Tanhuato / Ecuandureo: ¿disuasión violenta o descontrol armado?

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En un artículo previo en Horizontal hacía la pregunta de si la muerte de civiles en Apatzingán el 6 de enero de este año había sido una estrategia deliberada de la Policía Federal (ahora sabemos que también participó el Ejército) para disuadir la creación de nuevas autodefensas y la existencia de la Fuerza Rural. El enfrentamiento en Ecuandureo, municipio vecino a Tanhuato, el pasado viernes 22 de mayo abre una duda muy similar. ¿Es esta masacre de 42 personas una estrategia deliberada? ¿Se deseaba enviar un mensaje disuasivo y de impacto al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)?

Vale la pena hacerse esa pregunta con los casos de Apatzingán y Tlatlaya en la mira. En los tres casos se ha tratado de masacres perpetradas por una agencia estatal del tema de seguridad, y en el caso de Tlatlaya ha quedado claro que es una ejecución extrajudicial por parte de miembros Ejército Mexicano. La evidencia aportada por la reportera Laura Castellanos indica que posiblemente el caso de Apatzingán podría ser otro caso de ejecución extrajudicial. Este último caso en Michoacán genera las mismas dudas. ¿Por qué el saldo fue tan brutal? ¿No hubo en el escenario de la confrontación entre Policía Federal y supuestos sicarios del CJNG en el cual pudiesen ser arrestados algunas de esas 42 personas? ¿Por qué solo seis de ellos sobrevivieron? ¿Por qué, ante lo que parece ser una larga confrontación de tres horas según reportes, no fallecieron más policías? El problema es que la misma agencia policiaca será la que investigue su propia actuación, al igual que en Apatzingán, y solo después de que reportes periodísticos surjan las agencias de seguridad aclaran lo que sucede en estas confrontaciones.

Si son estrategias deliberadas de disuasión, sin mediación del procedimiento legal ordinario que mandata presentar al presunto culpable al ministerio público, es muy peligroso el juego en el cual el gobierno federal podría estar entrando. El gobierno no entra al juego de la legalidad sino al de una guerra irregular en el cual la ley es francamente ignorada por usar estrategias y mensajes radicales contra el bando opositor. Una perversa lógica de guerra. Un sello distintivo de la administración Calderón en temas de seguridad fue aplicar la ley, con pocos miramientos y pese a sus efectos en una circunstancia compleja. Si se sigue probando que estas masacres son ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Peña Nieto podría haber inaugurado una nueva lógica, la disuasión violenta de otros actores, no la disuasión legal.

Ahora bien, el otro lado de la moneda es que en puede ser que en realidad son tres casos en los que no se planeó disuadir a organizaciones criminales y actores armados (En Tlatlaya contra Guerreros Unidos, en Apatzingán supuestamente contra Los Viagras, en Ecuandureo contra el CJNG). Más bien podría ser que se trató de decisiones que tomaron los miembros de las corporaciones armadas en esos lugares sin anuencia de mandos superiores. En Tlatlaya hasta ahora se sostiene la versión que las ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas contrario a los protocolos de la Sedena. En Apatzingán se inició una investigación precisamente para cerciorarse de si las víctimas eran civiles inocentes. En Ecuandureo se podría asumir lo mismo y poner a revisión a la Policía Federal.

Lo preocupante en este caso es que los miembros del Ejército y la Policía puedan ser tan letales y desproporcionados en su uso de la fuerza, y, que solo después de que investigaciones periodísticas revelan su actuación, el gobierno los comienza a investigar. El gobierno encubre casos de ejecuciones extrajudiciales de miembros de sus corporaciones, hasta que salen en los medios, a pesar de que puede ser que hayan actuado sin consentimiento de sus mandos. La gravedad del uso desproporcionado de la fuerza en estos casos, sin que sea una estrategia gubernamental, sería que el gobierno no puede controlar la actuación de sus policías y militares. ¿Cómo se puede confiar en un gobierno que no puede controlar a su personal armado? ¿Cómo puede haber garantías a los derechos humanos en estos casos? Además hay que agregar que las investigaciones periodísticas nuevamente encuentran que las personas ejecutadas no necesariamente son miembros de organizaciones criminales. ¿Eso sucederá en Ecuandureo? Además hay otro dato alarmante. En el sexenio pasado el Ejército y la Marina eran las corporaciones más letales en los enfrentamientos, pero ya tenemos dos casos de la Policía Federal en estos meses, ¿La inversión y fortalecimiento de al Policía Federal en estos años ha tenido el efecto de hacer esta corporación más letal?

Tanto el escenario de descontrol de las corporaciones armadas como el de estrategias deliberadas son preocupantes. Es un déficit importante en el tema de Estado de derecho que el comportamiento de las agencias de seguridad parezca que no se utiliza de manera proporcional la fuerza y que los presuntos miembros de organizaciones criminales mueran en lugar de ser presentados ante el ministerio público. Las ejecuciones extrajudiciales por su propia naturaleza evitan que los tribunales procesen las presuntas conductas ilegales de los involucrados. Las agencias de seguridad deberían siempre investigar las actividades de los miembros de sus corporaciones en lugar de que la prensa sea la que revele lo que sucedió en realidad.

Estas masacres están conectadas con la cruenta guerra contra el narcotráfico. Sus saldos más violentos, a pesar de los aparentes cambios de estrategia del gobierno, parecen no parar. El primer paso para detener casos como estos es dejarse investigar. La policía y el ejército deben rendir cuentas ya.

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