Topo Chico: historia y contexto de una tragedia

En la tragedia del penal de Topo Chico se conjugaron los principales problemas del sistema penitenciario nacional con la negligencia de las autoridades locales.

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La tragedia de la madrugada del 11 de febrero en el penal de Topo Chico no ha sido todavía explicada por las autoridades, a pesar de que se ofreció una interpretación oficial de los hechos apenas unas horas después. El gobierno ha intentado ocupar la posición de investigador y de administrador de justicia en el caso, pero hasta ahora su actuación ha generado más dudas. Basta revisar la historia del penal y su contexto, así como poner atención a las voces de los internos y sus familias, para advertir que el motín y sus consecuencias están lejos de ser un episodio aislado.


Breve historia del penal de Topo Chico

El penal debe su nombre al cerro de Topo Chico, una montaña situada en medio del antiguo valle de Extremadura, hoy zona metropolitana de Monterrey. La forma chata y redonda del cerro pudo haber recordado a los colonizadores la figura de un topo cavando la tierra. Debido a sus manantiales de agua mineralizada y a sus corrientes de aire internas, nació la leyenda de que se trataba de un volcán inactivo. El penal de Topo Chico se inauguró en 1947 en las faldas del cerro a las afueras de la ciudad y se convirtió en un ícono de la modernidad penitenciaria y del estilo Art Decó de la época. Con los años, las urbanizaciones rodearon al penal, de manera que en la actualidad se encuentra ya dentro de la zona conurbada de la ciudad y hay incluso una estación del metro en sus puertas.

Las primeras denuncias públicas de los internos por las condiciones del penal pueden rastrearse a un reportaje de la televisión local transmitido poco antes del histórico motín del 24 de marzo de 1980, en el cual fueron asesinados el alcaide del penal, el capitán Alfonso Domene Flormilán, y su chofer. En este reportaje de Antena 3 vemos a un joven Gilberto Marcos ingresando al penal para entrevistar a varios internos, tanto hombres como mujeres, que refieren al reportero la serie de irregularidades y abusos principalmente de violencia física y de índole laboral a la que viven sometidos. Se revela que los internos son forzados a trabajar a cambio de un salario miserable.

La organización no gubernamental local Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) ha mantenido desde 1993, año de su fundación, una vigilancia constante sobre este y los otros dos penales del estado. Después de haber realizado entrevistas a internos de los tres penales y estudiado sus expedientes, en 2006 CADHAC publicó un reporte del sistema penitenciario de Nuevo León. El documento reveló un dato que, 10 años después, permanece sin cambio: más del 40 por ciento de los prisioneros no han sido sentenciados y, por lo tanto, pueden ser inocentes. La investigación menciona diversas formas de abuso sistemático, como los castigos físicos, el aislamiento y el racionamiento de la comida y de la atención médica.

La violencia subió de nivel en 2008, año que podríamos señalar como el quiebre estructural del sistema penitenciario local. Para ese año, CADHAC reconoció una disminución significativa en la calidad de vida y el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad: “Hemos visto cómo se han apoderado de los centros penitenciarios grupos de internos que, no obstante la precaria situación de los grupos poblacionales que ahí radican, han impuesto el cobro de emolumentos por conceptos tales como el uso de camas, acceso a comidas, a baño, a medicamentos y a visitas, provocando con ello un descontento general de aquellos reos que menos tienen, siendo tal grupo desfavorecido la gran mayoría de dicha población, lo anterior en mayor medida en el Centro Preventivo de Readaptación Social denominado Topo Chico”. Cinco años después, en su informe de 2013, la organización tilda de “verdaderamente aterradora” la situación del sistema penitenciario local: explotación sexual, torturas infligidas por los grupos delincuenciales, cobro de piso, asesinatos, desapariciones y la proliferación del comercio interno que ha convertido a la cárcel en un mercado persa (que quizás sea más preciso llamar tienda de raya).


Los focos rojos

En 2014, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria otorgó al penal de Topo Chico una calificación general de 5.72 puntos (en una escala del cero al diez); evaluó con 4.44 a su gobierno y con 4.74 a la (in)capacidad del Estado para garantizar la integridad de los internos. Según el reporte, en ese año Topo Chico fue la segunda peor cárcel de Nuevo León. ¿Desde cuánto tiempo atrás llevaban existiendo estas condiciones? ¿Cómo se llegó hasta ahí?

Mientras que a principios de los años ochenta la población del penal de Topo Chico no superaba las 300 personas, a finales del año pasado se registraba ahí el hacinamiento de 3,965 personas (la ocupación máxima permitida es de 2,600 internos), contando con tan solo cien celadores.1 Esta situación y, en general, las inhumanas condiciones del sistema penitenciario local eran del conocimiento del actual gobierno por lo menos desde hacía siete meses, cuando el hoy procurador visitó, como parte de una comisión de transición, los tres penales estatales. Siendo el candidato único del gobernador para dirigir la Procuraduría General de Justicia del Estado, Roberto Flores aseguró en una entrevista que lo peor que le había tocado conocer durante el proceso de transición habían sido las condiciones del sistema penitenciario.

Según el reporte de 2014 del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el 95 por ciento de los delitos en México tienen como pena la privación de la libertad. Esto puede entenderse como una estrategia fallida para acreditar resultados en la guerra contra los cárteles de la droga y como una consecuencia directa de la inoperabilidad del sistema de impartición de justicia. En el estado de Nuevo León se desató una auténtica cacería de hombres jóvenes que tuvo su punto más álgido entre 2008 y 2011. En este periodo, CADHAC reunió testimonios sobre la ocurrencia de redadas masivas, que consistían en el bloqueo de todos los accesos a una cierta colonia para que personal seguridad que en distintas zonas de la ciudad los testigos identificaron como de la Sedena pudiera realizar aprehensiones ilegales. A propósito del tercer informe de gobierno de Rodrigo Medina (2011), el gobierno del estado calificó de “histórica” a la cantidad de detenciones obtenida.

Durante los últimos cinco años el sistema penitenciario estatal se convirtió en guarida de los cárteles. De hecho, el penal del Topo como se le conoce popularmentees identificado por las mismas autoridades con el Cártel de los Zetas, mientras que a los penales de Apodaca y Cadereyta se les asocia con el Cártel de Sinaloa. En los años recientes el nivel de violencia dentro de los penales escaló vertiginosamente, al punto de que los homicidios realizados en su interior llegaron a naturalizarse en la prensa. El 4 de agosto de 2011 un comando de dos vehículos se detuvo a las puertas del penal de Topo Chico y comenzó a disparar. El ataque no duró más de 30 segundos, pero se hallaron después en el suelo más de 350 casquillos. Ya desde 2014 Juan E. Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, había señalado puntualmente “las condiciones horribles” de violencia que privan en este penal.

Sin embargo, el antecedente más próximo a la tragedia del Topo ocurrió el 19 de febrero de 2012 en el penal de Apodaca. Ese día 44 reos fueron masacrados y 37 desaparecieron del penal, hecho que se presentó a la prensa como una fuga grupal. El 20 de mayo de ese mismo año, 14 internos del pabellón psiquiátrico del mismo penal fueron quemados vivos en un incendio provocado. María del Mar Álvarez, entonces coordinadora del área jurídica de CADHAC, refiere haber recibido testimonios de madres que aseguran que sus hijos presos en los penales estatales salen con frecuencia de las prisiones para trabajar bajo las órdenes de instituciones públicas de seguridad. Estos testimonios podrían revelar una grave instrumentalización de las personas privadas de su libertad, que ahora serían obligadas a delinquir para otros mandos.


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La tragedia

Unas horas después de que el motín de la madrugada del 11 de febrero fuera disuelto, el gobernador Jaime Rodríguez apareció en rueda de prensa para aclarar los hechos. La explicación: se trató de una riña entre mandos del Cártel de Los Zetas en disputa por el control del penal. El gobierno trataba así de dar alguna trama a la desgracia, a pesar de que en ese momento ni siquiera se tenían bien contabilizados a los muertos (primero hablaron de 52, luego de 49), aún no se tenían identificados a los cadáveres, ni se sabía que cuatro de esos cadáveres no cuentan con ningún registro en el penal. A tres días de la masacre, la fiscalía estatal acusó a la directora del penal, al comisario en jefe de los tres penales del estado y a un celador –todos detenidos desde el jueves de ser los autores materiales de la matanza. En la rueda de prensa de la mañana del domingo 14 de febrero, el procurador estatal Roberto Flores declaró que los principales delitos que se les imputaban eran los de homicidio calificado y abuso de autoridad. Esta es la primera vez que, tras un motín o una masacre, el gobierno señala directamente como responsables a las autoridades penitenciarias.


La tensa calma

La explicación que el gobierno estatal ha ofrecido sobre los hechos ocurridos el 11 de febrero pasado en el penal de Topo Chico no resulta esclarecedora.2 La tragedia todavía parece no ser reconocida en toda su magnitud por el propio gobierno que, si de verdad está por la reconstitución del orden y la justicia, tendría que cederle el micrófono a las víctimas y a sus familiares que reportan la condiciones de un verdadero infierno al interior de los penales: esclavitud sexual y laboral, torturas, cobro de cuotas para sobrevivir.

El gobernador, sin embargo, cerró toda posibilidad de discusión al señalar durante su primera aparición que el motín “[se] derivaba de la situación grave que sufren los centros penitenciarios”. Identificó así al problema como endémico, propio de los penales, casi irremediable.3 Pero las causas detrás del terror instalado en los penales mexicanos son diversas y numerosas. El intento por reducir esta realidad compleja a una explicación única una riña entre los mandos de un cártel– resulta incompleta e inverosímil. Igualmente, la solución propuesta hasta ahora –la detención y el cambio de unos cuantos funcionarios– es solo un movimiento político que reemplaza algunos nodos pero que no transforma las red de relaciones criminales ya establecidas. En estas condiciones, que el gobierno recupere el control de los penales estatales no es ni el escenario más halagüeño ni el más urgente; lo sería si detrás del gobierno estatal pudiera ser realmente reconocido el Estado garante de la justicia y el bien común.


Lo que hace falta: una construcción popular de la explicación

La prisión es, en teoría, el territorio donde el Estado ejerce totalmente su dominio, aunque en casos como el de Topo Chico este dominio paradójicamente se cristalice en la inacción. Acogido al principio del “dejar ser, dejar pasar”, el gobierno ha permitido que la economía criminal abra su propio camino. Los penales en México se han manifestado como un territorio crítico, porque en ellos el poderoso delincuente parece reconocer en su captor a su socio o a su competidor y lo trata, por lo tanto, como a un igual.

La masacre de Topo Chico retrata el colapso de la institución penitenciaria, y las imágenes y los testimonios del horror asociados al 11 de febrero representan la ausencia de un poder estatal legítimo. Por eso son necesarias, ahora más que nunca, las explicaciones construidas desde la experiencia de la vulnerabilidad radical. Las víctimas de la desintegración del poder estatal deberían ser los principales informantes para plantear explicaciones que nos acerquen a comprender de qué sirven las cárceles en el siglo XXI en México y de qué forma podrían transformarse en verdaderos espacios de reconciliación.

(Fotos: cortesía de Irene Soria Guzmán y Olga Caprotti.)


Notas

[1]Con estos datos podría parecer inaplazable la creación de un nuevo penal en el municipio de Mina –situado a 50 kilómetros del centro de Monterrey–, un proyecto largamente acariciado por los últimos dos gobiernos, y que Jaime Rodríguez plantea como una urgencia: “Si no tenemos recursos vamos a pedir fiado, pero vamos a terminar el penal de Mina y a sacar el de Topo Chico”.

[2] El manejo de esta crisis por parte del gobierno del estado ha sido a la vieja usanza, con ruedas de prensa que no atajan a la realidad y abusando de una plataforma para discutir asuntos secundarios en medio de un momento trágico. El mejor ejemplo de esto es el video (aparentemente espontáneo) del viernes 12 de febrero por la noche, en el cual el gobernador parece haber decidido dar un mensaje a la población. Este video, compartido en el muro de la cuenta de Facebook del gobernador y reproducido hasta ahora 3.7 millones de veces, es una respuesta del “Bronco” al conductor local de noticias Gregorio Martínez, a quien llama “amargado” y “ardido”. “A Televisa no le vamos a dar ni un peso”, amaga el gobernador, y parece que se olvida por completo de la gravedad de la masacre recién ocurrida.

[3] Adicionalmente, el hecho de que se trasladó ipso facto a 233 internos del Topo Chico a seis penales dispersos por el país reclama que se planteen varias preguntas: ¿Cuál es la relación de estos internos con el motín? ¿Se trata de presos peligrosos o solamente de testigos de la masacre? ¿Por qué 233? El gobierno se limitó a publicar las listas con los nombres y el penal al que fueron trasladados. Algunos familiares de los internos entraron en crisis nerviosa al advertir que tal vez jamás volverían a ver a sus hijos, esposos o hermanos, porque les resulta imposible costear un viaje a lugares tan lejanos como Chiapas o Sonora. Los trasladados no regresarán a Nuevo León hasta que terminen su condena, según declaró el procurador, lo cual es una violación al derecho que tienen los internos a recibir visitas.

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