¿Quién puede protestar?

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En los últimos meses, con la discusión sobre la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y las movilizaciones de la CNTE, el tema de las manifestaciones públicas y sus implicaciones se ha vuelto, de nuevo, pertinente. Toda protesta, como acontecimiento que irrumpe en la normalidad cívica, afecta intereses y grupos políticos, por lo que es importante entender qué campos se disputan. En los espacios de lucha simbólico, jurídico y político, los actores dominantes echan a andar artefactos ideológicos que refuerzan prácticas y discursos legitimadores de ellas. Estos discursos y prácticas pretenden imponer una visión moralizante, fragmentaria, dicotómica y simplista, tanto de la protesta en sí como de los intereses en juego entre actores movilizados y el Estado. Lo que se discute –en el fondo– es quién y por qué puede usar el espacio público para protestar.

A partir de los trágicos hechos de Nochixtlán se desplegó una nueva oleada de acciones anti-protesta, promovidas, sobre todo, por actores no estatales como los empresarios y los medios de comunicación. Después del viraje en la estrategia gubernamental –que transmutó del uso de la fuerza al diálogo (infructuoso, por cierto)– por la condena nacional derivada del asesinato de 10 personas el 19 de junio, la lucha en el campo simbólico se acentuó. Como todas las luchas simbólicas entre diversos grupos sociales, el objetivo es la imposición de la visión legítima del mundo social.[1]

En este caso se trata de una pugna por la moralidad de la protesta social (si es un ejercicio político legítimo o ilegítimo). En México no es extraño encontrar discursos virulentos que buscan estigmatizar la protesta y a quienes protestan. Dichos discursos criminalizan a partir de presupuestos morales que revelan una manera limitada de entender las relaciones de poder y pretenden reafirmar la posición de los actores dominantes en tanto privilegiados por el statu quo.

En los últimos tres años atestiguamos una retracción de los avances democráticos en materia de libertades y derechos fundamentales. Ante esto, los gobiernos, ciertos sectores empresariales (en especial las cámaras patronales) y la mayoría de los medios de comunicación han intentado incidir en la percepción social con narrativas dicotómicas que sustraen cualquier legitimidad cívica a la protesta y dejan de lado las demandas de las cuales es vehículo.

Un análisis clásico que creo ayuda a entender la racionalidad moralizante y fragmentaria en el caso mexicano es “La huelga y los usuarios” de Roland Barthes.[2] La huelga, según Barthes, se traduce en la afectación de los usuarios de servicios a la vez que ataca los cimientos morales de la sociedad, bajo la jerarquización axiológica que la propia clase dominante impone. En nuestro caso, la protesta también se reduce a un discurso moralizante que explica las consecuencias y los efectos en equivalencias económicas (costos, pérdidas, etc.) o, a lo sumo, en violaciones de derechos (de los llamados “derechos de los terceros”, etc.).

En síntesis, protestar es “malo” porque las movilizaciones afectan los derechos de usuarios, automovilistas, transeúntes y trabajadores: de quienes no guardan relación con las exigencias presentadas en el espacio público. Es una visión simplista (incluso autoritaria) pues restringe las funciones políticas de la ciudadanía , discrimina la conciencia política y penaliza las acciones que intentan incidir en lo público.

Las excepciones a esta civilidad autoritaria las marcan los propios actores dominantes, tal como lo atestiguamos hace unas semanas en el contexto de la aprobación de la Ley 3 de 3, cuando un grupo de empresarios protestaron en el Ángel de la Independencia para exigir que se vetaran ciertas disposiciones legislativas que –a su juicio– les causaban agravios. El presidente Peña Nieto escuchó inmediatamente sus demandas y vetó los aspectos incómodos de la ley.

Como contracara, nos encontramos a un gobierno que administra el conflicto magisterial derivado de la aprobación e implementación de la reforma educativa con mano dura. Aprovechando este conflicto particular, el discurso oficial no ha cesado de atacar la legitimidad de la protesta en sí, dejando de lado sus causas particulares. Los medios han mostrado –en formato de melodrama– los bloqueos de calles y carreteras, las “pérdidas económicas” que ascienden a improbables cifras estratosféricas, los policías sufrientes. De inmediato, los actores estatales reaccionaron prometiendo el “regreso del Estado de derecho” mediante el uso de la fuerza.

En el campo estrictamente político se cuestionan los intereses “ocultos” que permean las estrategias de lucha. Esto significa que se pretende desconocer las reglas del juego político que preminentemente se despliegan en el marco del histórico pacto corporativo, anteriormente administrado solamente por el PRI y ahora gestionado por diversas fuerzas políticas. La lógica reduccionista del Estado y ciertos actores privados pretende circunscribir toda muestra de descontento social a la pretensión de obtener “privilegios y dádivas”.

Lo anterior nos lleva al campo jurídico en tanto espacio social organizado en y por el cual transmuta el conflicto social. Tanto los actores movilizados como las organizaciones defensoras de derechos humanos y los empresarios han activado una disputa legislativa y judicial en torno a la protesta.

Por ejemplo, como parte de su estrategia política de presión, los empresarios aglutinados en la COPARMEX promovieron juicios de amparo en contra del gobierno federal, para bloquear por la vía judicial cualquier posibilidad de diálogo con la CNTE. Su enfoque dicotómico deja al empresariado como defensores de los intereses sanos y justos y a las movilizaciones como las responsables de la parálisis del crecimiento económico. (Obviamente, en abierta contradicción con sus propias acciones de semanas anteriores, con las cuales esos mismos empresarios exigían y lograban ser exceptuados del régimen de la Ley 3 de 3 gracias a… la movilización y el cabildeo.) Lejos de la restitución de la legalidad, lo que se busca es la selectividad de la misma y la entrada exclusiva al pacto corporativo.

El culmen de la lucha legal se llevó a cabo la semana pasada, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobada en 2014. La decisión en torno a modalidades, avisos, lugares y medidas policiacas permisibles y no permisibles terminó siendo una mascarada para la pugna de fondo: quién y por qué se puede protestar. De esta forma, la presión al tribunal constitucional se tradujo en una decisión salomónica de sus integrantes que evadió cualquier determinación contundente.

Lo único previsible es la continuación de la guerra simbólica, política y jurídica en torno a la protesta social por diversos medios y a través de diversas estrategias. Solamente esperemos que no terminen por imponerse visiones afines a una gobernabilidad autoritaria y excluyente.

(Foto: Eneas De Troya.)


Bibliografía 

[1] Bordieu, Pierre, Poder, derecho y clases sociales (2000), p. 124.

[2] Barthes, Roland, Mitologías (1957), Siglo XXI Editores, pp. 81-82.

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