Trabajadoras domésticas: las bases de su exclusión

La discriminación que enfrentan las trabajadoras domésticas –uno de los grupos profesionales más grandes del país– empieza desde la misma Ley Federal del Trabajo.

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Los artículos 331 a 343 de la actual Ley Federal del Trabajo regulan el trabajo doméstico remunerado en nuestro país. Arrinconados entre los capítulos que reglamentan el trabajo de los deportistas, de los músicos, de los trabajadores aeronáuticos y otros más, parecería que el trabajo doméstico se tratara de un trabajo realmente excepcional, intrincado, distinto a los demás: de un “contrato especial”, como se han referido a él legisladores, jueces y juristas desde que se publicó nuestra primera Ley Federal del Trabajo de 1931.

En realidad, es precisamente su clasificación como un “contrato especial” dentro de nuestra taxonomía laboral lo que ha permitido que las trabajadoras domésticas (no uso el femenino por mera corrección política: el 95 por ciento de estas trabajadoras son mujeres, como muestran las estadísticas que publicó esta semana el INEGI) no tengan acceso a derechos básicos con los que cuentan otros trabajadores. Entre otras cosas, el trabajo doméstico remunerado no tiene derecho a la jornada máxima de ocho horas, a recibir pago por horas extras, al salario mínimo general o a recibir seguridad social.

Sospecho que nadie se sorprenderá al descubrir que el trabajo doméstico es y ha sido, al menos desde que México nació como país, una de las categorías ocupacionales más concurridas y, durante siglos, la fuente de empleo más importante para las mujeres mexicanas; sobre todo para las mujeres con pocos recursos que, a diferencia de sus contrapartes más adineradas, llevan varios siglos saliendo de sus hogares para trabajar. La discriminación que nuestra legislación hace de las trabajadoras domésticas no es, pues, una cuestión menor, sino un forma de excluir legalmente a uno de los grupos profesionales más grandes y afianzados en nuestro país.

La idea de que el trabajo doméstico remunerado es un trabajo “especial”, cuya marginalización está legalizada, se sostiene sobre la noción de que el mercado y la familia operan bajo dos lógicas distintas e irreconciliables. La esfera del mercado es el mundo frío y racional de los contratos y las transacciones económicas, mientras que la esfera familiar es el mundo cálido de la armonía, de la intimidad: el resguardo primigenio ante los abusos del mundo exterior. En gran parte, las provisiones más progresistas de derechos sociales y políticos que la Constitución de 1917 aseguró a los trabajadores estaban basadas en la convicción de que la ley tenía que rescatar al obrero de la alienación capitalista, que le negaba la posibilidad de pasar tiempo de recreación al interior de sus familias.

Como los trabajadores domésticos trabajaban al interior del núcleo familiar, los legisladores, reformistas sociales y juristas razonaron que los en ese entonces cientos de miles de personas que se ganaban la vida realizando una gran variedad de trabajos en los hogares de gente con mayores recursos no tenían necesidad de todas las protecciones de la ley. Trabajando en lo que, a sus ojos, era el espacio de protección contra los abusos del capitalismo por excelencia, esta camada de letrados (que, podemos especular sobre bases firmes, tenían una escuadra de trabajo doméstico para servirles) argumentó que la familia no podía regirse por horarios mercantiles; que, siendo el trabajo en familia tan tranquilo y delicado, las trabajadoras domésticas en realidad terminaban trabajando mucho menos de las ocho horas estipuladas por la ley; y que no tenían necesidad del salario mínimo, siendo que la función de este era propinar al empleado medios para la supervivencia y recreación –elementos que, viviendo dentro de una familia, las trabajadoras domésticas ya tenían cubiertas.

Sería grato pensar que este edificio de supuestos pertenece al pasado, a la época en la que la “cuestión social” era una preocupación transnacional de primer orden, y en la que las ideas eugenésicas encontraron en la familia una respuesta parcial a estas a preocupaciones. Desafortunadamente no es así; nuestra actual ley laboral sigue operando bajo estos supuestos. Como ejemplo, invito al lector a hojear brevemente el libro Derechos de los trabajadores domésticos que en el año 2000 publicó en conjunto la Cámara de Diputados y la UNAM como parte de la colección “Nuestros Derechos”.

A lo largo del libro, el autor –un profesor-investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores–argumenta que el carácter “especial” de esta relación laboral radica “en la singularidad del lugar del trabajo (el hogar familiar) y en la necesaria e imprescindible convivencia y mutua confianza entre trabajador y empleador”. La exclusión de los trabajadores de varios derechos se justifica “por la circunstancia de los rasgos de intimidad que se presentan en la convivencia ordinaria de los sujetos”.

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Imagen 1. Fuente: Juan José Ríos Estavillo, Derechos de los trabajadores domésticos, México D.F., Cámara de Diputados LVIII Legislatura y Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 37.

Las ilustraciones del libro refuerzan la vieja idea de intimidad y armonía entre las partes, vigente desde nuestra legislación posrevolucionaria. Todas las imágenes representan la paz y tranquilidad del hogar burgués, con mesas bien enmanteladas, trabajadoras uniformadas, fuertes y rebosantes, y patronas enjoyadas y benevolentes: la jerarquía al interior del hogar perfectamente naturalizada y aceptada por las partes. En una de ellas, la familia entera ve armónicamente la televisión: padre, madre, hijo e hija sentados en el sillón, y la presumiblemente trabajadora doméstica sentada detrás del sofá: igualmente sonriente, aceptando su lugar subordinado dentro de la jerarquía familiar (Imagen 2).

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Imagen 2. Fuente: Juan José Ríos Estavillo, Derechos de los trabajadores domésticos, México D.F., Cámara de Diputados LVIII Legislatura y Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 13.

En otra sección, el autor comenta que el patrón no está obligado a inscribir a sus trabajadores al régimen de seguridad social obligatorio del IMSS, pero que tiene la obligación de proporcionar asistencia médica hasta lograr su curación o, en su defecto, delegarlo a “algún servicio asistencial”. La imagen que acompaña el comentario es la de una pareja de patrones bien vestidos que esperan preocupados mientras el médico revisa a su trabajadora, como si se tratara de un miembro de la familia (Imagen 3).

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Imagen 3. Fuente: Juan José Ríos Estavillo, Derechos de los trabajadores domésticos, México D.F., Cámara de Diputados LVIII Legislatura y Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 35.

Históricamente, y como ya he escrito en otro momento, las metáforas de familia y parentesco han servido para cubrir relaciones de trabajo y explotación en este cuantioso sector laboral. Pero, aunque la práctica alguna vez habitual de adoptar huérfanos y niños de bajos recursos para realizar trabajo doméstico haya desaparecido, una mirada detenida de nuestra legislación laboral muestra que la supuesta oposición entre la esfera del trabajo y la esfera del hogar sigue operando como una premisa de exclusión para uno de los más grandes sectores laborales en nuestro país.

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