Sin salida: el cabildeo legislativo y el sometimiento de nuestros órganos de representación

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados, con todo el sigilo posible, una reforma al régimen fiscal que beneficia únicamente a la industria refresquera. No a los productores de caña, no a los intermediarios y ciertamente no al sistema de salud, que no puede atender las enfermedades crónicas asociadas a la diabetes, mucho menos a lxs miles de mexicanxs que la padecen. Este cambio es absolutamente injustificable, con argumentos sólidos, a la luz pública. Más aún en un año en el que ya enfrentamos recortes considerables al gasto. Pero poco importa: lxs diputadxs lo ejecutaron sin dar cuentas ni explicaciones.

Ello es posible porque no tenemos un marco que regule eficazmente el cabildeo legislativo. Y en las condiciones actuales es altamente probable que el Senado apruebe también la reducción del impuesto especial a refrescos (que por tratarse de una ley de ingresos compete también al Senado). El lobby de la industria refresquera lleva cuatro años trabajando para salirse con la suya, y con una combinación de presión, billetazos y fuerza (cuyas proporciones desconocemos y probablemente no podremos conocer con certeza nunca) ha sometido a los partidos a menos de un mes de haberse instalado la legislatura número 63 —LXIII, en el anacrónico numeral romano que sigue usando nuestro vetusto Congreso.

Así como lo lee: sometido. Y en algunos casos comprado, aunque uno podría argumentar que comprar es una forma de someter. No hay un término que refleje mejor lo que acaba de pasar. Al someter a lxs representantes populares, la industria refresquera somete el interés público y coloca por encima su interés —el interés privado. Nos somete a mí, a usted y a todas las mexicanas. ¿Representación política? En absoluto. Lxs legisladorxs representan los intereses de los poderes que les llegan al precio, y en términos mediatos representan sus propios intereses. Pero del interés de usted, del mío, del de la niñez y de la ciudadanía, ni hablar. Háganle como puedan. Se joden.

Se pone peor. No habían pasado dos días del “refrescazo” cuando el Senado hizo su propia aportación al sometimiento del interés público, al introducir iniciativas para retrasar —una vez más— el “apagón analógico” programado para el 31 de diciembre de este año. La medida está prevista desde hace más de diez años, y es uno de los puntos torales de la transición a un sistema de telecomunicaciones moderno y diverso. El “apagón” se concreta cuando se deja de transmitir la señal analógica de televisión y se transmite solo la señal digital. Es un paso importante para facilitar el acceso a medios alternativos, y retrasarlo beneficia directamente a las dos grandes televisoras, porque seguirán siendo la única opción ahí donde la señal es exclusivamente analógica. Originalmente, el plazo previsto para el “apagón” era julio de 2013. Hasta ahora se ha retrasado ya en tres ocasiones.

Las reformas propuestas, en suma, son una patada a la ya tambaleante legitimidad del sistema de partidos. Son posibles porque los legisladores no tienen que dar cuentas de nada, a nadie, y difícilmente enfrentan jamás el escrutinio público. Operan en la más absoluta opacidad, en todos los sentidos: no dan cuentas de cuánto y cómo gastan (ya no digamos por qué), no dan cuenta de con quién se reúnen y qué discuten, no dan cuenta de qué acuerdan, en qué términos, y a cambio de qué. Desde hace quince años se han introducido al Congreso más de una docena de iniciativas para regular el cabildeo legislativo, de todos los partidos, y cinco legislaturas enteras se han hecho de la vista gorda. Sobra decir que nunca han explicado por qué se niegan rotundamente a legislar en la materia. Ellxs no deben explicaciones a nadie. ¿Así o más claro?

Por si eso fuera poco, hay al menos dos razones más para estar enojado. Primero, esta crisis de representación es una entre muchas crisis más. Escoja usted: hay crisis en derechos humanos, de inseguridad pública, de desigualdad, de estancamiento económico; hay crisis de ética pública —evidenciada en el cinismo con que el Secretario de Hacienda paga una casa financiada a modo, dos años después, con obras de arte— y naturalmente hay crisis de confianza en las instituciones. Hay crisis para aventar pa’ arriba. Lejos de sentar las bases para contener estas crisis, nuestras legisladoras operan con absoluto cinismo en función del interés de un grupúsculo empresarial, profundizando la crisis de representación de la que son parte y núcleo.

Segundo, todo esto se lleva a cabo en un entorno de absoluta simulación. La industria somete al Congreso una semana después de dos grandes encuentros internacionales sobre corrupción y responsabilidad pública, al tiempo que intelectuales y líderes de partidos de toda la región discuten “el futuro de la democracia”, y una semana antes de la reunión global de la Alianza por el Gobierno Abierto, que actualmente preside México. Lo sé, parece mala broma, pero no lo es. Es cinismo. Es descaro. Es soberbia, pero no broma. Nuestros políticos son tan consistentes en su desdén a la ciudadanía como en su grandilocuencia para alabar la transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo no montar en cólera?

Pero permítame hacer un esfuerzo para ir más allá del enojo y poner énfasis en el sinsentido de estas propuestas, explicar por qué la regulación existente en materia de cabildeo es insuficiente y apuntar algunas reformas necesarias. Algún día habrá condiciones para regular mejor las tropelías que cometen los partidos (todos) en el Congreso. Es importante ir abriendo espacios para esta reflexión.

Primero, por cuanto toca al impuesto al refresco, es una medida que tiene beneficios para la salud pública y para el erario público. Solo durante 2014 se recaudaron 18 mil 255 millones de pesos adicionales por concepto de este impuesto. A junio de este año suman ya 9 mil 828 millones de pesos. Los recursos son mucho más que lo originalmente previsto y caen muy bien a un erario vapuleado por la caída del precio del petróleo, especialmente porque el gasto en salud requiere inversiones importantes.

Pero las razones de fondo para mantener el impuesto son otras. El aumento indirecto en el precio del refresco generó una reducción del 12% en el consumo, lo cual es importantísimo, porque las bebidas azucaradas son responsables de 24 mil muertes al año solo en México. El consumo de refresco es causa de una quinta y tercera parte de las muertes de hombres y mujeres menores de 45 años, respectivamente. Por este impacto, el impuesto era una medida loada en México y el exterior. Lo más lejos que llegaron lxs legisladores para defenderse contra estos argumentos fue a esconderse detrás de tecnicismos sin sustento, argumentando que la reducción aplica a bebidas de “bajo contenido calórico” (con menos de 5 g. de azúcar por cada 100 ml., con lo cual una Coca-Cola de 600 ml “solamente” tendría entre 150 y 200% del azúcar que un niño debe consumir todo el día), lo cual es supuestamente un incentivo para que las refresqueras sustituyan sus productos. Es absurdo y una mentira.

Por cuanto toca al apagón analógico, no habían pasado veinte horas de que Emilio Azcárraga solicitara su retraso cuando el PRD y el PAN introdujeron sendas iniciativas en el Senado al respecto. El argumento es que se dejará a algunas familias sin señal, lo cual es cierto, pero así ha ocurrido en todas las transiciones en el mundo (acá vamos unos diez años atrás de Estados Unidos, por ejemplo). Por eso el gobierno federal ha estado repartiendo televisiones y las autoridades de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social aseguran que antes de diciembre habrán repartido más de 9.3 millones de aparatos. Retrasar el apagón una cuarta vez afecta directamente la inversión en la tercera cadena, y no afecta las condiciones que impiden a un reducido número de familias tener acceso a señal digital.

Ambas reformas están pendientes, y parece haber señales de que podrían rechazarse. Es imperativo. Pero no sabemos, y poco o nada podemos hacer. Las reglas existentes dificultan dar seguimiento a los acuerdos de los partidos a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque nuestro Congreso no es abierto, no es transparente, no contempla ni siquiera reglas básicas para regular el cabildeo y aunque está obligado a generar información, por ejemplo, de las discusiones en comisiones legislativas, ni siquiera en ese nivel se cumple con la ley.

Considere, como ejemplo, la reciente publicación de un registro de cabilderos en el Senado. Es una de las pocas medidas en las reglas del Congreso relacionada con la regulación del cabildeo, y desde la aprobación de las reformas a la Ley de Transparencia, en vigencia desde mayo de este año, ya es también un requisito legal (establecida en la fracción XV del art. 72). Ello importa, porque por sí solos los legisladores ni siquiera esto hubieran aprobado. En la Cámara de Diputados hay un registro de cabilderos desde 2011 (previsto en el artículo 264 del reglamento de la Cámara de Diputados), pero el Senado no había creado la figura.

Ahora el Senado tiene un registro, que acaba de publicar el pasado 25 de septiembre y está disponible acá (por cierto, guarde bien ese enlace, porque si trata de buscar el padrón en la página del Senado es prácticamente imposible encontrarlo, ya que no está referenciado en ningún menú, ni aparece en la búsqueda). La Cámara de Diputados está actualizando su propio registro, que debe publicar en los próximos días. El registro es útil, para saber quién opera en el Congreso, pero no dice nada sobre quién se reunió con quién, cuándo, qué se discutió, y en qué términos.

En la Cámara de Diputados (no en el Senado) se prevé además la creación de un registro de “documentos de cabildeo” por comisión, pero si usted busca esos documentos encontrará solamente algunos documentos en algunas comisiones. De las propuestas arriba descritas no hay, simplemente, nada. ¿Por qué? Porque los legisladores no enfrentan ningún costo. Han sabido capotear el debate de la regulación del cabildeo simplemente incorporando una definición de cabildeo en los reglamentos (ni siquiera en su Ley Orgánica) y párele de contar. Ni siquiera entienden bien el conflicto de interés (que en términos legales también es conocido como incompatibilidad), y llevan toda una vida promoviendo la participación de personas que representan intereses particulares en las comisiones que tratan esos temas porque tienen “experiencia” –el caso más flagrante y patético de esto es la “telebancada”, pero no es, por mucho, el único.

Estamos a años luz de las mejores prácticas. Aún en la región, somos postreros. De acuerdo con el último índice de transparencia legislativa, cumplimos apenas con el 21% de las bases normativas en presupuesto y gestión administrativa.  Aunque hay legisladores discutiendo qué se necesitaría para abrir el parlamento desde hace tres años, no se ha concretado nada: ni plena apertura, ni condiciones básicas de transparencia de las actividades de cabildeo, ni definición clara y concreta de qué constituye un conflicto de interés.

Y mientras tanto, este miércoles y jueves especialistas y parlamentarios de la región y del mundo discutieron en la ciudad de México cómo abrir los congresos a la ciudadanía. La sociedad civil ha enfatizado, con razón, que el Congreso mexicano ha sido omiso en todas y cada una de las dimensiones de apertura parlamentaria. Para colmo solo hay un par de legisladores en la agenda. En estas condiciones, dudo que entren de lleno en la materia, pero desde acá los alentamos con tres recomendaciones concretas: 1) hay que transparentar cada peso que gastan y poner todas las facturas (todas) a disposición del público; 2) hay que crear un registro no solo de cabilderos sino de cada reunión, cada tema discutido y cada documento intercambiado en las llamadas telefónicas, en los correos y en las reuniones con cabilderos, y 3) hay que establecer sanciones cuando las Cámaras incumplan estas normas —porque incumplirán, como incumplen hoy con tantas reglas sobre información que en teoría tenemos, pero en la práctica no. Avancen o no las propuestas a discusión, es urgente abrir los procedimientos del Congreso. Si esto no sucede, seguiremos en ascuas cada vez que el interés público y el de los factores de poder se crucen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Shopping Basket