático enorme, enorme”.

Es 25 de junio de 2018, cierre de la campaña electoral a la gubernatura de Puebla, y el que habla es Luis Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) en una entrevista en el canal de Grupo Imagen Puebla. Rafael Moreno Valle, ex gobernador poblano, ha impulsado a Martha Erika Alonso Hidalgo, su esposa, como su sucesora para consolidar su cacicazgo político en el estado.

Y es, como dice Barbosa, una elección en la que la mayoría de los medios en Puebla se han alineado en torno a la candidata de Moreno Valle, y han atacado una y otra vez, con razón y sin ella, al candidato de Morena. Pero no es una práctica novedosa.

En 2010, en la elección que llevó a Moreno Valle a la gubernatura, el entonces candidato panista enfrentó el sistema de medios que se volcó en torno al PRI.

El caso más vergonzoso del periodismo poblano en aquella elección fue la transmisión de un video falso, en donde se “veía” a Rafael Moreno Valle en una fiesta homosexual.

“El periodismo en Puebla está subyugado al poder político, mientras el sistema siga siendo tan discrecional que el poder público pueda repartir los millones de que reparte es muy difícil que esto cambie, es demasiado dinero”, sostiene Juan Manuel Mecinas, doctor en derecho por la Universidad Complutense y académico del CIDE y la UDLAP.

“Se adapta al poder independientemente de las siglas”, puntualiza Francisco Rivas, corresponsal del diario Reforma.

Recuerdo que al término del sexenio de [Mario] Marín, pasada ya la elección y sabidos todos que Moreno Valle había ganado, había muchos medios que durante la campaña se le fueron encima y que parecía que iban a terminar marginados, pero no sucedió nada. Moreno Valle usó ese grupo de medios, los controló para difundir a su gusto sus acciones de gobierno”.

El accidente de helicóptero del pasado 24 de diciembre en el que murieron la gobernadora y Moreno Valle rompió la correa de sujeción del periodismo y cambió la narrativa del poder, o más bien los nombres del poder.

En este año durante la interna de Morena para definir al candidato los medios morenovallistas se alinearon en torno a Luis Miguel Barbosa y se lanzaron sobre su principal contrincante, el senador Alejandro Armenta. De acuerdo con fuentes cercanas a Barbosa, fue una acción motu propio de los medios y no ha habido, hasta el momento, pago de publicidad.

“Hay buen periodismo, pero no libertad de expresión”

“Hay buen periodismo en Puebla, pero lamentablemente no hay libertad de expresión”, dice tajante Carolina Fernández Galindo, directora general del periódico El Popular. “Creo que sí hay mucho talento, buenas plumas y periodistas, pero desgraciadamente el periodismo no se ejerce cómo se debería”.

Esa libertad, dice Fernández, la secuestró el poder político a través del control que ejerce mediante la publicidad oficial:

“Falta una regulación y falta mucha unión en el gremio periodístico. Tal vez, si la hubiera podríamos lograr esa regulación o lograr cambios, pero veo que cada quién jala por sus intereses propios. Y del otro lado el control que siempre quiere ejercer el poder. Ellos quieren controlarnos y nosotros que nos estamos dejando, o estamos siendo muy laxos”.

El exgobernador Mario Marín inyectó a los medios durante su sexenio mil siete millones de pesos, casi medio millón diario. Moreno Valle superó a su predecesor al reportar un gasto no menor a 1, 232 millones de pesos. Con lo que invirtió en las elecciones intermedias de 2014, el año de más gasto, se habrían construido hasta dos casas de interés social por día.

Esos datos se traducen en el trabajo diario de muchos colegas del estado. El anonimato es la condición de uno de ellos, que trabaja en un periódico impreso que vive al amparo del poder, para hablar en este reportaje.

“La relación económica que el gobierno mantiene con el periódico en el que trabajo determina la línea editorial casi completamente. Si un político opositor hace una denuncia contra el gobierno, simplemente no se publica, por más relevancia que ésta posea. Si un portavoz del gobierno pide, como un favor, que la portada del periódico del día siguiente sea un simple boletín, el boletín ocupa el espacio solicitado. A veces, también, las órdenes de información que se nos reparten plantean el golpeteo político contra aquellos que, en ese momento, pueden formar parte de la oposición al gobierno”, dice.

Para encontrar espacios para hacer periodismo, dice, debe leer los momentos políticos, periodos en los que hay menos en juego y la censura afloja.

Las agresiones a la prensa se incrementan un 400 por ciento

En 2009 se cometieron nueve agresiones a la prensa en Puebla, el año pasado 45, un incremento del 400%, según los registros la organización Artículo 19. Puebla se encuentra en la séptima posición en la lista de los estados con mayor crecimiento en las agresiones a periodistas por detrás del Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Colima, Campeche y Sonora.

“Los primeros años de este sexenio estuvieron marcados por la política de control, ataques y vigilancia sobre los medios del gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle de 2011 a 2017. Ataques contra portales (al menos 15 contra dos medios poblanos tan sólo en 2015), intentos de intervención de comunicacionales (tan sólo tres en 2016) y cuatro casos de violencia institucional en un solo año (2015).”, se lee en el informe “Democracia simulada, nada que aplaudir”, presentado por Artículo 19 en 2017”.

Las agresiones provienen en su mayoría de funcionarios, pero en los últimos años han crecido las cometidas por el crimen organizado dedicado al robo de combustible.

De las 26 agresiones documentadas en Puebla en 2017, al menos 12 ocurrieron durante coberturas ligadas al robo de “huachicol” en la región.

A principios de 2017 el portal LADO B documentó en el trabajo Puebla bajo amenaza, la existencia de zonas silenciadas en comunidades y municipios controlados por crimen organizado dedicado al robo de combustible: “si te ubican como prensa es como tiro al blanco, nos reciben con disparos al aire”, contaba uno de los testimonios.

Esta situación la confirma Francisco Rivas, el corresponsal de Reforma: “Las condiciones de inseguridad obligan a no realizar coberturas en determinadas zonas por la presencia de grupos criminales”. También Yessica Ayala, reportera del municipio de Atlixco, uno de los lugares prioritarios de la estrategia de seguridad presidencial: “Es una práctica complicada por muchos aspectos, el crecimiento del narcomenudeo en la región Del Valle de Atlixco, o la compra del huachicol”

En 2018 las agresiones marcaron un nuevo récord. El motivo: el violento contexto electoral.

El futuro de la relación entre poder y periodismo

Después del fatídico accidente del pasado 24 de diciembre, el próximo junio habrá nuevas elecciones a la gubernatura. La pregunta es si con un nuevo poder cambiará la relación con la prensa.

“Yo creo que no hay un antes y un después, ni de Moreno Valle ni de Marín, —dice Juan Manuel Mecinas—, mientras el sistema siga siendo tan discrecional en que el poder público pueda repartir millones. Lo que pasará después de Moreno Valle es que cambian los nombres, pero el sistema sigue intacto”.

No fue diferente con Antonio Gali Fayad, el sucesor de Moreno Valle y que formaba parte de su grupo; y no ha sido diferente con el actual gobierno interno que se formó tras la muerte de la gobernadora y su esposo. En el gobierno actual, formado por

por priístas (Guillermo Pacheco Pulido y Jorge Estefan Chidiac), excandidatos de Morena-PES (Fernando Manzanilla) y panistas (Franco Rodríguez, Sandra Izcoa), el vocero es uno de los varios que tuvo Moreno Valle: Fernando Alberto Crisanto.

Hasta el momento, tampoco hay señales de que pueda ser diferente si se confirman las encuestas que muestran a Luis Miguel Barbosa como vencedor.

Dice el reportero que pidió la reserva de su nombre: “En mi opinión, el candidato que se perfila a ser gobernador de Puebla, ha mostrado, desde ahora, ciertos visos de autoritarismo que hacen suponer que la situación política y social podría no cambiar demasiado. Y, al igual que el morenovallismo, tendrá un Congreso en el que la mayoría de los diputados le son afines”.

El pasado 8 de marzo durante un foro en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dijo que no trabajaría con medios misóginos, sexistas o que promuevan la violencia.

“Hay que tener mucho cuidado con que el criterio de cualquier gobierno sea una línea editorial, sea cual sea. Sin embargo, si el gobierno está haciendo una transferencia de recursos a un medio de comunicación es importante que estos medios también se comprometan con hacer valer los valores de un estado democrático, que son los derechos humanos.”, analiza Ana Cristina Ruelas, representante en México de Artículo 19, advirtió

Lilia Vélez, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), coincide en la importancia de regular la publicidad oficial con una política de comunicación con criterios y lineamientos claro: “

A los medios la regulación de la publicidad oficial no les gusta y habrá golpeteo, pero sería importante y un aporte que podría dejar este Ayuntamiento”.

El debate está abierto y las audiencias también deberían participar. Un buen resultado podría ayudar a empezar a construir una relación diferente entre medios y gobierno, uno malo sólo mantendrá el statu quo y la negativa dependencia entre unos y otros.

Con información de Mely Arellano Ayala

Esta publicación/plataforma ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Ernesto Aroche Aguilar

Ernesto Aroche Aguilar (@earoche) es reportero.
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