¿Qué lecciones nos da Morelos para combatir la violencia en los estados?

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Hace tres años Morelos parecía –al igual que Guerrero y Michoacán– encaminado al desastre. La seguridad en el estado llevaba varios años en franco deterioro, en particular por la presencia de dos organizaciones criminales con enorme capacidad para corromper autoridades y generar violencia. En primer lugar, Guerrero Unidos, un grupo formado por células de La Familia Michoacana y cabecillas del desaparecido Cártel de “La Barbie” (a Guerreros Unidos se atribuyen, entre otras atrocidades, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa). En segundo lugar Los Rojos, una organización fundada por un líder de sicarios de la Organización de los Beltrán Leyva.

Estas organizaciones criminales no sólo han logrado prosperar en los lucrativos negocios del narcotráfico y la extorsión, sino que también han desarrollado una relación cercana con cacicazgos, y líderes sociales y sindicales, lo que a su vez les ha permitido promover candidaturas, y contar con la protección de un sector importante de la clase política local. El caso más notorio es el de Alfonso Miranda Gallegos, quien fuera presidente municipal de Amacuzac y diputado en el Congreso Estatal, donde presidió la comisión de seguridad. Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Miranda, “El Carrete”, líder de Los Rojos en Morelos, y ha sido señalado en repetidas ocasiones por sus vínculos con dicha organización. A las actividades de Guerreros Unidos y Los Rojos hay que sumar la proliferación de células dedicadas al secuestro que generaron un incremento inédito de dicho delito.

En este contexto, en 2012 los morelenses eligieron como gobernador a Graco Ramírez. Al llegar al cargo, se enfrentó con un panorama complejo. Las disputas entre Los Rojos y Guerreros Unidos ocasionaron que 2013 fuera el año más violento en la historia reciente del estado. En su mayor parte, las policías municipales se encontraban cooptadas por los criminales y, de acuerdo con reportes de inteligencia del gobierno federal, 11 de los 33 alcaldes de Morelos estaban implicados con grupos delictivos. En lugar de simplemente coexistir con el aparato criminal, Graco Ramírez optó por intentar recuperar el control sobre las instituciones de seguridad pública. Un primer acierto fue nombrar como responsable de la Comisión Estatal de Seguridad a un funcionario foráneo, sin vínculos ni compromisos con la clase política local: Alberto Capella, quien se había desempeñado con éxito al frente de la policía municipal de Tijuana (e incluso repelió personalmente a un comando armado que atacó su domicilio en 2007). Otra decisión importante fue la de impulsar –contra la férrea oposición de los alcaldes– la operación del mando único policial en todos los municipios de Morelos. Esta medida permitió mejorar las condiciones laborales de los elementos policiales y limitar el poder corruptor de los criminales.

Ciertamente Morelos sigue siendo un estado inseguro, y durante la administración de Graco Ramírez han tenido lugar numerosos incidentes de violencia. Sin embargo, la tendencia de largo plazo es positiva. De acuerdo con las cifras que recopila Lantia Consultores, en 2013 se registraron 507 ejecuciones; en 2014, 305; y en 2015, 279 (con lo que el año pasado fue el menos violento desde 2009). También se han logrado avances importantes en materia de combate al secuestro. De acuerdo a las cifras disponibles (que es necesario tomar con cautela, pues corresponden exclusivamente a casos que son denunciados) en 2015 la incidencia de este delito disminuyó 72 por ciento respecto al año previo.

Con la instauración del mando único aumentaron los señalamientos de abusos y represión policial. De 2013 a 2015 se triplicaron las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos emitió en contra de corporaciones policiales en el estado. No se puede descartar que algunas de las quejas sean producto de una estrategia del crimen organizado para desacreditar al mando único, o que sean el resultado de una actitud menos complaciente con la corrupción policial (algunas de las quejas han sido presentadas por elementos inconformes con la instauración del mando único). Sin embargo, también cabe señalar que voces con amplio reconocimiento público –como la de Javier Sicilia– han alertado sobre la gravedad de los abusos que han cometido los elementos del mando único.

Desafortunadamente, el relevo en los ayuntamientos que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre propició una nueva embestida por parte de la delincuencia organizada. Tanto el gobernador como el comisionado estatal de seguridad señalaron que los presidentes municipales fueron amenazados: se les exigía que no ratificaran el esquema de mando único, que designaran a jefes de policía propuestos por los criminales y que les entregaran el 10 por ciento del presupuesto municipal. Al menos un alcalde confirmó haber sido víctima de tales amenazas. Asimismo, a unas horas de haber tomado protesta, la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, fue ejecutada por un grupo de sicarios en el interior de su domicilio. Las investigaciones sugieren que el homicidio fue ordenado por Guerreros Unidos. En Tlaquiltenango ganó la elección un candidato que en 2009 fue detenido por la Policía Federal, investigado por delincuencia organizada y por llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una de sus primeras acciones de gobierno fue despachar al comandante del mando único.

Por otra parte, desde antes de asumir el cargo, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, lanzó una serie de acusaciones en contra del gobernador y del comisionado estatal de seguridad, y anunció su intención de retirar a la policía de la capital del estado del esquema de mando único (esta posibilidad resultaba particularmente preocupante tomando en consideración que el director de Seguridad Pública designado por Blanco había sido señalado por tener vínculos con Guerreros Unidos). El gobierno federal decidió intervenir en apoyo de las autoridades estatales e iniciar el Operativo Delta, con la participación de 300 elementos federales, para garantizar la seguridad en varios municipios, de forma destacada en Cuernavaca.

A pesar de los resultados alentadores de los últimos años, el estado todavía hace frente a desafíos extraordinarios en materia de seguridad. Morelos es un estado pequeño. A diferencia de otras entidades como Nuevo León, la sociedad civil y el gobierno estatal no han podido articular una respuesta contundente frente al crimen organizado (ni siquiera han logrado erradicar algunas de las formas más burdas de penetración criminal en los ayuntamientos). Por su parte, el crimen organizado cuenta con enormes recursos y no parece dispuesto a dejar de ejercer influencia directa sobre las autoridades locales. Por ello, el apoyo del gobierno federal será decisivo para evitar una nueva crisis de inseguridad (o, peor aún, el predominio de Guerreros Unidos o de los Rojos sobre la economía y la vida política del estado, como ocurrió con Los Caballeros Templarios en Michoacán). El futuro de Morelos dependerá de la continuidad de este apoyo como de la voluntad del gobernador en turno de recuperar el control de las instituciones de seguridad.

(Foto: cortesía de Marco De Leija.)

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